El gobierno de Ecuador corta todo acceso a Julian Assange

por Mike Head
5 noviembre 2018

Según la Fundación Courage, que ha hecho campaña contra la persecución de Julian Assange, la Embajada ecuatoriana en Londres ha prohibido el acceso de todas las visitas al editor de WikiLeaks, incluyendo sus abogados, en medio de un juicio apremiante.

De manera más inmediata, la prohibición obstruye un recurso legal por Assange contra la decisión de una juez ecuatoriana la semana pasada de ratificar un “protocolo” draconiano que el gobierno del presidente Lenín Moreno ha buscado imponerle, en violación fundamental del derecho al asilo político.

El protocolo esencialmente le prohíbe a Assange hacer cualquier comentario político, porque podría ser considerado perjudicial para los intereses del gobierno de Ecuador o de cualquier otro gobierno.

Julian Assange

Al intensificar las ya intolerables condiciones de virtual confinamiento solitario que el gobierno de Moreno le tiene impuestas al valiente periodista y editor desde marzo, la prohibición es otra advertencia de sus preparativos para poner fin al asilo de Assange.

Bajo una presión creciente de Washington, por parte de dirigentes demócratas y republicanos por igual, la élite gobernante ecuatoriana se está moviendo claramente ya sea para echar a Assange o para crearle condiciones tan inhumanas de manera que se sienta obligado a irse de la embajada, a pesar de las protestas significativas a nivel internacional y en el propio Ecuador.

El 31 de octubre, dos días después de la sentencia de la juez apoyando el protocolo, una manifestación tuvo lugar en frente del palacio presidencial de Ecuador contra el esfuerzo renovado por parte del derechista Partido Social Cristiano, vinculado a los EUA, para obtener el voto de la Asamblea Nacional para retirarle la ciudadanía ecuatoriana a Assange. El artículo 79 de la constitución ecuatoriana dice: “En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano”.

Una breve filmación de la protesta, publicada en la cuenta de Twitter de WikiLeaks, muestra una manifestación resuelta y de tamaño considerable en defensa de Assange, flanqueada por la policía.

Hay un apoyo público considerable para Assange, a causa de los antecedentes continuos y que datan de mucho tiempo de WikiLeaks de publicar documentos filtrados que denuncian los crímenes y maquinaciones de los gobiernos y sus principales socios corporativos. El gobierno de Moreno, sin embargo, está intensificando sus planes para echar a Assange del edificio de la embajada, entregándolo efectivamente para que será encarcelado en Gran Bretaña y después en los EUA.

El ministerio de exteriores ecuatoriano publicó una declaración el 30 de octubre aclamando inmediatamente el dictamen de la juez e intensificando la amenaza de poner fin al asilo político de Assange por hacer comentarios críticos sobre las medidas contra él.

Ecuador “no permitirá afirmaciones falsas injustificadas ni insinuaciones sobre la conducta del Gobierno Nacional concernientes al asilo diplomático que le fue concedido al Sr. Assange, en ejercicio de las prerrogativas del Estado de Ecuador”, decía la declaración.

Esto fue después de que Assange hubiera intentado usar la audiencia en el tribunal el día anterior para alertar al mundo de los planes para echarlo, rompiendo el silencio que el gobierno de Moreno le está imponiendo desde hace siete meses.

Hablando mediante teleconferencia desde la embajada a la audiencia del tribunal en Quito, Assange dijo que el nuevo protocolo era una señal de que Moreno ya había decidido poner fin a su asilo, pero no había dado la orden oficialmente todavía. Antes de que pudiera decir cualquier otra cosa más, el abogado del gobierno de Ecuador, Íñigo Salvador, lo interrumpió, advirtiéndole que no hiciera declaraciones políticas durante la audiencia.

Esta intervención puso de manifiesto la parodia de la propia audiencia. La juez se negó a dictaminar sobre la constitucionalidad de las acciones del gobierno contra Assange, diciendo que era competencia del Tribunal Constitucional. También se negó a escuchar a testigos o aceptar pruebas que documentaban el grado de las prohibiciones de la embajada a las visitas y las comunicaciones.

En su declaración, consciente del apoyo doméstico y global para Assange, el ministro de exteriores de Ecuador “reiteró al público la adhesión firme del Estado de Ecuador a las reglas pertinentes del derecho nacional e internacional que rigen el asilo”.

La declaración incoherente decía que “el Protocolo restablece el acceso del Sr. Assange a las comunicaciones”, pero insistía en que “conforme a los tratados internacionales que rigen el asilo, él no puede hacer declaraciones, transmisiones o anuncios que interfieran con otros Estados o que afecten los intereses de Ecuador”.

Lejos de reconocer el derecho básico de Assange a la comunicación, el protocolo le prohíbe hacer cualquier comentario político considerado perjudicial para Ecuador o sus “buenas relaciones” con “cualquier otro Estado” y deja claro que sus comunicaciones y visitas serán sometidas a vigilancia, y los resultados serán compartidos con las agencias de espionaje estadounidense y británica.

El protocolo estipula además que el fundador de WikiLeaks se someta a un examen médico cada tres meses y que los médicos pueden recomendar que sea evacuado de la embajada si concluyen que necesita tratamiento urgente.

La declaración aseveraba falsamente que la decisión de la juez confirmaba que el protocolo “es totalmente coherente con el derecho de asilo”. El derecho fundamental al asilo político, una protección internacional esencial contra la opresión antidemocrática, fue reiterado en mayo por el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos.

Ese tribunal, que tiene jurisdicción sobre abusos a los derechos humanos por parte de miembros de la Organización de Estados Americanos, insistió en que Assange tenía que ser liberado de cualquier amenaza o coerción que lo obligue a caer en manos de un gobierno que quiera perseguirlo, en este caso, los EUA.

El tribunal interamericano también advirtió al gobierno británico: “Si el Reino Unido sigue ignorando la decisión del tribunal insistiendo en que la policía local arrestará a Assange por una infracción a las condiciones de su fianza si se va de la embajada, esto significa que el gobierno británico habrá dejado deliberadamente de defender los derechos de Assange como receptor legítimo de asilo por parte de Ecuador”.

El gobierno británico, actuando en connivencia con Washington, ha desafiado el dictamen, asistido por el gobierno australiano.

El fundador de WikiLeaks se vio obligado a buscar refugio en la embajada en 2012 después de que se presentaran unas acusaciones inventadas por parte del gobierno sueco de mal comportamiento sexual como excusa para encarcelarlo en Gran Bretaña. Esto habría sido seguido por su extradición a los EUA para enfrentarse a cargos inventados de espionaje por los que podrían encarcelarlo de por vida o incluso ejecutarlo.

Assange, un ciudadano australiano, se vio obligado a dirigir su atención a Ecuador porque el gobierno del Partido Laborista en Australia se alineó tras la administración de Obama y le negó a Assange su derecho a la asistencia y protección.

Los EUA y sus aliados quieren encerrar para siempre a Assange para intimidar a todos los que están luchando contra el militarismo, la desigualdad social y los ataques a los derechos democráticos. Su defensa requiere la movilización más amplia posible de la clase trabajadora internacional para exigir su liberación inmediata e incondicional.

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(Publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2018)