El domingo, Alejandro Giammattei, un doctor y reciente fundador del partido Vamos de extrema derecha, quedó electo presidente de Guatemala. Recibió el 58 por ciento de los votos frente al 42 por ciento de su rival también de derecha, Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza.

Como lo demostró la participación de solo 38 por ciento, la elección estuvo marcada por un desprecio popular hacia ambos candidatos, quienes son percibidos como representantes de la misma élite política corrupta y subordinada a Washington que ahora encabeza el presidente Jimmy Morales.

Los comicios, además, se vieron eclipsados por el enojo generalizado hacia el acuerdo de “tercer país seguro” impuesto por el Gobierno de Trump el 26 de julio por medio de amenazas de aranceles y sanciones económicas. El acuerdo obliga a los migrantes que intentan cruzar el país para llegar a Estados Unidos a permanecer y solicitar asilo en Guatemala.

El martes pasado, organizaciones estudiantiles y campesinas convocaron una huelga nacional, la cual estuvo acompañada por amplios bloqueos y marchas masivas a través del país, en oposición al acuerdo. Las protestas también han incluido ocupaciones estudiantiles de universidades y otras manifestaciones. Una encuesta de la Prensa Libre descubrió la semana pasada que el 82 por ciento de los guatemaltecos se opone al acuerdo.

La idea de que Guatemala pueda servir como “un tercer país seguro” es grotesca. El malestar latente ante la intolerable crisis social en el país se ve reflejada más claramente en la infatigable migración de cientos de miles de guatemaltecos, quienes constituyen la mayoría de migrantes que alcanzan la frontera entre EUA y México. Este flujo persiste a pesar de los peligros mortales que presentan las decenas de miles de soldados y campos de concentración inhumanos en EUA y México, para no mencionar los carteles mexicanos y el repudio efectivo de Washington de su derecho al asilo.

Giammattei basó su plataforma en promesas de intensificar la estrategia de “mano dura” supuestamente contra las pandillas, incluyendo la reimposición de la pena de muerte, así como en la construcción de un “muro de inversiones” a lo largo de la frontera norte con México para detener la migración a instancias del Gobierno de Trump. Esta expansión del Estado policial militarizado, que ahora también se utilizará contra los inmigrantes de países vecinos, tiene como blanco toda oposición de la clase obrera y el campesinado.

Al mismo tiempo, el temor de un movimiento de masas contra el imperialismo llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes de EUA, Nancy Pelosi, a visitar Guatemala el jueves con una delegación de una docena de otros legisladores demócratas. La visita, denunciada por algunos medios como “intervención” electoral, buscaba crear la ilusión de que una facción de la élite gobernante estadounidense se opone a las medidas antiinmigrantes de Trump, así como a las políticas derechistas de Morales.

Correspondientemente, la comitiva se rehusó a reunirse con Morales, mientras que la congresista de California y nacida en Guatemala, Norma Torres, les dijo a los medios que se opone a la designación de “tercer país seguro”. No obstante, Pelosi expuso su propia farsa comentando cínicamente que la delegación visitaría los centros de detención de migrantes en Texas, donde “observaremos cuáles cambios han ocurrido desde que aprobamos la última legislación que les envió miles de millones de dólares a estos centros”. Es decir, los demócratas votaron a favor de financiar los campos de concentración de Trump.

Este dinero también pagó por la barrida masiva la semana pasada en Mississippi, donde aproximadamente 200 migrantes de Guatemala, entre 680 trabajadores, fueron capturados en sus lugares de trabajo por la Gestapo de migración de Trump.

No obstante, el proceso más importante revelado por las elecciones es el aumento de la influencia de los partidos de la pseudoizquierda de la clase media, los cuales están conduciendo las protestas de vuelta a un aparato político burgués completamente putrefacto. El partido Winaq, la exguerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) aumentaron su representación en el Congreso de dos a ocho bancas.

Casi tres décadas han pasado desde que estas capas de intelectuales y activistas pequeñoburgueses nacionalistas y orientados al campesinado perdieron su apoyo masivo tras dejar las guerrillas y repudiar cualquier forma de lucha de clases. Se integraron en el aparato político burgués y prometieron sus servicios al imperialismo y sus títeres locales.

Bajo condiciones extremas, en que la caída en los precios de los productos básicos, las sequías, los robos de tierra respaldados por el Estado, las deportaciones masivas desde EUA y México y el recrudecimiento de una crisis económica han socavado los ya limitados medios de subsistencia en las áreas rurales y urbanas, la influencia de la pseudoizquierda pequeñoburguesa refleja un giro confundido pero importante hacia la izquierda entre los trabajadores, campesinos y jóvenes.

Thelma Cabrera, la candidata presidencial del MLP, el cual fue creado recientemente por su Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), recibió más del 10 por ciento del voto en la primera ronda, comparado con el 15 por ciento recibido por Giammattei y el 26 por ciento de Torres. Cabrera, una indígena maya-mam de 49 años, tenía proyectada la posibilidad de ganar si llegaba a la segunda ronda.

Esto se compara con el máximo de 3 por ciento recibido por Rigoberta Menchú, una ganadora del Premio Nobel de la Paz y fundadora de Winaq, bajo un programa nacionalista indigenista similar.

El programa del MLP propone la nacionalización de recursos naturales clave, un Estado capitalista “plurinacional”, mayores impuestos sobre la riqueza y la herencia, un aumento limitado en el gasto social, el reconocimiento de las tierras colectivas al lado de las tierras privadas, y algunos límites a las extensiones de terrenos.

A pesar de ser más conservadoras que la reforma agraria implementada por el Gobierno liberal burgués de Jacobo Árbenz hasta su derrocamiento por la CIA en 1954, incluso las demandas del MLP exigirían un desafío directo y, en última instancia, la abolición del latifundismo y una irrupción en los intereses de propiedad de las transnacionales que controlan el sector minero y cuentan con el respaldo directo de las potencias norteamericanas y europeas.

Según la ONU, el 2 por ciento de propietarios en Guatemala controla el 47 por ciento de la tierra mientras el 92 por ciento de propietarios tiene solo el 22 por ciento de la tierra.

Lejos de desafiar la propiedad capitalista y el latifundismo, la campaña de Cabrera se concentró en resaltar que sus mayores atributos son ser una “mujer mam”, destacando consignas indefinidas burguesas como “elijo dignidad”.

La población indígena guatemalteca ha sufrido históricamente el borde más afilado de los cientos de años de saqueo colonial e imperialista. Hoy día, más del 80 por ciento vive bajo la línea oficial de pobreza, comparado con el 60 por ciento de la población general. Sin embargo, esta historia también ha demostrado que la lucha por sus derechos económicos y democráticos, incluyendo el derecho a desarrollar su cultura junto al acceso a las tecnologías agrícolas, salud y otros servicios modernos, no se puede avanzar apoyando a uno u otro sector de la burguesía nacional o las élites indígenas, cuyas posiciones y privilegios provienen de sus lazos económicos y políticos con el imperialismo y la oligarquía local y terrateniente.

La función del MLP es encarrilar la creciente oposición entre el campesinado pobre detrás de la política burguesa, mientras utilizan el nacionalismo indigenista y la política de identidad basada en género para enfrentar a los trabajadores unos contra otros y enmascarar el carácter derechista del partido.

En una entrevista en junio con Nómada, Cabrera respondió a “¿Cuál es su ideología?”, indicando, “No queremos decir que somos de izquierda, pero somos antineoliberales, anticolonial y antipatriarcado”.

Con estas consideraciones en mente, el diario burgués británico Guardian escribió un artículo promoviendo su candidatura, intitulado: “Thelma Cabrera, indígena, mujer y estremeciendo la elección guatemalteca”.

Desde fines de la guerra civil, Codeca —tras participar en la formación de las guerrillas de la URNG— ha trabajado junto a organizaciones estudiantiles, los partidos exguerrilleros y pseudoizquierdistas y ONG para contener cada crisis de gobierno burgués, de este modo defendiendo a la misma élite gobernante que presidió la guerra contrainsurgente respaldada por EUA que involucró el asesinato de miles de jóvenes y trabajadores radicalizados y el genocidio de cientos de miles de campesinos mayas.

Más recientemente, cuando movilizaciones masivas de 2015 forzaron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, estas fuerzas encauzaron las tensiones sociales detrás de apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual había investigado la corrupción bajo Pérez Molina. Asimismo, se unieron a la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que también incluía a grupos estudiantiles, docenas de organizaciones pseudoizquierdistas, cámaras empresariales y partidos burgueses.

Al conducir el movimiento de protesta detrás de estos callejones sin salida, la clase gobernante pudo controlar las manifestaciones. Esto permitió al Gobierno de Obama a “deslizarse del escepticismo a simpatía por los movimientos en la plaza, particularmente el foro de la Plataforma”, como lo describió el panfleto “Conferencias de la crisis de 2015” del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés). Esto fue seguido por el reemplazo casi sin contratiempos de Pérez Molina con su vicepresidente ultraderechista, Alejandro Baltazar Maldonado, y por las elecciones de dos otros títeres del imperialismo estadounidense, Jimmy Morales y ahora Giammattei.

La orientación sistemática hacia la CICIG, creada por el Departamento de Estado de EUA para utilizar casos selectos de corrupción como presión sobre la élite local, expone a Codeca como otra agencia servil al imperialismo. Su fundador, Mauro Vay Gonón, ha reconocido que recibieron fondos de los Gobiernos de Noruega y Suiza.

En su viaje a Guatemala, la legisladora estadounidense Norma Torres derramó lágrimas cuando exigía que la CICIG, “que hemos respaldado con fondos y moralmente”, pueda reanudar sus actividades después de que Morales la expulsara del país. Por su parte, Giammattei también declaró que “La CICIG se acabó”.

El saqueo de Guatemala como una plataforma barata de mano de obra y recursos naturales por parte de las corporaciones transnacionales y la transformación del país en un campo de concentración militarizado por parte del imperialismo no pueden ser resistidos por medio de organizaciones nacionalistas de ningún tipo. Todas se han vuelto sirvientes abiertos del imperialismo desde el final de la guerra civil en 1996.

Sin embargo, este periodo también fue testigo del crecimiento objetivo de la clase obrera y de sus lazos con los trabajadores de toda la región e internacionalmente. La población urbana ha crecido de 5 millones a 9 millones, volviéndose mayoría el año pasado; casi la mitad de los guatemaltecos reporta tener por lo menos un familiar en Estados Unidos; y las nuevas industrias como de autopartes y de electrónicos que están fundidas en cadenas de producción globalizadas se han expandido. Es precisamente esta poderosa fuerza social la que debe movilizarse y organizarse independientemente de todo nacionalista burgués y pequeñoburguesa, sobre la base de un programa internacionalista y socialista revolucionario.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de agosto de 2019)