El fin de semana pasado, los reporteros de WSWS hablaron con miembros de la caravana centroamericana que han estado esperando durante meses en la entrada peatonal oeste del cruce fronterizo o garita San Ysidro en Tijuana para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos comience a procesar sus casos de asilo.

El mes pasado, el ejército estadounidense y los agentes del CBP lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y granadas explosivas contra trabajadores desesperados y sus familias en el puerto de entrada de San Ysidro. Se estima que entre seis y siete mil inmigrantes de México y América Central se encuentran actualmente en Tijuana.

La mayoría de los miembros de la caravana hablaron de su temor a las pandillas de las que habían huido y pidieron que no se fotografiaran sus caras.

Guillermo, de 30 años, salió de Honduras con su esposa, su hijo de 12 años y su hija de 9 años, tras una amenaza de muerte de una pandilla local que lo había extorsionado y recientemente asesinó a dos de sus primos.

Las pandillas habían extorsionado su tienda de conveniencia exigiendo cada vez dinero, tanto que le quedaba muy poco a su familia. "No podía darles lo que querían". Un día de junio, Guillermo recibió la notificación de que, si no pagaba la cantidad exigida, lo matarían. Fue a su casa y le dijo a su esposa e hijos que se iban ese día.

Guillermo explicó que dos de sus primos hermanos, quienes vivían a solo dos cuadras de él, fueron asesinados por "maras", miembros de la pandilla MS-13, dentro del mismo mes. Ambos trabajaban para un servicio de taxi y la pandilla que los estaba extorsionando exigió más dinero.

Guillermo mostró a los reporteros de WSWS las fotos de los cuerpos mutilados de sus primos, que esperaba que ayudaran con la solicitud de asilo de su familia. Un hombre tenía un corte transversal largo a través de su abdomen, del que se habían extraído los intestinos, y otro había sido atado y dejado en un callejón para pudrirse, donde las autoridades lo encontraron.

Dijo a los reporteros que tuvo la suerte de recibir una advertencia, una que sus primos no habían recibido. "Eran familiares muy cercanos, tenemos suerte de haber salido", dijo Guillermo.

La familia ha estado en México por casi seis meses y solo llegó a Tijuana en el último mes. Mientras carecía de alimentos y suministros, Guillermo tuvo que encontrar trabajo en Chiapas por un tiempo antes de que la familia pudiera llegar a Tijuana.

Guillermo y su familia se han unido a una lista de miles, y han estado esperando que llamen su número en el Puerto de Entrada del Oeste en Tijuana hacia el sur de California. Expresó su frustración por recibir información contradictoria de asesores legales. "Hay algunos que nos dan esperanza y otros que lo hacen parecer imposible".

"Quiero que la gente en los Estados Unidos sepa que hay muchas personas buenas y trabajadoras aquí, que las acciones de una persona no representan a todos".

Manuel, un hondureño de 52 años, dijo a los reporteros que él y su hijo de 10 años habían estado en Tijuana por poco más de un mes y habían visto a funcionarios de inmigración atender a unos pocos cientos de personas en ese momento. "Cuando llegamos el 12 de noviembre, estaban en el número 1025, y un mes más tarde, solo están en 1308", dijo. Manuel, quien no quiso ser fotografiado, dijo que vendía perros calientes en un carrito en Honduras y que también estaba siendo extorsionado y amenazado por "maras", lo que motivó su viaje.

Una pequeña carpa fuera del puerto de entrada de San Ysidro ha estado tomando nombres y distribuyendo números a los recién llegados, quienes deben verificar a diario los números a los que se da servicio. Sin embargo, con el reciente cambio de sede del refugio a "El Barretal", una discoteca abandonada convertida en un refugio improvisado, a 35 minutos en coche del puerto de entrada, las verificaciones constantes son difíciles.

El Grupo Beta facilita las interacciones entre CBP y los recién llegados, que se compone de voluntarios que también son solicitantes de asilo y esperan que los funcionarios de inmigración llamen sus propios números. Una vez que se llame a su número, un voluntario independiente se levantará para reemplazarlos.

Los voluntarios migratorios que trabajan con Al Otro Lado y otras agencias, que brindan asesoría legal a la caravana en Tijuana, declararon que todo el sistema de contabilidad de números que usa la CBP infringe la ley internacional de asilo y refugiados y que es ilegal que EUA decida que solo se procesará un número determinado, actualmente 200-300 por mes.

“Los solicitantes de asilo deben poder presentarse en un puerto de entrada y hacer que se tramite su solicitud de asilo y se les conceda la entrada; es irrelevante si al final su caso es aceptado o rechazado. Por ley, se les debe otorgar una entrada segura mientras esperan los procedimientos”, explicó un abogado a un grupo de voluntarios.

"Les ayudamos a navegar a través del infierno ... les decimos que serán despojados, separados de sus hijos, mantenidos en Hieleras, alimentados con dos pequeños burritos congelados al día; si sus hijos estaban sanos, esperen que se enfermen allí”.

La semana pasada, Jackeline Caal, de siete años, murió bajo custodia de la CBP. Antelope Wells, la instalación de la CBP donde se había enfermado gravemente, no tenía personal médico y no estaba preparada para recibir refugiados en grupos familiares. Su muerte fue consecuencia directa de la represión punitiva y despiadada de los inmigrantes por parte de la Administración de Trump.

Separados de los padres y arrojados a prisiones migratorias bajo temperaturas heladas, las condiciones que enfrentan los migrantes y sus hijos son calibradas deliberadamente con el fin de maximizar su sufrimiento.

Doblegándose ante Trump, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya dejó en claro que México continuará impidiendo que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos. Washington y la Ciudad de México están negociando un acuerdo que obligaría a los centroamericanos solicitando asilo en los Estados Unidos a permanecer en México durante el proceso, también conocido como "Permanecer en México".

Los defensores y asesores legales advierten que una política de "Permanecer en México" permitiría a México convertirse en lo que se conoce como un "tercer país seguro". Esta designación permitiría a los funcionarios migratorios en el futuro indicar que el asilo en los Estados Unidos ya no es necesario si tienen "seguridad" en México.

Solo durante los primeros tres meses del año en México, se reportaron 7,667 asesinatos, un promedio de 85 por día, según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNESP).

Casi 28 millones de personas viven en la pobreza extrema en México, la mayoría en áreas rurales. La mitad de los 127 millones de residentes de México no ganan lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas, y uno de cada cinco sufre hambre. Más de la mitad de los niños de México viven en la pobreza, y un estudio de las Naciones Unidas encontró que el 14 por ciento de los niños sufre de retraso en el crecimiento como resultado de la desnutrición.

La cruda realidad que se evita en toda la cobertura de la caravana centroamericana es que hay miles de mexicanos, particularmente de áreas rurales, que buscan asilo en los Estados Unidos, que huyen de las mismas condiciones que sus homólogos centroamericanos, y también han pasado interminables meses en Tijuana.

Los migrantes y sus partidarios en todo el mundo deben rechazar por completo el "trato" que están elaborando Trump y AMLO, que solo exacerbará la violenta represión de los inmigrantes en la frontera sur de México.

Solo un movimiento de la clase obrera internacional puede defender los derechos de los solicitantes de asilo. Entre las demandas de tal movimiento debe estar el paso seguro y la entrada legal para todos los participantes de la caravana en los Estados Unidos, la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y CBP, el desmantelamiento de la región fronteriza militarizada, la liberación inmediata de todos los inmigrantes detenidos en los Estados Unidos, la provisión de empleos, hogares, atención médica y oportunidades educativas para los participantes de la caravana y todos los inmigrantes, y un programa multibillonario para reconstruir Centroamérica que se pagará al expropiar la riqueza de los milmillonarios estadounidenses.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de diciembre de 2018)

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