Ecuador se ha visto estremecido por una huelga nacional y amplias manifestaciones tras el anuncio el martes de un nuevo conjunto de medidas de austeridad que involucran $1,4 mil millones en recortes anuales por parte del Gobierno derechista de Lenín Moreno.

La medida específica que desató las manifestaciones fue la eliminación de los subsidios a los combustibles, la cual entró en vigor el miércoles y aumentó los precios de $1,85 a $2,30 por galón de gasolina y de $1,03 a $2,27 por galón de diésel.

Desde el miércoles, los trabajadores del transporte han estado en huelga. Se les han unido otros trabajadores y estudiantes en todo el país en colocar bloqueos de ruta y manifestaciones. El aumento en los precios es particularmente incendiario en un país cuyo principal producto es el petróleo, el cual conforma el 30 por ciento de las exportaciones.

La confederación sindical Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y el Frente Popular, el cual es liderado por el Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador (PCMLE) e incluye la Federación de Estudiantes (FEUE) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) junto a otros sindicatos y grupos activistas, convocaron la huelga para el miércoles y jueves.

Esta es la segunda huelga nacional este año después de una huelga de cinco días en julio —las más grandes en 14 años—.

En medio de un resurgimiento global de la lucha de clases y protestas contra la desigualdad social, incluyendo manifestaciones masivas en Hong Kong e Irak que también están desafiando una represión de Estado policial, los manifestantes en las calles de Ecuador están exigiendo la anulación de todo el paquete de austeridad y la renuncia de Moreno.

Desde asumir el cargo, Moreno ha buscado aplicar en toda forma posible las demandas del capital financiero global y, particularmente, de Washington. En un acto de traición, su Gobierno entregó al editor de WikiLeaks, Julian Assange, quien había recibido asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres para escaparse a una posible entrega a EUA por sus exposiciones de crímenes de guerra estadounidenses. En abril, Moreno repudió el asilo e invitó a la policía británica a la embajada para que arrastrara a Assange a prisión.

Como en el resto de América Latina, la clase gobernante ecuatoriana ha respondido al fin del auge de precios de los productos básicos en 2013 y al estancamiento de la economía global anulando todas las mejoras limitadas previas y atacando los derechos sociales de los trabajadores.

La pobreza y la desigualdad están rebotando y la economía está creciendo apenas a 0,2 por ciento por año. El “empleo inadecuado” —la suma del subempleo y el que obtiene menos del salario mínimo— ha brincado de 31 por ciento a 56 por ciento desde 2014. Ahora se espera que el aumento en el costo de los combustibles encarezca una amplia gama de productos esenciales.

Lejos de avanzar una estrategia seria para combatir estos ataques sociales de la clase gobernante ecuatoriana y sus patrones imperialistas las fuerzas políticas y los sindicatos que encabezan la huelga actual están llamando a un enfoque “gradual” y a la “unidad nacional” para “dar directrices a este nefasto Gobierno”, en las palabras de Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Estos llamados en quiebra tan solo pueden preparar el camino para que la clase gobernante gire más bruscamente hacia la represión militar y el gobierno autoritario para imponer sus dictados económicos.

El miércoles por la noche, Moreno suspendió las clases para el jueves y viernes en todas las escuelas y universidades y respondió a la expansión de las protestas el día siguiente imponiendo un estado de excepción nacional de 60 días, involucrando el despliegue del ejército contra los manifestantes y la suspensión del derecho a reunión y a hacer huelgas.

“Con el fin de controlar a quienes quieren imponer el caos he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos se exigen sin perjudicar”, declaró Moreno, quien llamó a los manifestantes “golpistas”.

Los soldados y la policía utilizaron gases lacrimógenos y cargas violentas con vehículos militares contra las marchas y bloqueos. Múltiples videos en redes sociales y los medios corporativos el miércoles muestran a la policía atropellando a manifestantes en el suelo, pateándolos y golpeando a periodistas.

La Presidencia emitió un comunicado cínico el jueves donde “rechaza los incidentes registrados este 3 de octubre contra los periodistas y los medios de comunicación”. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló sobre “muchas informaciones falsas y videos falsos que circulan en los medios”, implícitamente amenazando con imponer censura.

El miércoles, el Gobierno reportó que había realizado 350 arrestos, en su mayoría en Guayaquil, la ciudad más grande del país. El día previo, indicó que hubo 14 heridos, 215 carreteras cerradas y 21,500 manifestantes movilizados en 281 lugares. Estos son posiblemente subestimaciones.

Al menos ocho de los arrestados fueron acusados de “paralizar servicios públicos”, lo que conlleva una sentencia de cárcel de hasta tres años. Estos ocho incluyen al líder nacional del sindicato de taxistas, Jorge Calderón y a dos oficiales sindicales de la provincia de Azuay.

Se espera que los bloqueos de calle y la huelga de transportistas continúe hasta el fin de semana. En la capital de Quito, el Gobierno utilizó buses de las fuerzas armadas con soldados fuertemente armados para romper la huelga del transporte público.

En el Parlamento, los políticos de la oposición exigieron elecciones tempranas y cantaron, “Este Gobierno no es nacional es un recadero del Banco Mundial”.

Sin embargo, cualquier Gobierno encabezado por fuerzas de la élite política avanzarían las mismas políticas. Respaldaron y muchos aún están alineados con el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien inició la última ola de programas de austeridad exigidos por Wall Street, los cuales fueron impuestos en gran medida por medio de estados de excepción.

La postura “inicial “antiimperialista de Correa fue en gran medida simbólica. Después de declarar que la deuda de Ecuador era “ilegítima” y detuvo los pagos en 2008, su Gobierno sutilmente compró de vuelta su deuda, si bien a un precio más bajo.

Cuando los precios del petróleo y los otros productos básicos cayeron y China se rehusó a extender más préstamos vinculados a las ventas de petróleo, el Gobierno de Correa emitió en 2014 $2 mil millones en bonos en mercados extranjeros. Aprobó un préstamo de $400 millones de Goldman Sachs, enviando el oro ecuatoriano a Nueva York como colateral, reautorizó las operaciones contables del FMI en Ecuador y acordó a un préstamo de $1 mil millones del Banco Mundial.

Una de las promesas explícitas de Correa como parte de estos acuerdos fue la eliminación de los subsidios a los combustibles. Presumió en el momento en que el Banco Mundial “está atrás de nosotros para darnos financiamiento porque admiran el proceso de crecimiento y la política económica del país”.

En septiembre de 2010, en respuesta a una breve huelga policial, Correa impuso un estado de excepción nacional, desplegando el ejército en las calles y renovando el estado de excepción hasta julio de 2012. Su Gobierno luego decretó un estado de excepción después del mortal terremoto de abril de 2016, renovándolo varias veces para reprimir a comunidades indígenas en el suroeste ecuatoriano. También llevó a cabo una represión militar y arrestos masivos durante la huelga nacional ese agosto. En su Gobierno, Correa impuso al menos 80 estados de excepción.

Al mismo tiempo, como lo ha hecho desde el regreso al gobierno civil en 1979, la clase gobernante ecuatoriana está desplegando al PCMLE, sus frentes y sus aliados pablistas en el Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT) para subordinar las protestas a uno u otro sector de la burguesía y el ejército. El PCMLE se escindió el Partido Comunista original en 1964 una vez que el PC comenzara a respaldar a una tras otra dictadura militar patrocinada por la CIA.

A principios de los años ochenta, el PCMLE y el MRT se unieron al Bloque Parlamentario Progresista formado por el PC y el partido burgués Izquierda Democrática (ID), que incluía a una capa de exoficiales de las dictaduras militares.

La política estalinista, basada en respaldar varias facciones de la burguesía nacional, se derivó del reaccionario nacionalismo de Moscú y su política de “coexistencia pacífica” con el imperialismo. Sin embargo, tras la disolución de la URSS en 1991, los partidos estalinistas se disolvieron o integraron más directamente en la élite política burguesa.

En 2002, los estalinistas ecuatorianos y sus nuevos aliados nacionalistas indígenas en la CONAIE y el partido Pachakutik se unieron al bloque que llevó al coronel Lucio Gutiérrez al poder. Poco después, Gutierrez se proclamaría el “mejor amigo” de la Administración de Bush y continuaría los programas del FMI. El PCMLE luego respaldó electoralmente a Rafael Correa y se unió a la coalición de reelección de Correa en 2009, antes de adoptar una postura de oposición mientras seguía suprimiendo la lucha de clase por medio de sus sindicatos y grupos de protesta.

En 2016, el PCMLE formó el anticorreísta Acuerdo Nacional por el Cambio, que incluye el MRT y está liderado por Izquierda Democrática. El PCMLE luego giró más hacia la derecha y, en las elecciones de 2017, llamó a votar por el banquero derechista Guillermo Lasso para “sacar a Correa”, es decir, para oponerse a la elección del sucesor elegido por Correa, Lenín Moreno.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de octubre de 2019)