Cuatro meses después de ser azotada por el huracán María se acelera la campaña para lucrar de la destrozada isla de Puerto Rico. El lunes 22 de enero, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, declaró su intención de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), que es a empresa de servicios públicos más grande de Estados Unidos.

Al gobernador Rosselló no le dio ningún bochorno utilizar la crisis de abastecimiento de energía como pretexto para justificar su decisión. Declaró que AEE se ha convertido en un gran peso sobre el pueblo, presa de su malos servicios y altos costos. De eso saca el gobernador que la privatización bajará costos y mejorará servicios para el consumidor. Incluso alega que se utilizarán las ganancias de la venta de bienes y contratos para capitalizar el fondo de retiro de los empleados.

Se trata de una sarta de embustes. La privatización de AEE significa un enorme golpe contra la clase obrera de Puerto Rico. Resultará en el aumento de tarifas eléctricas y en el despido de empleados de la AEE. La privatización de este servicio esencial, energía eléctrica, es parte de una estrategia mucho más siniestra; el propósito es imponer los costos del huracán sobre las espaldas de una clase obrera empobrecida y convertir a Puerto Rico en algo más atractivo para los inversionistas. En vez de capitalizar las pensiones de los empleados, el dinero que resulte de la venta será utilizado para pagar los nueve mil millones de dólares que la AEE debe a un grupo de adinerados inversionistas.

Se proyecta desde hace mucho tiempo privatizar la AEE. En 2016, el gobierno de Obama creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, comúnmente apodada “la Junta Fiscal”, un grupo de ocho funcionarios derechistas con el poder dictatorial de imponer medidas de austeridad sobre el pueblo para enviar el dinero a Wall Street. Desde el principio la junta rechaza reestructurar la deuda de 74 mil millones de dólares. Ahora no titubea en exigir la privatización de AEE.

En declaraciones al periódico local Metro, José B. Carrión III, jefe de la junta de supervisión, declaraba, varios meses antes del huracán María, que el gerente de emergencia de la AEE, Noel Zamot, comenzaría antes de todo, privatizando la Autoridad de Energía Eléctrica, lo antes posible. No bien destruye el huracán María todo el servicio eléctrico en septiembre, los buitres empresariales y gubernamentales toman la posición que esta destrucción es la oportunidad perfecta para lograr ese propósito.

Con todo cinismo esos mismos funcionarios ahora lamentan que la recuperación de AEE ocurre a paso de tortuga en el curso de estos cuatro meses; en verdad se sospecha que materiales indispensables para reconstruir la red eléctrica están escondidos en almacenes. Eso sugiere que se sabotea la recuperación, con toda intención, para actualizar la privatización.

Todo el mundo sabe que la AEE ha despedido a muchos de sus empleados. En el 2012 eran 8.628 empleados; en abril 2017 sólo quedaban 6.042. Aun antes del huracán eran muy frecuentes graves apagones por toda la isla.

Además, el paso de los antiguos miembros de la junta gobernante y de los altos empleados de la empresa a una nueva comisión creada por una ley del 2014, ha creado tremenda corrupción y mala administración. Luego de la tormenta se devela la envergadura de esta corrupción, cuando AEE firma un importante contrato de emergencia con Whitefish, una empresa inexperta del estado Montana con sólo dos empleados. El resultante escándalo forzó la cancelación de ese contrato.

Cuatro meses después del huracán María, el cuarenta por ciento de los usuarios todavía carece de energía eléctrica. Se trata del apagón más grande y de más larga duración en la historia moderna de Estados Unidos. La clase de poder puertorriqueña junto con los dos partidos de las grandes empresas en el gobierno yanqui son culpables de crímenes de lesa humanidad al crear condiciones tercermundistas para los trabajadores boricuas.

Los personajes que arruinaron a la AEE engañan al pueblo de Puerto Rico cuando le hacen creer que el mal estado de la empresa es consecuencia de ser pública o mal administrada. La realidad es que es consecuencia de más de cien años de explotación a proletariado de la isla como fuente de mano de obra barata y de subsidios tarifarios a las grandes empresas. Ahora las mismas personas que se enriquecieron creando esta catástrofe pretenden lucrar de su destrucción.

Gente como Rosselló y testaferros como Zamot se valen de bien conocidas tácticas. El modus operandi de la clase de poder es aprovecharse de desastres “naturales” para actualizar sus negociados financieros simulando que la devastación fue inevitable.

En los últimos veinte años en Estados Unidos han ocurrido muchísimas instancias de esos crímenes contra la clase obrera, luego de la destrucción de Nueva Orleans por el huracán Katrina en el 2005 que creó la oportunidad de un asalto frontal contra la educación pública, que fue socavada casi por completo y entregada a empresas particulares de lucro. Se destriparon servicios de previsión social; cientos de miles de ciudadanos tuvieron que salir de esa ciudad, muchos para nunca volver. La privatización de los bienes públicos ocurrió dizque para “reconstruir” Nueva Orleans.

El mismo plan se utiliza contra los obreros de Detroit en la bancarrota de esa ciudad del 2013 y 2014. Igual que en Puerto Rico se impone un administrador de emergencia con poderes dictatoriales sin límite para supervisar la destrucción de jubilaciones y la privatización de empresas municipales y escuelas. Este administrador, Steve Rhodes, incluso intentó vender las obras de arte de la ciudad a una fundación particular. Más adelante Rhodes reaparece en Puerto Rico como asesor de su bancarrota.

Puerto Rico ahora encara los dos desastres, un huracán y la crisis de deuda municipal más grande en la historia estadounidense. Igual que en Nueva Orleans y Detroit la tormenta y la crisis financiera sirven para acelerar la contrarrevolución social.

La lección esencial de estos embates es que las necesidades básicas de toda sociedad son incompatibles con un sistema en donde todo se los subordina a los requisitos de la oligarquía financiera. Los aliados más importantes de los obreros y estudiantes puertorriqueños en lucha no son los políticos de la burguesía isleña. Son sus compañeros obreros en Estados Unidos y por todo el mundo.

(Artículo aparecido originalmente en inglés el 24 de enero de 2018)