La caída en la esperanza de vida en EUA: el producto de una política premeditada de la burguesía

10 febrero 2018

Un editorial en la revista médica británica BMJ, antes British Medical Journal, ha examinado nuevamente la impactante realidad que la esperanza de vida en Estados Unidos está cayendo. “La declinante salud de Estados Unidos: el papel de las difíciles condiciones de vida y las políticas subyacentes”, publicado el miércoles en BMJ se basa en reportes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que develaron en diciembre que la expectativa de vida en EUA cayó por segundo año consecutivo en el 2016.

Ambos autores del editorial, Steven H. Woolf y Laudan Aron, eran miembros del panel conjunto entre el Centro Nacional de Investigación y el Instituto de Medicina en el 2013 que investigaron la desventaja en salud de EUA frente a los otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según datos del Banco Mundial, la esperanza de vida promedio de un agregado de 35 países de la OCDE era de 75,5 años en 1995, pero había subido a 80.3 años, mientras que la de EUA se había quedado en 78.7.

El editorial apunta a un conjunto de enfermedades y comportamientos que han contribuido a la caída en longevidad en EUA, así como los factores sociales y económicos que la impulsan. El panorama que emerge es el de una sociedad golpeada por una desigualdad social que se continúa desbordando, una catastrófica crisis de salud y una política pública sanitaria que procura disminuir deliberadamente la expectativa de vida en servicio del lucro corporativo.

La epidemia de opiáceos, el abuso del alcohol y los suicidios son algunas de las principales causas de muerte en EUA. La tasa de sobredosis de drogas fatales aumentó 137 por ciento entre el 2000 y el 2014. Solo en el 2015, más de 64.000 personas fallecieron por esta causa, más que el número total de bajas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. La tasa de suicidio, por su parte, ha aumentado un impactante 24 por ciento entre 1999 y el 2014.

Las “muertes por desesperación” han afectado desproporcionalmente a la población blanca en EUA, incluyendo a adultos entre los 25 y 59 años, aquellos con educación limitada y mujeres. Los mayores aumentos fueron en las áreas rurales.

La razón por la cual el aumento en la mortalidad ha sido mayor entre blancos, adultos de media edad y algunas comunidades rurales, el editorial menciona varios factores, todas cuestiones de clase. Estos incluyen, “el colapso de las industrias y economías locales que mantenía, la erosión de la cohesión social y un mayor aislamiento social, dificultades económicas y la angustia sufrida por trabajadores blancos por perder la seguridad que disfrutaban sus padres”.

El panel del 2013 encontró que “los estadounidenses sufrían de peor salud en muchos ámbitos, como los nacimientos, lesiones, homicidios, embarazos adolescentes, VIH/SIDA, obesidad y condiciones cardiacas”. Otro de sus hallazgos fue que los estadounidenses son más propensos a mantener comportamientos poco saludables, como el consumo de comidas con altas calorías, el abuso de drogas y la tenencia de armas de fuego.

El editorial también señala que tales comportamientos están ligados a “una asistencia social más débil y la falta de seguros de salud universales”. ¿Qué significa esto en términos de las vidas de los trabajadores y sus familias? Significa el recorte a los bonos de alimentos y ayuda social en efectivo, el cierre de clínicas comunitarias y la escasez de programas para el abuso de sustancias, la falta de un seguro médico y/o tener que pagar pesadas cuentas médicas. Todos estos factores contribuyen al empeoramiento de la salud y a muertes tempranas.

La caída en la esperanza de vida —uno de los indicadores más importantes del bienestar social de una sociedad— no ha suscitado ninguna respuesta de parte de la élite política, ni del Gobierno de Trump ni del Partido Demócrata. El jueves por la noche, el Senado estaba aprobando un presupuesto de dos años que aumentará el gasto militar $305.000 millones.

En su rueda de prensa semanal, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que el factor principal que contribuye al aumento del déficit público no es el presupuesto gigantesco del Pentágono, el cual financia las agresiones militares de EUA alrededor del mundo, sino las llamadas garantías sociales —el seguro social jubilatorio y los seguros médicos Medicare y Medicaid—, de las cuales dependen los trabajadores para poder retirarse y para la salud de sus familias.

Mientras el Partido Demócrata sigue obsesionado con sus acusaciones de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2018, el Gobierno de Trump ha emprendido su ofensiva contra los programas sociales. Después de fracasar varias veces en derogar y reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), la Casa Blanca eliminó su condición obligatoria, como parte del recorte de impuestos a las corporaciones, y les ha permitido a los estados imponer requisitos de trabajo para Medicaid, el seguro público para personas empobrecidas y discapacitadas.

La discusión sobre la salud y el bienestar de los trabajadores estadounidense se ha convertido en una cuestión sin importancia para los demócratas. Se han vuelto los representantes más férreos de las agencias militares y de inteligencia, apoyando una inminente guerra contra Rusia, pero oponiéndose a Trump, los Republicanos y su redoble de tambores para una guerra contra Corea del Norte.

En realidad, la guerra contra la salud de los trabajadores estadounidenses ha sido una conspiración bipartidista que lleva décadas intentando destruir conscientemente los beneficios ganados por luchas sociales de la clase obrera por más de un siglo.

Bajo el Gobierno de Obama, la implementación del ACA fue una medida clave de la contrarrevolución social en el sector de salud. Siendo promocionado como una expansión al cuidado de salud, en realidad procuraba limitar y racionar el acceso de los trabajadores a tratamientos médicos vitales y a sus medicamentos, calificándolos de “innecesarios” y “lujos”. Por medio del mandato universal, obligaba a que los individuos y las familias tuviesen que comprar sus coberturas de aseguradoras privadas bajo la amenaza de recibir multas fiscales.

Tanto los demócratas como los republicanos lamentan el alto costo del cuidado de salud en EUA. Sin embargo, la realidad es que el alto costo —los estadounidenses pagan en promedio $10.000 por persona, cada año— no surge de gastos en tratamientos vitales para los trabajadores y sus familias. Proviene del hecho que EUA deja en manos de del sector privado la determinación de los precios de la gran mayoría de medicinas, tratamientos y hospitalizaciones. En la medida en que los hospitales y las compañías farmacéuticas han cobrado precios desorbitantes, cada vez más personas permanecen sin seguro ni tratamientos.

Para la burguesía, el número cada vez mayor de muertes de trabajadores, trabajadoras y jóvenes es simplemente el “precio por hacer negocios”. Sin duda, es percibido como un beneficio, ya que las muertes tempranas significan menos costos asociados con el cuidado de los adultos mayores y, por ende, más recursos para seguir inflando los mercados bursátiles.

La crisis sanitaria en EUA es una emergencia nacional. Las clases gobernantes internacionalmente ven al país norteamericano como un modelo para sus propias ofensivas contra los puestos de trabajo y programas sociales. Para encarar esta crisis es necesario atacar de frente la riqueza de la élite corporativa y financiera.

El Partido Socialista por la Igualdad llama a la expropiación de la riqueza de la aristocracia corporativa y financiera y la transformación de las gigantescas corporaciones farmacéuticas y de atención médica en utilidades públicas, administradas con base en las necesidades sociales. Los vastos recursos monopolizados actualmente por el uno por ciento tienen que hacerse disponibles para financiar un sistema universal de salud en el que todos tengan acceso a un cuidado de alta calidad como un derecho social básico.

Tal reorganización social y económica exige la construcción de un movimiento de la clase obrera en oposición tanto a los demócratas como a los republicanos, que una a los trabajadores de todas las razas y nacionalidades en una lucha contra el sistema de lucro capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de febrero de 2018)

Kate Randall