El presidente español del Partido Socialista nombra a un gabinete derechista

por Alejandro López
12 junio 2018

El primer ministro, Pedro Sánchez, ha elegido un Ejecutivo para su nuevo Gobierno minoritario del Partido Socialista (PSOE) que impondrá la austeridad que exigen las grandes empresas y las instituciones financieras internacionales, mientras persigue agresivamente una política exterior militarista.

El Gobierno del PSOE asumió el poder tras una moción de censura hace dos semanas, respaldada por el partido pseudoizquierdista, Podemos, y los nacionalistas regionales, que se trajo abajo al Gobierno minoritario de derechas bajo el Partido Popular (PP).

Inicialmente, el Gobierno recién instalado del PSOE fue condenado por los medios de comunicación como un régimen "Frankenstein", intrínsecamente inestable, reducido a solo 84 escaños en el Congreso de 350 escaños y mantenido como rehén de Podemos y los nacionalistas. A Sánchez se le dijo que realizara elecciones lo antes posible, algo que el primer ministro del PP, Mariano Rajoy, se negó a hacer.

Sin embargo, el estado de ánimo ha cambiado dentro de los círculos gobernantes. El diario El País pasó de describir al gobierno de Sánchez como "inviable" a "un buen gabinete" solo una semana después.

El domingo, el diario expresó las verdaderas razones de este cambio: "[L]a principal tarea que el presidente Sánchez tiene por delante no es ejecutar el programa de su partido, para lo que no dispone de mayoría, sino comenzar a reparar los destrozos políticos, sociales e institucionales provocados por el Gobierno del Partido Popular, de modo que el país acuda a la próxima cita electoral con una estabilidad… Conminar al nuevo presidente para que convoque elecciones es tan inapropiado como exigirle que agote la legislatura".

A nivel nacional e internacional, los medios de información se han centrado en el número récord de ministras en el nuevo gabinete de Sánchez, 11 de 17, diciendo que supuestamente es una señal de las políticas progresistas del nuevo Gobierno. Sánchez describió su nuevo equipo como uno que compartía "una misma visión de la sociedad progresista, modernizadora y europeísta".

Lo que subyace toda la retórica sobre la "feminización de la política" de Sánchez son los preparativos avanzados para atacar a la clase trabajadora. Sus anuncios de políticas venideras, junto con los ministros que ha nombrado —todos, independientemente de su género, tienen antecedentes comprobados como defensores derechistas del Estado capitalista español— son indicativos de una drástica reestructuración de la política burguesa aún más a la derecha.

La nueva ministra de Economía es Nadia Calviño, abogada y economista que trabajó durante más de una década en el Ministerio de Economía español antes de convertirse, en 2014, en la Directora General de Presupuestos de la Comisión Europea.

Su nombramiento es una prueba más de que el Gobierno de Sánchez continuará en el camino de la austeridad de su predecesor y cumplirá con las demandas de la Unión Europea. Calviño será la encargada de ejecutar el presupuesto austero y militarista aprobado por el Gobierno del PP el mes pasado, que Sánchez juró implementar al presentar su moción de censura.

Sánchez ha dicho que los objetivos de su Gobierno serán “cumplir con los compromisos europeos, garantizar la estabilidad presupuestaria, la estabilidad macroeconómica y cumplir con el acuerdo de esta Cámara, es decir, ejecutar los Presupuestos Generales del Estado para 2018", aprobados por el PP.

En comparación con ocho años atrás, el presupuesto contiene un 13 por ciento menos de gasto en educación, un 8 por ciento menos en salud, un 27 por ciento menos en investigación y desarrollo tecnológico, un 35 por ciento menos en cultura, un 58 por ciento menos en infraestructura y cero financiamiento para los proyectos de "memoria histórica" de la Guerra Civil.

Calviño ya recibió los elogios de uno de los banqueros más poderosos del país, Ana Patricia Botín, presidenta de Santander Bank, quien declaró a Calviño "una garantía" para la Unión Europea.

El Ministerio de Hacienda estará a cargo de María Jesús Montero. Anteriormente, dirigió la administración financiera de Andalucía, una de las regiones más pobres de España, donde negoció los presupuestos de austeridad con el partido derechista Ciudadanos y antes con Izquierda Unida, dirigida por los estalinistas. Una de las primeras tareas de Montero será negociar el presupuesto de 2019 con otros grupos parlamentarios.

La UE ya ha advertido que el Gobierno español no alcanzará los objetivos de reducción del déficit público este año, y ha exigido que España recorte el 0,65 por ciento de su PIB, lo que equivale a €7 mil millones en el próximo presupuesto.

Otro nombramiento fue del exmagistrado conservador pro-PP, Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior. El Ministerio de Marlaska verá su presupuesto aumentar en un 6,5 por ciento para permitir el reclutamiento de más policías. Es famoso por sus acciones en la Audiencia Nacional, la heredera del Tribunal de Orden Público excepcional franquista, incluso negándose a investigar denuncias de tortura de detenidos bajo su custodia y declarando que los Centros de Internamiento de Extranjeros de España, notorios por abusos contra los derechos humanos, "no se violan derechos humanos".

Markaska también está vinculado a los procesamientos de caricaturistas en la revista satírica El Jueves por "insultar al príncipe heredero" y a los nacionalistas catalanes por su quema colectiva de fotografías del rey. El hecho de que Marlaska sea gay también se anuncia como un signo de la progresividad del nuevo Gobierno.

Margarita Robles ha sido nominada para dirigir el Ministerio de Defensa. En el presupuesto del PP aprobado por Sánchez habrá un aumento del 10,5 por ciento en el gasto militar, el mayor en un solo año desde la época de Franco. Bajo el pretexto de "la lucha contra el terrorismo", el Centro Nacional de Inteligencia verá su presupuesto aumentar este año en un 7,4 por ciento.

El burócrata veterano del PS, Josep Borrell, estará a cargo de los asuntos exteriores. Borrell, que es catalán, ha sido un activista activo contra la campaña de secesión en curso en Cataluña, hablando en manifestaciones convocadas por la Sociedad Civil Catalana antisecesionista y asistidas por partidos de extrema derecha.

Otra cita de alto perfil es Carmen Calvo, quien simultáneamente será vicepresidenta adjunta de Sánchez y titular del recién restaurado Ministerio de Igualdad. Como experta en derecho constitucional, el año pasado Calvo ayudó al PP a diseñar la implementación del artículo 155, que suspendió la autonomía regional de Cataluña, condujo al encarcelamiento o exilio forzado del Gobierno regional y lo puso bajo el control directo de Madrid.

Aunque Sánchez ha anunciado que entablará conversaciones con el nuevo Gobierno regional catalán bajo el primer ministro Quim Torra, un derechista que apoya una república catalana, la inclusión de Borrell y Calvo en el nuevo gabinete es una señal de que el nuevo Gobierno no tiene la intención de satisfacer las demandas secesionistas de un referéndum legal sobre la independencia en la región.

La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública de Sánchez, Meritxell Batet, ha anunciado que el Gobierno del PSOE estudiará los 45 puntos que el ex primer ministro catalán Carles Puigdemont envió a Rajoy el año pasado, la mayoría relacionados con mayores inversiones y recursos para la burguesía regional. Fue la negativa de Rajoy a negociar los 45 puntos que llevó a los nacionalistas catalanes al curso de colisión con Madrid.

Como muestra de buena voluntad hacia los nacionalistas catalanes, el Gobierno de Sánchez ha anunciado el levantamiento de la supervisión de Madrid sobre las finanzas de Cataluña.

Las concesiones en Cataluña no representan un giro hacia la izquierda. Por el contrario, el Gobierno del PSOE se está preparando para llegar a un acuerdo con los nacionalistas catalanes para preparar nuevos ataques contra la clase trabajadora.

Al igual que el Gobierno de Syriza en Grecia y el Gobierno del Partido Socialista apoyado por el Bloque de Izquierda en Portugal, el Gobierno "progresista" del PSOE cumplirá los dictados de la Unión Europea, los bancos y las corporaciones y perseguirá los intereses geoestratégicos españoles.

La responsabilidad política de este Gobierno y sus políticas recae en el pseudoizquierdista Podemos. Actuó como partero del nuevo régimen, incitando a Sánchez a pedir la moción de censura y obtener en la trastienda el apoyo de los nacionalistas. Presentaba a Sánchez y sus compinches como una alternativa "progresista" al PP y Ciudadanos. Y continuará haciéndolo. En palabras del líder de Podemos, Iñigo Errejón, Podemos tiene “que ser una fuerza que respalde, sostenga y empuje a este Gobierno”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de junio de 2018)