Los maestros en Honduras iniciaron una huelga general desde el jueves, y los estudiantes universitarios, doctores y enfermeros han llevado a cabo manifestaciones y huelgas parciales desde el 20 de mayo contra el Gobierno de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional (PNH).

Todas las regiones del país han visto bloqueos de calles, marchas y ocupaciones universitarias, incluyendo marchas de decenas de miles de personas el lunes y el martes en la capital del país, Tegucigalpa. La policía y los militares hondureños han respondido a casi todas estas manifestaciones con represión violenta.

Esto se produce después de una semana inicial de huelgas que inició el 26 de abril contra dos reformas propuestas que buscan privatizar la salud, las pensiones y la educación públicas. Las reformas están dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) e involucran la facilitación tanto de recortes al presupuesto como despidos masivos.

El lunes por la noche, un gran contingente protestó frente a la embajada estadounidense en Tegucigalpa como un reconocimiento de que los ataques sociales impuestos por la clase gobernante hondureña provienen originalmente de las juntas en Wall Street y Washington D.C.

En medio de un resurgimiento cada vez mayor de la lucha de clases internacionalmente, incluyendo a decenas de miles de docentes estadounidenses luchando en defensa de la educación pública, los sindicatos y partidos de oposición en Honduras han hecho todo lo posible para prevenir que los trabajadores apelen a sus hermanos y hermanas de clase en toda la región y particularmente en Estados Unidos para avanzar una lucha política común contra la austeridad social, la militarización y los ataques corporativos encabezados por el imperialismo estadounidense.

El 21 de mayo, cuando el movimiento de protesta comenzaba a asumir nuevas proporciones, el Sindicato de Empleados Públicos de Educación, los colegios profesionales magisteriales y de médicos anunciaron la convocatoria de una “Asamblea Nacional de las Plataformas Departamentales por la Defensa de la Salud y la Educación”, como una mesa de negociación para contener y encarrilar las protestas detrás de negociaciones con el oficialista PNH.

La prensa corporativa, junto con las organizaciones estudiantiles y pseudoizquierdistas, incluyendo aquellas que orbitan el ostensible partido de oposición Libre han promovido a la presidenta del Colegio Médico, la Dra. Suyapa Figueroa, como vocera de las protestas, citando sus condenas sobre la crisis social.

En una entrevista con CNN el viernes, por ejemplo, Figueroa manifestó, “En el sistema de salud no se han podido hacer cirugías. No ha habido incluso agua para poder revelar las radiografías. No ha habido agua para los quirófanos para poderse lavar las manos”. Sin embargo, pronto añadió que el movimiento de protesta era “apolítico” y que “en esta lucha hay mucha gente que pertenece al partido de gobierno como es natural y que nos está apoyando”.

No obstante, el Gobierno ha dejado en claro que responderá a cualquier desafío a los intereses de las élites financieras de Honduras e internacionales de una forma totalmente inflexible y despiadada.

Los ministros correspondientes anunciaron ayer sanciones y despidos contra maestros, además de cargos criminales contra personal médico y la contratación de remplazos.

Un nuevo código criminal que entró en vigor el 15 de mayo criminaliza las protestas en los términos más amplios con hasta cuatro años de cárcel y 15 años para los líderes y promotores. También establece penas de cárcel de entre 3 a 10 años por llevar a cabo abortos.

Durante la semana pasada, los docentes han denunciado repetidamente ante los reporteros y en redes sociales la presencia de las fuerzas especiales Tigres en la represión de los manifestantes. El lunes, los oficiales de la Policía Nacional y los letales Tigres fueron grabados acompañando a un agente en ropa particular intentando secuestrar sin éxito a dos maestros que buscaban refugiarse en un restaurante en Santa Cruz de Yojoa.

El 29 de abril, un oficial policial en ropa particular le disparó a un maestro en Tegucigalpa con municiones reales.

Las fuerzas especiales hondureñas desplegadas contra los trabajadores y jóvenes fueron entrenadas por los Boinas Verdes estadounidenses para “combate urbano”. En 2015, el Ejército estadounidense describió su entrenamiento: “Muchos periodos de instrucción se enfocaron en inculcarles los principios fundamentales de las batallas de cerca y saber cómo ejecutarlos en medio del caos que es el combate”. El comandante del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de EUA a cargo del entrenamiento, el coronel Christopher Riga, declaró durante la graduación, “Les prometo que, en algún momento, juntos, estaremos frente al objetivo matando a terroristas y traficantes de drogas juntos”.

La última década ha estado marcada por una represión sumamente mortal por parte de los militares y policías contra protestas masivas y activistas antigubernamentales en Honduras, quienes han intentado resistir el dramático deterioro en las condiciones de vida. Se ha comprobado que esta escalada de las medidas policiales-estatales para imponer ataques sociales fue el propósito del golpe militar orquestado por el Gobierno demócrata de Barack Obama en junio de 2009 para tumbar al presidente Manuel Zelaya.

Varios correos electrónicos publicados en 2010 por WikiLeaks mostraron que el Departamento de Estado bajo Hillary Clinton respaldó el golpe y utilizó la Organización de Estados Americanos para socavar la oposición de otros Gobiernos. Es precisamente la preparación de nuevos crímenes imperialistas, incluyendo el continuo respaldo del régimen asesino en Tegucigalpa, lo que está impulsando la persecución en marcha por parte de Washington del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y el encarcelamiento de la exespecialista del ejército que filtró dichos cables diplomáticos, Chelsea Manning.

El Congreso hondureño aprobó los proyectos de ley de educación y salud después de un mes de negociaciones entre el régimen y el Fondo Monetario Internacional, el cual aceptó un acuerdo de dos años que involucra una línea de crédito y políticas para “mejorar el marco de las políticas macroeconómicas, elevar la calidad del gasto público y fortalecer el estado de derecho”.

El paso inmediato anunciado por el negociador en jefe del FMI, Esteban Vesperoni, fue un préstamo de $311 millones al Gobierno hondureño, parcialmente para “rescatar” a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Irónicamente este dinero facilitará la completa “implementación de la Ley marco del sector eléctrico”, la cual privatizó la distribución energética en 2014. Vesperoni también ordenó “revisar el contrato con la [privada] Empresa Energía Honduras (EEH) para incorporar los incentivos necesarios”.

En 2016, en las palabras del gerente general de German García, “Toda la red de distribución del país se le entregó en fideicomiso al [banco] Ficohsa y nosotros ganamos esa licitación”.

El ejemplo de ENEE muestra el camino de las medidas aún sin anunciar en cuanto a la salud y la educación. El último préstamo se suma a cientos de millones de dólares más bombeados por el FMI en este periodo a través de una ENEE en bancarrota, cuya privatización ha enriquecido enormemente a la élite financiera hondureña e internacional—entregando tajadas a los acreedores en Wall Street a través del FMI. Otros beneficiarios incluyen al dueño de Ficohsa y milmillonario hondureño Camilo Atala, así como al magnate colombiano, Wiliam Vélez, el dueño mayoritario de EEH por medio de su grupo ETHUSS. Uno de los otros usos de estos fondos ha sido expandir el ejército hondureño, que se convirtió en uno de los principales deudores de ENEE.

En el último análisis, la clase obrera ha incurrido el costo de esto con más de 2.000 despidos y otras concesiones dentro de la ENEE, así como las constantes alzas de la tarifa eléctrica.

Miles más han sido despedidos bajo el Gobierno de Hernández en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Hondutel, la Empresa Nacional Portuaria, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y otras agencias públicas como parte de la campaña intensificada de privatizaciones y recortes sociales dictados por el FMI.

El Gobierno ha negado que las leyes de educación y salud resultarán en despidos masivos, pero ha expresado claramente su objetivo: “ahorrar” $300 millones. El grueso de este dinero irá a pagar la deuda pública a los buitres financieros y a fortalecer el aparato represivo. La destrucción del sistema de salud pública, incluyendo el robo directo de cientos de millones de dólares por parte del régimen del PNH bajo Porfirio Lobo, ya ha resultado en miles de muertes innecesarias y alimentado el negocio de las clínicas privadas.

Mientras expanden las filas de los superricos en Honduras, los efectos para la mayoría de la población han sido devastadores. La tasa de pobreza se ha disparado más del 10 por ciento desde el golpe de 2009, alcanzando aproximadamente a 70 por ciento de la población. Los economistas de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) pronostican que 110.000 personas más caerán bajo la línea oficial de la pobreza este año.

A pesar de la brutal represión a manos del Estado hondureño, las luchas contra estas condiciones intolerables, que a su vez generan miles de homicidios cada año por las guerras entre pandillas, seguirán creciendo y volviéndose más militantes.

Cientos de miles de educadores, doctores, estudiantes, otros trabajadores y campesinos de Honduras y la región continúan buscando condiciones más seguras y prósperas para ellos y sus familias migrando al norte en cara de las políticas antiinmigrantes de las Administraciones tanto demócratas como republicanas que han culminado en la militarización de la frontera, los insalubres campos de detención, la separación de familias y la gradual destrucción de los derechos al asilo por parte de la Casa Blanca de Trump.

El número de detenciones en la frontera entre EUA y México, en su mayoría migrantes del norte de Centroamérica, superó los 100.000 por mes en marzo y abril, casi duplicando los niveles récord en 2014.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de mayo de 2019)