Fiscales estatales en Arabia Saudita sentenciaron a la activista política de 29 años, Israa al-Ghomgham, su esposo, Moussa al-Hashem, y tres otros por los “crímenes” de manifestarse pacíficamente contra la dictadura monárquica del país, cantar en contra del régimen y publicar sus videos en redes sociales.

Las penas capitales, incluyendo la primera registrada contra una mujer saudita con base en presuntas ofensas políticas, son emblemáticas de un régimen criminal que es considerado el aliado árabe más cercano de Washington.

Las protestas que provocaron los cargos sucedieron en la ciudad porteña de Qatif en la provincia Oriental del reino saudita, una parte que cuenta con vastos yacimientos petroleros y la mayoría de la población de minoría chiita. Desde el 2011, ha habido protestas desafiando la discriminación sistemática y opresión de la población chiita por parte de la monarquía, la cual aplica oficialmente la doctrina religiosa del wahabismo, una secta sunita ultraconservadora.

Las manifestaciones, las cuales exigen igualdad y mejores condiciones sociales en una región que permanece sumamente empobrecida pese a su riqueza petrolera, libre expresión y la libertad de todos los prisioneros políticos, han sido objeto de una represión policial-estatal que ha llegado a sitiar militarmente a comunidades enteras.

Israa al-Ghomgham y su esposo fueron arrestados el 6 de diciembre de 2016, cuando las fuerzas de seguridad incursionaron en su hogar por la noche. Han estado en prisión desde entonces, por 32 meses, sin acceso la mayoría del tiempo a un abogado y sin recibir cargos formales. Siendo de clase obrera, la familia Ghomgham no podía costear un abogado. Fue solo después de que su padre empezó una campaña para recolectar ayuda que un abogado se ofreció a defenderla.

Los imputados en su caso fueron enjuiciados en una Corte Criminal Especializada que el régimen saudita estableció supuestamente para casos de terrorismo. El juicio, en el que cual los demandados no tienen prácticamente ningún derecho, es un simple espectáculo amañado, con un veredicto y una sentencia determinados con anterioridad por la monarquía.

La tarea de la corte es implementar la notoria ley de contraterrorismo de 2017, la cual describe un insulto al rey saudita y al príncipe heredero al trono de 33 años, Mohamed bin Salman, como un acto de terrorismo.

En 2014, la misma corte sentenció a muerte al clérigo chiita, Nimr al-Nimr, y a siete otros activistas chiitas. Fueron ejecutados en masa junto a 47 otras personas el mismo día en enero de 2016. Durante el 2016, la corte sentenció similarmente a 14 personas a muerte bajo cargos políticos fabricados.

El régimen rutinariamente crucifica los cuerpos decapitados de sus víctimas para aterrorizar a la población e intimidar cualquier oposición potencial al dominio absoluto ejercido por la casa real de Saud.

Es por ello por lo que el régimen propone ejecutar, por primera vez, a una mujer acusada de oposición política. Muchas otras mujeres han sido ejecutadas bajo otros cargos. Las mujeres acusadas de adulterio son lapidadas a muerte. Un verdugo saudita le comentó al diario Sabq de que era su impresión que las mujeres se resisten más a las decapitaciones y que el había recurrido a dispararles en la cabeza.

Arabia Saudita ejecuta a más personas per cápita que cualquier otro país del planeta. El año pasado, casi 150 individuos fueron decapitados. Este año está encaminado a superar esa macabra cifra. El primer trimestre de 2018 fue testigo de 70 por ciento más decapitaciones que el mismo periodo del año pasado.

Además de entregar penas capitales a oponentes políticos, la monarquía ejecuta a personas que las cortes sauditas sentencien por ateísmo, blasfemia, adulterio, homosexualidad o brujería.

El Gobierno de Trump no ha emitido ninguna declaración sobre la ejecución pendiente de Israa al-Ghomgham y sus codemandados. La prensa ha permanecido relativamente callada. Ninguno de los principales editoriales ha denunciado la sentencia.

La atención prestada hacia este barbárico crimen estatal no es ni una fracción de la cobertura positiva en la prensa corporativa estadounidense que recibió el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, principalmente permitir a las mujeres sauditas —aquellas que pueden costear un carro— a conducir. Prácticamente no ha habido mención del hecho de que las activistas sauditas mujeres que han exigido derechos igualitarios han sido detenidas por las fuerzas de seguridad, con un estimado de 14 que permanecen encerradas.

Las figuras identificadas con el movimiento #MeToo no han dicho nada sobre la amenaza de ejecutar a una mujer saudita por oponerse a la opresión. Su supuesta defensa de las mujeres no se extiende a las víctimas del capitalismo ni se opone de ninguna forma a los intereses globales del imperialismo estadounidense.

Cuando bin Salman viajó por EUA en abril no solo fue recibido celebratoriamente por el Gobierno de Trump, sino también por la prensa y un conjunto de milmillonarios estadounidenses, incluyendo el CEO de Amazon, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Bill Gates y el CEO de Apple, Tim Cook.

El trato de este criminal y asesino estatal como una celebridad no refleja tan solo el interés de los conglomerados energéticos, fabricantes de armamento, bancos y numerosas otras corporaciones de lucrar de la riqueza petrolera saudita.

Tanto los Gobiernos demócratas como republicanos han apoyado por más de siete décadas a la monarquía saudita, uno de los regímenes más reaccionarios en el mundo, como una pieza esencial de la política estadounidense en Oriente Próximo, armándola hasta los dientes. Este apoyo tan solo se ha intensificado a medida que el Gobierno de Trump escala la agresión estadounidense contra Irán a fin de formar una coalición antiiraní que incluya a Arabia Saudita e Israel. El propósito de dichos esfuerzos es suprimir la influencia iraní en la región y reafirmar la hegemonía estadounidense.

Al igual que el Gobierno de Trump ha mantenido silencio sobre la amenaza de decapitar a una mujer saudita y los otros imputados por protestar pacíficamente, el Gobierno de Obama tampoco respondió de manera significativa a la ejecución masiva de prisioneros políticos. En cambio, la Casa Blanca, bajo control demócrata y republicano, ha aprobado negocios armamentísticos de cientos de miles de millones de dólares con este régimen.

Ambos Gobiernos también han provisto un apoyo militar indispensable a la guerra casi-genocida encabezada por las fuerzas sauditas contra el empobrecido país de Yemen, donde han matado a aproximadamente 16.000 personas y han empujado al borde de la inanición a 8,5 millones más.

El jueves, se reportó que 27 civiles —22 de ellos niños— fueron masacrados cuando un avión saudita bombardeó y destruyó un vehículo en el que una familia buscaba escapar de batallas en su vecindario en la ciudad porteña de Hodeida. Esta atrocidad se produjo tan solo dos semanas después del ataque aéreo del 9 de agosto, cuando una bomba provista por Estados Unidos despedazó un bus lleno de estudiantes de primaria, matando a 51 personas, 40 de ellos niños. Estos asesinatos masivos también han recibido una atención mínima por la prensa y tampoco han afectado el apoyo estadounidense a esta salvaje guerra.

La dictadura real saudita, sus monstruosos crímenes y el apoyo estadounidense a ellos constituyen un punto de referencia apropiado para evaluar toda la propaganda de “derechos humanos” emitida por Washington para justificar sus predatorios objetivos en Venezuela, Siria, Irán, Rusia y China.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de agosto de 2018)