Menos de dos semanas antes de que el presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asuma su cargo, ha repudiado la mayoría de sus promesas electorales. Su Administración acelerará la militarización del país e intensificará los vínculos entre el Gobierno y la élite financiera.

La semana pasada, AMLO, un supuesto “izquierdista”, anunció la creación de una nueva Guardia Nacional como parte del plan de seguridad de su Gobierno. Durante su campaña y después de las elecciones, prometió repetidamente que retiraría al ejército de las calles. Existe un profundo enojo por los catastróficos niveles de violencia que han destrozado a la sociedad mexicana, con tasas de asesinato equivalentes a países desgarrados por guerras. Desde que la “guerra contra el narcotráfico” comenzó en 2006, las cifras oficiales registran más de 250.000 muertes y 30.000 desaparecidos.

La postura antimilitarista de AMLO sin duda asistió en su victoria electoral, con la cual ganó más votos que cualquier otro presidente mexicano en la historia y le otorgó a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones del 1 de julio.

Sus fraudulentas promesas de romper con la “estrategia represiva” de las previas Administraciones han sido expuestas aún antes de que asuma el poder. De hecho, AMLO está escalando la militarización de la sociedad en preparación para el crecimiento de la lucha de clases.

La Guardia Nacional que propone estará inicialmente compuesta por miembros del Ejército, la Marina, y la Policía Federal e incorporará a nuevos reclutas en próximos años. Para 2021, la Guardia Nacional consistirá de entre 120.000 y 150.000 miembros —incrementando el personal de las Fuerzas Armadas por un 85 por ciento—.

AMLO también cuenta con vínculos militares más estrechos que sus predecesores inmediatos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ni Calderón ni Peña Nieto tuvieron éxito en legalizar el papel del ejército en operaciones domésticas. La Ley de Seguridad Interior —el odiado esfuerzo de Peña Nieto para esta formalización— fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema mexicana la semana pasada. Ahora, AMLO está sobrepasando a estos Gobiernos derechistas el tratar de modificar la Constitución para consagrar a la Guardia Nacional como ley.

El nuevo Gobierno también ha rechazado otras importantes promesas electorales a instancia del capital financiero. Cuando la legislatura, la cual es controlada por Morena, tomó pasos para aprobar una ley que reduciría las comisiones de los bancos, AMLO rápidamente declaró que vetaría tal propuesta. “No vamos nosotros a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, financiero y fiscal en esta primera etapa de gobierno", dijo López Obrador. "No habrá ninguna iniciativa para modificar el marco legal en bancos y financieras. ¿Más claro todavía?”.

Para no dejar ninguna duda sobre quién dictaría las políticas de la nueva Administración, el 16 de noviembre AMLO anunció un nuevo consejo que estará completamente compuesto de ejecutivos de las corporaciones más poderosas de México, incluyendo Grupo Salinas, Televisa, Banorte e Interjet. En un vídeo publicado en las redes sociales, AMLO reveló que el grupo se reunirá con él cada dos o tres meses y que fue formado a petición directa del sector financiero. Esta maniobra sigue garantías similares que ha hecho al capital financiero después de su cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

En cuanto a la defensa de los miles de inmigrantes centroamericanos que viajan por México rumbo a EUA, AMLO prometió en una oración que se respetarían los “derechos humanos” y prometió que se mantendría una buena relación con el Gobierno de Trump en la siguiente. En práctica, su papel como socio menor del imperialismo estadounidense garantizará que el nuevo Gobierno intensifique la deportación y el abuso de los inmigrantes. En 2018, las autoridades mexicanas detuvieron a 75.000 inmigrantes centroamericanos y deportaron a un 90 por ciento, según los datos gubernamentales.

Las promesas de AMLO de que derogaría las reformas energéticas también fueron abandonadas hace mucho tiempo. En una entrevista con Bloomberg, el jefe de campaña de AMLO notó que el Gobierno “no buscaría una reforma del sector energético, ni ninguna otra reforma constitucional durante los primeros tres años de su Gobierno porque se tiene que enfocar en recortar el presupuesto”. El jefe de gabinete de AMLO ha dicho que el Gobierno entrante honrará los contratos de petróleo que fueron firmados por Peña Nieto y que no buscará controlar o subsidiar los precios de electricidad.

El Gobierno entrante ha buscado darse un disfraz “izquierdista” al organizar pequeños referéndums sobre gastos sociales, como el llamado “Tren Maya” que unirá las ciudades sureñas de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas. También ha prometido eliminar los beneficios más notorios del personal legislativo, como prestaciones para gasolina y honorarios altos para viajes internacionales. Estas maniobras son una manera poco costosa para reforzar sus credenciales “izquierdistas” con las masas. Las condiciones de vida de los representantes del Gobierno nunca se ven seriamente afectadas y no se buscará alterar fundamentalmente las condiciones de la clase obrera.

Las palabrerías populistas de AMLO rápidamente entrarán en conflicto con las realidades de su servilismo a la política de la clase gobernante y del polvorín social que es México.

Esto ya ha salido a la luz en recientes expresiones de la lucha de clases, como las protestas contra el gasolinazo en el 2017 contra la subida de los precios de gasolina. La mitad de la población mexicana sigue sufriendo en la pobreza, mientras que la mayoría de la riqueza social acumulada por una pequeña capa en la cima continúa creciendo.

La reciente encuesta Latinobarómetro 2018 reveló que solo 11 por ciento de los mexicanos confían en los partidos políticos, comparado con 30 por ciento en 2006. Ochenta y cuatro por ciento de los mexicanos dicen que están insatisfechos con la democracia, y 48 por ciento dice que viven en una democracia con “serios problemas”.

Las elecciones en julio le otorgaron el control de todos los niveles del Gobierno a AMLO y Morena. Pero cualquier ilusión popular de que embarcará en un intento significativo para abordar la crisis social –la cual AMLO ha apodado la “cuarta revolución mexicana”– será rápidamente defraudada. AMLO desempeñará su papel al reprimir cualquier movimiento independiente de la clase obrera que amenace con socavar los intereses de la clase dirigente y sus bancos y corporaciones. El capitalismo actualmente se encuentra todavía más plagado por sus contradicciones internas que durante la masacre de Tlatelolco en 1968, cuando la burguesía desató al ejército sobre el movimiento estudiantil en la Ciudad de México.

Todos los partidos de pseudoizquierda que hicieron un llamado para darle un “apoyo crítico” a AMLO comparten la responsabilidad política por los crímenes que serán llevados a cabo por el nuevo Gobierno. El Comité Internacional de la Cuarta Internacional insiste en que el único camino a seguir es una ruptura decisiva con AMLO y Morena y una lucha para unir a la clase obrera internacional bajo un programa socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de noviembre de 2018)