Después de 89 días, los sindicatos traicionan huelga histórica en Costa Rica

por Andrea Lobo
15 diciembre 2018

La huelga que comenzó el 10 de septiembre contra el nuevo plan fiscal regresivo impuesto a la fuerza ante una amplia oposición popular por parte del Gobierno de coalición nacional del presidente Carlos Alvarado acabó el fin de semana pasado después de 89 días.

Inicialmente involucrando a todo el sector público de Costa Rica y ocasionando marchas de masas con sectores más amplios de la clase obrera y la juventud durante septiembre —docenas fueron arrestados y un joven, Antuán Serrano de 17 años, fue asesinado por oficiales policiales—, la huelga fue continuada después de octubre virtualmente solo por el magisterio.

Fue la huelga más larga en la historia del país y marco una nueva etapa en el crecimiento de la oposición social y la lucha de clases. Al mismo tiempo, demostró el callejón sin salida y el carácter traicionero sin límites de los sindicatos, los cuales traicionaron la huelga con la complicidad de sus socios pseudoizquierdistas —como el Frente Amplio incorporado en el Gobierno—, dejando a los trabajadores a enfrentarse solos a las represalias de administradores.

Según las cifras publicadas por el Ministerio de Educación Pública, la participación de los docentes comenzó en 93 por ciento, cayó a 70 por ciento a principios de octubre y acabó en 51,8 por ciento, manteniendo la mayoría de los centros educativos cerrados.

Un tribunal laboral declaró ilegal la huelga de los docentes el 9 de octubre, afirmando que “no puede considerarse un movimiento pacífico” porque los manifestantes bloquearon calles. Fallos similares contra los trabajadores en otras instituciones públicas fueron utilizados por ministerios, municipalidades y los mismos sindicatos para intimidar a los trabajadores para que volvieran al trabajo con amenazas de despidos. Para el 12 de octubre, el Gobierno indicó que 98,5 por ciento de los trabajadores en huelga eran educadores.

“Nunca recibimos una declaratoria de ilegalidad, pero igual nos amenazaron con despedirnos. Los trabajadores se asustaron,” comentó al WSWS Francisco, un trabajador municipal en San José. “Luego, la ANEP [el sindicato] terminó la huelga. Lo hicieron a la fuerza, no nosotros, ni votamos. Ahora, la ANEP nos dice que, si recolectamos 500.000 firmas contra el plan fiscal, podemos cancelarlo”.

Bajo una inmensa presión de los maestros, los tres sindicatos del sector educativo —SEC, ANDE, y APSE— presentaron objeciones a la sentencia y un tribunal de apelaciones anuló la declaratoria de ilegalidad indicando que nunca se presentó evidencia para corroborar que las protestas no habían sido pacíficas, enviando el caso de vuelta a las cortes laborales.

Tan recientemente como el 29 de noviembre, después de que el SEC dejó el paro, 97 por ciento de los miembros de la APSE y una mayoría abrumadora en la ANDE votaron a favor de continuar la huelga. Sin embargo, los sindicatos estaban discutiendo abiertamente buscar “comprometer voluntades” con el Gobierno y “un adecuado cierre del curso lectivo”.

Una semana después, el 3 de diciembre, el Congreso aprobó el nuevo plan fiscal después de varias evaluaciones en las cortes. Ese día, los sindicatos enviaron una declaración que indicaba que “hemos perdido una batalla, pero no la guerra”. El siguiente día, se reunieron entre bastidores con el Gobierno.

La huelga aterró a la clase gobernante, llevándola a acelerar su expansión de las fuerzas policiales y a intensificar sus amenazas y presión sobre los sindicatos para que fueran más agresivos en suprimir la lucha de clases.

El 5 de diciembre, en medio de una escalada de ataques difamatorios por medios y oficiales del Gobierno contra los maestros, ANDE y APSE realizaron una votación sin discusiones previas o asambleas como un desesperado intento de acabar con la huelga antes de las vacaciones y antes de la declaratoria final de los tribunales.

Los maestros denunciaron en redes sociales la presión ejercida por los burócratas sindicales, quienes les decían que ya no había nada por lo que luchar y que se necesitaba un descanso para “recargar fuerzas”. La APSE incluso incluyó la opción contradictoria en la votación de rechazar cualquier acuerdo con el Gobierno y frenar la huelga, la cual recibió 58 por ciento de los votos. Más de una tercera parte votó a favor de continuar la huelga.

De esta forma, la ardua huelga de los 89 días finalizó.

La respuesta furiosa de los docentes fue inmediata, particularmente entre miembros de la APSE. Cientos de maestros inundaron las plataformas de redes sociales para denunciar el aislamiento y el engaño perpetrado por los sindicatos para poner fin a la huelga. Varios llamaron a los maestros a abandonar las tres burocracias.

“Ya no tiene sentido ‘juntos entramos, juntos salimos’”, escribió Diego en la página de Facebook de la APSE, “ayer dijeron que hoy definían democráticamente y no hubo asamblea, por qué la prisa, cuáles fueron los motivos para deponer a las puertas de la declaratoria definitiva”.

Alejandro, otro maestro, comentó, “Deja mucho que pensar y un gran sinsabor. Ahora más criticados que nunca… El mismo sindicato en sus argumentos se contradice completamente. Un día dice es peligroso volver, otro día, volvamos. Las cosas no son así. Se debió esperar a que existiera una declaratoria en firme, volver antes fue vendernos”.

El nuevo plan fiscal constituye un ataque inicial para abrir las compuertas de una inundación de recortes sociales e impuestos regresivos, como parte de un diluvio similar a nivel global. La ley incluye nuevos impuestos regresivos de valor agregado, nuevas escalas que aumentan mínimamente los impuestos para los mayores ingresos y un conjunto de amplios recortes contra los empleados públicos. La medida más odiada es el nuevo impuesto de 1 por ciento sobre la canasta básica.

Sin embargo, también se consagra en ley mayores reducciones del gasto proporcionales al tamaño de la deuda pública. Mientras que las medidas especificadas en la nueva ley equivalen cada año a 1,2 por ciento del PIB, el Banco Central estima que el “ahorro” total de futuros recortes exigidos por el documento equivaldrán a 3,7 por ciento del PIB para el 2022.

El déficit público anual es del 7 por ciento del PIB y está compuesto mayormente por pagos de intereses a los buitres financieros —un desembolso que se ha duplicado desde 2012 y continúa aumentando exponencialmente a medida que aumentan las tasas de intereses internacionalmente y se devalúan ante el dólar las divisas de los mercados emergentes como el colón—.

Seguida por un 5,7 por ciento en Brasil, Costa Rica tiene la segunda mayor proporción en América Latina y el Caribe de la producción anual a manos de su clase obrera que va a pagar los intereses sobre la deuda pública, alcanzando un 3,97 por ciento del PIB en 2018. Casi la mitad del presupuesto del Gobierno Central del próximo año está asignado a pagar la deuda. Esta riqueza está siendo robada directamente de la clase trabajadora y transferida a las cuentas de los especuladores financieros extranjeros y locales.

Más temprano este mes, Moody’s predijo que, incluso con el nuevo plan fiscal, la deuda pública continuará aumentando rápido. Esta calificadora crediticia de Wall Street deja en claro que los inversores esperan recortes sociales mucho más profundos “que serán difíciles enfrentándose a la oposición popular y en un contexto de crecimiento desacelerado”.

La huelga en Costa Rica, el amplio apoyo popular que ganó y, más fundamentalmente, el resurgimiento de la lucha de clases por todo el mundo anuncian luchas aún más explosivas en el periodo siguiente.

Una encuesta de la Universidad de Costa Rica publicada el 21 de noviembre halló que, por primera vez en cinco años, los principales agravios sociales son el alto costo de vida y el temor sobre la economía, con 83,3 por ciento de los entrevistados respondiendo que perciben negativamente la situación económica.

Muchos maestros y trabajadores se han referido en línea a los “chalecos amarillos” en Francia, “donde el pueblo se alzó”. Esto es porque las demandas y agravios de los trabajadores franceses son compartidos en Costa Rica y todo el mundo.

La huelga de 2018 en Costa Rica forma parte integral de un incipiente resurgimiento de las luchas de la clase obrera internacionalmente contra la desigualdad social, la austeridad, los ataques contra los derechos democráticos y el militarismo, cuya lógica empujará a los trabajadores hacia huelgas generales a través de sectores y continentes enteros y que presentaran un desafío directo al gobierno capitalista.

La lección esencial de la huelga de 89 días para los maestros y todos los trabajadores en Costa Rica es que la única manera de unir sus luchas dentro del país e internacionalmente es organizándose independientemente de los sindicatos, los cuales funcionan como agentes de la burguesía.

Solo una dirección marxista en la clase trabajadora, armada con el programa internacional, socialista y revolucionario por el que lucha el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, podrá garantizar la independencia política de la creciente resistencia entre trabajadores y jóvenes contra el capitalismo y conducirla en una dirección progresista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de diciembre de 2018)