Desde que el expresidente multimillonario de Chile, Sebastián Piñera (2010-2014) , consiguió su segundo mandato el 17 de diciembre, la prensa burguesa internacional ha aplaudido su victoria contra Alejandro Guillier de la coalición socialdemócrata y estalinista, Nueva Mayoría, como si fuese una necesaria señal de estabilidad del dominio burgués.

El índice bursátil local, el IPSA, fuertemente influenciado por las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFPs), brincó 7 por ciento después del voto en diciembre y ha seguido en una racha alcista hasta niveles récord, reflejando las altas expectativas de que una porción incluso mayor del ingreso nacional termine en los bolsillos de la élite financiera.

Los resultados, no obstante, con solo una cuarta parte del electorado votando a Piñera, ponen de manifiesto una hostilidad hacia toda la élite política y pregonan una nueva etapa de crisis política.

La coalición derechista de Piñera, Chile Vamos, tomará el poder el 11 de marzo con una agenda de nuevos ataques contra los niveles de vida de los trabajadores de acuerdo con las exigencias del mercado global. La clase dominante seguirá dependiendo de su aparato represivo y de los bloques oficiales de “oposición”, que serán la Nueva Mayoría burguesa y el Frente Amplio, para contener la oposición social e imponer su programa.

Algunas secciones de la burguesía han advertido acerca de los límites de esta configuración. Después de la segunda ronda, el expresidente Ricardo Lagos, miembro de la Nueva Mayoría, le comentó a El País, “Hoy la democracia en muchos lugares del mundo está puesta en cuestión. Hay problemas en la relación entre gobernantes y gobernados. No es la fluidez de ayer”. Luego, añadió de forma nerviosa que los trabajadores “sienten… que la sociedad no escucha sus nuevas demandas. El resultado que esas nuevas demandas corresponden a una transformación muy profunda de la sociedad”.

Una intensificación de la lucha de clases

La desigualad económica en Chile está alcanzando niveles no vistos desde fines del siglo XIX. En 1882, la familia oligárquica Edwards controlaba el 7 por ciento del producto interno bruto del país, mientras que actualmente el 5,5 por ciento del PIB corresponde a activos de la familia Luksic. En general, 20 grupos económicos controlan el 52,6 por ciento de la producción del país. Estos niveles de desigualdad son incompatibles con cualquier forma auténtica de democracia.

Durante su campaña, Piñera anunció planes para deshacerse de “muchos” programas sociales como parte de una agenda de 14.000 millones de dólares para un crecimiento basado en incentivos empresariales. Buscará financiar la mitad de este presupuesto con la “capacidad de crecimiento potencial en Chile”, principalmente un rebote en el precio del cobre, que conforma más de la mitad de las exportaciones del país. El resto vendrá de una “mayor austeridad y reasignaciones de gasto”. Tales planes a un lado, en el discurso de derrota, Guillier inmediatamente alimentó ilusiones en Piñera, declarando: “Debo admitir que nuestro rival supo recoger muchas de nuestras banderas”.

Chile Vamos se ha declarado en contra de algunas de las promesas más populares de la presidenta Michelle Bachelet de la Nueva Mayoría, incluyendo el reemplazo de la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, reformar las AFPs y, aunque con algunas discrepancias dentro de la coalición electa, una ley de cambio de nombre y sexo registral. A su vez, el equipo de Piñera planea intensificar la “reforma” laboral proempresarial de Bachelet, expandiendo los “servicios esenciales” que no pueden realizar huelgas y reinstituyendo la negociación colectiva independiente de los sindicatos.

Otra de las promesas de la Nueva Mayoría, una que de hecho implementó, la legislación electoral, terminó beneficiando enormemente a Chile Vamos, que perdió el 10 por ciento de votos para senadores y solo aumentó un 1,28 por ciento sus votos para diputados en comparación con el 2013. Sin embargo, recibió cinco nuevas bancas en el Senado y 23 en la cámara baja, obteniendo así proporciones significativamente mayores con las que contaba anteriormente.

Los Gobiernos de “centroizquierda” de la Concertación y la Nueva Mayoría (1990-2010 y 2014-2018), que han dominado el periodo desde la transición de la dictadura de 17 años bajo el general Augusto Pinochet, han prometido combatir la desigualdad social al tiempo que han recibido salarios de y servido a los grandes grupos económicos del país, siendo el caso más publicitado el del conglomerado SQM. El mismo Departamento del Estado de EUA le donó $1 millón a la campaña del “No” en 1988 contra la reelección de Pinochet, impulsando a la Concertación y su llegada al poder.

Tales acuerdos aseguraron que la Concertación defendiera fielmente el estricto control de la vida social y económica del país por parte de Wall Street y la City de Londres, un control custodiado brutalmente bajo Pinochet. La Concertación incluso dejó pasar la venta criminal de utilidades públicas entre 1988 y 1989, cuyas pérdidas para las finanzas públicas fueron calculadas entonces en $2.300 millones.

La preservación del brutal marco capitalista ha producido un gran odio y movilizaciones cada vez mayores contra la Nueva Mayoría —la progenie política de la Concertación— algo visto en el hecho que alrededor del 25 por ciento de los votantes que votaron por el Frente Amplio en la primera ronda votaron a Piñera en la segunda. Más allá, un estudio del 2017 de la universidad London School of Economics trazó el gradual colapso de la tasa de aprobación de la Nueva Mayoría, de 84 por ciento en el 2010 a 21 por ciento en agosto del 2017.

El Gobierno de Bachelet se ha visto estremecido por escándalos de corrupción alrededor de su financiamiento político de los grupos corporativos, y ha encarado protestas de masas contra las AFPs, al igual que un aumento en la frustración dentro de las universidades ante las miserables becas otorgadas tras prometer una “educación gratis”. Además, ha habido una serie de huelgas traicionadas por al CUT, la central sindical controlada por los estalinistas, incluyendo una huelga nacional de empleados públicos en noviembre. Más temprano en el 2017, una huelga de 44 días en la mina de cobre La Escondida, la más grande del mundo, fue en parte responsable de una caída en el PIB de 14 por ciento durante el primer trimestre; pero, fue detenida por el sindicato sin cumplir las demandas de los trabajadores.

Estas movilizaciones van a intensificarse bajo Piñera. El Citi Group reporta 30 contratos que expiran durante el 2018 en el sector minero, los cuales perciben tres veces la producción promedio anual correspondiente a las renovaciones desde el 2011. El estancamiento de los salarios y las deplorables pensiones, que promedian 350 dólares al mes, están haciendo que las deudas personales sean cada vez más intolerables. Según un investigador de la Universidad de Chile, Marco Kremerman, hay 8,3 millones de personas ocupadas, pero 11,3 millones con deudas, y 4,4 millones en situación de impago.

El Frente Amplio se une al poder establecido

La desacreditación de la Nueva Mayoría le permitió al Frente Amplio alcanzar un 20 por ciento del voto presidencial en la primera ronda y elegir a 20 diputados y un senador, rompiendo con el monopolio político de las dos coaliciones que han gobernado Chile desde 1990. Al mismo tiempo, como lo demostró el respaldo a Guillier en la segunda ronda y las declaraciones conciliatorias de sus dirigentes, el Frente Amplio está consolidando su lugar en la cúpula política burguesa como un soporte de “izquierda”.

“El proyecto político del Frente Amplio necesita nutrirse de otras fuerzas, puede ser el PC [Partido Comunista] u otras, siempre he creído que el camino que debe recorrer el Frente Amplio es hacia allá,” le comentó el diputado para Santiago del Frente Amplio, Pablo Vida, a UChile. Asimismo, los legisladores Guillermo Teillier y Carmen Hertz del estalinista Partido Comunista, el cual forma parte de la Nueva Mayoría, han sugerido formar un puente de oposición contra Piñera de los democratacristianos al Frente Amplio, algo que Vidal también considera como una posibilidad.

Establecido principalmente por líderes de las protestas estudiantiles del 2011, el Frente Amplio revolvió toda una mezcla de tendencias políticas pequeñoburguesas cuya agenda en común consiste en un supuesto humanismo abstracto centrado esencialmente en el programa profesado por la Nueva Mayoría, pero crítico de su fracaso al implementarlo.

En una entrevista con la revista Jacobin el mes pasado, el primer senador del Frente Amplio, Ignacio Latorre, argumentó que la conclusión central de las elecciones es que “el electorado chileno quiere volver realidad las reformas tentativas de Bachelet… en realidad, estas reformas significan un desmantelamiento del legado de Pinochet”.

Las dos mayores inspiraciones de la coalición, como Latorre lo indica, son Podemos en España y el Frente Amplio que gobierna Uruguay. Ambas son formaciones construidas para salvar el dominio burgués ante el colapso de sus sistemas bipartidistas tradicionales en sus países respectivos. El año pasado, Podemos mostró el verdadero rostro de tal maniobra al darle una cobertura “izquierdista” al giro en marcha de la élite gobernante en España y la UE hacia la dictadura, particularmente al alimentar ilusiones en el Partido Socialista (PSOE) y la UE mientras respaldaban las medidas represivas y autoritarias de Madrid contra la población de Cataluña.

Percibiendo una brecha todavía demasiado amplia entre su política y las demandas de la clase obrera izquierda, las cuales se siguen trasladando rápidamente hacia la izquierda, otros sectores del Frente Amplio están abogando por incorporar a organizaciones con consignas más radicales. Por ejemplo, Karina Oliva, presidenta de Poder, un partido dentro del Frente Amplio, llamó a “reconstruir una mayoría social y popular en el país” y “convocar a fuerzas transformadoras que están fuera del Frente Amplio”.

La pseudoizquierda prepara un callejón sin salida para la clase obrera

La pseudoizquierda internacionalmente se ha regocijado por el surgimiento del Frente Amplio, con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, felicitándolos por sus resultados electorales. La revista Jacobin, administrada por grupos de la clase media-alta de Estados Unidos organizados alrededor de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) y el Partido Demócrata, celebraron en un artículo del 6 de diciembre que la “viabilidad” recientemente adquirida por el Frente Amplio deberían incentivar a sectores del Partido Socialista y el Partido Comunista, los cuales meramente “fracasaron en reconocer que la Concertación no era un vehículo para derrotar al neoliberalismo”, a apoyar al Frente Amplio como una plataforma para retomar el poder.

Fundamentan su postura en la infundada esperanza de que el Frente Amplio pueda salvar al capitalismo obteniendo el apoyo de una mayoría de chilenos y previniendo el giro al autoritarismo. “La incapacidad de [Salvador Allende] de asegurar una mayoría le abrió la puerta a la alianza elitista y centroderechista que asestó el devastador golpe de Estado de 1973”, escribe Jacobin, dando una descripción sumamente desatinada de las fuerzas fascistas que encabezaron el golpe militar apoyado por EUA que instaló a Pinochet en el poder. Este argumento es efectivamente una defensa del método democrático de la “vía chilena al socialismo”, cuya bancarrota fue expuesta trágicamente en el golpe del 11 de setiembre.

Por su parte, el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), que forma parte del FT-CI pablista y recibió 15.000 votos en los distritos de Santiago y Antofagasta, escribió en su revista Ideas de Izquierda que el Frente Amplio puede ser un vehículo para conseguir algunas concesiones para la clase obrera, pero para ser una “alternativa históricamente viable” necesita de una “fuerza material en la que se apoya” determinada por su clase.

Mientras que insiste en apelar a la clase obrera, el PTR recurre al antimarxista Ernesto Laclau para validar la búsqueda de “una pluralidad de demandas en torno a un significante vacío sin sostenerse en una clase social” y a Gramsci para insistir en que vivimos en una “crisis orgánica” no revolucionaria, abierta para grupos “neo reformistas” como el Frente Amplio.

Independientemente de la fórmula de demagogia radical que avancen, el PTR, el Frente Amplio y sus colaboradores internacionales representan los intereses de capas de la clase media-alta que se disputan una porción de la riqueza en lo alto la sociedad.

Las estadísticas oficiales del INE muestran que el 50 por ciento de los trabajadores en Chile gana mensualmente menos de 550 dólares o 340.000 pesos, mientras que el 7 u 8 por ciento en la cima tienen ingresos drásticamente mayores a los del resto de la población, con un corte de alrededor de 2.000 dólares o 1.2 millones de pesos. Las cifras disponibles muestran que el 10 por ciento de mayores ingresos, compuesto casi exclusivamente por profesionales y directivos, controla casi la misma proporción del ingreso nacional que el 70 por ciento más pobre.

La derrota de Allende y la lucha por la independencia política

En la década de 1960, cuando colapsaba la estabilización capitalista de la posguerra encabezada por el dólar, tuvo lugar un resurgimiento internacional y revolucionario de la lucha de clases, expresado más dramáticamente por la masiva huelga general de mayo-junio de 1968. En este periodo, cientos de millones de trabajadores y masas oprimidas en los países atrasados entraron en luchas políticas y armadas contra el imperialismo.

Por su parte, Chile atravesó un periodo de profunda “estanflación” —estancamiento económico con inflación— que elevó la militancia obrera, mientras que una reforma agraria lenta y plagada por crisis intensificó los levantamientos campesinos. Tanto internacionalmente como en Chile, donde la coalición frentepopulista bajo Salvador Allende quedó electa en 1970, la supervivencia del capitalismo fue primordialmente el resultado de las traiciones del estalinismo, la socialdemocracia y sus cómplices pablistas.

Los pablistas rechazaron el papel revolucionario de la clase obrera y las implicaciones revolucionarias de la crisis global del capitalismo, afirmando que, en cambio, era posible hacer que las tendencias nacionalistas pequeñoburguesas y burguesas implementaran el socialismo. Esta perspectiva fue utilizada para justificar la liquidación del trotskismo en América Latina dentro del castrismo y sus variantes guerrillistas como el MIR en Chile, convirtiéndose en grupos de presión para los líderes burgueses nacionalistas como Perón en Argentina o Allende en Chile.

El Socialist Workers Party (Partido de los Trabajadores Socialistas) de Estados Unidos, después de su “reunificación” con los pablistas en 1963, la aconsejó a Allende en 1971 que enfrentara el recrudecimiento de la crisis revolucionaria durante su Gobierno —en un momento en el que se vio obligado a ordenarles a los mineros a que trabajaran “horas voluntarias”— por medio de un populismo de “izquierda” más radical para convencer a los trabajadores a hacer sacrificios.

El resultado de estas traiciones oportunistas fue el desarme político del movimiento obrero, allanando el camino de su sangrienta supresión a manos de la dictadura de Pinochet.

Hoy día, la pseudoizquierda otra vez busca desesperadamente los medios políticos para prevenir que la clase obrera se organice de forma independiente e internacional, bajo condiciones en las que la burguesía y el imperialismo preparan incrementar la explotación de la clase obrera, acelerar su marcha a la dictadura y la guerra y aplastar cualquier forma organizada de oposición que aparezca.