Las elecciones especiales regionales en Cataluña de este 21 de diciembre (“21D”), las cuales fueron convocadas por el Gobierno central de España y están siendo celebradas después de la brutal represión policial del referéndum independentista catalán del primero de octubre y la aplicación subsecuente de Madrid del artículo 155 de la Constitución española para suspender al Gobierno elegido de la región, plantean lecciones críticas para los trabajadores de España y el mundo.

A raíz del pudrimiento del capitalismo internacional, la clase obrera se enfrenta al colapso universal de las formas democráticas de gobierno. Al realizar estos comicios, el Gobierno minoritario del Partido Popular (PP) bajo el presidente, Mariano Rajoy, con el respaldo del Partido Socialista (PSOE), no está intentando constatar la voluntad del pueblo catalán. En cambio, procura darle una fachada “democrática” a la marcha hacia la instalación de regímenes de Estado policial y la rehabilitación de las fuerzas ultraderechistas a través de la Unión Europea.

Los dirigentes del PP han dejado en claro que si los votantes en Cataluña eligen un Gobierno que le disguste a Madrid, invocarán el artículo 155 nuevamente para suspender el resultado. Le están dando a los votantes la “opción” de elegir el Gobierno que quieran con tal de que sea el que Madrid quiere.

El PP y sus aliados están intentando acostumbrar a la población al mantenimiento de prisioneros políticos y otras medidas dictatoriales arbitrarias. A pesar de las protestas de masas en Barcelona, encarcelaron a los nacionalistas catalanes, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, por convocar protestas pacíficas y amenazaron con prohibir todo material en la lengua catalana de las escuelas y la televisión. Mientras que la campaña electoral procedía en Cataluña, el vicepresidente catalán depuesto, Oriol Junqueras, permanecía en la cárcel, algo que el presidente catalán, Carles Puigdemont, evitó escapando rápidamente a negociar con la Unión Europea en Bruselas.

Con base en esto, el PP y sus aliados están preparando nuevos ataques contra los trabajadores. Las autoridades del PP, después de haber tomado control de las finanzas de Cataluña, han amenazado con invocar el artículo 155 contra el municipio de Madrid, incluso mientras lo intimidan para que imponga cientos de millones de euros en recortes sociales según dicte la Unión Europea. El Gobierno del PP apoyó las protestas por la unidad de España, las cuales estuvieron marcadas por cánticos fascistas, como Cara al Sol, y ha discutido abiertamente la imposición de un estado de emergencia.

Este colapso de las formas democráticas de gobierno no es el producto de condiciones limitadas a España, sino que es un fenómeno europeo e internacional, lo que se ha visto evidenciado por el apoyo constante de la UE a la represión de Madrid.

El giro a la represión estatal, la restitución del militarismo y el surgimiento de las fuerzas ultraderechistas son procesos en marcha en toda Europa. En Francia, se ha perpetuado como ley el conjunto de poderes que el Estado se otorgó durante su estado de emergencia de dos años, utilizados para reprimir las protestas contra una legislación laboral antiobrera. Cuatro años después de que Berlín anunciara su política exterior de remilitarización, un Gobierno ultraderechista ha llegado al poder en Austria y el partido ultraderechista, Alternativa para Alemania, obtuvo bancas en el Parlamento alemán por primera vez desde la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

La crisis fluye del colapso internacional del capitalismo, el cual ha madurado ya por décadas. El cuarto de siglo desde la disolución estalinista de la Unión Soviética, la cual eliminó el principal contrapeso militar del imperialismo, ha estado dominado por una escalada militar tras otra, represión policial y austeridad. Particularmente después del crac financiero del 2008, la democracia burguesa europea ha comenzado a desintegrarse bajo los pesos de la desigualdad social y las tensiones de clases e internacionales.

La desigualdad en España ejemplifica el impacto de esta crisis sobre los trabajadores de toda Europa. Casi una década después de la crisis del 2008, el desempleo en España se mantiene em 17 por ciento (39 por ciento para la juventud), y la desigualdad social es sumamente alta. El 10 por ciento en la cima controla el 57 por ciento de la riqueza del país, mientras que el 50 por ciento más pobre controla solo el 7 por ciento. En promedio, una familia en el 20 por ciento más pudiente gana 761 veces más que una en el 20 por ciento más pobre. El individuo más rico de Europa, el español Armancio Ortega, tiene una fortuna valorada en $77 900 millones.

La enajenación y el enojo social producidos por la política oficial han socavado completamente la estabilidad de las instituciones imperantes. Este año, la encuesta de la Unión Europea “Generation What” encontró que dos terceras partes de los jóvenes españoles y más de la mitad a nivel europeo participarían en un alzamiento de masas contra el orden existente.

La crisis no puede ser resuelta eligiendo a uno u otro político para que persiga una política diferente dentro del marco de la Unión Europea y el capitalismo. Es el turno de la clase obrera en España, Europa y el resto del mundo. La única respuesta viable a la imposición de la Unión Europea de un gobierno policial-estatal es adoptar la lucha internacionalista y revolucionaria por el socialismo.

La oposición a los actos represivos del Estado español no implica un apoyo a las políticas fundamentalmente reaccionarias de los partidos independentistas: la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) y sus aliados pequeñoburgueses como la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Estas fuerzas han impuesto recortes sociales de la UE de miles de millones de euros contra los trabajadores en Cataluña. Una evidencia irrefutable de su papel reaccionario es que apoyen a la UE, la cual funciona como una herramienta para la aplicación de austeridad y la militarización del continente. Pese a que la Comisión de la UE respaldó el aplastamiento represivo de Rajoy en Cataluña, mantienen su apoyo.

En la pugna entre facciones de la burguesía en la península Ibérica, no hay lado progresista. Los nacionalistas catalanes, al igual que los nacionalistas escoceses en Reino Unido o la Liga Norte de Italia, avanzan una estrategia egoísta basada en el hecho que Cataluña es una región más pudiente. A fin de librarse de sus obligaciones financieras con las otras regiones más pobres de España, obtener una ración mayor de las ganancias extraídas de los trabajadores en Cataluña y estrechar sus lazos con los bancos internacionales, impulsan campañas de autonomía o independencia.

El carácter predatorio del abordaje de los nacionalistas catalanes hacia el resto de España, algo que repele y enoja a amplias capas de la clase obrera española, facilita el cometido de Rajoy y sus aliados de fomentar el nacionalismo español.

Como toda gran crisis, la crisis catalana ha puesto de manifiesto el papel de los partidos pequeñoburgueses como Podemos, cuya demagogia de “izquierdas” ha quedado expuesta. Lejos de promover una política independiente de la clase trabajadora, Podemos se ha dedicado a maniobrar entre los dos campos burgueses. Su sección catalana, Catalunya en Comú (CeC), afirma ser neutral en el conflicto entre el nacionalismo catalán y el español y dice avanzar las cuestiones sociales. Ha apoyado formar un Gobierno de coalición entre la sección catalana del PSOE que apoya el artículo 155 y la secesionista ERC.

Al mismo tiempo, Podemos insiste en que todo se puede reconciliar, el regionalismo y el nacionalismo, el artículo 155 y los derechos democráticos, y primordialmente la clase capitalista y el proletariado. Comparte mucho con su partido hermano en Grecia, Syriza (“Coalición de la Izquierda Radical”), que también se presentó como una alternativa democrática contra la austeridad, pero, desde quedar electa en el 2015, ha impuesto las medidas austeras y reprimido activamente a la clase obrera.

El único camino a seguir es una lucha por aunar a los trabajadores españoles y catalanes contra las fuerzas nacionalistas españolas y catalanas, como parte de la unificación de la clase obrera europea en lucha contra la UE y el capitalismo europeo.

La respuesta tanto en España como en cualquier otro país es la reorientación de los trabajadores a adoptar una perspectiva revolucionaria, socialista e internacionalista. Para oponerse a todos los intentos de poner a los trabajadores hispanohablantes en conflicto con los de habla catalana, es necesario avanzar la lucha por el poder obrero, la expropiación de la aristocracia financiera y la construcción de un Estado obrero en España que forme parte de los Estados Unidos Socialistas de Europa.

La lucha por esta perspectiva exige la construcción de una nueva dirección política en la forma de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) en España y toda Europa.