Tras la gran participación de manifestantes en Francia durante la octava semana de protestas de los "chalecos amarillos" (Gilets jaunes) el sábado pasado, el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció anoche en la televisión francesa la imposición de una ley extraordinaria para reprimir las manifestaciones. A partir de las medidas propuestas inicialmente por los neofascistas, propuso que los manifestantes se incluyeran en listas de subversivos del Gobierno y fueran sometidos a sanciones financieras.

Philippe admitió que las protestas de los "chalecos amarillos" expresan una ira social compartida por los trabajadores en toda Francia y, de hecho, en toda Europa. "Desde el principio, en las declaraciones de los ‘chalecos amarillos’, hubo demandas de un mayor poder adquisitivo, representando a los franceses que se sintieron olvidados e ignorados", declaró.

Pero a pesar de esta admisión, Philippe enfatizó que su Gobierno no cambiará su política ampliamente odiada, sino que buscará suprimir el movimiento al poner obstáculos adicionales al derecho de manifestarse y al fortalecer el vasto aparato policial para su uso contra la población.

Anunció que los manifestantes serían registrados en una lista para prohibirles hacer manifestaciones, utilizando un método similar a la "tarjeta de barras bravas", que permite a la policía evitar que ciertas personas ingresen a los estadios de fútbol. Además, impondría sanciones contra las manifestaciones que no hayan sido registradas en la prefectura. "El Gobierno está a favor de cambiar nuestras leyes y castigar a quienes no respetan esta obligación de reporte [registro]", declaró.

Philippe también propuso medidas para permitir que la policía imponga penas severas a los manifestantes. “Para los que vienen con capucha (cagoulé), hoy es una fechoría; mañana debe ser un crimen. Deben ser los matones los que paguen y no los contribuyentes", dijo. Agregó: “No podemos aceptar que algunas personas aprovechen estas manifestaciones para realizar disturbios, para romper y quemar cosas. Estas personas nunca tendrán la última palabra en nuestro país".

El primer ministro anunció una movilización masiva de la policía, comparable a la de principios de diciembre en 2018 que cerró el centro de París. Declaró: "El equipo especializado utilizado por la policía, como vehículos blindados o cañones de agua, resultó ser efectivo. Por lo tanto, debemos considerar seriamente usarlos nuevamente y aumentar sus capacidades operativas”. Se comprometió a movilizar a 85.000 policías, reservas policiales de la CRS, gendarmes paramilitares y otras fuerzas el próximo fin de semana, especialmente en París.

Esto deja en clara evidencia la orientación antidemocrática del presidente Macron y de la Unión Europea que lo respalda. Frente al apoyo de los trabajadores a los "chalecos amarillos" y al rechazo generalizado de las políticas de austeridad a nivel europeo, Macron quiere imponer el dictado de los bancos por la fuerza. Los intentos de Philippe y Macron de hacerse pasar por defensores de la democracia para justificar la construcción de un Estado policial que pisotee la oposición de los trabajadores a la austeridad y la guerra no son más que mentiras hipócritas.

La prensa ha derramado un torrente de calumnias contra los "chalecos amarillos", clasificándolos como fascistas. Sin embargo, es Macron quien está llevando a cabo una política de extrema derecha. Las propuestas de Philippe repiten las demandas de la Alianza, el sindicato policial cercano a los neofascistas, para la siguiente manifestación del sábado. Estas medidas son para sofocar la ira social amenazando a los manifestantes con arrestos preventivos o multas exorbitantes.

El domingo, el secretario general de la Alianza, Frédéric Lagache, propuso que los manifestantes se registren "en el modelo de prohibiciones del estadio" (“la tarjeta de barras bravas"). Pidió que el uso de una capucha en las manifestaciones se castigara como delito y que se impongan "penas más severas" a los manifestantes.

Al proponer un aumento significativo en las medidas represivas, el sindicato alterno de la policía, el CFDT, se opuso a algunas de las propuestas presentadas por la Alianza neofascista. Criticó la propuesta de registrar a los manifestantes como "inútiles y contraproducentes". La declaración del CFDT declaró: "Un archivo administrativo sólo será inútil, excepto para identificar a las personas que podrían ser peligrosas durante las manifestaciones, pero carecería de poder coercitivo, antes de que se lleve a cabo una acción".

De hecho, la creación de un registro solo abre la puerta a arrestos preventivos, de carácter fundamentalmente ilegal, de personas que han disgustado a la policía por una u otra razón, antes de una manifestación en la que ni siquiera podían participar.

A pesar de los vínculos muy estrechos entre la CFDT y el Gobierno, Philippe y Macron han aceptado las propuestas del sindicato neofascista, Alianza.

Esto demuestra la exactitud del análisis realizado por el Parti de l'égalité socialiste (PES) cuando Macron fue elegido presidente en 2017. El PES afirmó que la cuestión decisiva era preparar un movimiento de trabajadores contra ambos candidatos: Macron y la neofascista Marine Le Pen, porque Macron no era una alternativa más democrática.

La cuestión central que plantea la radicalización de los trabajadores en el movimiento de los "chalecos amarillos" es la necesidad de movilizar a los trabajadores lo más ampliamente posible contra los intentos de establecer Estados policiales en toda Europa.

La declaración de Macron el noviembre pasado de que es legítimo honrar la carrera militar del mariscal Philippe Pétain, el dictador fascista que colaboró con la ocupación nazi, dejó en claro que está tratando de erigir un régimen autoritario, bajo el pretexto de “defender la República".

Desde la erupción del movimiento de los “chalecos amarillos”, las medidas policiales en toda Francia se están multiplicando rápido y volviéndose cada vez más reaccionarias y provocativa

A principios de este año, el departamento de policía de Somme en el norte de Francia adoptó un decreto que prohíbe el uso o transporte de equipos de protección respiratoria. Esta medida, la cual ilegalizó de la noche a la mañana el trabajo de los bomberos, médicos, enfermeras y la policía, está destinada a permitir que la policía detenga e interrogue a los manifestantes con máscaras antigás y confisque su equipo de protección.

Christophe Dettinger, el exboxeador que golpeó a los gendarmes durante una carga policial contra los "chalecos amarillos" el sábado, fue a la policía ayer acompañado por su abogado. Había sido objeto de una campaña histérica en los medios de comunicación y de una persecución por parte de la policía, que invadió su casa.

En un video publicado en línea antes de su rendición, Dettinger explicó sus acciones: "Quería avanzar hacia el CRS, cuando fui gaseado (...). En cierto punto, mi ira aumentó, y sí, reaccioné mal, pero me defendí, y eso es todo ... El pueblo francés, los ‘chalecos amarillos’, estoy incondicionalmente con ustedes, debemos continuar pacíficamente, pero por favor que continúe la lucha".

Ahora el Estado lo está amenazando con cinco años de prisión y una multa de €75,000, cuyo objetivo es ilegalizar que los manifestantes se defiendan contra la brutalidad policial.

El exentrenador de Dettinger, Jacky Trompesauce, comentó: "Christophe es un gran atleta, es un hombre respetuoso, no es un matón ... No podía soportar ver a los gendarmes perseguir a los más débiles que ellos. Creo que veo imágenes de mujeres siendo atacadas con gas lacrimógeno, tal vez su propia esposa; él tiene tres hijos. No lleva una capucha, solo tiene las manos desnudas. Él no es un buscapleitos”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de enero de 2019)