Venezuela advierte de una intervención militar estadounidense mientras se intensifica la crisis interna

por Bill Van Auken
17 febrero 2018

Los funcionarios venezolanos han advertido que Estados Unidos y sus aliados derechistas en América Latina están preparando una posible intervención militar para derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Las tensiones se han intensificado en la región, ya que tanto Colombia como Brasil han aumentado sus despliegues militares en sus respectivas fronteras con Venezuela. Los movimientos son ostensiblemente en respuesta a un flujo elevado de migrantes impulsado por la profundización de la crisis económica que ha llevado el desempleo, la pobreza y el hambre a niveles generalizados entre las masas venezolanas.

Colombia ha afirmado que alrededor de medio millón de venezolanos han cruzado la frontera, mientras que el Gobierno brasileño indicó que se está preparando para declarar un estado de emergencia en el estado fronterizo de Roraima, uno de los más pobres del país, y poner al ejército a cargo. Brasilia informa que unos 40.000 venezolanos ingresaron al estado, alrededor de un 12 por ciento de su población.

Las provocaciones diplomáticas contra Venezuela también han aumentado, con el llamado Grupo Lima que “la presencia de Maduro ya no será bienvenida” en la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en la capital peruana durante la segunda semana de abril. La sanción contra Maduro emitida por el grupo, el cual consiste en 12 de los 35 países que participarán en la Cumbre, fue justificada alegando que las elecciones convocadas por el Gobierno venezolano para el 22 de abril “carecerán de toda legitimidad y credibilidad”.

Uno de los países que emitió esta acusación fue Honduras, cuyo presidente, Juan Orlando Hernández, fue instalado a través de una reelección inconstitucional y descaradamente manipulada que estuvo acompañada por una represión sistemática de la oposición popular. Los mismos países que condenan a Venezuela guardan silencio sobre el carácter criminal del régimen hondureño, un cercano aliado regional de Washington.

A principios de esta semana, el fiscal general venezolano, Tarek Saab, denunció que Colombia estaba planeando “el bombardeo militar, la invasión militar” de Venezuela.

El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Alberto Mejía, respondió a la acusación el miércoles al insistir en que la acumulación de tropas en la frontera estaba dirigida únicamente a lidiar con el flujo de migrantes venezolanos a Colombia. Afirmó que el despliegue también tenía como objetivo prevenir ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero castrista que aún no ha logrado alcanzar un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano. Bogotá ha afirmado, sin corroborarlo, que Venezuela le ha ofrecido santuario al ELN.

Las sospechas sobre las acciones militares de Colombia aumentaron con una visita al país el fin de semana pasado del almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien preside las operaciones militares de Washington en la región. Tidd sostuvo reuniones con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, altos funcionarios del Gobierno y comandantes colombianos.

En un testimonio ante la comisión de servicios armados del Senado estadounidense el año pasado, Tidd afirmó que la crisis de Venezuela era una fuente de “inestabilidad” que “podría eventualmente obligar a una respuesta regional”. La advertencia del almirante coincidió con la declaración del presidente estadounidense Donald Trump en agosto pasado de que no descartaba una “opción militar” al tratar con Venezuela.

Las amenazas de una intervención militar se han visto acompañadas de llamamientos cada vez más abiertos de Washington a los militares venezolanos para que derroquen al Gobierno de Maduro.

La semana pasada, el senador republicano Marco Rubio de Florida, quien dirige en gran medida la política estadounidense hacia América Latina bajo el Gobierno de Trump, declaró en Twitter: “El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger a la gente y restaurar la democracia expulsando a un dictador”.

Este llamado abierto a restaurar la “democracia” derrocando a un presidente electo simplemente tornó más explícitos los comentarios del secretario de Estado, Rex Tillerson, a principios de este mes, en vísperas de su gira por cinco naciones latinoamericanas, un viaje cuyo propósito era consolidar un bloque antivenezolano alineado con Washington.

“En la historia de Venezuela y los países sudamericanos, muchas veces el ejército es el agente de cambio cuando las cosas están así de mal y los líderes ya no pueden servir a la gente”, declaró Tillerson. Sin duda, el secretario de Estado pensaba en el largo y sangriento historial del imperialismo estadounidense en la organización de golpes militares en Brasil, Chile, Argentina y otros países en los años sesenta y setenta, que condujo a décadas de dictaduras y represión estatal-policial contra la clase obrera en América Latina.

Tillerson, ex-CEO de ExxonMobil, dijo en el mismo discurso que un objetivo clave de Washington es “integrar la riqueza de los recursos energéticos dentro del hemisferio”, y agregó que “Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo”.

Más allá del afán de lucro del imperialismo estadounidense y los conglomerados de energía con sede en Estados Unidos con respecto al giro hacia una intervención en Venezuela, existen consideraciones estratégicas más amplias. Estas han sido detalladas en la reciente serie de documentos nacionales de estrategia y defensa emitidos por Washington, donde define a Rusia y a China como “potencias revisionistas” que buscan desafiar la hegemonía estadounidense y proclama la competición “entre grandes potencias” como la orientación central del Pentágono.

Mientras Estados Unidos impuso una serie de sanciones que han reducido las exportaciones de petróleo de Venezuela a EUA, China ha duplicado su participación en el mercado petrolero venezolano, mientras que las exportaciones a la petrolera estatal rusa Rosneft PJSC se han más que triplicado. Ambas naciones también han otorgado préstamos al país y una reestructuración favorable de la deuda a cambio de exportaciones de petróleo garantizadas.

Según informes, la Administración de Trump está discutiendo la imposición de sanciones más severas contra el petróleo venezolano. Ya bloqueó a la petrolera estatal PdVSA de los mercados internacionales de refinanciación de deuda de bonos.

EUA representa aproximadamente el 40 por ciento de las exportaciones de petróleo de Venezuela. En su discurso del jueves, Maduro desestimó la amenaza de las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano y declaró: “Si Estados Unidos nos impone un embargo de petróleo, tomaremos nuestro bote e iremos a otro lugar”.

La realidad, sin embargo, es que Venezuela depende igualmente de las importaciones de tecnología, crudo liviano y otros productos necesarios para mezclar el petróleo venezolano para la exportación. Un bloqueo de estos suministros podría resultar igual de devastador, si no más, para la industria petrolera del país como la pérdida del mercado estadounidense.

La imposición de tales sanciones estaría dirigida a desencadenar una profundización catastrófica de la ya severa crisis económica y social de Venezuela.

La inflación creciente, fijada en 2.600 por ciento en el 2017, ha dejado a grandes sectores de la población sin los medios para procurarse alimentos adecuados. El valor del salario mínimo mensual ha disminuido al equivalente de US $3. Esto ha llevado a formas de protesta bastante distintas de los mítines masivos de las capas privilegiadas de la clase media que se habían montado contra Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez.

Las huelgas y protestas de los trabajadores, así como disturbios y saqueos de alimentos, han estallado en todo el país en barrios pobres y de clase trabajadora. Estos han sufrido la represión policial y la violencia de un Gobierno que, a pesar de su retórica pseudosocialista, ha defendido despiadadamente la propiedad privada capitalista y enriquecido a toda una capa de inversores extranjeros, financieros, contratistas y funcionarios corruptos del Gobierno, mientras que las masas de trabajadores se enfrentan a la pobreza.

En un incidente reciente que refleja las inmensas tensiones sociales que se acumulan en Venezuela, las tropas del ejército venezolano mataron a 18 mineros en una mina de oro operada ilegalmente en la región selvática de Guasipati, en el sur del país. El Gobierno está llevando a cabo una campaña para cerrar las minas ilegales, que a menudo son controladas por bandas criminales, como parte de su megaproyecto Arco Minero del Orinoco, que pretende abrir una vasta área de la región de Guayana a conglomerados mineros extranjeros para inversión y explotación.

La apelación de Washington a los militares venezolanos para derrocar a Maduro todavía no ha producido los resultados deseados. En el 2002, la CIA, trabajando en conjunto con una sección del mando militar y los grandes grupos empresariales venezolanos, organizó un golpe abortivo que retiró brevemente a Chávez de su cargo antes de que fuera restaurado en el palacio presidencial por protestas populares de masas.

Hoy, el ejército es el principal pilar del Gobierno, con oficiales activos y retirados dirigiendo varios ministerios y sirviendo como gobernadores. Las fuerzas armadas controlan sectores clave de la economía, lo que ha permitido que una capa de oficiales superiores se enriquezca. Sin embargo, frente a un desafío revolucionario desde abajo, los mandos militares podrían intentar salvarse a expensas de Maduro.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de febrero de 2018)