A lo largo de las dos últimas semanas, Madrid ha lanzado una incriminación judicial a los políticos y dirigentes nacionalistas catalanes en una farsa pública de juicio. Su acusación de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por organizar el referéndum sobre la independencia en 2017 es reaccionaria y no tiene fundamento.
Entre los acusados hay antiguos consejeros catalanes, la expresidenta del parlamento regional catalán y dirigentes de dos grupos proindependentistas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Nueve de ellos llevan más de 500 días en prisión preventiva y se enfrentan a hasta 25 años de cárcel por organizar un referéndum pacífico sobre la independencia de Cataluña respecto de España. La acusación más seria a la que se enfrentan es la de rebelión, es decir, intentar “violenta y públicamente” “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”.
El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) se opuso al referéndum catalán, pidiendo el voto por el “no” a una propuesta que habría dividido a los trabajadores de la Península Ibérica al formar un Estado catalán orientado a la reaccionaria Unión Europea (UE). Pero las imputaciones de Madrid contra los acusados son mentiras. Los independentistas catalanes buscaron obtener la independencia mediante un referéndum pacífico y negociaciones con Madrid, que reprimió brutalmente a los votantes proindependentistas.
Ahora, los medios españoles y el establishment político están azuzando un frenesí nacionalista en torno a versiones distorsionadas de varios acontecimientos. Uno fue la protesta del 20 de septiembre de 2017 en Barcelona, 10 días antes del referéndum y la represión policial que dejó a más de 1.000 personas heridas.
El 20 de septiembre, la paramilitar Guardia Civil arrestó a altos cargos catalanes y se puso a buscar en oficinas estatales pruebas de que el referéndum había sido organizado ilegalmente. La ANC y Òmnium convocaron congregaciones a las afueras de las oficinas. Más tarde esa noche, a medida que crecían las tensiones, el dirigente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Jordi Cuixart intentaron dispersar la multitud. Dos vehículos de la Guardia Civil fueron vandalizados, pero nadie resultó herido.
El jueves pasado, Cuixart testificó sobre estos acontecimientos. Al ser cuestionado por los fiscales públicos y el fiscal general del Estado —nombrado por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— rechazó las afirmaciones de que enfrentamientos menores constituían “un ataque continuado” a las pesquisas de los Guardias Civiles y un equipo judicial. Cuixart declaró que era una protesta legal. También declaró que habló con los Guardias Civiles a cargo de la operación, como se ve en un vídeo, así como con el consejero catalán de interior Joaquim Forn (también acusado de rebelión), y el jefe de la fuerza policial regional, los Mossos d’Esquadra.
A pesar de que hurgaron entre los correos electrónicos y los tuits de Cuixart, los fiscales no fueron capaces de mostrar que él instigó a la violencia.
Sánchez dijo que las autoridades solicitaron ayuda para abrir un corredor a través del cual el equipo judicial pudiera pasar, lo que se hizo: “Que esto era un asunto de orden público y no era mi responsabilidad”. Dijo que en ningún momento animó a “un levantamiento alborotado por parte de la gente ordinaria”.
Las acusaciones de que los funcionarios catalanes eran culpables de “malversación de fondos públicos” también son infundadas. El exministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien impuso un régimen de auditoría draconiana al gobierno catalán antes del referéndum para impedir que se utilizaran fondos públicos en su celebración, testificó que “el gobierno catalán … no tenía posibilidad de convocar el referéndum usando dinero público”. En esto, Montoro estaba repitiendo sus declaraciones públicas a las cortes.
Intentando mantener la credibilidad del juicio sin cometer perjurio, Montoro añadió una declaración vaga de que “no podemos descartar que hubiera acciones fraudulentas para organizar el referéndum”.
La burguesía española está usando el juicio para legitimizar su represión sangrienta del referéndum y dirigirse hacia una dictadura fascista rehabilitando al régimen fascista del siglo XX de Francisco Franco. Esto se ve en la manera extraordinaria en que el tribunal trata al nuevo partido franquista, Vox.
Funcionarios de Vox han aclamado públicamente al ejército de Franco en la Guerra Civil de 1936-1939, que empezó cuando lanzó un golpe contra un gobierno elegido en las urnas y terminó en una victoria fascista y matanzas masivas de cientos de miles de trabajadores y jóvenes de izquierdas.
También se autorizó a Vox a constituirse como querellante en el juicio catalán. Cuando exigió el testimonio de los miembros del partido Candidatura de Unidad Popular (CUP) Antonio Baños y Eulàlia Reguant, estos se negaron. Baños dijo, “No voy a responder por dignidad democrática y antifascismo”.
Sorprendentemente, se los multó con €2.500 a cada uno por adoptar esa postura.
La semana pasada, los tres altos cargos del gobierno del derechista Partido Popular (PP) que estaba en el poder durante la crisis del referéndum, todos defendieron la represión a los votantes. El expresidente del gobierno Mariano Rajoy, la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro del interior Juan Ignacio Zoido —todos testificaron. Acusaron a los nacionalistas catalanes de violencia sistemática en el otoño de 2017 y de usar a civiles como “escudos humanos” para alejar a la policía de los centros de votación. También negaron que hubieran estado a cargo de la represión policial.
Vox aprovechó esta ocasión para atacar a Rajoy por no usar el referéndum para imponer la ley marcial. Su secretario general, Javier Ortega Smith, le preguntó a Rajoy por qué no había aplicado el artículo 116 de la constitución —el estado de alarma, excepción y de sitio, que implica el uso del ejército— y en vez de ello solo suspendió la autonomía catalana, aplicando el artículo 155 de la constitución.
Rajoy, el principal arquitecto de un montón de leyes de Estado policial durante su gobierno de siete años, replicó cínicamente que “no quería interferir con las libertades individuales del pueblo”.
El juicio también ha expuesto la bancarrota y la impotencia de los nacionalistas catalanes. Su plan a lo largo de la crisis nunca pasó más allá de buscar llegar a un acuerdo con Madrid que implique la concesión de mayores poderes regionales para Cataluña. Pero Madrid no les ofreció tal trato, y en vez de ello tomó su bravata independentista como una oportunidad para aplastarlos y desplazar la política oficial hacia la extrema derecha.
El lehendakari Íñigo Urkullu, quien durante la crisis hizo de intermediario entre Rajoy y el presidente catalán Carles Puigdemont, le dijo al Tribunal Supremo que “Puigdemont no tenía intención de declarar la independencia”. Puigdemont implícitamente amenazó con hacerlo cuando Rajoy se negó a garantizar que no impondría el artículo 155 si se convocaban nuevas elecciones.
La expresidenta del parlamento regional Carme Forcadell dijo que la declaración de independencia del expresidente catalán Carles Puigdemont el 27 de octubre fue meramente simbólica. Dijo que esperaban contar con el apoyo de la UE, que respaldó la represión de Rajoy: “Nuestro movimiento siempre ha sido proeuropeo y creemos que la autodeterminación es nuestro derecho. La UE debería apoyarnos, no por la independencia sino por ejercer nuestros derechos”.
El exconsejero catalán de empresa Santi Vila declaró que “No fue un referéndum”, pero “Fue una importante movilización política”.
Estos acontecimientos constituyen una advertencia apremiante acerca del estado de la democracia española y europea. Que tal juicio farsa descarado pueda proceder sin provocar la organización de protestas de masas y la condena universal es una denuncia del sistema político. Es una exposición más de la impotencia del partido español pseudoizquierdista Podemos: a pesar de haber obtenido 5 millones de votos en las elecciones de 2016, no ha organizado ninguna oposición significativa.
La única fuerza que puede defender los derechos democráticos es la clase trabajadora, movilizada de manera independiente de toda la clase gobernante y contra esta.
Los autores también recomiendan:
La farsa de juicio a los nacionalistas catalanes y el peligro de la extrema derecha en España
15 de febrero de 2019]
(Publicado originalmente en inglés el 4 de marzo de 2019)