Un tribunal militar ha sentenciado a uno de los oficiales sindicales más conocidos de Venezuela, Rubén González, 60, a cinco años y nueve meses en prisión.

González, quien encabeza el sindicato de la empresa estatal CVG Ferrominera Orinoco, la única productora de cobre en el país, fue detenido junto a catorce otros oficiales sindicales el 30 de noviembre de 2018, después de participar en una marcha en la capital de Caracas exigiendo aumentos salariales para compensar por la hiperinflación. Los arrestos y la sentencia se basan en los decretos de “Estado de Excepción Constitucional” impuestos por el Gobierno de Nicolás Maduro. Estos decretos, impuestos en mayo de 2016 y renovados en septiembre de 2018, permiten que el Gobierno emplee ley marcial para “preservar el orden interno”.

El Gobierno de Maduro está enviando una señal de que suprimirá toda oposición social desde abajo contra la crisis intolerable que ha obligado a más de cuatro millones de venezolanos a huir en años recientes, según un reporte de julio de la ONU.

González tiene lazos con la oposición de derecha en el país y con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) financiada por Estados Unidos. En febrero de 2011, fue sentenciado por una corte civil a siete años y seis meses de prisión tras encabezar una huelga de 16 días protestando la violación de contratos. Denuncias y protestas amplias hicieron que lo liberaran cuatro días después.

La nueva imputación en una corte militar constituye un intento inequívoco de criminalizar la oposición creciente entre trabajadores y las masas empobrecidas.

El 8 de agosto, por ejemplo, una importante marcha de la Plataforma de Lucha Campesina, presuntamente acompañada por obreros en Caracas, que exigía apoyo a pequeños y medianos agricultores y denunciaba cientos de recientes asesinatos de activistas principalmente por grandes terratenientes, enfrent ó valientemente la represión de la Guardia Nacional.

Durante el evento, el cual fue ignorado por la prensa occidental corporativa, los manifestantes gritaban “contra el capitalismo y el sicariato” y “con represión no hay revolución”.

A principios de abril, ante grandes y prolongados apagones que Maduro atribuyó a ciberataques estadounidenses, los soldados y la policía de Venezuela reprimieron las manifestaciones desesperadas en barrios obreros. Esta ha sido la respuesta por defecto del Gobierno a bloqueos de calle y marchas cada vez más frecuentes.

El Observatorio Venezolano de Conflicto Social (OVCS) registró 10.477 protestas en la primera mitad del 2019, casi el doble que el mismo periodo en 2018. Hubo 61 manifestantes asesinados. Del total, 6.453 de estas protestas se basaron en demandas de servicios básicos, vivienda, comida, medicinas y derechos laborales, mientras que el resto se relacionaban a “participación política”.

La producción y el consumo de bienes básicos han retrocedido décadas, con la producción de maíz y arroz volviendo a los niveles de 1970 y la caña de azúcar a 1960, mientras que el consumo de carne y pollo se redujo 70 por ciento en el último año, según un reporte de julio de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios.

Más esencialmente, las medidas represivas demuestran el carácter de clase del Gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) bajo Maduro, así como el de los movimientos asociados con el dizque “giro a la izquierda latinoamericano”, todos los cuales han girado bruscamente a la derecha. Como todo otro Gobierno burgués, el régimen del PSUV emplea las fuerzas armadas y las cortes del Estado capitalista para proteger los intereses de propiedad y el dominio de la clase capitalista sobre la clase trabajadora que produce toda la riqueza social.

Asediado por el imperialismo estadounidense, Maduro ve su mayor enemigo en la lucha de los trabajadores por satisfacer sus necesidades humanas básicas. Al mismo tiempo, los sectores de la burguesía nacional y las cúpulas militares representadas por el régimen “bolivariano” están cada vez más ansiosas por terminar las sanciones estadounidenses para reanudar sus negocios con la oligarquía financiera estadounidense.

Hace exactamente dos años, Washington impuso sanciones económicas pesadas contra las exportaciones energéticas venezolanas, las cuales constituyen la principal fuente de moneda extranjera para importaciones vitales como comida y medicinas. Estas sanciones son directamente responsables de miles de muertes prematuras en Venezuela. Mientras tanto, el Gobierno de Maduro ha estado sosteniendo charlas herméticas a las espaldas de los venezolanos ordinarios con el imperialismo estadounidense, por medio de los golpistas de la CIA encabezados por Juan Guiadó. El único propósito de estas reuniones no es resolver la crisis social, sino alcanzar un compromiso que garantice los privilegios de la camarilla de Maduro mientras se le da poder a un régimen aún más despiadado y controlado directamente por el Departamento de Estado y el Pentágono.

El 6 de agosto, el Gobierno de Trump implementó nuevas sanciones que prohíben cualquier negocio de entidades estadounidenses con el Gobierno venezolano, mientras le dictó a representantes de 59 países en una reunión el mismo día en Perú que también cumplieran con el bloqueo. “Quiero dejar claro que esta orden ejecutiva general autoriza al Gobierno estadounidense a identificar, poner en la mira e imponer sanciones a cualquier persona que continúe dando apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”, declaró el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, en Perú.

En una entrevista en los márgenes de la cumbre, el enviado especial estadounidense sobre Venezuela, Elliot Abrams, aludió de forma amenazante a la invasión estadounidense de Panamá en 1989-1990 para derrocar al Gobierno de Manuel Noriega tras un bloqueo económico similar.

El siguiente día, Maduro suspendió sus negociaciones en Barbados con los representantes golpistas del golpe dirigido por EUA. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición en las negociaciones, Stalin González, lamentó que “ya habíamos entrado en aguas profundas, había una propuesta en mesa, por eso se paran”. No obstante, Guaidó reportó el martes que mediadores noruegos continúan reuniéndose con los representantes de Maduro, sugiriendo que las negociaciones continúan indirectamente.

Venezuela, con los mayores yacimientos de petróleo confirmados en el mundo, es un importante escenario de la marcha de Washington a privar a China de sus recursos energéticos y a desalojar la influencia de China y Venezuela en el “patio trasero” del imperialismo estadounidense. En el proceso, las corporaciones petrolíferas estadounidenses esperan recuperar su control pleno de los depósitos petrolíferos en la cuenca del Orinoco.

A pesar de los mejores esfuerzos de los chavistas para pagar el servicio de sus deudas con Wall Street y los Gobiernos de Rusia y China, priorizando estos desembolsos por encima de los servicios sociales y el desarrollo en infraestructura, Caracas todavía mantiene una deuda impagada de unos $150 mil millones. La economía se ha encogido en dos terceras partes en los últimos cinco años y las reservas de moneda extranjera prácticamente se acabaron. Al mismo tiempo, la ralentización económica y la inestabilidad financiera a nivel global están recrudeciendo la crisis en Venezuela y los intereses predatorios del capital extranjero.

El jueves, los ministros de Defensa de Venezuela y Rusia se reunieron en Moscú y firmaron un acuerdo recíproco autorizando visitas de buques de guerra en puertos mutuos y cooperación militar-técnica.

El ministro Sergei Shoigu, según lo reportó Newsweek, dijo que Rusia respaldaría a Maduro en “perseguir una política exterior independiente y contrarrestar los intentos de EUA de cambiar el Gobierno legítimamente elegido”. En febrero, aviones de guerra rusos y venezolanos llevaron a cabo ejercicios conjuntos en el Caribe.

China, Turquía e Irán también continúan respaldando al Gobierno venezolano. El columnista de Forbes, Milton Ezrati , escribió en mayo que China tiene en juego $25 mil millones en préstamos impagos y vinculados al petróleo venezolano, así como una puerta geopolítica “en áreas donde Estados Unidos, el gran rival de China, tenía lo que muchos consideraban una hegemonía incontestable”. “Si Juan Guaidó consigue el poder”, Ezrati añade levemente, “China tendrá que aceptar un recorte de lo que sigue impago”.

Cualquier desafío por parte de la clase obrera se topará con represión de cualquiera de las élites capitalistas rivales.

Contra el trasfondo de un resurgimiento de la lucha de clases internacionalmente, la clase obrera cada vez más combativa de Venezuela, un país con casi 30 millones de habitantes en ciudades, más del 90 por ciento de la población, es vista como una amenaza importante por parte de las élites gobernantes en Washington, Beijing, Moscú, Londres y Caracas.

Una lucha exitosa contra el imperialismo solo se puede desarrollar a partir de la movilización revolucionaria de la clase obrera, independientemente de todos los partidos y organizaciones nacionalistas y procapitalistas, incluyendo los sindicatos y sus apologistas pseudoizquierdistas. Ante todo, los trabajadores en Venezuela deben acudir al apoyo de los cientos de millones de trabajadores que están entrando en la lucha de clases por todo el continente americano y el mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de agosto de 2019)