La crisis de la lira turca, impulsada por el fortalecimiento del dólar estadounidense, combinada con el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos en los últimos meses y exacerbada por la imposición de aranceles comerciales de la administración Trump, se ha extendido a una serie de "mercados emergentes", que se endeudaron fuertemente durante los años de bajas tasas de interés. Argentina ahora se ha unido a Turquía para imponer mega-devaluaciones cambiarias, amenazando un colapso económico nacional.

La semana pasada, en un intento desesperado por evitar que la moneda nacional, el peso, entrase en caída libre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumentó la tasa de interés a corto plazo al 45 por ciento, la más alta del mundo, en un intento para atraer inversores hambrientos de altas ganancias con riesgo. El peso argentino cerró el viernes pasado a 30.62 pesos por dólar estadounidense, perdiendo un 22 por ciento de su valor frente al dólar en los últimos tres meses, lo que equivale a una devaluación anualizada del 124 por ciento.

Sobre todo, el establishment gobernante argentino teme una corrida bancaria que, dada la intensificación de la lucha de clases en el país, podría detonar levantamientos populares en masa contra el estado burgués dirigido por el presidente derechista Mauricio Macri.

La decisión de subir la tasa de interés al 45 por ciento siguió a la incapacidad del Banco Central el jueves pasado de vender cantidades suficientes de reservas para respaldar el peso. El jueves pasado, el banco "ofertó US $500 millones, de los cuales vendió solo US $55 millones", según el diario argentino El Clarín. El día anterior, el banco había vendido con éxito US $781 millones. Pero el martes, el BCRA realizó una subasta de 500 millones de dólares y logró vender solo US $200 millones, según Reuters.

Argentina tiene una calificación crediticia de B de acuerdo con Standard & Poor's, equivalente a la calificación de hipotecas de alto riesgo –subprime– antes del colapso de la burbuja inmobiliaria que condujo a la crisis financiera mundial de 2008. El riesgo país de Argentina sigue siendo alto en 667 puntos básicos.

Con la enorme deuda pendiente a corto plazo, Argentina enfrenta una calamidad potencial en el sector financiero que brinda a la industria, incluidas las empresas transnacionales, el crédito necesario para funcionar. El acceso a fondos a corto plazo es vital para que las empresas paguen los salarios de los trabajadores.

En años anteriores, este financiamiento fue puesto a disposición por el Banco Central emitiendo Letras del Banco Central, Lebac, el equivalente argentino de letras del Tesoro de los Estados Unidos. En este punto, hay aproximadamente 1 billón de pesos o US $33.5 mil millones en Lebac pendientes.

Desde que el Banco de Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos puso fin a su política de flexibilización cuantitativa, los mercados emergentes están teniendo dificultades en el servicio de su deuda en dólares estadounidenses, así como en las monedas nacionales que mantienen una alta correlación con las tasas de interés de los Estados Unidos.

Para mayo de 2018, cuando se hizo evidente la crisis financiera, Argentina obtuvo un préstamo del FMI por US $30 mil millones en un esfuerzo desesperado por frenar la inflación y evitar una corrida bancaria.

Pero el préstamo del FMI no fue suficiente para contener la devaluación del peso. Durante el mes pasado, alcanzó una tasa anual del 199 por ciento, comparable solo a la lira turca.

El Banco Central y el Ministerio de Hacienda están coordinando esfuerzos para alejarse de la deuda a corto plazo, el Lebac, generalmente con vencimientos de alrededor de 1 mes. Mientras las tasas de interés mundiales permanecieron bajas, el programa Lebac se convirtió en una fuente importante de financiamiento a corto plazo.

El presidente del BCRA, Luis Caputo, ha declarado que el programa Lebac debe ser completamente desmantelado antes de fin de año. Los Lebac son una importante fuente de financiamiento para los bancos argentinos, que poseen alrededor del 50 por ciento del ellos, mientras que el otro 50 por ciento está en manos de fondos comunes de inversión, corporaciones públicas, empresas y particulares.

El Lebac será reemplazado gradualmente por notas de vencimiento a un año emitidas por el BCRA (Nobac) y letras de liquidez (Leliq). Este último está destinado a convertirse en la principal fuente de financiación en el futuro. El costo de desmantelar el programa Lebac se estima en US $7 mil millones, que saldrán de las reservas del Tesoro en dólares estadounidenses.

En un esfuerzo por estabilizar la economía, la semana pasada el gobierno argentino colocó deuda a más largo plazo: US $1,640 millones en bonos del gobierno con vencimiento en 2020 (BODEN 2020) y US $514 millones en letras del Tesoro (LETES) con vencimientos de entre 210 y 378 días.

A medida que el dólar estadounidense se fortalece frente a todas las monedas principales, Argentina espera que China negocie un canje de moneda –yuan chino vs. pesos argentinos– por US$ 4 mil millones, que se utilizará para reforzar las reservas decrecientes. Esto representa un alejamiento de la dependencia económica de los EUA a pesar de la afinidad del derechista Macri con Donald Trump.

La inflación de Argentina alcanzó su máximo en 2016 con una tasa anual de 40.3 por ciento, la más alta del mundo, y en 2017 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 24.8 por ciento. Se espera que 2018 se cierre con una tasa de inflación de entre 30 y 40 por ciento, más del doble de la meta trazada por el BCRA.

En declaraciones el viernes en el noroeste de Jujuy, una de las provincias más pobres de Argentina, Macri reconoció públicamente lo obvio, que la crisis financiera argentina y las medidas que está tomando su gobierno están resultando en la erosión de los niveles de vida de la clase trabajadora y un crecimiento constante en la pobreza. "Esta devaluación trajo un repunte de la inflación, y la inflación es el mayor impulsor de la pobreza, y lamentablemente, vamos a perder algunos de los logros que hemos logrado en la reducción de la pobreza", dijo Macri en una conferencia de prensa.

El año pasado, la agencia oficial de estadísticas de Argentina, Indec, afirmó que la tasa de pobreza cayó a 25.7 por ciento desde 30.3 por ciento en 2016.

Se proyecta que la economía argentina se contraerá 0.3 por ciento este año. En sus comentarios del viernes, Macri ofreció un frío consuelo a la población argentina. "El próximo año la economía crecerá", dijo. "No mucho, pero crecerá".

Ante los inevitables disturbios sociales, el gobierno tendrá que recurrir cada vez más a medidas represivas, incluido el uso del ejército. El mes pasado, Maci firmó un decreto que permite el uso de las fuerzas armadas en la policía doméstica por primera vez desde la salvaje dictadura militar que gobernó el país en los años setenta y ochenta.

El segundo pilar sobre el cual el gobierno de Macri depende para reprimir la resistencia de la clase obrera es la burocracia sindical.

A lo largo de la primera mitad de este año, cientos de miles de trabajadores, entre ellos maestros, siderúrgicos, estibadores y otros sectores, han celebrado manifestaciones que expresan su enojo por la pérdida de los salarios reales debido a la inflación.

Esto llevó a una huelga general de 24 horas el 24 de junio que paralizó a Buenos Aires y la mayoría de las principales ciudades argentinas. El principal sindicato, la Confederación General de Trabajadores (CGT), ha convocado un total de tres huelgas generales contra los ataques Macri-FMI al nivel de vida de los trabajadores. En abril y diciembre de 2017, los trabajadores también organizaron huelgas generales de un día.

El papel de la CGT es contener el movimiento ascendente de la clase obrera argentina dentro de los confines del capitalismo, limitando las huelgas generales a 24 horas e impidiendo que las revueltas populares desafíen el dominio capitalista.

Mientras tanto, ostensibles oponentes de la burocracia por parte de la “izquierda”, en particular las organizaciones que componen el bloque parlamentario oportunista conocido como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) –el Partido de los Trabajadores (PO), el Partido Socialista de los Trabajadores (PRT) y la Izquierda Socialista (IS)– buscan canalizar la ira de la clase trabajadora detrás de los sindicatos conservadores de derecha y el estado burgués, al hacer un llamado a presionar a los burócratas peronistas de la CGT para que luchen.

La cuestión decisiva planteada por la profundización de la crisis económica es la construcción de un nuevo liderazgo revolucionario en la clase trabajadora, basado en la perspectiva del internacionalismo socialista por el cual lucha el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de agosto de 2018)