El presidente del Gobierno Mariano Rajoy perdió una moción de censura por 180 votos a 169, con 1 abstención, ayer en el Congreso, lo que lleva a la caída del gobierno minoritario del Partido Popular (PP). El líder del Partido Socialista (PSOE) Pedro Sánchez es el nuevo presidente del gobierno.

La moción de censura del PSOE fue apoyada por la coalición pseudoizquierdista/estalinista Unidos Podemos y los partidos nacionalistas regionales: la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el Partido Democrático Europeo Catalán (PDeCAT) en Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu en el País Vasco, Compromís en Valencia y el partido Nueva Canarias.

En los 40 años de Gobierno democrático desde el final del régimen de Franco, nunca antes había habido una moción de censura con éxito. Su naturaleza sin precedentes indica la profunda crisis que enfrenta el país. En 2011, el PP obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales con el 45 por ciento de los votos y 186 escaños. Pero en octubre de 2016, el PP tuvo que ser puesto en el poder como un gobierno minoritario, con el apoyo del partido derechista neoliberal Ciudadanos y la abstención del PSOE después de 10 meses de estancamiento. Ningún partido logró ganar una victoria absoluta en las elecciones de diciembre de 2015 o en las que siguieron en junio de 2016.

El World Socialist Web Site escribió que como resultado del acuerdo podrido del PSOE: “El nuevo Gobierno es el más débil desde el final de la dictadura de Franco en la década de 1970, y gobierna bajo condiciones en las que los arreglos bipartidistas, en los que el poder alternó entre el derechista PP y el PSOE de la “centroizquierda” durante cuatro décadas han quedado completamente expuestos como resultado de la agenda de austeridad perseguida por ambas partes”.

Hoy, el PP tiene alrededor del 20 por ciento según las encuestas debido al impacto combinado de sus medidas de austeridad y la intervención represiva en Cataluña.

En respuesta a la declaración de independencia unilateral de octubre de los partidos separatistas, Rajoy envió miles de policías antidisturbios y tomó la medida sin precedentes de utilizar el artículo 155 de la Constitución española para destituir al presidente regional Carles Puigdemont y su gobierno y asumir el control directo de Cataluña.

Apostó a provocar una ola de xenofobia populista para reafirmar la posición dominante de su partido. Pero esto resultó contraproducente, con una oposición sustancial en la clase trabajadora a su ataque, a pesar de que esta oposición no pudo encontrar ninguna expresión política.

Las elecciones regionales que Rajoy convocó para el 21 de diciembre fueron ganadas por los partidos secesionistas, mientras que el PP, con solo el cuatro por ciento de los votos, fue eclipsado por el partido Ciudadanos como el principal defensor de la unidad española.

Aunque Rajoy está buscando la extradición de Puigdemont y otros ministros que buscaron refugio en Europa y Cataluña sigue siendo testigo del arresto de decenas de activistas, su estrategia se considera un fracaso por todos lados.

Con Ciudadanos representando secciones franquistas de la élite gobernante que demandan un enfrentamiento decisivo con los secesionistas, Sánchez del PSOE ha sido persuadido de buscar un acuerdo de trabajo con los secesionistas para estabilizar el Gobierno burgués y prepararse para enfrentar a la clase trabajadora.

Sánchez señaló su disposición a entablar un “diálogo” con el gobierno independentista de Cataluña encabezado por el nuevo presidente regional, Quim Torra. “Cataluña es un problema político que debe ser resuelto”, dijo, al tiempo que insistía en que cualquier negociación tendría que regirse por la constitución y la “unidad indisoluble de la nación española”.

El gobierno directo de Madrid termina hoy, luego de la decisión de Torra de abandonar los intentos de designar a miembros encarcelados o fugitivos del gabinete de Puigdemont para su nueva administración. Una vez que jure su gabinete, la aplicación del Artículo 155 caducará.

Sánchez también consiguió el apoyo del derechista PNV, cuyos cinco votos la semana pasada mantuvieron a Rajoy en el cargo al aceptar sus presupuestos tan demorados. A cambio, Sánchez dijo que al cumplir el presupuesto de Rajoy, el PSOE le otorgaría al País Vasco los 540 millones de euros en inversiones que incluía. También sugirió reformas al sistema de financiamiento regional.

Cualesquiera que sean las concesiones que se les ofrezcan a los separatistas, y a pesar de la retórica insincera contra la austeridad, la clase trabajadora no será perdonada.

Sánchez ha dejado claro a los círculos gobernantes que implementará las propuestas presupuestarias del PP y que el derrocamiento de la desacreditada administración del PP ―utilizando el pretexto de las sentencias del caso de corrupción de la Gürtel pronunciadas contra altos cargos del PP la semana pasada― es un medio para continuar la austeridad y reprimir el creciente descontento social.

Esto se hace más necesario por un crecimiento significativo en la lucha de clases ―expresado en las huelgas en Amazon, los controladores del tránsito aéreo y en el sector de la energía― y las protestas sociales como las recientes manifestaciones contra los recortes de las pensiones.

Hablando durante el debate de la moción de censura, Sánchez dijo que su plan para el gobierno se basaría en mantener una “estabilidad institucional, presupuestaria, social y territorial” antes de convocar nuevas elecciones. Ante los gritos de aprobación de la bancada del PP que sorprendieron al propio líder del PSOE, Sánchez insistió en que su gobierno “preservaría los presupuestos generales del Estado aprobado por esta Cámara”.

Los presupuestos incluyen enormes aumentos en los gastos para el ejército, la policía y los servicios de inteligencia, mientras que se reducen drásticamente otros gastos públicos. Significará un 13 por ciento menos para educación que ocho años atrás, 8 por ciento menos para salud, 27 por ciento menos para investigación y desarrollo tecnológico, 70 por ciento menos para acceso a vivienda, 35 por ciento menos para cultura, 58 por ciento menos para inversiones de infraestructura y cero financiamento para proyectos de “memoria histórica” de la Guerra Civil.

El papel político clave para llevar al PSOE al poder lo desempeñó Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, se posicionó como un hacedor de reyes al instar a un acuerdo político en Cataluña el año pasado mientras se orientaba lealmente al PSOE, incluso cuando apoyaba totalmente la represión del PP. Iglesias instó a Sánchez a buscar una “alianza progresiva” con Podemos y los nacionalistas.

Durante el debate, Iglesias declaró: “Gracias, señor Sánchez, gracias por el tono en primer lugar, ha hecho algo muy valiente ... También le honra el hecho de que no ha apoyado a un gobierno del PP. Le pido que hable sobre lo que [el líder laborista Jeremy] Corbyn propone en el Reino Unido o [Bernie] Sanders en los EUA. ... Hemos trabajado juntos en los gobiernos regionales y en los ayuntamientos, y lo estamos haciendo bien. Creo que lo que tenemos que hacer es ganar las próximas elecciones generales juntos”.

Las afirmaciones de que hay algo progresista en tal alianza fueron refutadas casi de inmediato, cuando Sánchez agradeció a Iglesias por su apoyo “generoso” a la moción de censura “sin haber negociado nada”, y luego hizo su primer anuncio: un compromiso con el presupuesto del PP ¡al que Podemos supuestamente se opuso! Rajoy dijo que ahora, Podemos tendría que “comerse” el presupuesto del PP “con patatas”.

El PSOE ahora encabeza un régimen minoritario inestable, apoyado por Podemos y los separatistas, y que probablemente chocará con la clase trabajadora por sus planes de imponer medidas de austeridad radicales e impopulares.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de junio de 2018)