En medio de otro apagón eléctrico en toda la isla en Puerto Rico, la Junta de Administración de Supervisión Financiera (FOMB) se reunió en la capital San Juan el jueves por la tarde para aprobar un plan fiscal que equivale a un ataque a gran escala contra los trabajadores puertorriqueños, que todavía están recuperándose del catastrófico huracán de finales de septiembre de 2017.

El plan eliminará miles de empleos, hará cumplir la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) y la compañía del agua, consolidará docenas de agencias estatales, les reducirá las pensiones un 10 a 25 por ciento a los empleados públicos jubilados, reducirá drásticamente los subsidios gubernamentales a todos los 78 municipios de Puerto Rico, recortará fondos para la única universidad pública de la isla, reducirá la licencia por enfermedad y las vacaciones a la mitad, y eliminará las primas obligatorias de Navidad, entre otras medidas de reducción de costos, todas las cuales se cargarán directamente a las espaldas de la clase trabajadora.

La última adición al plan fiscal fue el brutal ataque a las pensiones. La reducción de las pensiones para los jubilados, una de las capas más vulnerables de la sociedad, se vuelve aún más bárbara considerando que en 2014 el gobierno puertorriqueño cambió el sistema de jubilación que garantizaba a los trabajadores del sector público una pensión completa después de 30 años de empleo a un sistema que obliga a los trabajadores a trabajar hasta 15 años adicionales para obtener beneficios completos. En otras palabras, a lo largo de los últimos cuatro años, se ha hecho que los trabajadores permanezcan en la fuerza de trabajo 15 años adicionales y ahora recibirán hasta un 25% menos de prestaciones al jubilarse.

El recorte de las pensiones creará un escenario de vida o muerte para muchos trabajadores mayores. En Puerto Rico, los miembros del “Sistema de Jubilación de Empleados” reciben un promedio de $1.092 mensuales de prestaciones de pensión. Esto es casi la mitad de lo que reciben los jubilados en el sector público en los EUA, según el último informe del censo. La tasa de pobreza en la isla es casi tres veces y media la tasa oficial de los Estados Unidos, con un 43 por ciento con un ingreso familiar promedio de $19.606 por año. Estos salarios de hambre y la economía en aprietos, exacerbada por el terrible huracán del año pasado, han creado una crisis social de proporciones inmensas en la isla.

A pesar de esta realidad, el plan fiscal es aclamado por los especuladores financieros como un gran éxito ya que pronostica un potencial de $6,7 mil millones en pagos de deuda a los tenedores de bonos, $400 millones más que un cálculo anterior del gobernador Ricardo Rosselló. El plan fiscal ha sido enviado de ida y vuelta entre el gobierno de la isla y la FOMB en el transcurso de muchos meses con el fin de robar cada dólar posible de la clase trabajadora. La despiadada dedicación a asegurar los pagos de los bonistas ha provocado que los precios de los bonos hayan estado subiendo constantemente este año, con el bono de obligación general de referencia cotizando a 42,6 centavos por dólar el jueves y la deuda senior respaldada por los impuestos a los 60 centavos, según datos de Thomson Reuters.

· Andrew Briggs es un ex funcionario de la Administración de Seguridad Social bajo George W. Bush, quien apoya la privatización del sistema. Actualmente se encuentra en el American Enterprise Institute.

· Carlos García es el CEO de BayBoston Managers LLC y socio gerente de BayBoston Capital LP. Se lo considera el arquitecto de la controvertida Ley 7 de Puerto Rico, que permitió al gobierno declarar temporalmente una emergencia fiscal y despedir a miles de empleados del sector público en respuesta a la crisis fiscal.

· David Skeel Jr. es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Fue autor del libro “Verdadera paradoja: cómo el cristianismo da sentido a nuestro mundo complejo”.

· Arthur González está en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. El juez González sirvió anteriormente en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de 1995 a 2012, y se retiró como Juez Jefe en 2010.

· José R. González ha trabajado en múltiples puestos de servicios bancarios y financieros, incluso con Credit Suisse First Boston y con el Banco de Desarrollo Gubernamental de Puerto Rico. También es el CEO y presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York.

· Jose B. Carrión III es presidente y socio principal de HUB International CLC, LLC. Anteriormente trabajó en varios puestos en el gobierno de la isla, incluida la Junta de Compensación para Trabajadores.

· Ana Matosantos es presidenta de Matosantos Consulting y ha sido directora del Departamento de Finanzas de California y subdirectora de presupuestos para el Estado que supervisa los despidos masivos de trabajadores de California.

Tanto José Ramón González como Carlos García fueron contratados para el puesto por parte del Banco de Santander, de propiedad española, que fue uno de los bancos que se benefició enormemente de las intrigas financieras que condujeron directamente a la crisis de la deuda de Puerto Rico. Estas cifras, junto con los representantes del gobierno local, no tienen ningún interés en el bienestar de la clase trabajadora en Puerto Rico.

La aprobación del plan fiscal marca un momento decisivo en el saqueo de la isla de Puerto Rico, una característica definitoria de su historia. Sin embargo, la clase obrera puertorriqueña, al igual que la clase trabajadora en el territorio continental de Estados Unidos, también tiene en su historia un legado de lucha de clases. Junto con el levantamiento de los educadores en todo el territorio continental y en todo el mundo, los maestros, estudiantes y trabajadores de Puerto Rico también han comenzado protestas a gran escala contra las medidas de austeridad y los intentos de privatizar la educación.

Hay una gran reserva de ira entre los trabajadores en Puerto Rico. Lo que se necesita sobre todo es una perspectiva política y liderazgo para luchar por los intereses independientes de la clase trabajadora y vincular las luchas de los trabajadores puertorriqueños con las de la parte continental y del resto del mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de abril de 2018)