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Partido Socialista por la Igualdad responde a documento legal del servicio secreto Verfassungsschutz

El Servicio Secreto Verfassungsschutz de Alemania está abusando de su "papel constitucional de una manera legalmente inadmisible" cuando "estigmatiza las críticas al sistema capitalista y el llamado a superarlo como ‘anticonstitucionales’", declaró un escrito legal presentado al Tribunal de Distrito de Berlín por el Partido por la Igualdad Socialista (SGP, por su siglas en alemán) de Alemania el 30 de julio.

En enero de este año, el SGP lanzó una demanda contra la calificación por parte de la Verfassungsschutz en su Informe público de 2017 como "extremista de izquierda" y "objeto de observación". El Ministerio Federal del Interior, que supervisa el trabajo de la Verfassungsschutz, respondió con un escrito legal detallado el 15 de mayo. En él, el Ministerio declaró que "la defensa de una sociedad democrática, igualitaria y socialista", la "agitación contra los dizques ‘imperialismo’ y "militarismo", y "pensar en categorías de clase" son inconstitucionales.

El WSWS ya ha informado en detalle sobre la apelación del SGP y la respuesta del Ministerio del Interior.

El nuevo informe legal, escrito por el abogado Peer Stolle en nombre del SGP, refuta el documento de 56 páginas del Ministerio del Interior, punto por punto. Concluye que el Ministerio no cumple con el estándar legal "según el cual una asociación de personas puede ser designada públicamente como ‘inconstitucional’".

Stolle escribe que incluso el comportamiento de la Verfassungsschutz durante la disputa con el SGP "está muy alejada de los valores constitucionales que supuestamente pretende proteger". La Verfassungsschutz no pudo proporcionar acceso a sus archivos sobre el SGP según lo solicitado por el partido y el tribunal, y simplemente presentó "un intercambio complicado de correos electrónicos que no confirman nada y son irrelevantes para el caso en cuestión". Sin embargo, el derecho a ver dichos archivos era un "componente esencial de la garantía constitucional fundamental e inalterable de la capacidad de los participantes para influir en los procedimientos”. La negación de este derecho impide “la realización de un juicio justo”.

Al tratar con el contenido del escrito de la Verfassungsschutz, Stolle demostró en detalle cómo se basó en "evidencia" que no tenía nada que ver con el SGP, o cómo la Verfassungsschutz abusó de su poder al calificar opiniones marxistas y socialistas completamente legítimas, las críticas al capitalismo, y la oposición al nacionalismo y al militarismo como inconstitucionales. "La evaluación de la defensa de un orden económico más justo como inconstitucional", según Stolle, "es en sí misma incompatible con la Constitución".

La Verfassungsschutz dependió "en su presentación de evidencia en documentos que en primer lugar no tienen nada que ver con el demandante ( i.e., el SGP)", argumentó el escrito, "y en segundo lugar fueron escritos en un contexto histórico completamente diferente". Estos documentos fueron luego "interpretados de una manera diametralmente opuesta al significado y contenido de los valores que surgen de la Constitución".

Según los estándares de la Verfassungsschutz, el informe continuó: "cualquier defensa del socialismo, cualquier referencia a Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburgo, León Trotsky y Vladimir Lenin es irreconciliable con la Ley Básica". Su línea de argumentación recuerda "Las Leyes Socialistas bajo Bismarck, cuando las asociaciones de personas que abogaban por el socialismo fueron perseguidas por el Estado alemán".

En su documento, la Verfassungsschutz se basó en gran medida en el fallo del Tribunal Constitucional Federal que proscribió el Partido Comunista Alemán (KPD, por sus siglas en alemán) en 1956.

Stolle subrayó, con respecto a este punto, que el SGP no tenía nada en común con el KPD. El movimiento trotskista, en cuyas tradiciones políticas se encuentra el SGP, combatió el estalinismo y fue perseguido por los partidos estalinistas, incluido el KPD. "Por lo tanto, las declaraciones hechas con respecto al KPD no son aplicables al demandante".

Stolle señaló además que el fallo del KPD tuvo lugar "bajo condiciones constitucionales cuestionables" y "ya no se promulgaría en la forma actual". Surgió "durante el período de la Guerra Fría", en "un período que se caracterizó por anticomunismo universal" y "cuando muchos de los que ocupaban puestos en el poder judicial y la administración estatal eran antiguos nazis".

El informe trató en detalle la afirmación de la Verfassungsschutz de que la crítica del SGP al orden económico capitalista estaba dirigida contra la democracia.

Stolle señaló que, según la última jurisprudencia de la Corte Constitucional Federal, "el concepto de un orden democrático libre" comprendía "solo unos pocos principios básicos que son esenciales para la existencia de un Estado constitucional libre". "Estos incluyen la garantía de la dignidad humana, el principio de la democracia, el principio de la soberanía del pueblo y el principio de constitucionalidad”. Las actividades del SGP no se dirigen contra estos principios. Estos principios no exigen una forma específica de Estado, como la democracia parlamentaria.

"El hecho de que un sistema económico capitalista inevitablemente entra en conflicto con los principios democráticos debería ser obvio y no debería ser un secreto para el acusado como agencia de inteligencia", continuó el informe legal. Los ejemplos mencionados incluyen "el poder de compañías como Amazon, Google, Facebook y Twitter", así como la crisis financiera de 2008.

La línea de argumentación de la Verfassungsschutz sobre este tema fue "tendenciosa". Esto se manifiesta, entre otras cosas, en el intento de evaluar la demanda de "la nacionalización de las grandes empresas (como Bombardier)" como algo opuesto al orden democrático libre. La Verfassungsschutz confirmó indirectamente, escribió Stolle, que "se rige por la defensa de los intereses de las grandes corporaciones más que por el bienestar general de la sociedad".

"Una dudosa comprensión de la democracia" también fue revelada por la cita de la Verfassungsschutz del siguiente pasaje de la declaración de principios del SGP, como prueba de que el partido estaba involucrado en una actividad inconstitucional: "Siempre que las decisiones económicas que definen la vida de millones de personas permanezcan en manos de empresas privadas y bancos, la democracia real es imposible".

La Ley Básica, según Stolle, no contiene "ninguna confirmación explícita o garantía de un orden económico específico" ni "tampoco principios concretos sobre cómo regir la vida económica". Esta era una obligación exclusiva de los legisladores.

Para llegar a la conclusión de que, debido a su adhesión al marxismo, el SGP "se esfuerza por abolir la democracia" era "tortuosa", continuó el documento. Más bien, el SGP defiende "la posición de que la dignidad humana, el principio de la democracia y la soberanía del pueblo y otros principios democráticos libres solo pueden realizarse plenamente cuando incluyen la vida económica". Particularmente en los últimos tiempos, "varias publicaciones y estudios académicos han aparecido que demuestran que la creciente desigualdad en los estados de la OCDE está minando la democracia”.

El informe legal también rechazó decisivamente las afirmaciones de la Verfassungsschutz de que el SGP propague la violencia, llame a un "putsch", promueva el Gobierno de una minoría y que la revolución socialista por la que lucha se dirija contra los "‘derechos humanos’ y los ‘principios democráticos’".

"En ningún momento ni en realidad, el demandante propaga la violencia para lograr sus objetivos", afirmó. El SGP solo se refirió al uso de la violencia dentro del contexto de la experiencia histórica, "que los opositores del sistema social por el que aboga tampoco se niegan a recurrir a la violencia". Si surgiera una situación en la que la mayoría de la población abogara los objetivos propagados por el SGP, podría ser el caso “que la minoría, que se ve a sí misma como enemiga u oponente de este sistema social, recurra a la violencia. Vale la pena recordar a Chile en 1973, Nicaragua en 1980 y Cuba en 1961".

El programa del SGP tenía como objetivo "convencer a la mayoría de la población—los trabajadores—de su curso, y de esta manera asegurar una mayoría". Nada de esto viola los principios democráticos. La sociedad defendida por el SGP tampoco "excluye a personas particulares o asociaciones de personas de la participación social", sino que simplemente quiere "abolir los privilegios para ciertos grupos para que todos puedan participar en la sociedad en las mismas condiciones".

Los pasajes sobre el imperialismo y el militarismo en el informe del SGP también fueron devastadores para la Verfassungsschutz. En su escrito, la Verfassungsschutz afirmó que la agitación del SGP "contra los dizques ‘imperialismo’ y ‘militarismo’" era inconstitucional porque estaba relacionada con la demanda de derrocar el capitalismo.

Stolle respondió que la Verfassungsschutz demostró también en este capítulo que "juzga mal su obligación legal". Si creía "que las guerras recientes contra Irak o las amenazas de guerra contra Irán promueven la libertad y la democracia en esa región", el "progreso hacia la libertad y la democracia en estos países sin duda podría ser objeto del proceso de recopilación de pruebas".

Era "evidente que una causa importante, si no la principal fuerza impulsora, de la guerra contra Irak eran los intereses económicos. ... Seguía siendo un misterio por qué, en este contexto, la afirmación de que el afán de lucro capitalista siempre conduce a guerras sea inconstitucional”. Incluso si uno no estuviera de acuerdo o considerara que esta afirmación fuera falsa, no se puede identificar una agitación inconstitucional con ella.

El informe de Stolle demostró en lenguaje legal lo que el SGP ya había explicado políticamente con respecto a la respuesta de la Verfassungsschutz el 26 de julio. Era una "diatriba contra el marxismo y toda forma de pensamiento socialista, de izquierda y progresista". Mostraba "hasta qué punto la Verfassungsschutz se ha convertido en un portavoz de la extrema derecha”.

"El SGP", explicamos, " e ha colocado en la mira de Verfassungsschutz porque está librando una campaña política contra el militarismo y el cambio masivo hacia la derecha de todo el sistema político, expresando así la amplia oposición a estos desarrollos dentro de la población. ... Pero el ataque al SGP está, más ampliamente, dirigido contra todos los movimientos de izquierda y progresivos. ... Si el Ministerio del Interior se sale con la suya, sentará un precedente peligroso. ... Se puede usar para tomar acción contra cualquiera que luche contra la desigualdad social, la destrucción del medio ambiente, la represión estatal, el rearme militar y cualquier otro malestar de la sociedad capitalista".

Reiteramos nuestro llamamiento a todos aquellos que luchan por los derechos democráticos y no están dispuestos a tolerar el surgimiento de la extrema derecha, a apoyar al SGP en su conflicto con la Verfassungsschutz.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de agosto de 2019)

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