La dictadura del general Abdelfatah al Sisi, respaldada por Estados Unidos, ha condenado a muerte a 2.443 personas desde que llegó al poder en un sangriento golpe de Estado en 2013, según un informe publicado esta semana por el grupo Reprieve de derechos humanos del Reino Unido.
De los condenados a morir por ahorcamiento, 2.008, o el 82 por ciento del total, fueron condenados por delitos políticos.
Un índicede penas de muerte que rastrea el uso de la pena de muerte en Egipto e identificó a aquellos ejecutados registró casos hasta el 23 de septiembre de 2018, cuando 77 de los que se encontraban en los abarrotados pabellones de la muerte del país se enfrentaban a una ejecución inminente como resultado de condenas en juicios penales. Desde entonces, al menos seis de ellos han sido ejecutados.
En total, 144 personas han sido ejecutadas por el régimen egipcio en los últimos cinco años. Esto se compara con una sola ejecución llevada a cabo entre la revolución de 2011 que derrocó los 30 años de dictadura de Hosni Mubarak respaldada por Estados Unidos y el golpe de Estado del 3 de julio de 2013 dirigido por el general Sisi contra el Gobierno electo del presidente Mohammed Morsi. Durante este mismo intervalo, los tribunales egipcios recomendaron un total de 152 sentencias de muerte, en comparación con las casi 2.500 emitidas desde entonces.
Las sentencias de muerte, en muchos casos, se han dictado en juicios en masa en los cuales los acusados son llevados ante tribunales militares en los que se les niegan todos los derechos elementales a un juicio justo, incluido el derecho a presentar una defensa individual, representación legal, asesoramiento y la capacidad de llamar o examinar testigos.
La línea industrial de asesinatos estatales en Egipto comienza con un arresto arbitrario seguido de un período de "desaparición forzada" en el que los presos se encuentran incomunicados sin cargos y son sometidos a horribles torturas hasta que se someten a la firma de una confesión. Luego son llevados a jaulas en cortes militares junto con docenas, si no cientos, de otros.
Bajo la "Ley de la Asamblea" del régimen, se puede juzgar a un número ilimitado de acusados en base a la teoría de que estaban involucrados en una "empresa conjunta" en la presunta comisión de un delito por una sola persona. Esto ha permitido la aplicación de la pena de muerte a miles de personas cuyo único crimen ha sido participar en protestas pacíficas contra el régimen.
Los niños han sido sometidos a este mismo tratamiento, siendo enjuiciados por sus vidas junto con los adultos. El informe de Reprieve encontró que al menos 12 de los condenados a la horca eran niños en el momento de sus arrestos, rodeados, juzgados y sentenciados en flagrante violación del derecho internacional. Miles de estos niños han sido arrestados ilegalmente desde el golpe de 2013.
Entre ellos se encuentra Ahmed Saddouma, quien fue arrastrado de su cama y sacado de la casa de su familia en las afueras de El Cairo por la policía egipcia en marzo de 2015. Fue detenido en régimen de incomunicación durante 80 días mientras sus padres lo buscaban desesperadamente. Durante ese tiempo, fue sometido a continuas torturas, golpeado salvajemente con barras de metal y electrocutado por todo el cuerpo hasta que firmó una confesión falsa.
"Es un juicio político basado en acusaciones falsas", dijo el padre del niño, Khaled Mostafa Saddouma, a Middle East Eye. "Vi marcas de tortura en su cuerpo, que dijo que sucedieron durante los interrogatorios".
A pesar de que el crimen al que confesó, el intento de asesinato de un juez tuvo lugar tres semanas después de que la policía lo hubiera detenido, fue declarado culpable y condenado a muerte en un juicio en masa de 30 personas. Parece que su único "crimen" real fue participar en una protesta junto con otros miembros de un grupo de fanáticos del fútbol conocido como los Ultras.
También fue condenado a morir Karim Hemeida Youssef a la edad de 17 años y mientras era un estudiante de secundaria, cuya sentencia del 22 de junio no se incluyó en los datos compilados por Reprieve.
Detenido en enero de 2016, también fue sometido a una "desaparición forzada" durante 42 días en los que fue torturado para que confesara haber participado en un ataque contra un hotel de El Cairo.
"Cuando negó los cargos, un oficial de seguridad lo electrocutó repetidamente por todo el cuerpo hasta que se vio obligado a confesar", dijo su padre a Middle East Eye.
Al menos 32 mujeres también han sido condenadas a muerte durante el reinado de Sisi, según Reprieve.
Las condiciones abismales en las prisiones de Egipto están reclamando más víctimas que la soga del ahorcado. Desde la llegada al poder de Sisi, al menos 60.000 personas han sido encarceladas por cargos políticos, en condiciones infernales de grave hacinamiento, falta de saneamiento y denegación de atención médica.
Según la Organización Árabe para los Derechos Humanos con sede en Londres, casi 800 detenidos han muerto en cárceles egipcias desde el golpe de 2013, la mayoría como resultado de negligencia médica.
"Las prisiones egipcias se han convertido en complejos de ejecución que se cobran la vida de sus detenidos al negarles el derecho a la atención médica que necesitan y proporcionar un entorno fértil para que las enfermedades y epidemias se propaguen dentro de los centros de detención debido a la falta de higiene, contaminación y hacinamiento", dijo el grupo.
Añadió que hasta el momento en 2019 se habían producido 20 muertes de este tipo, incluidos 15 detenidos por su oposición política al régimen.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad egipcias están llevando a cabo una violenta represión contra la población civil en la península norte del Sinaí, lo que equivale a crímenes de guerra, según un informe publicado el martes por Human Rights Watch (HRW).
El informe de 134 páginas documenta arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos extrajudiciales y desalojos masivos, así como asaltos aéreos y terrestres contra poblaciones civiles.
El informe señala que niños de tan solo 12 años han sido detenidos en barridos masivos de la región y recluidos en prisiones secretas.
El área está sujeta a un tratado de desmilitarización entre Egipto e Israel, pero el Gobierno israelí no solo ha permitido un despliegue militar masivo de Egipto, supuestamente como una campaña para erradicar el Estado Islámico de Irak y Siria, sino que también ha participado en ataques aéreos en la región.
El informe de HRW instó al Gobierno de Estados Unidos a "detener toda la asistencia militar y de seguridad a Egipto", al tiempo que indicaba que el apoyo de Washington al régimen lo implicaba en crímenes de guerra.
Washington es el principal apoyo de la dictadura manchada de sangre en El Cairo, con el Congreso de los Estados Unidos aprobando la solicitud del gobierno de Trump de $3 mil millones en ayuda al régimen de Sisi, con otros $1,4 mil millones en trámite para 2020.
Esta ayuda se destinó a la compra de aviones de combate F-16, tanques de batalla M1A1 Abrams, helicópteros de ataque Apache y Humvees, todos los cuales se han utilizado contra la población de la península del Sinaí. También se incluyen en este paquete las municiones de bombas en racimo, prohibidas por la mayoría de los países debido a sus efectos letales en las poblaciones civiles y, en particular, en los niños.
El Comando Central de los Estados Unidos también ha reanudado la "Operación Estrella Brillante", un importante ejercicio militar iniciado bajo la dictadura de Mubarak, que se enfoca en entrenar a las fuerzas egipcias para las "guerras irregulares".
El Departamento de Estado de EUA rechazó el informe de HRW e insistió en que la ayuda militar de EUA "ha desempeñado un papel central en el desarrollo económico y militar de Egipto, y en el fomento de la estabilidad regional”.
De manera similar, un portavoz del Pentágono insistió en que "la relación estratégica entre militares de Estados Unidos y Egipto se mantiene sin cambios".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien elogió al general Sisi durante su visita a la Casa Blanca el mes pasado por hacer "un trabajo fantástico en una situación muy difícil", anunció desde entonces que calificará formalmente a la Hermandad Musulmana, que respaldó al derrocado presidente egipcio Mohammed Morsi, como una "organización terrorista".
Esta clasificación de una organización que Washington utilizó durante un largo período en el Oriente Próximo para contrarrestar la influencia de las fuerzas políticas socialistas y nacionalistas de izquierda tiene el único propósito de legitimar el asesinato en masa que está llevando a cabo el régimen egipcio.
Washington respalda a Sisi precisamente por su papel en la supresión implacable del movimiento revolucionario de trabajadores y jóvenes que derrocó a Mubarak en 2011 y amenazó con extenderse por toda la región, socavando los intereses estratégicos del imperialismo estadounidense.
La represión policial-estatal emprendida por el régimen de El Cairo con el respaldo de Washington solo pospone un ajuste de cuentas revolucionario por parte de la clase obrera egipcia. Bajo condiciones en las cuales el 40 por ciento de la población subsiste con menos de $2 por día, mientras que la inflación y la eliminación de subsidios para satisfacer las demandas del Fondo Monetario Internacional están reduciendo los niveles de vida de las masas de trabajadores, es inevitable una nueva erupción de batallas de clase.
Los trabajadores que se alzaron en las fábricas textiles de las ciudades del Delta del Nilo, los puertos egipcios y el mismo El Cairo para derrocar a Mubarak, se verán impulsados una vez más al camino de la lucha. Las lecciones de la traición de la revolución egipcia de 2011 deben asimilarse y debe construirse una nueva dirección en la clase obrera como una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de mayo de 2019)