Ocho mineros murieron y otros tres apenas sobrevivieron después de que gases venenosos llenaran las galerías de una mina de oro informal en el cerro El Toro ubicado en los Andes del departamento norteño de La Libertad, Perú. Esta tragedia, que ocurrió el sábado pasado, es el resultado de la implacable búsqueda de ganancias por parte de los propietarios de minas informales, que operan a menudo sin licencias y que proliferan por miles en los Andes peruanos, desde la frontera con Ecuador en el norte hasta Chile en el sur.

La tragedia ocurrió el sábado pasado cuando los mineros, después de haber completado su trabajo, volvieron a ingresar a la mina para recoger sus pertenencias. Subyacente a la tragedia están las condiciones universalmente peligrosas en las que operan los mineros informales, sin observar las normas mínimas de seguridad dictadas por el gobierno central.

La mayor parte del sector minero de Perú involucra operaciones a gran escala y de capital intensivo que están en manos de empresas transnacionales asociadas con familias peruanas que han sido propietarias de minas durante décadas, invirtiendo miles de millones de dólares en Perú.

Tales inversiones son una prioridad para el gobierno burgués de Perú. Debido a su orientación hacia el capital internacional, el gobierno del presidente Martin Vizcarra, al igual que sus antecesores, ha ignorado las necesidades y las condiciones de quienes trabajan en pequeñas minas informales, muchos de los cuales son campesinos pobres que trabajan para un propietario que vive lujosamente a cientos de kilómetros de distancia en la capital, lima.

El gas tóxico que mató a los mineros emanaba de un ducto que se rompió como resultado de las actividades explosivas que causaron el colapso de un techo en otra mina cercana dentro del cero El Toro.

Alrededor del mundo, los mineros mueren por las mismas razones enfrentando las mismas condiciones peligrosas y la explotación por parte de los propietarios capitalistas. Estas últimas víctimas en Perú incluyen a Francisco Rondo Baca, Isaías Vásquez Serín, Orlando Valderrama Victorio, Ulises Narro Alva, César Contreras Tandaypan, Hhonatan Fumbajulca Anticona, José Sánchez Rodríguez y uno más aún no identificado.

Otros mineros y miembros de la comunidad en el área fueron los primeros en notificar a la policía y los funcionarios públicos de la ciudad para iniciar las operaciones de rescate. Uno de los familiares dijo: “Hemos tenido que sacarlos afuera, pero están muertos”.

César Rondo Baca, uno de los sobrevivientes, narró que cuando volvieron a ingresar a la mina comenzaron a sentirse mareados, sufrieron dolores de cabeza y perdieron el sentido del oído. Se salvó porque logró arrastrarse hacia la salida del túnel, que ocho de sus compañeros no pudieron hacer, quedándose en el socavón que se llenó de gases mortales.

Al llegar la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI), el fiscal Henry Espinoza Urbina de la capital regional, Huamachuco, se encontró con la negativa de algunos familiares de las víctimas que se oponían a las autopsias de sus muertos, argumentando que el propietario de la mina les había prometido una recompensa en caso de una tragedia mortal. Sólo tres fueron trasladados a la morgue en Trujillo, la capital del departamento.

El desastre que cobró la vida de ocho mineros es una tragedia que se repite casi todas las semanas en las minas informales del Perú. En particular, la mina El Toro es conocida como una de las más peligrosas en la minería ilegal. Los lugareños advirtieron que “la gente muere sepultada en socavones o por un balazo... En El Toro la muerte es cosa de todos los días”. Hace un mes, un minero murió y tres resultaron heridos cuando el techo de un túnel se derrumbó debido a la falta de medidas de seguridad.

Hay más de medio millón de mineros informales en Perú. Muchos tienen a la agricultura como su principal fuente de ingresos, pero cuando el precio de las papas, por ejemplo, baja, deben trabajar en la minería bajo condiciones en las que ponen en riesgo sus vidas.

La propuesta del ultra derechista economista peruano Hernando de Soto, fundador del Instituto Libertad y Democracia, y seguidor de los economistas Milton Friedman (fundador de la política económica monetarista) y Friedrich Hayek (de la escuela austriaca que defiende el liberalismo clásico), es que los mineros informales se formalicen obteniendo el título de sus propiedades. Esta política que él defiende también quiso aplicarla a las pymes (pequeñas y medianas empresas) pero los resultados empíricos desacreditaron a de Soto, cuando se dio a conocer que las pymes terminaban favoreciendo al gran capital por el alto porcentaje de quiebras registrado y los banco apropiándose de sus activos.

Carlos Sánchez, cuyo hermano Gilmer José Sánchez Rodríguez pereció dentro de la mina, exigió justicia: “Mi hermano falleció en la mina. A nosotros nos avisaron el dueño de la contrata, y nos fuimos a la boca de la mina y recogimos el cuerpo de mi hermano. Nosotros pedimos que cierren esa mina, ya hay muchos muertos y todo queda impune. Pedimos justicia”.

Durante decenas de años, estas palabras de exigencia "que cierren esa mina" y "pedimos justicia" han caído en los oídos sordos del estado burgués centralizado en Lima, la capital del Perú.

La minería informal en Perú, y lo mismo puede decirse de Ecuador, Bolivia y Chile, es el resultado de la pobreza, la corrupción de los funcionarios públicos y el hambre implacable de riqueza a expensas de las vidas de los mineros. Sobre todo, el estado capitalista en muchos países latinoamericanos limitó su presencia a la capital y otras grandes ciudades, ignorando las necesidades de los nativos de ascendencia Inca y Aymara que pueblan las áreas rurales. Los propietarios de las minas operan sin respetar las condiciones de seguridad porque saben que es fácil sobornar a los inspectores públicos, quienes reciben salarios de pobreza del gobierno.

La indiferencia hacia la vida humana se refleja en un artículo publicado en Minería, la revista del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En la portada se encuentra una foto del gerente general de la empresa principal que opera minas de oro en el cerro El Toro, Jaime Polar, flanqueado por las banderas de Perú y la empresa. En una entrevista realizada hace un año y medio, Jaime Polar indicó que unos 5,000 mineros ilegales explotan los campos de oro de El Toro.

El Toro es propiedad de la Corporación del Centro Sociedad Anónima Cerrada (CDC Gold), una compañía minera peruana incorporada en 2010, que alberga siete concesiones mineras y tiene reservas de 700,000 onzas de oro, según un informe técnico realizado por SGS Canadá en octubre de 2014.

Este reportero llamó a la sede de CDC Gold en Lima y solicitó información sobre si la tragedia ocurrió en una de sus minas. CDC Gold se negó a confirmar o negar su participación, negándose a proporcionar información alguna.

En la entrevista con la revista Minería, Jaime Polar afirma que “En lo que constituye un ejemplo de transformación de una zona donde operaban más de 5 mil mineros ilegales en una futura operación de clase mundial”. Este es un intento transparente de poner buena cara ante inversionistas nacionales y extranjeros que leen la revista, mientras que en el terreno la informalidad continúa porque operar ignorando las vidas y la seguridad de los mineros, mientras les paga salarios miserables, es la forma más lucrativa.

El Toro, rico en oro, ha visto conflictos entre los propietarios de CDC Gold y los residentes locales de la región. En mayo del año pasado, la revista Energiminas informó que durante varios días, comuneros “bloquearon la vía de ingreso a la minera El Toro, en Huamachuco, tras exigir que se les brinde empleo, se contrate personal de la zona y se cumpla con los compromisos de pago a sus proveedores.”

(Publicado originalmente en inglés el 3 de abril de 2019)