El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, un demócrata, firmó el jueves una prohibición del aborto una vez que se haya detectado un latido fetal. La Cámara de Representantes del estado aprobó la prohibición el miércoles en una votación con apoyo bipartidista después de que el Senado estatal aprobara el proyecto de ley a principios de este mes.

Edwards dijo en una declaración: "Me postulé a gobernador como un legislador provida durante ocho años. Como gobernador, he sido fiel a mi palabra y mis creencias sobre este tema". En mayo de 2018, promulgó un proyecto de ley que prohíbe los abortos después de 15 semanas de embarazo.

Luisiana es el quinto estado en aprobar prohibiciones de abortos basadas en la detección de un latido fetal, luego de Georgia, Kentucky, Mississippi y Ohio. El proyecto de ley de Luisiana solo entrará en vigor si la legislación del vecino Mississippi no es bloqueada en los tribunales. El 24 de mayo, un juez federal emitió una orden judicial preliminar que impide que la ley de Mississippi entre en vigencia en julio.

El 15 de mayo, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, republicana, firmó una prohibición de aborto casi total que no establece excepciones para las mujeres o niñas que quedan embarazadas como resultado de una violación o un incesto.

En Misuri, hubo una manifestación el jueves contra la amenaza de cerrar al último proveedor de abortos del estado, la clínica de Planned Parenthood en St. Louis. El estado tiene una fecha límite para renovar la licencia de la clínica, con el gobernador republicano Michael Parson alegando que el departamento de salud había descubierto "numerosas violaciones a las leyes y regulaciones estatales" durante una inspección anual de las instalaciones en marzo.

A principios de este mes, Parson firmó el "Acta de Misuri por los no nacidos", que prohíbe los abortos a las ocho semanas de embarazo. Con todas estas medidas, los defensores que pretenden “proteger la vida”, de hecho, tienen como objetivo forzar a las mujeres a llevar a término embarazos no deseados o a recibir abortos en callejones, lo que representa un gran riesgo para la vida y la salud de millones de mujeres.

Afirmar que un feto es una "persona viva"

Estos ataques contra el derecho de las mujeres a obtener servicios de aborto y tener acceso a ellos son antidemocráticos y reaccionarios. Los partidarios de esta legislación intentan afirmar el principio religioso de que un embrión o un feto es una persona viva desde el momento de la fecundación.

Si se ratificaran, estas prohibiciones abrirían la puerta no solo al procesamiento penal de los proveedores de servicios de aborto, sino también al enjuiciamiento de mujeres por cualquier conducta que se considere potencialmente dañina para el feto. Si el feto se considera una "persona viva" desde la fecundación, un aborto podría considerarse un asesinato. En Luisiana, Misisipi Alabama, Georgia, Kentucky y Ohio, el homicidio conlleva una posible sentencia de muerte.

Al aprobar el proyecto de ley de Luisiana en una votación de 79 a 33, la Cámara de Representantes del estado rechazó una enmienda que habría proporcionado una excepción para las mujeres embarazadas víctimas de violación o incesto. Esto significa que una niña que ya ha sido traumatizada por la violencia o el abuso podría verse obligada a llevar un embarazo a término.

La única excepción a la legislación de Luisiana sería para los abortos necesarios para prevenir la muerte de una mujer embarazada o el "deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante", o si el embarazo es "médicamente futil" y el feto no sobrevivirá al nacimiento.

El Senado del estado de Luisiana aprobó la prohibición del aborto con enmiendas que incluyen un lenguaje que requiere un ultrasonido en busca de un latido. En las primeras etapas del embarazo, el latido del corazón no se puede detectar con una ecografía abdominal tradicional.

En estos casos, las mujeres que buscan un aborto probablemente se verían obligadas a someterse a una ecografía transvaginal invasiva, que puede detectar un latido embrionario tan pronto como a seis semanas, cuando la mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas. Si se detectara el latido del corazón, a una mujer se le negaría el derecho a un aborto. Los médicos que violen la ley podrían enfrentar hasta dos años de prisión.

La gran cantidad de proyectos de ley contra el aborto aprobados y presentados este año en los estados de todo el país, particularmente en el sur profundo, están siendo avanzados como un intento para presentar un caso ante la Corte Suprema de los EUA que desafíe el fallo histórico de la corte de 1973 en el caso Roe vs. Wade, que anuló las leyes estatales que penalizan el aborto.

Detrás de la amenaza contra el aborto

Todas estas leyes son inconstitucionales, no solo porque criminalizan el aborto y contradicen Roe v. Wade, sino porque elevan la doctrina religiosa a la política estatal en violación de la prohibición de la Primera Enmienda sobre el establecimiento de la religión. Una breve revisión de algunos de los partidarios de la legislación del "latido" revela que su postura contra el aborto coincide con puntos de vista de extrema derecha, evangélicos y anticientíficos igualmente reaccionarios.

Una de las principales promotoras detrás de los proyectos de ley del "latido" es Janet Porter, una activista contra el aborto y fundadora y presidenta de Faith2Action. En su sitio web, el grupo describe su misión como "combinar nuestras fuerzas y ganar en los temas que más importan. Faith2Action se trata de tener fe donde la batalla es más intensa, donde nuestras creencias y libertades basadas en la Biblia están en mayor riesgo” y brindan “formas proactivas, estratégicas y unificadas para promover la causa de Cristo y el reino de Dios”.

Porter fue una patrocinadora clave del proyecto de ley federal “Latido” (HR490) presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en enero de 2017. Durante una audiencia sobre la legislación ante el subcomité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, el patrocinador del proyecto de ley, el representante Steve King, republicano de Iowa, mostró una ecografía de un feto de 18 semanas y reprodujo el audio de su corazón. La oficina de King se jactó del espectáculo ofensivo. "Se cree que Miller [cómo King se refiere al feto], de 18 semanas de edad, es la persona más joven en ofrecer un testimonio ante una audiencia del Congreso".

King es conocido por sus puntos de vista ultraconservadores, supremacistas blancos y antisemitas. Se ha reunido con el político holandés de extrema derecha Geert Wilders, un defensor de la islamofobia. Apoyó a Marine Le Pen del entonces Frente Nacional en las elecciones presidenciales francesas de 2017, y ha elogiado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un opositor de los refugiados, la libertad de prensa y un falsificador de los crímenes de Hitler y el nazismo.

La legislación de Luisiana fue redactada por el senador estatal John Milkovich, un demócrata. Como vicepresidente del Comité de Educación del senado estatal, ha abogado por la enseñanza del creacionismo en las escuelas públicas. Afirmó que los arqueólogos y los científicos han verificado la historia original de la Biblia cristiana, y que un estudio de las rocas ha demostrado que la Tierra se creó en una semana.

Al subrayar las motivaciones claramente religiosas para el proyecto de ley, Milkovich dijo a principios de este mes: “Dios valora la vida humana, y también la gente de Luisiana. Creemos que este es un paso importante para desmantelar el ataque del cartel del aborto en nuestra próxima generación".

Un ataque al acceso al aborto

Si no se renueva la licencia de la clínica de Planned Parenthood en St. Louis, Missouri se convertirá en el primer estado del país sin clínicas de aborto. Pero otros cinco estados solo cuentan con una clínica: Kentucky, Misisipi, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Virginia Occidental, según el Instituto Guttmacher.

En 1996, había 452 clínicas en los EUA, según Guttmacher. Para 2005, ese número se había reducido a 381, y para 2014, a 272. La disminución se debió a más restricciones a los derechos de aborto, a las onerosas regulaciones impuestas a los proveedores de servicios de aborto y a amenazas contra médicos y otros trabajadores de la salud.

El derecho al aborto, sin embargo, no será defendido por el Partido Demócrata, ni lo hará elevar a más mujeres a altos cargos políticos, como lo demuestran el gobernador Edwards en Luisiana y la gobernadora Ivey en Alabama.

La defensa del derecho al aborto es una preocupación de la clase trabajadora, y de las mujeres de clase trabajadora en particular, que tienen el mayor interés, tanto personal como financiero, en la defensa del aborto y los derechos reproductivos. Estos y todos los derechos democráticos solo pueden ser defendidos a través de una lucha de la clase obrera contra el sistema capitalista y todos sus representantes políticos.

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[17 de mayo de 2019]

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de mayo de 2019)