Después de una audiencia judicial de siete días, Keiko Fujimori, lideresa por largo tiempo del movimiento populista fujimorista de derecha y su partido Fuerza Popular (FP), fue sentenciada a 36 meses (tres años) de “detención preventiva” por el juez Richard Concepción Carhuancho. Fujimori está ahora detenida con otras cuatro personas, sus principales consejeros políticos, mientras será investigada por formar una “organización criminal” dentro de FP y usarlo como una fachada para lavar dinero recibido de la gigantesca multinacional brasileña de la construcción Odebrecht como parte de su programa de sobornar al completo establishment político peruano así como al de otros países en la región.

Fujimori y compañía fueron inicialmente detenidos el 10 de octubre por órdenes de Concepción bajo los mismos cargos de lavado de dinero. La decisión dejó en shock al país completo ya que Fujimori –con sus extensas conexiones en la justicia peruana y la élite corporativa- era vista como una intocable. Más aún, a comienzos de año, ella había sido la política líder, según las encuestas.

Bajo la ley peruana, un juez puede ordenar la detención de un presunto criminal bajo investigación para minimizar el riesgo de escapar el país. Los abogados de Fujimori apelaron la decisión inicial y tres jueces unánimemente anularon la orden de detención. Fujimori y sus colíderes del partido fueron liberados después de siete días de su detención de 10 días. Los jueces argumentaron que Fujimori y el resto no planteaban ningún riesgo de fuga u obstrucción de justicia.

Entonces, el fiscal estatal anticorrupción José Domingo Pérez, quién es parte del equipo legal de investigación en el escándalo de corrupción “Lava Jato” de Odebrecht en Perú, anunció que tenía suficiente evidencia para una investigación hacia los esquemas de lavado de dinero que involucraban a Fujimori y a un gran grupo de miembros de FP y solicitó a Concepción que mantuviera una audiencia en la que podría plantear el caso para una detención preventiva de 36 meses.

Las audiencias judiciales comenzaron el 24 de octubre y fueron televisadas, alcanzando audiencias récord y capturando la mayoría de atención de los medios nacionales. Afuera del edificio en dónde se mantenían las audiencias, seguidores fujimoristas y anti-fujimoristas participaban de escaramuzas callejeras.

El 31 de octubre, luego de siete días, Concepción ordenó a Fujimori y sus cuatro consejeros de que sean detenidos por 36 meses. Hoy en día, Fujimori está en una prisión para mujeres en el distrito de Chorrillos de Lima, luego de que el fiscal Pérez ordenara su detención. Más aún, Pérez ha anunciado que solicitará audiencias adicionales para otros miembros de FP.

Concepción previamente había colocado en prisión preventiva por 18 meses al ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa/cómplice Nadine Heredia, mientras los fiscales investigaban si es que habían recibido sobornos de Odebrecht y cómo. Fujimori y compañía recibieron una detención mucho más larga porque están siendo investigados bajo el marco de la “Ley contra las Organizaciones criminales”.

Pérez –quién ha sido aclamado por haber logrado mandar a Keiko Fujimori, quién es ampliamente odiada, tras las rejas– fue ayudado por nuevas revelaciones suministradas por un testigo secreto. El testigo voluntariamente presentó a los investigadores capturas de pantalla de un chat de mensajes usado por la bancada fujimorista en el Congreso en el que discutían, entre muchas maquinaciones, cómo “blindar” a dos altos miembros del poder judicial: el ex miembro de la Corte Suprema Cesar Hinostroza y el actual fiscal general Pedro Chavarry.

Ambos hombres fueron expuestos por audios filtrados por un grupo independiente de periodistas en Julio como miembros de una organización criminal secreta (nombrada los “Cuellos Blancos del Puerto”) dentro del poder judicial. Los audios dejaron claro que Hinostroza, Chavarry y varios otros jueces y fiscales fueron parte de un corrupto esquema que vendían sentencias favorables o puestos importantes dentro del estado a individuos adinerados, empresas e incluso cárteles de droga. Los audios mencionan a congresistas fujimoristas y a la propia Keiko como sus principales aliados. Hinostroza detuvo una investigación en el entonces secretario de FP Joaquín Ramírez, quién había sido acusado de lavar dinero obtenido mediante tráfico de drogas.

Congresistas fujimoristas obstruyeron por lo menos dos peticiones para investigar a Hinostroza por su participación en el grupo de los “Cuellos Blancos”. Entonces, a comienzos de octubre, en medio de la creciente presión pública y política, el congreso –controlado por los fujimoristas- finalmente levantó su protección de Hinostroza. Sin embargo, retrasó su decisión, en una manera aparentemente deliberada para que Hinostroza pueda secretamente escapar del país el 17 de octubre, huyendo a España en dónde fue, no obstante, detenido por petición del gobierno peruano. Las autoridades peruanas han declarado que buscarán su extradición.

Mientras tanto, Chavarry está actualmente siendo protegido. Congresistas fujimoristas han votado contra peticiones de otros congresistas para que sea retirado como Fiscal General. Durante los últimos meses, desde su posición de poder, Chavarry botó a prominentes fiscales que investigaban tanto a Fujimori como al ex presidente aprista Alan García y sus lazos al escándalo de Lava Jato. Él también entró en una guerra de palabras con el fiscal Pérez, luego de que éste dijera que Chavarrya era “moralmente inadecuado” para el cargo.

Encima de la detención de su lideresa, el FP también ha sido golpeado por varias renuncias dentro de la bancada del Congreso y el partido. Debido a la detención de Fujimori, los abismales niveles de aprobación del partido y su desastroso resultado en las últimas elecciones municipales y regionales, hay un creciente miedo dentro de FP de que el partido ha entrado en su etapa final y el momento ha llegado para escapar del barco que se hunde tan pronto como sea posible.

Dado el carácter extremadamente personalista de FP y el completo movimiento fujimorista, éste no puede sobrevivir sin un miembro de la familia Fujimori liderándolo. Keiko está ahora detenida; su padre Alberto (quién gobernó entre 1990 y 2000) está encerrado en una clínica privada para así evadir ir a la prisión después de que un juez anulara el indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski el pasado diciembre; y el hermano de Keiko, Kenji, se ha retirado de la política luego de haber sido políticamente destruido en un escándalo de compra de votos que fue tendida como una trampa por Keiko y que precipitó la caída de Kuczynski.

El fujimorismo fue un movimiento populista de derecha que hacía un llamado a la clase trabajadora y a los estratos de clase media baja a partir del “legado” del gobierno original de Alberto Fujimori: especialmente sus programas de bienestar social limitados para los pobres y su derrota de la guerrilla nacionalista-maoísta Sendero Luminoso.

Por el otro lado, fue el partido favorito de amplios estratos de la clase gobernante, muchos de los cuales fueron los principales beneficiarios del régimen de Alberto Fujimori, cuyo otro “legado” clave fue una serie de reformas neoliberales que privatizaron industrias nacionales y eliminaron derechos laborales, creando grandes incrementos en el lucro para transnacionales y compañías nacionales.

La obliteración política del fujimorismo puede empujar a algunos de sus seguidores desilusionados –o, por lo menos, a aquellos que votaron por Keiko pensando que mejoraría sus condiciones- hacia las coaliciones de pseudoizquierda de Frente Amplio (FA) y su escisión Nuevo Perú (NP).

Los candidatos de FA, Veronika Mendoza y Marco Arana, lograron alcanzar el tercer lugar en las últimas elecciones (detrás de Kuczynski y Fujimori) y esto fue visto como un retorno para las políticas de “izquierda” en el país luego de haber estado ausente por más de dos décadas.

Entonces, Mendoza y sus seguidores decidieron escindirse de FA y formar su propia coalición. Esto fue en parte para aprovecharse del crecimiento de la popularidad de Mendoza entre una generación que sólo ha conocido gobiernos de derecha, pero más importante que ello fue la preferencia tácita que el establishment político le había dado a Mendoza por encima de Arana, el principal líder de FA, quién es visto en círculos gobernantes como un “extremista de izquierda” en el que no se puede confiar, debido a sus años como un activista contra mineras trasnacionales en la región de Cajamarca, dañada ambientalmente.

En medio de su ruptura, ambas facciones demostraron su completa subordinación hacia la estabilización del gobierno burgués. Ellos dejaron claro su oposición a la independencia de la clase trabajadora cuando le dijeron a los trabajadores y a la juventud de que tenían que votar por Kuczynski en la segunda vuelta contra Fujimori o Perú caería en las garras de una dictadura “narco-fujimorista”.

Los portavoces de NP han confirmado que no podrán presentar las firmas necesarias para alcanzar el estatus de partido político para su movimiento para el actual plazo de este mes; lo cual significa que no podrán participar en las próximas elecciones como un partido independiente. Ellos lograron obtener tan sólo 6 por ciento de las 750,000 firmas necesarias. Ellos citaron la falta de financiamiento para la logística de recolectar las firmas por el país y la falta de interés de sus propios miembros. Para alcanzar los objetivos electorales de su movimiento, funcionarios de NP están ahora considerando entrar en alianzas con partidos de derecha.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de noviembre de 2018)