El presidente derechista de Colombia, Iván Duque, lanzó una nueva ofensiva militar contra una facción disidente de las disueltas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que anunció la reanudación de la lucha armada ante el incumplimiento del Gobierno de los términos del acuerdo de paz de 2016.

El acuerdo, elaborado en La Habana por representantes de las FARC y el predecesor de Duque, el presidente Juan Manuel Santos, preveía el desarme del grupo guerrillero y su transformación en un nuevo partido burgués con escaños en la legislatura colombiana.

Se suponía que el acuerdo pondría fin al conflicto armado de mayor duración en el hemisferio occidental. Sus orígenes se remontan a fines de la década de 1940 y la sanguinaria represión y la guerra civil rural que siguió al asesinato en 1948 del candidato del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán y el Bogotazo, la masiva agitación social en la capital colombiana provocada por su asesinato. La lucha involucró las fuerzas gubernamentales, así como a unidades paramilitares del Partido Liberal y Conservador y a destacamentos de las guerrilleras formadas por el estalinista Partido Comunista Colombiano (PCC).

El tratado firmado en La Habana en agosto de 2016 otorgó una amnistía casi general durante décadas de atrocidades cometidas por ambos bandos en la guerra. A las FARC se les garantizó un mínimo de 10 escaños en la legislatura a cambio de entregar sus armas en los sitios supervisados por la ONU. El acuerdo también incluía garantías de inversión en educación, salud e infraestructura en las zonas rurales afectadas por la guerra, reparaciones para las víctimas, un estipendio y “espacios territoriales” seguros para guerrilleros desmovilizados y subsidios destinados a ayudar a los agricultores a reemplazar la coca con otros cultivos.

El exlíder de las FARC que anunció el regreso a la lucha armada fue “Iván Márquez”, quien había servido como el principal negociador del movimiento guerrillero con el Gobierno colombiano en La Habana. Junto con otro exlíder de las FARC, Jesús Santrinch, quien se escondió después de ser encarcelado por cargos de narcotráfico, Márquez emitió un video de 32 minutos en YouTube el 29 de agosto. Denunció a Duque por sabotear el acuerdo de paz y pidió “la continuación de la lucha rebelde en respuesta a la traición estatal de los acuerdos de paz de La Habana”.

Los disidentes han señalado la ola continua de asesinatos que ha cobrado la vida de al menos 150 exguerrilleros y miembros de sus familias desde la firma del acuerdo. También fueron blanco líderes comunitarios y activistas sociales de los cuales, más de 50 han sido asesinados en lo que va del año. Solo esta semana se reportaron tres de estos asesinatos en el noroeste del departamento de Antioquia.

A raíz del anuncio de Márquez de un regreso a las armas, el Gobierno lanzó un ataque en el cual, según afirma, mató a nueve miembros del grupo disidente de las FARC. Al mismo tiempo, ha retirado a los guardias asignados para proteger a los funcionarios del partido político del grupo exguerrillero, la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (también FARC).

El último intento de las FARC de llevar a cabo tal desmovilización y transformación en un partido político se convirtió en una sangrienta debacle. Los exguerrilleros se unieron al Partido Comunista Colombiano y a otros grupos para formar un frente electoral conocido como Unión Patriótica (UP) en 1985. Si bien eligió miembros para el Congreso nacional y unas dos docenas de alcaldes, la UP fue objeto de una campaña sistemática de asesinatos, con dos de sus candidatos presidenciales, docenas de sus funcionarios electos y 5.000 miembros asesinados por las fuerzas de seguridad y paramilitares de derecha.

Duque, un protegido político del expresidente ultraderechista Álvaro Uribe, ganó la campaña presidencial de 2018 con una plataforma de orden público pidiendo un aumento gradual de la policía y del ejército, junto con recortes de impuestos y la eliminación de regulaciones financieras y de otro tipo para grandes empresas. Le ganó a su oponente Gustavo Petro—un exguerrillero del M-19 convertido en político burgués y exalcalde de Bogotá—cuyo partido, el Movimiento Progresista, junto con el resto de la “izquierda” oficial había sido desacreditado por su alineamiento con el militarismo y la austeridad de la Administración de Santos.

Duque inauguró su mandato en agosto de 2018 y rápidamente propuso un “Plan Nacional de Desarrollo” —un amplio paquete de medidas de austeridad que incluyeron importantes recortes en la financiación de los sistemas de pensiones y la atención médica—. Si bien falló en proporcionar los fondos para los proyectos rurales negociados por las FARC —que se basaron en concepciones retrógradas maoístas y guevaristas de la guerra campesina— también han provocado ataques agudos contra la clase trabajadora, la gran mayoría de la sociedad colombiana.

El resultado ha sido una escalada constante de la lucha de clases. En abril de 2019 estalló una huelga nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), liderada por estudiantes y maestros, con agricultores, pensionistas y otras secciones de trabajadores uniéndose para defender la educación pública y las pensiones. El Gobierno respondió a estas huelgas con una combinación de promesas de aumentar la financiación e insinuaciones de que los estudiantes estaban vinculados a las guerrillas y afirmando que las sumas exigidas por los manifestantes para la financiación universitaria no estaban disponibles.

En un intento por enfrentar a diferentes secciones de la clase trabajadora, Duque emitió una declaración dirigida a los líderes estudiantiles, diciendo: "[El dinero] no está allí, entonces, ¿cómo podemos negociar o comprometer recursos que no están disponibles? ¿Deberíamos eliminar los subsidios sociales para los ancianos y para la [educación y nutrición infantil]?”. Asimismo, afirmó falsamente que “el Gobierno no es el enemigo de los estudiantes”.

Duque reveló su verdadero desprecio por las grandes masas de la población, al tuitear un mes antes que “los pobres no deberían tener hijos, pues solamente crían criminales, drogadictos y prostitutas”.

Ha habido protestas y huelgas desde las que tuvieron lugar en abril, con una reciente huelga de dos días liderada por FECODE el 28 de agosto en oposición al asesinato de varios profesores por parte de las fuerzas de seguridad y paramilitares de derecha, y para protestar la privatización de su fondo de beneficios. Los maestros también plantearon demandas de mejoras en el roto sistema de salud y en defensa de su derecho a ser promovidos y transferidos dentro del sistema universitario.

Desde su elección, Duque ha cumplido sus promesas de revertir el plan de paz, saboteando sistemáticamente el acuerdo al negarse a asignar los fondos necesarios para su implementación. Según un informe del Congreso preparado por miembros de la oposición y el bloque de votación de centroderecha, Duque ha reducido a la mitad la indemnización a las víctimas de la guerra civil en comparación con su predecesor, Juan Manuel Santos, y ha reducido los fondos para la redistribución de la tierra entre los campesinos desplazados por la violencia, en tres cuartas partes.

En cuanto a las promesas de inversión en infraestructura en las áreas afectadas, el reporte informa que, bajo Duque, la cantidad asignada “es solo el 0,08% de los recursos totales requeridos”. El asesinato de activistas sociales que ha sido un sello distintivo del conflicto de décadas, continuó sin cesar e incluso aumentó bajo la administración actual, lo cual provocó una “Marcha por la vida” a nivel nacional el 27 de julio, en la cual los manifestantes levantaron una pancarta con los nombres de quienes fueron asesinados debido a su participación en los esfuerzos para implementar varios componentes del acuerdo de paz.

El enteramente predecible resultado y, sin duda, el deseado de estas políticas, ha sido la reanudación de la lucha armada por un grupo de exmiembros de las FARC. El Gobierno explotará este hecho como un pretexto para intensificar la represión dirigida a la clase trabajadora y a los campesinos pobres.

Los miembros del Partido de Centro Democrático (PCD) de derecha de Duque, también aprovecharon de inmediato estos acontecimientos para acelerar el impulso de una guerra de agresión contra la vecina Venezuela.

María Fernanda Cabal, una senadora de PCD, fue citada por el Telegraph diciendo: “Maduro ofrece refugio a aquellos que quieren hacerle daño a Colombia. Una intervención militar con el apoyo de otros países de América Latina es la única solución”. Duque, por su parte, contactó al “presidente interino” de Venezuela, el títere estadounidense Juan Guaidó, y declaró en un discurso televisado: “No estamos presenciando el nacimiento de un nuevo ejército guerrillero, sino más bien las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas, que cuenta con la protección y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”.

Las acusaciones de Duque han hecho eco en las autoridades estadounidenses. Washington también está tratando de explotar el reavivamiento limitado y totalmente provocado del conflicto armado en Colombia, como pretexto para invadir Venezuela.

Esto expone el verdadero propósito de socavar el acuerdo de paz de Duque y la facción uribista de derecha que él representa: una reversión al militarismo desenfrenado, el aplastamiento de la disidencia política y la subordinación total de Colombia a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en América Latina. Estos son los pilares de la política exterior elaborada bajo la Administración demócrata de Bill Clinton y formalizada en el genocida “Plan Colombia”, que se redujo en gran medida durante el inicio de las conversaciones de paz en 2015.

Una intervención militar en Venezuela significaría un desastre para la población, que ya enfrenta una escasez nacional de alimentos y medicamentos que ha llevado a niveles vertiginosos de desnutrición y un éxodo masivo de millones de familias venezolanas a otros países de América Latina.

Si bien la crisis se ha exacerbado por el Gobierno burgués corrupto e incompetente de Nicolás Maduro, la responsabilidad abrumadora de este desastre recae en Estados Unidos, que ha impulsado una serie de sanciones económicas de gran alcance destinadas a cortar y a aislar a Venezuela de la inversión y del comercio extranjeros y, por lo tanto, de la capacidad de importar bienes básicos necesarios para mantener a la población.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de septiembre de 2019)