El Gobierno ha reivindicado el poder para expandir la guerra estadounidense en Siria y efectivamente anexar y ocupar porciones significativas de dicho país sin siquiera una pretensión de recibir una autorización internacional y legislativa, ni de efectuar un debate público.

El New York Times reportó esta postura, expresada en cartas del Pentágono y el Departamento de Estado al senador Tim Kaine, en un artículo noticioso escondido en su edición del viernes, bajo el título de “La Administración dice que las fuerzas en Siria no necesitan una nueva aprobación”. Estos comunicados subrayan las dimensiones del ataque contra la Constitución que está llevando a cabo la Casa Blanca, reclamando un poder inherente del Ejecutivo para librar guerras en Siria e, implícitamente, en el resto del mundo.

Kaine, un congresista demócrata de Virginia, ha solicitado de manera puramente formal e hipócrita la aprobación de una nueva Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés) como una hoja de parra para la guerra en Siria, cuyo objetivo es derrocar al Gobierno sirio del presidente Bashar al Asad.

La actual escalada militar estadounidense en Siria cumple la principal demanda del Partido Demócrata. Siendo éste el centro de la agenda exterior de la campaña presidencial de Hillary Clinton, cuyo compañero de papeleta para vicepresidente era Kaine, hubiese sido uno de sus primeros actos como presidenta. La semana pasada, el Times exigió en un editorial tal escalada, quejándose de que Siria, Rusia e Irán “han aprovechado sus éxitos en el campo de batalla contra Estado Islámico… mientras los líderes de Estados Unidos y las otras potencias globales han permanecido en gran medida al margen, sin querer o poder hacer nada para detener esto”.

Según la carta del Pentágono, las operaciones en marcha en Siria todavía corresponden a la campaña Estado Islámico (EI), pese a que todas las ciudades y pueblos que controlaba ya fueron retomados. El Gobierno estadounidense, sea bajo Trump u Obama, ha insistido absurdamente en que la “guerra contra EI” se puede justificar bajo el AUMF del 2001 contra Al Qaeda, adoptado por el Congreso hace más de 16 años para aprobar la invasión de Afganistán.

“La campaña para derrotar a EI está en transición a una nueva fase en Irak y Siria”, señala la carta. El ejército estadounidense “está optimizando y adaptando nuestra presencia militar para mantener una presión contraterrorista sobre el enemigo, mientras facilita los esfuerzos de estabilización y reconciliación política necesarios para garantizar una perdurable derrota de EI”.

Estas afirmaciones son sumamente generales, pudiendo interpretarse de formas tan arbitrarias y subjetivas para poder justificar una ocupación militar estadounidense indefinida de Siria.

Los comunicados del Pentágono y el Departamento de Estado conceden que ni las fuerzas gubernamentales sirias ni sus aliados como Hezbolá e Irán pueden considerarse “fuerzas asociadas” a EI o Al Qaeda, algo que requiere la autorización de guerra del 2001. En cambio, los ataques estadounidenses contra las fuerzas sirias y sus aliados son calificadas como actos de “autodefensa” por parte de los militares estadounidenses, independientemente del hecho de que están presentes en Siria en violación a su soberanía y sin el consentimiento de su Gobierno.

Algo todavía más funesto fue la justificación legal dada para el bombardeo que Trump ordenó en abril del año pasado contra una base aérea siria, después de una campaña encabezada por los medios estadounidenses acusando a Damasco de emplear gases nerviosos contra un pueblo en la provincia de Idlib controlado por milicias anti-Asad. “[E]l presidente autorizó el ataque en virtud de su poder bajo el Artículo II de la Constitución, como comandante en jefe y jefe del Ejecutivo, para recurrir a este tipo de fuerza militar en el extranjero y defender importantes intereses nacionales estadounidenses”, indica la carta.

El lenguaje empleado carece de cualquier significado y representa una burla de la estructura constitucional de EUA, bajo la cual el Congreso se reserva el poder de declarar una guerra y el presidente sirve como comandante en jefe estrictamente para dirigir las operaciones militares autorizadas por el cuerpo legislativo. A medida que la democracia estadounidense se ha erosionado, dicha separación de poderes constitucional ha estado acumulando polvo por un tiempo prolongado. Han transcurrido más de 75 años desde la última declaración de guerra del Congreso, siguiendo el ataque japonés contra Pearl Harbor en diciembre de 1941.

Incluso durante el último cuarto de siglo de guerras estadounidenses continuas, se percibió la necesidad de manipular la opinión pública y obtener una aprobación legislativa para emprender un compromiso militar substancial. La Guerra del golfo Pérsico de 1990-1991 y las invasiones de Afganistán en el 2001 y de Irak en el 2003 estuvieron precedidas de debates y votaciones en el Congreso, no para dar una declaración formal de guerra, sino para autorizarle al presidente el uso de fuerza militar.

Cabe notar que fueron dos Administraciones demócratas las que libraron guerras de gran escala sin siquiera una pretensión de buscar una aprobación del Congreso. El presidente Bill Clinton ordenó el bombardeo de EUA-OTAN sobre Serbia en 1999, sin contar con el apoyo de un Congreso controlado por el Partido Republicano. Por su parte, el presidente Barack Obama lanzó el bombardeo de EUA-OTAN sobre Libia en el 2011 sin intentar conseguir la aprobación de un Senado controlado el Partido Demócrata. Ambos mandatarios demócratas reclamaron tener poderes inherentes de su cargo para realizar estos actos.

Hoy día, bajo la fachada de mentiras sobre defender los derechos humanos y de acusaciones cínicas contra el “carnicero” de Asad (idénticas a las denuncias previas contra otros denominados “carniceros”, Milosevic, Sadam Husein y Gadafi), Estados Unidos está ejecutando la anexión de una porción estratégicamente importante de Siria. A partir de este paso preliminar, EUA buscará la transformación del país entero en una colonia de facto de Estados Unidos.

Tales acciones de EUA confirman el análisis de Lenin en 1916, cuando señaló que el imperialismo se caracteriza por “la tendencia a anexar… toda clase de países” (“El imperialismo y la escisión del socialismo”, Collected Works, Moscú, 1977, Volumen 23, p. 107).

Además, como advirtió, el proceso de esclavización colonial de los países más débiles por parte de las potencias imperialistas está ligado inexorablemente a la destrucción de todas las formas democráticas de gobierno internas. “La reacción política en toda la línea es un rasgo característico del imperialismo”, señaló. “La corrupción, los sobornos a una escala enorme y toda clase de fraudes” (ibid., p. 106).

El hecho de que una ocupación militar se puede realizar sin un debate público ni oposición alguna dentro de los grupos de poder devela el estado de pudrición terminal en el que se encuentra la democracia estadounidense. Las agencias militares y de inteligencia son las que toman las decisiones de forma unilateral, decisiones cuyas consecuencias son de máximo alcance para la población de Oriente Próximo, Estados Unidos y el mundo entero.

La ausencia de una oposición organizada a la ocupación militar de Siria también expone el papel de las organizaciones pseudoizquierdistas que se autodenominan socialistas, siendo tan solo apologistas y promotores de las carnicerías imperialistas. Dichas agrupaciones, como la Organización Internacional Socialista (ISO, por sus siglas en inglés), operan como extremidades del Partido Demócrata y han apoyado la intervención militar en Siria, reclamando solamente la supuesta renuencia de Obama y ahora Trump a librar una guerra total contra Damasco.

La guerra civil en Siria ha llegado a involucrar a todo un surtido de potencias regionales y globales, incluyendo a Rusia, Irán, Turquía, Irán, Arabia Saudita e Israel, además de EUA. Este mismo mes y bajo condiciones todavía poco claras, varios aviones de combate estadounidenses atacaron una unidad militar pro-Asad compuesta por mercenarios o soldados rusos, matando a alrededor de 200 hombres. Si el Gobierno ruso de Vladimir Putin todavía no ha protestado seriamente, es por que teme las consecuencias explosivas de un conflicto militar de gran escala entre Washington y Moscú. Dicha escalada potencialmente conllevaría una guerra más amplia entre las dos potencias con los mayores arsenales nucleares del mundo.

El polvorín sirio es tan solo uno de los conflictos que pueden detonar rápidamente una guerra imperialista, siendo los más obvios en Corea del Norte, Irán, el mar de China Meridional, Ucrania y los países bálticos. Urge construir un movimiento independiente de la clase obrera internacional contra la marcha hacia la guerra de las potencias imperialistas, sobre todo en Estados Unidos. Esta es la tarea que está realizando el Comité Internacional de la Cuarta Internacional y sus secciones, por medio de la construcción de partidos revolucionarios de la clase obrera en cada país.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de febrero de 2018)

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