Los sindicatos de la industria química francesa aprueban contrato que infringe el salario mínimo

por Alex Lantier
9 enero 2018

El viernes, se supo que el sindicato de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) había aprobado un contrato base para las industrias químicas que les permitirá a los empresarios pagar a los trabajadores menos del salario mínimo. Esta medida constituye otra aplicación de la legislación laboral del Partido Socialista (PS) y los decretos en materia laboral del exministro de Economía y ahora presidente francés, Emmanuel Macron, con el respaldo de la Unión Europea (UE). Deja en claro que su política es esencialmente pisotear los derechos sociales básicos conquistados por la clase trabajadora durante generaciones de lucha en el siglo XX.

La Confederación General del Trabajo (CGT) estalinista, la Confederación Francesa de Ejecutivos (CFE) y los sindicatos de la Fuerza Obrera (FO) emitieron un comunicado el viernes informando que la CFDT había firmado un contrato para toda la industria el 21 de diciembre con un aumento salarial de 1,1 por ciento en dos incrementos, fijando el salario por hora en 9,82 € el primero de enero y luego a 9,86 € el 1 de abril. Ambos son inferiores al salario mínimo del 2018 (SMIC) de 9,88 €, establecido por un aumento del 1,24 por ciento aprobado el 15 de diciembre, antes de que el CFDT firmara el contrato para el sector químico.

Además, utilizando la ley laboral del PS y los decretos laborales de Macron, el Estado, los patrones petroleros y la CFDT están elaborando un marco pseudolegal para imponer deterioros drásticos a los salarios y a las condiciones laborales. Desde el 2009, el impacto acumulado de los recortes salariales y de pensiones de la UE en Grecia ha sido una reducción del 40 por ciento en el ingreso total. Ahora, se están preparando ataques similares contra los trabajadores en las economías más grandes de Europa.

Según el comunicado de las CGT-CFE-FO, el contrato de la CFDT se “integrarán en el cálculo de las bonificaciones al salario mínimo pagadas por antigüedad y condiciones del trabajo (trabajo nocturno, domingos y festivos, etc.)”. Hasta ahora, tales bonos, que representan hasta el 35 por ciento del salario total, se pagarán además de un salario base al menos igual al salario mínimo SMIC. Pero con el nuevo contrato, los jefes pueden contar esas bonificaciones como parte del salario menor al SMIC acordado por el CFDT, allanando el camino para recortes salariales del 35 por ciento o más.

Este anuncio se produjo pocos días después de que el fabricante de automóviles PSA Peugeot-Citroën anunciará sus planes para utilizar una disposición de los decretos laborales de Macron para realizar despidos masivos aprobados por los sindicatos en sus plantas francesas, mientras que recortará miles de puestos en las plantas de sus subsidiarias Opel-Vauxhall en Alemania y Reino Unido. El objetivo es convertir la fuerza laboral de PSA en una mano de obra en gran parte temporal y remunerada con el salario mínimo, o menos.

Estas medidas son una advertencia para la clase trabajadora en Europa e internacionalmente. La única forma de defender los salarios y el empleo es rechazar el marco pseudolegal erigido por la UE, la clase dominante y las distintas burocracias sindicales compradas. A medida que aumenta la ira en Francia contra el “presidente de los ricos”, los trabajadores se enfrentan a la tarea de organizarse independientemente de los sindicatos para librar una lucha política contra las medidas ilegítimas impuestas por las empresas y los Estados nacionales.

La experiencia de la ley laboral francesa muestra que tales luchas llevarán a la clase trabajadora a un conflicto irreconciliable con el Estado con implicaciones revolucionarias. El PS impuso la ley laboral en el 2016, ante una oposición popular de más de 70 por ciento, utilizando el estado de emergencia para montar una represión policial violenta de las protestas de masa contra la ley. Con el respaldo de los partidos pequeñoburgueses, como el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) y Francia Insumisa (LFI), la CGT capituló a las amenazas del PS de prohibir sus protestas y canceló cualquier otra acción de protesta contra la ley.

Luego, Macron, elegido por defecto en una segunda vuelta contra la candidata neofascista Marine Le Pen, y cuya mayoría parlamentaria surgió de elecciones en las que participó menos de la mitad del electorado, impuso decretos que sentaron las bases para un asalto histórico contra la clase trabajadora. Ahora, habiendo entregado billones de euros a los bancos y a la aristocracia financiera desde el colapso del 2008, las autoridades francesas y europeas pretenden empobrecer a amplios sectores de la clase trabajadora.

Tales políticas no tienen ni una pizca de legitimidad democrática. Desde que las elecciones alemanas de septiembre produjeran un Parlamento sin una mayoría definida, los funcionarios europeos han prometido que un eje París-Berlín presidirá un nuevo amanecer para Europa. Martin Schulz, el candidato derrotado del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD, por sus siglas en alemán) —quien trabajó con el PS, el Partido Democrático italiano y otros para formular la ley laboral francesa— dijo el mes pasado que estaba luchando por un “marco europeo para un salario mínimo”.

De hecho, el contrato de la industria química de la CFDT muestra cómo el PS y Macron, junto con los partidos socialdemócratas en toda Europa, conspiraron a espaldas de la gente para eliminar el salario mínimo de un plumazo.

El contrato químico francés utiliza dos disposiciones claves de la ley laboral del PS y los decretos de Macron: primero, las industrias y las empresas pueden aprovechar excepciones al Código Laboral nacional; segundo, los empleadores pueden imponer un contrato si pueden obtener el acuerdo de los sindicatos que representan al 30 por ciento de los trabajadores. Entonces, con poco más del 33 por ciento de la fuerza laboral de la industria química, el CFDT aprobó un contrato que otorga una excepción al Artículo 141 del Código Laboral. Ese es el artículo que ordena el salario mínimo de SMIC en Francia.

Sin duda, están siendo preparadas otras maniobras similares para esquivar las leyes del salario mínimo en empresas e industrias en toda Francia y más allá.

Los trabajadores no pueden confiar en que la CGT, la FO ni las otras burocracias sindicales que han criticado el contrato de la CFDT vayan organizar una oposición al contrato en la industria química. La ley laboral del PS y los decretos de Macron proporcionan una expresión jurídica de la evolución de estas organizaciones en órganos del Estado, financiados por los empleadores y sin una base de apoyo en la clase trabajadora. En cambio, sirven para planificar y legitimar de forma pseudolegal los ataques contra sus propios miembros.

Sus críticas a la CFDT son maniobras diseñadas principalmente para protegerlos del creciente enojo social de la clase trabajadora, mientras persiguen una política nacionalista para tratar de impulsar la competitividad francesa en el mercado mundial a expensas de los trabajadores.

Todas ellas son hostiles a la movilización política de la clase obrera contra las políticas históricamente regresivas de Macron y la UE. Mientras reproduce las críticas de la FO contra el contrato de la CFDT, la CGT denuncia provocativamente una huelga ferroviaria contra recortes laborales convocada por la FO en el sur de Francia, llamándola un truco “populista” y “contraproducente porque tiene como objetivo fomentar el odio contra los trabajadores ferroviarios”. En cuanto a la FO, gran parte de sus dirigentes, incluido el secretario general, Jean-Claude Mailly, apoyó abiertamente los decretos de Macron el otoño pasado.

El único camino a seguir es la construcción de organizaciones y comités independientes de los trabajadores en sus lugares de trabajo y vecindarios obreros para embarcar y movilizar la oposición contra los ataques que están siendo llevados a cabo a raíz de los decretos de Macron con el visto bueno de los sindicatos. Un elemento clave de su trabajo sería coordinar las luchas a nivel internacional con una clase obrera en toda Europa que se está enfrentando a recortes salariales y a sus puestos de trabajos similares.

Esto plantea también la necesidad urgente de construir una nueva dirección en la clase trabajadora: secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en cada país, que luchen contra la austeridad y las dictaduras. El CICI luchará para promover el crecimiento de las organizaciones independientes obreras y vincularlas a un movimiento socialista internacional para tomar el poder estatal y reemplazar a una UE en quiebra por los Estados Unidos Socialistas de Europa.