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Tras elecciones en Costa Rica, oficialismo anuncia “Gobierno de unidad nacional” guiado por austeridad

Costa Rica celebró la primera de una serie de elecciones presidenciales este año en países que conforman dos terceras partes de la población latinoamericana. Hay votaciones programadas en Cuba, Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil, bajo condiciones en que las encuestas muestran un repudio abrumador hacia los partidos gobernantes tradicionales, reflejando la búsqueda desesperada de los trabajadores y jóvenes de una alternativa a la ola de ataques sociales y de represivos regímenes policiales-estatales.

Este domingo en Costa Rica, la elección en segunda ronda de Carlos Alvarado, candidato del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), no fue la excepción. Recibió un sorprendente 60 por ciento de los votos contra un 40 por ciento para Fabricio Alvarado del evangélico Partido Restauración Nacional (PRN), con los resultados marcados por un abstencionismo alto de 33,5 por ciento, similar al de años recientes, pero marcadamente mayor al promedio de 19 por ciento antes de 1997.

La carrera electoral estuvo caracterizada por giros dramáticos sin precedentes en las encuestas a favor de figuras políticas menos conocidas y dirigidos principalmente en contra de los partidos derechistas oligárquicos que intercambiaron el poder por más de cuatro décadas en las que evisceraron los trabajos del sector público y las garantías sociales, el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La falta de una alternativa política a los reaccionarios grupos de poder culminó en la reelección del PAC, que promete formar un “Gobierno de unidad nacional” con todos los partidos presentes en la Asamblea Legislativa para escalar drásticamente los ataques a los derechos sociales, a fin de competir por inversiones en medio de un brusco giro a la derecha de los Gobiernos de todo el continente y el resto del mundo.

A principios del año, las encuestas eran encabezadas por el abogado Juan Diego Castro (PIN), cuya popularidad, derivada de su engañoso logo de un casco de construcción y aprovechamiento de un escándalo de corrupción que ha teñido a los principales partidos (PAC, PLN, PUSC, y el ML), colapsó en el momento en que reveló en los debates su intención de cortar el gasto social. Las encuestas encontraron que el 60 por ciento del electorado había cambiado de opinión a lo largo del mes de enero, particularmente hacia la indecisión.

La primera ronda del 4 de febrero vio al evangélico Fabricio Alvarado llegar de primero con 25 por ciento de los votos, contra el 21,6 por ciento del PAC. Esta fue la primera vez que ninguno de los partidos tradicionales burgueses, el PLN ni el PUSC, califica a una segunda ronda.

Los comentaristas mediáticos nacionales e internacionales han explicado el surgimiento del PRN como una respuesta conservadora de los votantes cristianos y católicos al fallo del 9 de enero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordena a Costa Rica introducir el matrimonio del mismo sexo y leyes registrales para cambio de género. Sin embargo, tanto el PLN y el PUSC como una mayoría de los otros candidatos expresó una oposición tan fuerte a la sentencia del CIDH como los evangélicos.

Una columna de opinión escrita tras la primera ronda por el editor en jefe del diario conservador La Nación, Armando Mayorga, toca un tono diferente y preocupado. Advirtió que los 23 cantones (de 82) con abstencionismo mayor al 40 por ciento se encuentran entre aquellos con el menor desarrollo social, “lo que grita es un ‘voto’ protesta para que el próximo presidente ponga sus ojos en ellos, en su pobreza, en su falta de educación, de empleo…”. El PRN ganó en 21 de esos cantones.

Más allá, el PRN obtuvo ventajas sumamente amplias en todos los cantones más golpeados por los huracanes Otto en noviembre del 2016 y Nate en octubre del 2017 (Bagaces, Upala, Guatuso y Los Chiles en el norte; Buenos Aires, Golfito, Osa y Corredores en el sur), que expusieron la enorme desigualdad social, el decrépito estado de la infraestructura y la falta de preparación para emergencias en estas regiones. Las tormentas afectaron a cientos de miles de personas, destruyeron decenas de miles de hectáreas de cultivos y dejaron daños extensos en infraestructura y en los servicios públicos.

Una encuesta en noviembre del 2017 de la Universidad de Costa Rica (UCR) halló que la opinión del 94 por ciento de los costarricenses hacia el Gobierno de Acción Ciudadana se había agriado.

De hecho, el menos conocido PRN se benefició principalmente de los siguientes factores: la presencia de y asistencia social básica que proveen las iglesias evangélicas en las comunidades más pobres, su principal consigna, que no era en contra del matrimonio gay, sino de tener las “manos limpias” —ningún historial de corrupción— y sus promesas de oponerse a nuevos impuestos de venta y a aumentar la inversión social en educación y salud.

Encomiando la orientación proimperialista de dichas tendencias populistas, el New York Times describió en un artículo el 17 de enero como “bueno para la democracia” que “Los grupos evangélicos están resolviendo la desventaja política más importante que los partidos de derecha tienen en América Latina: su falta de arrastre entre los votantes que no pertenecen a las élites”.

Pero cuando el PRN comenzó a acumular respaldos directos e indirectos de figuras derechistas del PLN, incluyendo a su candidato presidencial Álvarez Desanti, e incorporando a economistas del equipo de Desanti y de la principal cámara patronal, el rol del partido evangélico como un simple frente para el PLN se volvió claro, incluyendo el largo historial de Fabricio Alvarado y el presidente del PRN, Carlos Luis Avendaño, colaborando estrechamente con la fracción legislativa liberacionista.

Es significativo que, pese a la predicción de 10 de las 12 grandes encuestas entre ambas rondas de una victoria para el PRN, al enfrentarse a dos “opciones” igualmente reaccionarias, los votantes, según los resultados parciales de cuestionarios en las urnas, se volcaron a favor de las consignas de Carlos Alvarado de “diversidad” e “igualdad”, en parte por rechazo al fundamentalismo religioso del PRN.

No obstante, el Gobierno de coalición de Carlos Alvarado se verá obligado a traer a la superficie toda la mugre derechista que se ha estado acumulando en la política burguesa desde la consagración constitucional del catolicismo romano como religión oficial del Estado en 1882. Esto incluye el ultraconservadurismo de las denominaciones cristianas, el despotismo caudillista, el anticomunismo represivo y el nacionalismo militarista del PLN desde sus orígenes, además del colaboracionismo contrarrevolucionario como el capataz de Washington en Centroamérica desde el acuerdo de la clase gobernante con Reagan durante la crisis económica y las guerras civiles regionales a principios de los años ochenta.

Estos elementos estuvieron presentes en el discurso de victoria del presidente electo de 38 años de edad. Apelando al “gran orgullo patria en la bandera de Costa Rica”, manifestó que “mucho más nos une que nos separa” del PRN y el PLN, que juntos controlarán la mayoría de la Asamblea Legislativa, y de los otros partidos. Luego, se refirió a “momentos complejos” para el país y a “problemas de décadas que llegó el momento de resolver”, aludiendo a la acumulación de la deuda pública, y anunció “un traspaso de poderes austero, acorde con el mensaje que queremos lanzar”.

No cabe ninguna duda de que los principales destinatarios de este mensaje son las agencias crediticias de Wall Street.

La severidad de dichos “momentos complejos” tiene que ser vista en contexto del cuasi estancamiento de la inversión productiva global debido a la caída de la tasa de ganancias (rentabilidad) y de los peligros de guerras comerciales y militares involucrando a las mayores economías.

Cerca de la mitad de los turistas, la mitad de los bonos y acciones y el 60 por ciento de las inversiones extranjeras directas son de Estados Unidos, y el 40 por ciento de las exportaciones van ahí, haciendo de Costa Rica uno de los países más dependientes del imperialismo estadounidense.

El Programa Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica para el 2018-2019, dio las siguientes advertencias de fondo para el periodo: “reducción en la rentabilidad de la inversión en capital físico y humano, desestímulo al ingreso de capital por inversión extranjera directa y presiones alcistas sobre la inflación”. Mientras tanto, un analista de la agencia crediticia Moody’s, Gabriel Torres, simplemente advierte que “se van a cerrar las puertas para el financiamiento y puede llevar a una crisis financiera y económica en Costa Rica”. El año pasado ya fue testigo de una fuerte caída en la utilidad (ingresos) neta de los bancos en el país del 17,6 por ciento, presuntamente impulsada por “créditos malos”.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo oficial ha aumentado en años recientes a 9,5 por ciento y 25 por ciento para los jóvenes, entre los niveles más altos de la región. La desigualdad ha subido agresivamente durante las últimas décadas, mientras que el porcentaje de hogares pobres, sea por nivel de ingreso o indicadores multidimensionales es un estimado bajo del 30,1 por ciento, utilizando los datos del censo del INEC, que no toman en cuenta física ni estadísticamente los valores reales de las comunidades más pobres. Los niveles de crecimiento económico, según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, son “insuficientes” para reducir de forma significativa el desempleo y la pobreza.

El actual Gobierno del PAC de Luis Guillermo Solís, un académico y ex secretario nacional de Liberación Nacional, ha tomado varias medidas para prepararse para los inminentes “momentos complejos”:

 En alianza con el pseudoizquierdista Frente Amplio, alcanzó acuerdos con las burocracias de los mayores sindicatos para desmovilizar a los trabajadores mientras implementaban un nuevo Código de Trabajo, el cual expande la prohibición de huelgas para incluir cualquier inconveniente a los “servicios públicos” y abre la puerta a despidos y penalizaciones masivas si las huelgas son declaradas ilegales en tribunales laborales agilizados. “Creemos mucho en el diálogo, ojalá en el país todo se pudiera trabajar en la mesa y no en la calle,” comentó el año pasado Manuel Rodríguez, titular del sindicato de la refinería estatal RECOPE.

 Ha fortalecido el aparato represivo policial. Por encima de la mayor ayuda en seguridad de EUA en tres décadas recibida por Solís y la donación de una escuela de entrenamiento para policías por parte de China, Costa Rica aumentó el gasto en seguridad 159 por ciento entre el 2008 y el 2016 a $950 millones, más que los países centroamericanos con ejércitos. Además, se planea entrenar a mil oficiales nuevos cada año.

 Mientras que los pagos de intereses sobre la deuda pública han aumentado 17 por ciento cada año durante los últimos cinco años y se han convertido en el mayor componente del déficit público, los parásitos financieros locales e internacionales continúan enriqueciéndose con los altos intereses de los bonos, que constituyen reclamos sobre los ingresos provenientes de futuros impuestos regresivos, medidas de austeridad y privatizaciones.

 El PAC presidió un Acuerdo Nacional pactado el año pasado entre los partidos con representación legislativa, el cual prioriza los ataques contra el empleo público, la imposición de impuestos al valor agregado, la eliminación de regulaciones a las empresas, con todos los partidos apoyando “políticas para fomentar las inversiones nacionales y extranjeras” y las “asociaciones público privadas”.

La agenda detrás del Acuerdo Nacional fue explícitamente demostrada en mayo del 2016 por su principal promotor, Ottón Solís, fundador y diputado del PAC, quien llamó a unir a los partidos para tener un “sector privado vigoroso”, denunciando, “esa generalización de que el sector privado lo que hay son ladrones es un absurdo. Los que hablan así deberían hacer una revolución comunista o dejar de hablar paja”.

En realidad, tales balbuceos demagógicos “antineoliberales” del Frente Amplio se vieron fuertemente desacreditados por el papel que desempeñaron en el Gobierno del PAC, pero igual su respuesta a perder 7 de sus 8 legisladores en febrero será alinearse detrás de cualquier Gobierno de coalición. Aludiendo a “la gran reforma social” de los años cuarenta, su líder Patricia Mora, comentó a reporteros tras votar el domingo, “Carlos Alvarado sabrá con las fuerzas que necesite y con las alianzas que necesite darle contenido y fortaleza”.

El Nuevo Partido Socialista (NPS) hizo campaña para diputados con base en la política de identidades, mientras que criticaron al morenista Partido de los Trabajadores (PT) por hacer una campaña “focalizada unilateralmente en reclamos de la clase trabajadora”. De hecho, el PT, un miembro de LIT-CI, que hace mucho tiempo abandonó cualquier lucha por organizaciones independientes de la clase obrera y enfocó su campaña en el llamado a establecer sindicatos en el sector privado, cuyo propósito es encauzar el creciente descontento en este sector mayoritario de trabajadores y que sufre la más intensa explotación detrás de un programa reformista y nacionalista basado en apelar a las grandes burocracias sindicales. Esta política no es esencialmente nada diferente de la del Frente Amplio.

La oposición de los trabajadores está en aumento. El año pasado, el Gobierno del PAC retractó temporalmente su proyecto de ley de empleo público citando “inviabilidad política”, detectando el latente malestar entre los trabajadores del sector público. La nueva Administración hará todo lo posible para continuar suprimiendo la lucha de clases a través de sus sindicatos, el Frente Amplio, el NPS, el PT y las otras agrupaciones pseudoizquierdistas que representan los intereses de sectores privilegiados de la clase media-alta.

El único camino para que los trabajadores y jóvenes se preparen para las batallas de clases que se avecinan es por medio de la construcción de organizaciones de bases, independientes de la élite política burguesa, sus sindicatos y sus séquitos, con base en un programa socialista y conectando sus luchas con los docentes y otros sectores de la clase obrera en Estados Unidos que están saliendo en huelga y entrando en lucha en rebelión contra los sindicatos, y con los trabajadores de la región e internacionalmente que están luchando tanto contra los ataques a sus niveles de vida por parte de las mismas élites financieras como contra la amenaza de guerra y de dictaduras policiales-estatales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 abril de 2018)

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