Washington anunció el lunes por la noche que retirará a todo el personal de su embajada de Caracas en lo que podría ser una señal de preparativos para una intervención militar directa de los Estados Unidos para consumar la prolongada operación de cambio de régimen desatada contra Venezuela.

"Esta decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia del personal diplomático de los Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de los Estados Unidos", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

Bajo presión para responder en una conferencia de prensa del Departamento de Estado el martes acerca de lo que Pompeo quería decir por "restricción", Elliott Abrams, enviado especial del Gobierno de Trump para el cambio de régimen en Venezuela, dijo que era "prudente sacar a esta gente" porque su presencia hace "más difícil para los Estados Unidos tomar las acciones que tenía que realizar para apoyar al pueblo venezolano".

Abrams también advirtió que se estaban preparando nuevas y más severas sanciones económicas contra Venezuela y que las sanciones secundarias, incluso contra China, eran otra opción que seguía "sobre la mesa".

Cuando se le preguntó si se estaba preparando una intervención militar y si el Gobierno de Maduro debería ver la declaración de Pompeo como una amenaza, Abrams, un exfuncionario del Departamento de Estado durante la Administración de Reagan que supervisó los crímenes de guerra en Centroamérica en la década de 1980 y fue condenado por mentir al Congreso sobre la operación ilegal para financiar la guerra terrorista de las “Contras" en Nicaragua, respondió que "seguiré diciendo, porque es verdad, todas las opciones están sobre la mesa".

Se negó a responder a una pregunta sobre cuáles opciones militares había elaborado el Pentágono para una intervención en Venezuela y dijo que sería "una tontería para mí ir más a fondo" explicando la naturaleza de la amenaza del Gobierno de Trump.

El Departamento de Estado de EUA también emitió una advertencia de viaje extraordinaria, instando a los ciudadanos estadounidenses a no visitar el país y ordenándoles a los que están de visita o residen allí que se vayan.

Venezuela rompió las relaciones diplomáticas con EUA después de que Washington instigara y luego reconociera la autoinvestidura el 23 de enero de Juan Guaidó como "presidente interino”. Guaidó es un legislador de derecha y un "activo" político desde hace mucho de EUA. Poco tiempo antes, fue instalado como presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición del país.

En respuesta, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó la retirada de todo el personal diplomático de los Estados Unidos. EUA sacó a todos los dependientes y funcionarios "no esenciales" de los EUA, dejando atrás un equipo mínimo.

El Gobierno venezolano respondió con enojo al anuncio de Pompeo e insistió en que había emitido una orden el lunes para que todo el personal restante de Estados Unidos abandone el país, dando un plazo de 72 horas desde que fracasaron las negociaciones entre los dos países sobre el establecimiento de oficinas de intereses —embajadas de facto que operan bajo la protección de un tercer país— para continuar relaciones diplomáticas mínimas.

El anuncio de Pompeo sobre el retiro del personal de Estados Unidos se produjo pocas horas después de que despotricara acaloradamente contra Venezuela y el “socialismo” durante una conferencia de prensa del Departamento, pero no dijo nada sobre el desalojo de la embajada de Estados Unidos.

En sus comentarios preparados, Pompeo describió a Cuba como el "verdadero poder imperialista" en el país y condenó a Rusia por los acuerdos conseguidos por su empresa petrolera estatal Rosneft en Venezuela y su suministro de equipo militar al Gobierno de Maduro, incluidos sistemas portátiles de defensa aérea.

La diatriba de Pompeo, un excongresista republicano de Kansas, expresó el objetivo primordial del imperialismo estadounidense de obtener un control irrestricto en manos de los conglomerados energéticos con sede en EUA sobre los yacimientos petroleros de Venezuela, los más grandes del planeta, así como su preocupación de que el costo de una intervención militar directa sea significativo.

La intensificación de las amenazas estadounidenses se produce en el contexto del evidente estancamiento de la operación de cambio de régimen en torno al intento de imponerle la instalación de Guaidó al pueblo venezolano como el presidente "legítimo" del país.

Un intento de desencadenar la caída de Maduro por medio de una falsa intervención de "ayuda humanitaria" en la frontera colombiana terminó en un fiasco el 23 de febrero después de que la oposición no movilizara ningún apoyo popular significativo. Al mismo tiempo, la acusación de los medios occidentales de que el Gobierno venezolano había prendido en llamas camiones repletos de dudosa "ayuda" fue expuesta como un acto realizado por pandillas organizadas por la oposición de derecha cuando lanzaban cócteles molotov a las fuerzas de seguridad venezolanas.

La operación de cambio de régimen orquestada por Estados Unidos ha intentado aprovechar el prolongado apagón que ha dejado sin energía eléctrica a al menos el 70 por ciento del país desde el jueves pasado. Los funcionarios del Gobierno declararon que el martes se había restablecido la electricidad en la mayor parte del país, las clases y el trabajo seguían suspendidos por cuarto día consecutivo el miércoles.

Pompeo, Abrams y el senador Marco Rubio, el republicano de derecha de Florida que ha desempeñado un papel importante en el establecimiento de la política latinoamericana del Gobierno de Trump, se han regocijado por el sufrimiento infligido al pueblo venezolano con el corte de luz y agua para millones de personas en 18 de los 23 estados del país.

El Gobierno de Maduro ha atribuido el apagón a un ataque cibernético organizado por el imperialismo estadounidense, que según afirma se dirigió al sistema computarizado de la presa Guri, que apagó sus turbinas. Si bien los funcionarios del Gobierno aún no han presentado pruebas concluyentes de un ataque, Caracas se ha comprometido a presentar tales pruebas a las Naciones Unidas.

Otros en Venezuela han declarado que la interrupción del suministro eléctrico en todo el país no fue el resultado de una intervención externa, sino de la falta de inversión y mantenimiento en el sistema eléctrico del país por parte del Gobierno, así como la pérdida de personal técnico clave que abandonó el país.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica, Ali Briceño, dijo a los medios de comunicación que una sobrecarga de energía provocó un incendio que destruyó tres líneas de alto voltaje que provocaron el cierre de la presa de Guri, y que el personal capacitado para enfrentar una crisis de este tipo ya no estaba allí.

En un artículo publicado por Forbes, Kalve Leetaru, miembro principal del Centro de Seguridad Cibernética de la Universidad George Washington y ex becario e instructor de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, escribe que la posibilidad de un sabotaje de la red eléctrica de Venezuela por parte de Estados Unidos "es en realidad bastante realista".

Las operaciones cibernéticas remotas rara vez requieren una presencia en el terreno significativa, lo que las convierte en la operación de influencia negable ideal", afirma Leetaru. "Dada la prolongada preocupación del Gobierno estadounidense con el Gobierno de Venezuela, es probable que EUA ya tenga una presencia profunda dentro de la red de infraestructura nacional del país, lo que hace que sea relativamente sencillo interferir con las operaciones de la red".

Continúa: “Los apagones generalizados de electricidad y conexión como el que Venezuela experimentó la semana pasada también son parte del libro moderno de jugadas cibernéticas. El cortar el suministro a la hora de máximo uso, asegurando un impacto máximo en la sociedad civil y un montón de imágenes mediáticas postapocalípticas, encaja perfectamente en el molde de una operación de influencia tradicional".

El artículo agregó que el envejecimiento del sistema de energía de Venezuela ofrecía un objetivo perfecto para tales operaciones "ya que la culpa de las fallas en la red generalmente recae en los funcionarios del Gobierno por no supervisar adecuadamente la infraestructura".

Mientras tanto, el presupuesto propuesto por la Administración de Trump para el año fiscal 2020 incluye $500 millones para ayudar a la "transición democrática" en Venezuela, bajo las condiciones en las que se espera que la financiación del Departamento de Estado para toda América Latina se reduzca en un 27 por ciento a solo $116 millones.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de marzo de 2019)