La campaña #MeToo (#YoTambién) recibió la semana pasada el respaldo prominente de Ruth Bader Ginsburg, de la Suprema Corte de Justicia. Ginsburg no adjuntó calificaciones o reservas a su respaldo, y sus comentarios como juez en funciones de la Suprema Corte otorgaron una aprobación cuasi oficial a la campaña.

En una entrevista con Nina Totenberg, de Radio Pública Nacional, en el Festival de Cine de Sundance, Ginsburg dijo sobre la campaña #MeToo: “Bueno, creo que ya era hora”. Continuó: “Durante mucho tiempo las mujeres guardaron silencio, pensando que no podías hacer nada al respecto. Pero ahora la ley está del lado de las mujeres u hombres que sufren acoso, y eso es bueno”. La ocasión fue el estreno de una película documental sobre la carrera legal de Ginsburg, titulada “RBG”.

La campaña #MeToo se ha desarrollado en gran parte fuera de los tribunales, con hombres (y algunas mujeres) prominentes en la industria del entretenimiento y los medios y en la política puestos en la mira y declarados culpables en los periódicos y la televisión. En muchos casos, las acusaciones son precisamente del tipo que no resistiría el escrutinio en un tribunal de justicia. Muchas de las acusaciones involucran hechos que supuestamente ocurrieron hace décadas o encuentros sexuales consensuados, con una amplia gama de comportamientos mezclados con el crimen de violación bajo la etiqueta genérica de “impropiedad sexual”.

La atmósfera de caza de brujas creada alrededor de #MeToo por el Partido Demócrata y sus partidarios va en contra de principios legales democráticos como la presunción de inocencia, la carga de la prueba de la acusación más allá de una duda razonable, el derecho a enfrentar a los acusadores, el derecho a convocar testigos en defensa propia, el derecho a responder a las acusaciones, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a juicio con jurado y el derecho al debido proceso legal. En cambio, se terminan carreras, se arruinan reputaciones y se destruyen vidas sin ningún tipo de procedimiento legal.

Es significativo que Ginsburg, la principal representante del llamado bloque “liberal” de la Suprema Corte, no expresó ni reconoció preocupación alguna sobre estas cuestiones. “Hasta ahora ha sido excelente”, dijo de la campaña #MeToo. “Cuando veo mujeres apareciendo en número en cada lugar, estoy menos preocupada por una reacción negativa de lo que podría haber estado hace 20 años”.

La afirmación de Ginsburg de que la ley ahora está “del lado de” las víctimas requiere algo de deconstrucción. Si bien el abuso sexual es (y debe seguir siendo) ilegal, se han hecho esfuerzos prolongados para socavar la presunción de inocencia en procesamientos que involucran acusaciones sexuales, reemplazándolo con el “derecho a ser creído” del acusador. No hay nada progresista en estos esfuerzos para expandir los poderes de los fiscales y del estado a expensas de protecciones legales democráticas.

La ley de “consentimiento afirmativo” de 2014, en California, también conocida como la ley “sí significa sí”, es un ejemplo de esta tendencia. La ley, que abarca a las universidades estatales que reciben fondos públicos para ayuda financiera, esencialmente convierte a todos los encuentros sexuales en presunta violación, a menos que se demuestre que hubo “acuerdo afirmativo, consciente y voluntario para tener relaciones sexuales”. En la práctica, la ley sirve para transferir la carga a la persona acusada para probar que el acusador consintió. La ley establece expresamente: “La falta de protesta o resistencia no significa consentimiento, ni el silencio significa consentimiento” .

Una de las últimas víctimas de la policía sexual de #MeToo es el comediante y actor Aziz Ansari, cuyo “crimen” consiste en haber tenido un encuentro sexual consensuado con una mujer que luego lo acusó de “pasar por alto indicaciones verbales y no verbales” durante el hecho. La mujer, que permanece anónima, describió la cita con detalles degradantes en una entrevista en línea, después de la cual Ansari se convirtió en el foco de otra ronda de denuncias de hombres “sexualmente agresivos”.

“Aziz, Tratamos de Advertirte” fue el título de una columna de opinión en el New York Times, que incluyó en los primeros dos párrafos las palabras “violación” y “violador” dos veces. La columna citó con aprobación un ensayo de Rebecca Traister en New York Magazine titulado “El Juego Está Arreglado: Por Qué el Sexo Consensuado También Puede Ser Malo”.

Ansari, autor de un libro divertido sobre relaciones contemporáneas titulado Romance Moderno: Una Investigación, fue obligado a no asistir a la reciente entrega de premios del Screen Actors Guild, donde la audiencia se negó visiblemente a aplaudir su nombre.

El Partido Demócrata ha promovido a Ginsburg como un paragón de principios liberales. En realidad, su carrera legal, que incluye la fundación del Proyecto de los Derechos de las Mujeres de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en 1971, encarna la trayectoria y el destino del reformismo liberal de la década de 1960.

La historia de ACLU está lejos de ser consistente en cuestiones fundamentales de derechos democráticos. Purgó a comunistas de posiciones de liderazgo en la década de 1930, y fracasó en defender a izquierdistas perseguidos por el senador Joseph McCarthy y el Comité de Actividades Antiestadounidenses a fines de los años 1940 y principios de 1950. Si bien ACLU había defendido históricamente los derechos de minorías raciales, religiosas y sexuales, y lo hizo correctamente, Ginsburg entró en la organización cuando cambiaba cada vez más su énfasis hacia lo que se conoce como política de identidad.

La fórmula básica de la política de identidad del Partido Demócrata fue separar ciertos problemas que involucran derechos democráticos básicos —como, por ejemplo, la lucha contra la discriminación sobre la base de raza, género u orientación sexual, o la lucha por el derecho al aborto— de la desigualdad social y clase. Este tipo de política basada en la identidad, divorciada de una orientación hacia la clase obrera y la lucha contra el capitalismo, pasó por un largo período de decadencia. Las afirmaciones de oponerse a la discriminación contra las minorías se impregnaron cada vez más de una hostilidad abierta a la mayoría de clase obrera, a la que se consideró responsable de racismo e intolerancia. La política de identidad ahora toma formas completamente antidemocráticas, como la campaña #MeToo, incluso cuando los demócratas siguen adaptándose a los republicanos en temas como derechos de aborto, brutalidad policial, vigilancia doméstica, separación de iglesia y estado, y otros derechos democráticos vitales.

Esta evolución derechista es ejemplificada por la participación de Ginsburg en la decisión unánime de la Suprema Corte de Plumhoff v. Rickard en 2014. En ese caso la policía descargó una lluvia de balas contra un auto que se alejaba de ellos, manejado por Donald Rickard, matándolo a él y a Kelly Allen, que ocupaba el asiento del pasajero. El crimen por el que se aparcaba a Rickard era que tenía un simple faro que no funcionaba.

Cuando el caso alcanzó la Suprema Corte, Ginsburg se unió al juez derechista Samuel Alito al dictar un fallo a favor de la policía. La Suprema Corte dictaminó que Rickard, al tratar de escapar, era un “riesgo grave para la seguridad pública”, justificando su ejecución inmediata por la policía para “acabar ese riesgo”. Los jueces también declararon que Rickard, al desobedecer a la policía, era responsable de la muerte de Kelly Allen, haciéndose eco del lenguaje de “escudos humanos” usado por el ejército de EUA.

La decisión, que respaldó la doctrina autoritaria de “inmunidad calificada” para policías asesinos, fue apoyada por todos los jueces, incluyendo a los designados por los demócratas y los republicanos. El gobierno de Obama, a través del procurador general Donald Verrilli, Jr., se puso del lado de la policía enfática y expresamente, y respaldó la inmunidad calificada. Decisiones de la Suprema Corte como éstas han jugado un papel importante en el fomento de la epidemia de asesinatos policiales en EUA, que actualmente llega a 1223 desde la investidura del presidente Trump.

El fallo Rickard no es de ninguna manera el único caso en que los liberales de la Corte se unieron a sus colegas de derecha. El año pasado, Ginsburg firmó una decisión unánime permitió que la prohibición de viajar antimusulmana y discriminatoria del gobierno de Trump entrara en vigor.

En cada año electoral, el Partido Demócrata insiste que necesita los votos para asegurar el nombramiento de jueces liberales para la Suprema Corte. Sin embargo, cualquier cosa que podría describirse como conciencia democrática se evaporó hace mucho tiempo en ese campo. Por el contrario, los “liberales” del Partido Demócrata, ya sea en el Congreso o la Casa Blanca o en la Suprema Corte, no demuestran un compromiso de principios con—y a menudo no evidencian conciencia de—concepciones democráticas elementales que surgieron de siglos de una lucha larga y ardua que se remonta a la Ilustración.

Uno de los muchos ejemplos que se pueden citar es El estado de Connecticut vs. Joseph Spell, el histórico caso de derechos civiles de 1941. En ese caso, que es el tema del reciente film titulado Marshall (2017), Thurgood Marshall, futuro juez de la Suprema Corte de EUA, defendió a un obrero negro acusado de violación, en una historia que generó titulares sensacionalistas en todo el país. El New York Times informó en su portada que el “chofer-mayordomo”, Joseph Spell, confesó el crimen y haber “arrojado” a la “víctima” de un puente. Otros diarios se refirieron a una “noche de horror” y a una “orgía escabrosa”. A pesar de las dificultades, Marshall tomó el caso y fue capaz de persuadir al jurado de que Spell no era culpable, que el caso involucró sexo consensuado que la acusadora, una mujer blanca adinerada, estaba tratando de encubrir.

Marshall se convirtió en el primer juez afroamericano en la Suprema Corte. Uno siente que la muchedumbre de #MeToo simplemente ignora esta historia. Esos defensores de #MeToo que vieron la película probablemente consideran escandalosa las escenas de interrogatorio implacable de una acusadora de violación. Si Thurgood Marshall ejerciera la ley hoy, quienes lideran la campaña contra el debido proceso lo denunciarían como un “apologista de la violación”.

Un caso más reciente resalta las implicaciones de la campaña actual por sentencias más duras y el derecho del acusador “a ser creído”. Brian Banks, quien luego jugaría fútbol americano para los Atlanta Falcons, fue acusado falsamente de violación en 2002. Frente a la posibilidad de una condena y 41 años de prisión, Banks, que es afroamericano, aceptó un acuerdo de culpabilidad con cinco años de prisión. Luego fue exonerado cuando la acusadora admitió haber fabricado la historia.

La Corte Warren, o la era de decisiones durante la presidencia de Earl Warren en la Suprema Corte (1953-1969), tuvo una larga lista de fallos que insistieron en los derechos democráticos y protecciones legales constitucionales para los acusados, sin importar cuán atroz era el presunto crimen: Brady v. Maryland (prohibió a los fiscales ocultar evidencia exculpatoria), Mapp v. Ohio (prohibió el uso de evidencia obtenida ilegalmente), Miranda v. Arizona (el origen de la “advertencia Miranda”), Escobedo v. Illinois y Gideon v. Wainwright (afirmó el derecho a un abogado), y Katz v. Estados Unidos y Terry v. Ohio (afirmó el derecho a la privacidad y la restricción de búsquedas policiales). Durante una breve era en los Estados Unidos de posguerra, un cierto sentimiento democrático residual animó estas decisiones, resumidas de la mejor manera por las palabras de Benjamin Franklin en 1785: “Que es mejor que 100 personas Culpables escapen que una Persona inocente sufra, es una máxima que ha sido aprobada larga y generalmente”.

En el último medio siglo fue tradicionalmente la derecha quien sometió estos precedentes a ataques, junto con denuncias de liberales “mimadores de criminales” y “de corazón sensible”. Hoy es la supuesta “izquierda” del sistema político la que está abandonando y atacando este legado.

El mundo actual se caracteriza por un bandazo a la derecha de las clases dominantes en todo el globo, ayudadas e instigadas por sus facciones teóricamente “liberales” y de “izquierda”. Este fenómeno es fundamentalmente el producto de una crisis profunda del sistema capitalista mundial y su expresión maligna en la forma de niveles asombrosos de desigualdad social y el creciente peligro de una guerra mundial. La burguesía, junto con capas privilegiadas de la clase media, vive con un miedo creciente a los levantamientos sociales, y este miedo se expresa en un giro acelerado hacia el pánico y la represión. Las formas de gobierno y los procedimientos democráticos son incompatibles con este estado de las cosas.

El Partido Demócrata ha hecho de #MeToo uno de sus temas políticos centrales, junto con la histeria antirrusa y la censura de opiniones de izquierda y contra la guerra (bajo la fachada fraudulenta de combatir las “noticias falsas”) en Internet. No ha hecho nada para oponerse a los ataques del gobierno de Trump contra los inmigrantes y los derechos democráticos en general, sus preparaciones para la guerra nuclear, sus recortes de impuestos para los ricos, su ataque a la atención médica, cupones de alimentos y otros programas sociales. En la reciente Marcha de la Mujeres de 2018, los eslóganes de #MeToo se fusionaron de forma prominente con el llamado a votar a los demócratas en las próximas elecciones de mitad de período.

Mientras tanto, en la población, hay una creciente oposición a la campaña #MeToo, incluyendo a muchos que inicialmente la apoyaron —que incluso el New York Times se vio obligado a reconocer el mes pasado con una columna de la crítica y novelista Daphne Merkin. La gente está mirando hacia dónde se dirige este “movimiento”, y a muchos no les gusta el destino—.

La campaña #MeToo no hace nada para aumentar la conciencia o avanzar la causa de la igualdad. Por el contrario, como muchos pánicos morales similares durante el siglo pasado, es bastante compatible con un régimen de derecha. La fórmula “culpable por acusado”, con la persona en cuestión avergonzada y borrada de la vista pública sin cargos o juicio, puede y será usada para intimidar y desacreditar la disidencia, la denuncia de irregularidades y otras conductas inconformistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de febrero de 2018)