Según continúan las repercusiones de las primarias argentinas que la semana pasada apuntaron a la derrota del presidente derechista Mauricio Macri, la calificadora Standard & Poor’s declaró el viernes que la deuda del Gobierno había entrado efectivamente en “default” o incumplimiento, enviando escalofríos en círculos financieros.

Al no poder continuar pagando la deuda, el Gobierno de Macri anunció el miércoles que pospondría los pagos de $101 mil millones en préstamos, incluyendo bonos de corto y largo plazo, y que renegociaría su acuerdo con el FMI.

La declaración del S&P dice: “Dada la continua inhabilidad de colocar títulos de corto plazo a participantes privados del mercado, el Gobierno argentino extendió unilateralmente la caducidad de todos los instrumentos de corto plazo el 28 de agosto. Esto constituye un default según nuestros criterios”.

Después de publicar nuevas fechas de pagos, el Ministerio de Finanzas argentino previó que la decisión del S&P se revertiría, pero la declaración de la calificadora indica que su conclusión se basa en consideraciones más amplias de la economía global, explicando que “las mayores vulnerabilidades del perfil de crédito de Argentina se derivan del rápido deterioro del ambiente financiero”.

Estos temores y la fuga de capital en sí que profundizó la crisis de deuda argentina no fueron el resultado de miedo por la posibilidad de un Gobierno encabezado por los candidatos Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino de la creciente oposición social entre los trabajadores.

Un banquero argentino citado por el Financial Times dijo que estaban recordando las huelgas, rebeliones y corridas bancarias durante el último default en 2001 y que tenían “mucho miedo de lo que pasa”.

Bloomberg advierte que el voto no refleja “nostalgia por la llamada marea rosa” en América Latina que incluyó al kirchnerismo. “Este no es un renacimiento: es remordimiento de comprador”.

El medio de prensa financiero de hecho aplaudió las garantías de Alberto Fernández a los representantes del FMI el lunes pasado, a pesar de que culpara el acuerdo con el FMI por la crisis actual. El candidato presuntamente les dijo “ustedes cobrarán y todos nos llevaremos bien”, mientras el equipo del candidato prometió “la imposición de ajustes salariales y a los pagos a los jubilados como mecanismo de búsqueda de equilibrios fiscales y reducción en la presión sobre los precios”.

El Wall Street Journal también elogió a Fernández por ser “pragmático”, “un político veterano” y por tener “amplios lazos con el movimiento peronista, incluyendo sindicatos, grupos de extrema izquierda y gobernadores provinciales conservadores”.

Tales comentarios demuestran que los inversionistas ven en Fernández un representante de sus intereses de clase, así como a la superestructura más amplia de sindicatos y partidos peronistas, y sus apologistas pseudoizquierdistas que constituyen la columna vertebral del gobierno burgués en Argentina desde 1944. Simplemente están haciendo frente al hecho de que se encuentran nuevamente dependiendo de estas fuerzas para hallar una resolución a otra crisis, la cual resultó de sus propias depredaciones financieras, mientras les piden a los kirchneristas que reconstruyan las condiciones necesarias para intensificar su parasitismo financiero con la riqueza social creada por los trabajadores argentinos.

En el contexto de un estancamiento económico regional, temores de una recesión global, “la persistencia de la desigualdad de ingresos y el enorme sector informal”, Bloomberg añade, Argentina y la región están siendo amenazados por “extremistas”. Es decir, lo que teme la clase gobernante es que las futuras protestas sociales abrumen a las organizaciones políticas que controlan en medio de un resurgimiento global de la lucha de clases y de protestas de masas.

El último año ha presenciado aumentos en la pobreza, cientos de miles de despidos y un salto en desnutrición infantil de 21,7 por ciento a casi 30 por ciento. El diario español El Pa í s afirma que “Argentina llega al límite”.

Decenas de miles han participado en manifestaciones masivas por todo el país en la última semana. Sin embargo, toda la élite política y los sindicatos están dedicándose a contener el enojo social. Las protestas han caído en manos de las facciones ostensiblemente “combativas” de los sindicatos y otras organizaciones que están llamando a votar a Fernández y apelar a las centrales sindicales para que convoquen una huelga de 36 horas.

En una entrevista con el Wall Street Journal el viernes, Alberto Fernández reconoció de forma incluso más clara el papel que se espera que él y sus simpatizantes cumplan. Denunció al FMI por darle dinero a Macri, “un gastador compulsivo”, mientras indicó que “La crisis actual es un caso de déjà vu”, refiriéndose a la crisis de default de 2001-2002.

Los sindicatos peronistas y la pseudoizquierda encauzaron las protestas sociales en 2001 —después de varias renegociaciones con el FMI que involucraron recortes salariales de doble dígito y un ajuste de austeridad tras otro— detrás de la elección en 2003 del ahora fallecido Néstor Kirchner. Él y su esposa, Cristina Fernández, gobernaron hasta 2015, pagando de vuelta más de $300 mil millones en deuda a los acreedores. Un breve ciclo de mayores precios en materias primas permitió aumentos limitados en el gasto social, pero la austeridad posterior llevó a una serie de huelgas generales y la votación en contra del kirchnerismo en 2015.

Fue precisamente la subordinación de todas las fuerzas políticas a la oligarquía local e internacional que estimuló la especulación imprudente y criminalidad que llevaron a la crisis de deuda actual.

En 2001, el Gobierno de De la Rúa acordó transformar parte de la deuda en permutas de cobertura por impago (seguros especulativos contra el default), lo que aumentó la deuda en $53 mil millones. La administración de Cristina Fernández investigó la conspiración subyacente entre los oficiales de De la Rúa y bancos como Credit Suisse, Santander, HSBC y JP Morgan, y concluyó que el acuerdo fue “una colosal estafa a las finanzas públicas”. No obstante, los kirchneristas se rehusaron a procesar a ninguna institución, así como el Gobierno de Obama después de la crisis de 2008.

El artículo más leído en el diario financiero Ámbito, escrito por su columnista Pablo Tigani, argumenta que otra operación criminal como el “megacanje” de 2001 es probable. Escribe: “La globalización de los mercados [financieros] y el devenir de la ‘economía de casino’ se ha creado un fastuoso polo de demanda especulativa. Consecuentemente, esto derivó en un aumento de productos financieros pomposos, pensados para el manejo de la contingencia. Por otra parte, la tecnología ha posibilitado que las instituciones financieras, además de haberlos creado, maneje sus precios y determine las necesidades de coberturas de sus clientes”.

Cuando las acciones argentinas en Wall Street, Londres y Buenos Aires se deslizaron dramáticamente y el peso colapsó de 45 a 60 por dólar tras las primarias, Macri respondió con barias medidas desesperadas para prevenir una explosión social, así como para frenar la fuga de capitales y la inflación. Estos incluyeron suspender el impuesto de valor agregado sobre la canasta básica, recortar impuestos de renta regresivos e inyectar $350 millones en reservas de dólares en el mercado de bonos, aumentando las tasas de interés para bonos de corto plazo a 79 por ciento, los mayores del mundo.

Esto infringió oficialmente los términos del acuerdo de préstamo de $57 mil millones con el FMI, que decidió suspender sus desembolsos que a su vez tenían el objetivo ostensible de prevenir un “default”, mejorar las calificaciones crediticias y reducir las tasas de interés. La esencia del acuerdo fueron las promesas de más profunda austeridad y mayores impuestos regresivos para lograr un “déficit cero”.

Mientras que los aumentos en las tasas de interés el año pasado por parte de la Reserva Federal de EUA y otros bancos centrales llevó a fugas de capital en Argentina, Turquía y otras economías periféricas fuertemente endeudadas, provocando el acuerdo de Macri y el FMI, estos bancos están nuevamente recortando las tasas de interés bajo presión de los especuladores que exigen más créditos baratos.

La nueva fuga de capitales en Argentina, como un eslabón débil de la economía mundial, da una señal de una crisis más profunda en los llamados mercados emergentes según los inversores corren hacia activos más seguros, como bonos de largo plazo en economías avanzadas, muchos de los cuales se están vendiendo a tasas negativas. Una cumbre de banqueros centrales la semana pasada fue testigo de advertencias de que el sistema monetario “no aguantará”, así como propuestas de “una reevaluación total de la banca central” y de un fondo global para atender la fuga de capitales administrado por el FMI. Sin embargo, el mayor préstamo del FMI en su historia ha fracasado en apaciguar los temores de los inversores en Argentina.

(Publicado originalmente en inglés el 31 de agosto de 2019)