El martes pasado, la Corte Suprema votó cinco a cuatro en contra de una ley que permitía al Gobierno deportar a inmigrantes condenados por "delitos de violencia". La decisión enfureció a la Administración de Trump, que ha buscado acelerar la deportación de todos los inmigrantes.

En un tuit el martes, el presidente Trump declaró, "La decisión de hoy de la Corte significa que el Congreso debe cerrar los agujeros legales que bloquean la deportación de delincuentes peligrosos extranjeros, incluyendo aquellos que hayan cometido delitos graves".

En su decisión, la corte confirmó una decisión del Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones que bloqueó la deportación de James Dimaya, un residente legal en EUA de 25 años, proveniente de Filipinas, quien fue condenado por dos robos. Dimaya vino a Estados Unidos cuando tenía 13 años.

Después de que fue declarado culpable de dos robos domiciliarios en California, el Gobierno intentó deportar a Dimaya argumentando que había cometido un "delito violento". Aunque ninguno de los robos involucró violencia o ataques físicos contra nadie, el estatuto definió un crimen violento como cualquier crimen que involucraba un "riesgo sustancial de fuerza contra la persona o propiedad de otro".

La Corte Suprema dictaminó que el lenguaje era inconstitucionalmente ambiguo y podía interpretarse de manera arbitraria y discriminatoria. El texto del estatuto fue aprobado en 1984 con los demócratas proporcionando 210 de los 316 votos en la Cámara de Representantes y 35 de los 78 votos a favor, en comparación con solo 6 de los 11 votos en contra. Aquellos que aprobaron tal lenguaje ahora inconstitucional incluyen a congresistas demócratas como Richard Durbin, Charles Schumer y Al Gore, así como a los senadores Joe Biden, Daniel Moynihan, Bill Bradley y Sam Nunn.

El juez Neil Gorsuch, quien fue designado por Trump para reemplazar al derechista Antonin Scalia tras su deceso, emitió el voto decisivo contra la ley junto con los cuatro jueces nominalmente liberales.

En su opinión, Gorsuch escribió, "la Constitución no mira con agrado ninguna ley tan ambigua que las personas razonables no puedan entender sus términos y los jueces no saben por dónde empezar a aplicarla”.

"Las leyes ambiguas", escribió, "invitan al poder arbitrario".

El caso, Sessions vs. Dimaya, se discutió por primera vez en enero del 2017, pero se quedó con una votación dividida después de la muerte de Scalia. Los jueces estaban en un punto muerto de cuatro a cuatro, y el caso tuvo que ser reincidido en octubre después de que Gorsuch se uniera a la corte.

En el 2015, en un caso similar llamado Johnson vs. Estados Unidos, la Corte Suprema dictaminó que una parte clave de la Ley de delincuentes armados de carrera (ACCA, siglas en inglés) era inconstitucional por motivos similares. La ACCA también fue aprobada con un abrumador apoyo bipartidista en 1984.

En el caso de Dimaya, la magistrada Elena Kagan escribió en una opinión que los tribunales inferiores no habían podido aplicar la ley de manera coherente.

"¿El robo de autos califica como un crimen violento?", preguntó Kagan. "Algunos tribunales dicen que sí, otro dice que no. ¿Qué pasa con el abuso sexual infantil? Una vez más, las cortes se contradicen. ¿Qué hay sobre evadir el arresto? Las decisiones son variadas. ¿Invasión de propiedad? Lo mismo es cierto".

El informe del Gobierno argumentaba que las leyes de inmigración debían tratarse de manera diferente a las leyes que trataban los delitos. Sin embargo, Kagan señaló una Decisión de la Corte Suprema de 1951, Jordan vs. De George, que sostenía que tanto la inmigración como las leyes penales deberían ser revisadas por vaguedad constitucional, "en vista de la naturaleza grave de la deportación".

Clarence Thomas escribió un mordaz desacuerdo en el que argumentó que las leyes de inmigración solo requieren el mínimo escrutinio del debido proceso legal.

Si bien la decisión del martes fue un paso atrás para el plan de la Administración de Trump de acelerar la deportación, la defensa de los derechos democráticos no se puede encargar a la Corte Suprema.

La Corte Suprema dictaminó recientemente que los inmigrantes que esperan la deportación no tienen derecho al debido proceso. En una decisión de cinco contra tres, la Corte dictaminó en Jennings vs. Rodríguez que el Gobierno puede detener indefinidamente a inmigrantes, privándolos del derecho de fianza. Kagan se recusó de la decisión porque previamente había argumentado en contra de conceder audiencias de fianza en el mismo caso cuando ella era procuradora general bajo la Administración de Obama.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 abril de 2018)