El Gobierno ecuatoriano del presidente Lenín Moreno ha llegado a un acuerdo con el Pentágono para permitir que el ejército estadounidense utilice San Cristóbal, una de las islas Galápagos, como una base militar.

Anunciado la semana pasada, el acuerdo ha provocado ira popular en Ecuador, donde es correctamente opuesto y visto como una violación grotesca de la soberanía nacional y la Constitución del país, así como una amenaza a uno de los sitios ambientales más atesorados y sensibles del planeta.

San Cristóbal, donde planea tener su base el ejército estadounidense, es la isla donde Charles Darwin tocó tierra por primera vez en su HMS Beagle en 1835. Localizada en la confluencia de tres corrientes oceánicas, susceptible a actividad sísmica y volcánica de forma continua y extremadamente aislada —a casi mil kilómetros de las costas ecuatorianas— la isla dio origen a formas únicas de vida animal. Esto incluye las iguanas terrestres, las tortugas gigantes y muchos tipos de pinzones, los cuales inspiraron la teoría de la evolución por selección natural de Darwin.

Designado por UNESCO como un sitio del patrimonio de la humanidad y una reserva de biosfera, la isla se convertirá en una plataforma de lanzamiento para las operaciones predatorias y letales del militarismo estadounidense por toda América Latina. La base significará una amenaza directa a las vidas y la libertad de la población de la región, así como a la integridad ambiental de una de las áreas más invaluables de biodiversidad en el planeta.

Nada podría expresar más descaradamente el servilismo esclavista ante el imperialismo y la criminalidad abierta de las clases gobernantes capitalistas de América Latina.

Presumiendo sobre el acuerdo con el Pentágono, el ministro de defensa de Ecuador, el general retirado Oswaldo Jarrín, declaró: “Yo he mencionado que Galápagos es para Ecuador como nuestro portaaviones, es nuestro portaaviones natural, porque nos asegura permanencia, reabastecimiento, facilidades de interceptación y está a mil kilómetros de nuestras costas”.

Desde 2008, la Constitución ecuatoriana proclamó el país como “un territorio de Paz” y que “No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”. Un año después, el país expulsó al personal militar estadounidense de su base aérea en Manta en la costa pacífica, con el cual había realizado vuelos de monitoreo bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas.

El ministro de Defensa de Ecuador previamente había exaltado el poderío del Pentágono, declarando, “lo que hacía, en su época, la base [de Manta], lo puede hacer ahora un solo avión, es por el avance de la tecnología que tiene solamente con la capacidad de una potencia como Estados Unidos”.

El avión al que se refiere es el Boeing 707, el sistema de alerta y control aerotransportado (AWACS, por sus siglas en inglés), el cual tiene un rango de más de 4.500 millas náuticas. Volando a 9 mil metros de altura puede cubrir un área de 311.000 kilómetros cuadrados. Desde su base en Galápagos, esta poderosa aeronave podrá asistir en preparar una invasión de Venezuela, espiar al pueblo ecuatoriano en sí o incluso rastrear el flujo al norte de migrantes centroamericanos. La acompañará una aeronave Lockheed Orion P3, desarrollada durante la Guerra Fría para seguir los submarinos nucleares soviéticos.

La base estadounidense tiene un inmenso significado geoestratégico. Washington ha busca establecer bases ahí desde 1911, tres años después de completar el canal de Panamá. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense estableció una base en Baltra, una pequeña isla en Galápagos, donde colocó 2.500 tropas, aviones de guerra y activos navales con el propósito de vigilar el acceso al canal desde el Pacífico, en oposición a Japón y Alemania.

Hoy día, el Pentágono tiene aviones militares espías a lo largo del este del Pacífico en el contexto de una guerra comercial escalonada y preparativos militares dirigidos a prevenir el auge de China como un competidor económico y geoestratégico.

Ecuador es un campo de batalla importante en este creciente conflicto entre “grandes potencias”. Washington ha señalado las inversiones chinas y los $6 mil millones en deuda ecuatoriana con China como síntomas de la injerencia intolerable de Beijing en el “patio trasero” del imperialismo yanqui.

El Gobierno del presidente Moreno ha hecho lo posible para someterse a las demandas de Washington. Los acuerdos alcanzados en este ámbito —firmados, sellados y entregados durante una visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence a Quito hace un año— se han vuelto claros.

Ante todo, el Gobierno de Moreno abrió las puertas de su embajada en Londres en abril para que entrara un escuadrón de secuestros de la policía británica y arrastrara a Julian Assange afuera de la instalación diplomática donde había recibido asilo político desde 2012.

Moreno y sus secuaces alegaron que los británicos les habían ofrecido garantías de que el cofundador de WikiLeaks no sería extraditado a un país donde se enfrentaría a tortura, la cadena perpetua o la pena capital. Gracias a su traición, Assange se encuentra encerrado en la prisión británica de máxima seguridad de Belmarsh en condiciones equivalentes a tortura, mientras que el ministro del Interior ya firmó la solicitud de extradición de EUA, donde el periodista encara 18 cargos criminales, incluyendo varios bajo la Ley de Espionaje —que conlleva la pena de muerte— por exponer los crímenes de guerra y las conspiraciones criminales del imperialismo estadounidense.

Mientras tanto, Ola Bini, el programador sueco y amigo de Assange que reside en Ecuador, ha estado encarcelado sin cargos por dos meses. Las autoridades ecuatorianas indicaron que lo entregarán a interrogadores estadounidenses.

Esta transgresión del derecho de asilo, los principios democráticos y el derecho internacional en el caso de Assange ha ido de la mano de un realineamiento de la política exterior de Quito con la del imperialismo estadounidense. Moreno se está volviendo uno de los simpatizantes más entusiásticos de la operación de cambio de régimen de Washington en Venezuela.

En casa, el Gobierno de Moreno ha llevado a cabo un asalto infatigable contra los puestos de trabajo y niveles de vida de los trabajadores ecuatorianos, implementando diligentemente las medidas de austeridad exigidas por su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Tanto estos ataques como la traición de Assange han provocado protestas que han sido objeto de represión policial.

El bandazo hacia la derecha del Gobierno de Moreno en Ecuador es parte de lo acontecido en general con la disque “marea rosa”, es decir, la llegada al poder de varios partidos populistas y nacionalistas burgueses en América Latina. Esto ha visto la destitución del Partido de los Trabajadores y la llegada al poder del presidente fascistizante, Jair Bolsonaro, en Brazil; el reemplazo de la dinastía peronista de los Kirchner por el multimillonario derechista, Mauricio Macri, en Argentina en 2015; la intensa crisis del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, así como de Daniel Ortega en Nicaragua.

Este giro a la derecha en América Latina fue preparado por los Gobiernos identificados con el supuesto “giro a la izquierda” durante las dos décadas previas. Mientras empleaban una retórica nacionalista y “socialista” —contando con una promoción constante por parte de la pseudoizquierda en América Latina, EUA y Europa— no dejaron de ser Gobiernos controlados por la burguesía, la cual está comprometida con defender la propiedad privada y los intereses tanto del capital nacional como el extranjero.

Con el colapso del auge de las materias primas y los mercados emergentes que había permitido una postura más independiente en relación con Washington mientras introducían programas modestos de asistencia social en los países respectivos, respondieron con una intensificación en sus ataques contra la clase obrera. El resultado final fue el aumento de la hostilidad popular hacia estos Gobiernos, los cuales, ante la ausencia de un movimiento de masas, socialista e independiente en la clase obrera, dio paso al regreso de la derecha.

En Ecuador, este proceso político es personificado por su presidente actual. Lenín Moreno entró en la política como parte de una generación de estudiantes radicalizados que protestó contra el dominio en América Latina del imperialismo estadounidense y contra las dictadoras fascistas-militares que éste impulsó. Comenzó su carrera como miembro del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que emulaba la política nacionalista pequeñoburguesa y guerrillera del castrismo y el guevarismo.

Como muchos de los que participaron en estos movimientos nacionalistas, pequeñoburgueses y radicales en su juventud —incluyendo la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff—, Moreno abandonó hace mucho su radicalismo juvenil, convirtiéndose en un político despiadado al servicio del imperialismo y la oligarquía ecuatoriana.

Como exvicepresidente, Moreno fue seleccionado como sucesor por el presidente Rafael Correa, un autoproclamado partidario de la revolución bolivariana. A pesar de que Moreno emprendió viciosamente contra su antiguo socio político e implementó las políticas que han desplazado a Ecuador violentamente hacia la derecha, este proceso ya había comenzado bajo Correa.

Debe recordarse que fue Correa el que ordenó por primera vez restringir el acceso al internet de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en 2016 bajo presión de Washington después de la publicación de WikiLeaks de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata. Dos años antes, había transferido más de la mitad de las reservas de oro de Ecuador a Goldman Sachs para asegurar la confianza de los mercados financieros capitalistas.

La entrega de una base para el imperialismo estadounidense en Galápagos es otra confirmación marcada de que la defensa de los derechos democráticos, la superación de la pobreza y desigualdad generalizadas en la región y la expulsión del dominio imperialista solo se pueden lograr por medio de la movilización política de la clase obrera, independientemente de todos los partidos burgueses —incluyendo el PT en Brasil, el chavismo en Venezuela, el peronismo en Argentina y movimientos similares— con base en un programa socialista y la unificación de las luchas de los trabajadores latinoamericanos con las de los trabajadores en Estados Unidos, Europa y todo el mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de junio de 2019)