Frente Amplio y Piñera sofocan huelga portuaria de 36 días en Chile

por Andrea Lobo
24 diciembre 2018

El viernes, el sindicato de los estibadores en la Terminal Pacífico Sur (TPS) en la ciudad chilena de Valparaíso finalizó una huelga de 36 días caracterizada por un enorme coraje y militancia frente a una represión brutal. Muchos trabajadores y simpatizantes insatisfechos colocaron barricadas y marcharon en la ciudad a lo largo del día.

El Gobierno derechista del milmillonario Sebastián Piñera y el partido pseudoizquierdista Frente Amplio, el cual gobierna la ciudad, trabajaron junto al sindicato para aislar a los trabajadores huelguistas en un momento en que la economía chilena y global se desaceleran y las movilizaciones sociales se intensifican dentro del país y por todo el mundo.

Más temprano este año, la empresa estatal Codelco anunció 1.700 despidos en la mina Chuquicamata y posiblemente miles más el próximo año en otras minas de cobre —la principal exportación chilena— lo que ha revigorado los llamados a huelgas. Este mes, trabajadores de la aerolínea LATAM, maestros de kindergarten de Integra y otros sectores también hicieron huelga.

En Valparaíso, prácticamente todos los 600 trabajadores portuarios están contratados bajo acuerdos “eventuales”. Dependen de turnos de ocho horas de frecuencia indeterminada por lo que no reciben un salario mínimo ni prestaciones del todo. En meses recientes, debido en parte a la fuerte caída en el comercio mundial, muchos trabajadores han pasado semanas e incluso meses sin ser llamados a trabajar.

La huelga comenzó el 16 de noviembre, cuando los trabajadores en dos estaciones decidieron hacer un paro. Poco después, habían paralizado un puerto encargado de transportar 55 por ciento de las exportaciones de frutas de Chile y muchos otros productos. La acción entró inmediatamente en conflicto con la conducción existente del sindicato, vista por los trabajadores como comprada por la gerencia. Esto los llevó a dejar de lado al presidente Roberto Rojas y a respaldar a Pablo Klimpel, el líder de una facción disidente, los Portuarios Unidos de Valparaíso (PUV).

Sin embargo, para la primera semana de la huelga, Klimpel ya estaba desechando las demandas de los trabajadores incluyendo un bono de 3 millones de pesos (US$4.400), un fin a la desregulación y pocos turnos, y un alto a la represión, incluyendo “listas negras”, de trabajadores militantes. Efectivamente priorizó el “derecho” de la empresa a lucrar, señalando que “obviamente todo es negociable” y sugiriendo que finalizaría el paro si tan solo la empresa se sentaba a negociar, algo que TPS rechazó hasta la cuarta semana.

Tan recientemente como miércoles, los trabajadores votaron de forma unánime contra una segunda oferta de TPS y el sindicato. El acuerdo incluía un bono de 75 mil pesos (US$100), una tarjeta de regalo de 250 mil pesos (US$360), una canasta de comida, la opción de un préstamo de 500 mil pesos (US$722) y un curso pagado sobre seguridad en el trabajo.

Los trabajadores inmediatamente dejaron la asamblea, furiosos y proclamando que el acuerdo era prácticamente igual al que habían rechazado el fin de semana anterior, describiendo sus aumentos marginales en el bono y el préstamo como una “miseria” y una “burla”.

Sin duda, muchos trabajadores vieron el carácter traicionero de la nueva dirección sindical, la cual expresaba optimismo cuando intentaba vender un acuerdo insultante tras otro, mientras Richard Von Appen, el presidente de la empresa que controla TPS, Ultramar, llamaba estas propuestas “regalos” y continuaba llamando la huelga “ilegal”.

El apoyo popular al paro en las calles de la segunda mayor ciudad del país y en las redes sociales fue sumamente extenso y crecía por todo el país. Las manifestaciones en solidaridad con los trabajadores, incluyendo marchas y bloqueos, fueron organizados por residentes de Valparaíso independientemente de los sindicatos.

Después de que varios trabajadores y oficiales sindicales recibieran amenazas violentas y la policía irrumpiera ilegalmente en las oficinas del sindicato el martes, realizando varios arrestos, la ira social estaba a punto de desbordarse.

Los estudiantes de varias facultades de la Universidad de Valparaíso (UV) habían estado protestando en apoyo de los trabajadores portuarios por varios días. El martes, la policía antidisturbios dispersó violentamente un “sillazo” o sentada en la UV. Ese día, estudiantes de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) votaron a favor de un paro en apoyo a los trabajadores y estudiantes de la UV.

El miércoles y jueves, los estibadores de Valparaíso siguieron protestando. Entre gritos de que “el Año Nuevo se celebrará con barricadas”, realizaron llamados a una huelga nacional en los puertos y otros sectores y exhibieron consignas exigiendo a la expropiación de los contratos de los puertos.

Más allá, después de que 11 otros puertos realizaran paros de dos horas en solidaridad con Valparaíso, los estibadores en varios de ellos comenzaron desde principios de la semana a salir en huelgas “salvajes” y colocar barricadas.

En temor, el Gobierno de Piñera intervino y decidió el jueves que pagaría un bono de emergencia de 700 mil pesos (US$1.000) para finalizar la huelga.

El sindicato convocó un voto improvisado a media noche el jueves y otro en las primeras horas del viernes, con varios reportes indicando que los trabajadores estaban enojados y muchos no pudieron votar. Entre los presentes, 200 votaron a favor y 40 en contra de la nueva oferta.

El sindicato oficialmente traicionó la huelga descartando las demandas hechas por los trabajadores, principalmente contra la precariedad laboral.

En el centro de esta operación estuvo el partido Frente Amplio (FA). Pablo Klimpel, líder del sindicato, tiene estrechos lazos con el FA y es abiertamente un simpatizante del alcalde de Valparaíso del FA, Jorge Sharp.

Sharp consintió a la represión por parte de los carabineros y, más allá de llamados simbólicos a mejorar las condiciones de los trabajadores, apeló varias veces al Gobierno de Piñera a “resolver este problema ahora”, refiriéndose a la huelga.

El 14 de diciembre, cuando estibadores, estudiantes y simpatizantes defendían barricadas en las calles porteñas, Sharp llamó a que “La Monera en su conjunto tome cartas con muchas fuerzas y ponga fin a este conflicto”.

El papel de Sharp, el Frente Amplio y sus compinches en los sindicatos en descarrilar la oposición social a instancias de los grandes grupos económicos demuestra que este flanco “de izquierda” relativamente nuevo de la élite política burguesa no es diferente al desarme político de los trabajadores durante el último siglo por parte de la socialdemocracia y el estalinismo. Más recientemente, se han asegurado de que las amplias privatizaciones, incluyendo concesiones portuarias, y los esquemas de desregulación llevados a cabo durante y desde la dictadura fascista y respalda por EUA de Augusto Pinochet permanezcan prácticamente intactos.

La semana pasada, Sharp reconoció hipócritamente que tres meses de ganancias de la terminal podrían cubrir el déficit de 9 mil viviendas en Valparaíso, pero que “los trabajadores tienen un deber y un rol, que es evitar que con sus acciones se vea perjudicada la ciudad”.

Frente Amplio y las burocracias sindicales, incluyendo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) controlada por el estalinista Partido Comunista, también se apoyan en varias organizaciones pseudoizquierdistas en su órbita que fomentan ilusiones en el FA entre trabajadores y jóvenes radicalizados.

La cobertura y el análisis provisto por el morenista Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) fue ampliamente seguido durante la huelga e incluso compartido en redes sociales por el sindicato.

El diario en línea del PTR, La Izquierda Diario, promovió a la nueva conducción del sindicato y romantizó la influencia política del Frente Amplio en la ciudad, escribiendo que “representa un universo que oscila entre 50.000 y 40.000 votantes”. Incluso declaró que los políticos y dirigentes del FA “podrían jugar un importante papel para poner en movimiento la fuerza social que necesitamos para derrotar a Von Appen y la represión”.

Tales declaraciones, sugiriendo que movilizaciones locales encabezadas por Frente Amplio —un partido plenamente incrustado en el Estado burgués a nivel local y nacional— podría “derrotar” un grupo financiero que administra miles de millones de dólares en activos por toda América Latina y al represivo Estado chileno, desafían toda lógica.

El jueves, el PTR denunció los esfuerzos de Sharp de querer “mediar” el conflicto y advirtió que Von Appen buscará deshacerse de trabajadores militantes tan pronto acabe la huelga, refiriéndose a cientos de despidos por la misma compañía después de una huelga en 2014. Pero agregó: “Sólo un infantil negaría la negociación y los ‘compromisos que en determinadas relaciones de fuerzas deben establecer los trabajadores” y que Frente Amplio todavía constituye un apoyo que “es evidente que los obreros no pueden rechazar”.

Tales concepciones se basan en un rechazo del papel revolucionario de la clase obrera y el socialismo. Lo que el Frente Amplio y las organizaciones morenistas tienen en común es que representan capas privilegiadas de la clase media, sedientas de que la élite financiera les entregue una mayor porción de las ganancias obtenidas de la explotación obrera. A cambio, ofrecen sus servicios suprimiendo la lucha de clases con un velo “izquierdista”.

La lección esencial de la huelga es que los trabajadores deben construir comités de base auténticamente obreros y democráticos, y organizados independientemente de los sindicatos nacionalistas y procapitalistas y toda la élite política. Su objetivo no es apelar a la CUT y a políticos burgueses, sino a sus mejores y únicos aliados: los millones de otros obreros en el país e internacionalmente que están irrumpiendo en la lucha de clases.

Hay que construir una nueva dirección política en la clase trabajadora bajo un programa socialista e internacionalista para luchar por el poder estatal y la expropiación de todas las mayores empresas y la riqueza de la oligarquía financiera chilena y global para colocarlas bajo el control democrático de la clase obrera internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de diciembre de 2018)