Ayer, el Tribunal Supremo español abandonó sus intentos para garantizar la extradición del depuesto presidente regional catalán, Carles Puigdemont, de Alemania a España.

Puigdemont huyó de Cataluña a Bruselas en otoño, durante la brutal represión policial lanzada por Madrid contra el referéndum sobre la independencia de Cataluña que había organizado. Fue encarcelado en Alemania en marzo y puesto en libertad bajo fianza en abril. La semana pasada, un tribunal regional alemán en Schleswig-Holstein dictaminó que Puigdemont podría ser extraditado a España, pero concedió la extradición solo por cargos de malversación, por usar fondos estatales para financiar el referéndum y no por los cargos más serios de rebelión.

Ayer, el juez de la Corte Suprema Pablo Llarena emitió un comunicado atacando el fallo de la corte alemana. Criticando su "falta de preocupación" por acciones que "podrían haber derrocado el orden constitucional español", acusó al tribunal de Schleswig-Holstein de sobrepasar su autoridad en base a una "posición no aclarada”.

Llarena, sin embargo, no persiguió agresivamente las vías legales disponibles para tratar de revocar el fallo judicial de Schleswig-Holstein. Llarena declinó apelar esta decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia. También retiró las órdenes de detención europeas emitidas por Madrid para Puigdemont y otros funcionarios nacionalistas catalanes que huyeron de Cataluña junto con Puigdemont durante la represión de Madrid.

Sin embargo, las órdenes de arresto españolas para Puigdemont bajo cargos de rebelión y malversación siguen en vigor. "Carles Puigdemont podrá viajar libremente fuera de España sin temor a ser detenido", concluyó ayer el periódico El País, de corte socialdemócrata.

En Twitter, Puigdemont llamó a esto "una prueba de la enorme debilidad" de los cargos contra los nacionalistas catalanes y pidió la liberación de los presos políticos nacionalistas catalanes. El actual presidente regional catalán, Quim Torra, también reaccionó a la decisión de Llarena al pedir "la liberación de todos los presos nacionalistas y el regreso de los funcionarios exiliados esta misma tarde".

La oficina del fiscal del distrito español no planea liberar al depuesto viceprimer ministro catalán Oriol Junqueras y otros nacionalistas catalanes encarcelados por Madrid, sin embargo, ni perdonar a los funcionarios que huyeron de España con Puigdemont. Bajo la supervisión de María José Segarra, nombrada por el recién instalado Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la oficina mantiene la posición del derechista Partido Popular (PP). Según los informes, la oficina está preparando el argumento de que, debido a la resolución alemana, estos prisioneros presentan un "riesgo de fuga" y no pueden ser liberados.

El Gobierno minoritario del PSOE y sus partidarios en el partido pseudoizquierdista de Podemos siguen encarcelando a Junqueras, otros exministros catalanes y los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña y el grupo de cabildeo Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El PSOE y Podemos han presentado cínicamente el traslado de estos presos a las cárceles de Cataluña como un paso positivo hacia resolver la crisis catalana. Sin embargo, los prisioneros enfrentan cargos de rebelión que implican 30 años de prisión.

Estos conflictos violentos son la consecuencia política dentro de la élite gobernante española de la crisis que estalló en Cataluña después de casi una década de profunda austeridad de la Unión Europea (UE) desde el colapso de 2008 en Wall Street. A medida que crecían los conflictos entre Madrid y Barcelona sobre cómo implementar los recortes sociales de la UE, los nacionalistas catalanes programaron un referéndum sobre la independencia en un intento de alejar la creciente ira social y dividir a los trabajadores en España sobre líneas nacionales. Sin embargo, Madrid respondió con una represión masiva de la policía contra los votantes pacíficos que enviaron a casi 1.000 personas al hospital.

Bajo el primer ministro Mariano Rajoy, el PP creó un ambiente histérico y de tinte fascista y trató de responder a la crisis a través del terror estatal, utilizando el artículo 155 de la Constitución española de 1978 para imponer un régimen no electo en Cataluña.

Se elaboraron y discutieron públicamente planes para la movilización de las fuerzas especiales españolas y las unidades de infantería motorizada contra Cataluña. El PP apoyó las protestas anticatalanas de extrema derecha, donde se cantó el himno "Cara al Sol" del exdictador fascista Francisco Franco y se amenazó a Puigdemont con repetir lo ocurrido al presidente regional catalán Lluís Companys, a quien Franco disparó. El jefe del ejército, el general Fernando Alejandro, identificó a Cataluña como una amenaza militar para España.

Sin embargo, la atmósfera ultrarreaccionaria se vio afectada por la creciente oposición este año en la clase obrera española e internacional. En medio de poderosas huelgas de maestros en EUA, trabajadores metalúrgicos alemanes y turcos, y trabajadores ferroviarios franceses y británicos, trabajadores portuarios, minoristas, de aerolíneas y de transporte españoles se movilizaron en lucha. Los trabajadores amazónicos en España están ahora a la vanguardia de la huelga internacional contra el hombre más rico del mundo, el multimillonario CEO de Amazon, Jeff Bezos.

Ante la creciente oposición y las continuas protestas masivas en Barcelona por el encarcelamiento de presos políticos catalanes, el equilibrio de poder dentro de la burguesía española se desplazó a las facciones argumentando a favor de un enfoque menos abiertamente provocativo y fascista en Cataluña. En mayo, Podemos y sus aliados en las Cortes Generales abandonaron su apoyo tácito al Gobierno minoritario del PP y en su lugar impulsaron un Gobierno minoritario del primer ministro Pedro Sánchez del PSOE.

Mientras continuaba el impulso reaccionario del PP hacia la guerra y los ataques sociales contra la clase trabajadora, el PSOE envió señales definitivas a la burguesía catalana y a la clase media-alta. Sánchez no tocó el presupuesto militar masivo del PP y propuso que solo ralentizaría los recortes sociales del PP, pero abogó por un cambio visible en cuestiones étnicas y de género. Pidió la adopción de un nuevo estatuto de autonomía para la región catalana, nombró un gabinete con muchas ministras y su Gobierno respaldó las protestas de "sí, sí" sobre el consentimiento sexual.

Poderosas facciones de la clase dominante europea ven claramente el manejo de la extradición de Puigdemont como un enfoque más astuto, yendo en la dirección de la estrategia de Sánchez.

Por ahora, Süddeutsche Zeitung de Alemania escribió, "el nuevo líder socialdemócrata de España, Pedro Sánchez, probablemente está satisfecho con la decisión del juez Llarena de abstenerse de la extradición. Sánchez tiene un gran problema en mente. Si Puigdemont hubiera sido extraditado y condenado a 30 años de prisión en España por rebelión, el separatismo catalán habría tenido otro mártir. Un Puigdemont detenido habría sido un gran obstáculo para tratar de negociar con los separatistas, lo que el mismo Sánchez dijo que tenía la intención de hacer".

Al mismo tiempo, continúan los conflictos explosivos en la élite gobernante española sobre la crisis catalana y, en particular, la propuesta de Sánchez de un nuevo estatuto de autonomía catalana que finalmente se apruebe por referéndum en Cataluña. Mientras el portavoz del PP, Rafael Hernando, denunció al PSOE por tratar con "populistas, separatistas y herederos políticos de ETA", el grupo terrorista vasco-nacionalista, Sánchez ha insistido en que continuará con sus planes, ya que la crisis catalana "solo puede ser resuelta votando".

En este ambiente político inestable y explosivo, el destino de los nacionalistas catalanes a los que se dirige Madrid sigue sin estar claro. Demuestra sobre todo la trayectoria de la burguesía española y de la Unión Europea (UE) en su conjunto hacia políticas cada vez más reaccionarias y represivas, a las que solo puede oponerse una lucha política consciente y paneuropea de la clase trabajadora.

Si bien la corte de Schleswig-Holstein no decidió extraditar a Puigdemont por el cargo de rebelión, y Puigdemont no se está pudriendo actualmente en una cárcel española, lo que su decisión ha revelado sobre todo es el enorme desarrollo de un Estado policial europeo. Los mecanismos legales y policiales para rastrear, arrestar y extraditar a los políticos, incluidos los que enfrentan acusaciones draconianas y de motivación política, existen y están en funcionamiento en toda Europa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de julio de 2018)