Presidente ecuatoriano escapa de la capital ante mayores protestas de masas

por Andrea Lobo
10 octubre 2019

Ante otra huelga y una movilización indígena masiva contra el paquete de austeridad dictado por el FMI, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno traslado su Gobierno de la capital, Quito, a la ciudad costeña de Guayaquil, desde donde está conduciendo una represión de Estado policial.

Este repliegue de la capital andina de Ecuador, inédito en la historia del país, es una medida de la intensidad del conflicto social y político según Ecuador entra en su segunda semana de manifestaciones contra el draconiano programa de austeridad anunciado por el Gobierno de Moreno el 1 de octubre.

Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a la policía cerca de la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador [crédito: AP Photo/Dolores Ochoa]

El martes, los manifestantes indígenas marcharon en las calles de Quito y ocuparon la Asamblea Nacional, así como otros edificios gubernamentales.

En la noche del martes, Moreno decretó un toque de queda parcial cerca de “zonas estratégicas” como edificios gubernamentales, cuya aplicación estará a cargo de las fuerzas armadas. Se desplegaron tropas fuertemente armadas en las calles de Quito, las cuales extendieron barricadas con alambre de navaja para bloquear el paso de los manifestantes.

El Gobierno ha respondido a la resistencia con medidas cada vez más dictatoriales. Suspendió el derecho de reunión y huelgas y desplegó el ejército al declarar un estado de excepción el miércoles pasado. Esta medida fue ratificada por la Corte Suprema, pese a reducirla de 60 a 30 días. La represión ha ocasionado una muerte, docenas de heridos por balas de goma, gases lacrimógenos y cargas con vehículos y porras, junto a 570 arrestos. Varios de los detenidos, incluyendo el líder del sindicato de taxistas, se enfrentan a sentencias de hasta tres años por “paralizar los servicios públicos”.

Las escuelas han permanecido clausuradas desde el jueves. Hubo bloqueos de ruta en 17 de las 24 provincias el martes. El domingo, un manifestante llamado Raúl Chilpe murió atropellado por un conductor que intentaba cruzar un bloqueo en la provincia Azuay.

El lunes, Moreno dijo que no dará “marcha atrás” en sus decisiones y caracterizó las protestas como “saqueos, vandalismo y violencia” para “desestabilizar el Gobierno”. Alegó, sin evidencia alguna, que las manifestaciones de masas estaban siendo instigadas y financiadas por su predecesor Rafael Correa y el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El secretario de la Presidencia, Sebastián Roldán, contradijo a su jefe: “Es responsabilidad única y exclusiva de los líderes indígenas que no tienen control de la situación lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder”.

En las provincias del este y sur del país, los manifestantes indígenas han capturado varios convoyes militares y policiales. Al menos un grupo de 50 soldados y cinco policías fueron mantenidos como prisioneros hasta el lunes, cuando fueron liberados. El ministerio de petróleo reportó que tres campos de la empresa estatal PetroAmazonas en las provincias del noreste habían sido objeto de una “toma de las instalaciones por grupos de personas ajeas a la operación”, causando una caída del 12 por ciento en la producción nacional.

Los trabajadores, estudiantes y comunidades indígenas se han movilizado de forma masiva en los cortes de ruta y durante la huelga nacional del jueves y viernes, exigiendo el fin inmediato de la austeridad y la renuncia del Gobierno de Moreno.

Al mismo tiempo, pese a afirmar que rechazan cualquier negociación con Moreno hasta que se cancele el paquete de austeridad, las organizaciones que encabezan las protestas —más prominentemente el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y el Frente Popular encabezado por los estalinistas— están apelando a protestas intermitentes y “graduales” y a la “unidad nacional”.

Dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un préstamo de $4,2 mil millones firmado en febrero, la medida más severa es la eliminación de $1,3 mil millones en subsidios anuales a combustibles, lo que ha más que duplicado los precios. Esto a su vez desató aumentos en los precios de artículos esenciales.

La decisión de eliminar los subsidios a los combustibles—algo que incluso los Gobiernos más derechistas se rehusaron a hacer durante las últimas cuatro décadas—marca una nueva etapa en los esfuerzos de la clase gobernante ecuatoriana para congraciarse con el capital estadounidense y europeo. Los bancos internacionales y las instituciones financieras han exigido persistentemente la eliminación de los subsidios, los cuales fueron creados por la dictadura militar respaldada por la CIA durante los años setenta.

Un estudio de junio del 2019 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) halló que los mayores benefactores de los subsidios eran las compañías transnacionales y las empresas en general; sin embargo, su eliminación recortará los ingresos del 40 por ciento más pobre de la población entre 4,5 y 5 por ciento. Los “ahorros” extraídos por medio de esta intensificación de la pobreza y el hambre serán encauzados a Wall Street y a los adinerados dueños de bonos dentro de Ecuador.

Los otros dictados del capital financiero global anunciados por Moreno el 1 de octubre incluyen recortes en aranceles e impuestos sobre ciertas importaciones, una reforma laboral para “flexibilizar” contratos, un recorte salarial de 20 por ciento para los nuevos contratos en el sector público y la reducción de los días de vacaciones de 30 a 15 por año. Esto viene encima del despido de 20.000 empleados públicos desde mayo de 2017.

Fue el presidente Rafael Correa —un autoproclamado “socialista bolivariano” que formó parte de la disque “marea rosa” latinoamericana— el que respondió a la caída en los precios del petróleo y otros productos básicos en 2014 girando hacia Wall Street, las medidas de austeridad y los ataques a los derechos democráticos. Esto le allanó el camino a las políticas derechistas siendo implementadas bajo el sucesor que seleccionó personalmente y su vicepresidente, Moreno. La campaña de austeridad y las formas de gobierno autoritarias que la acompañan expresan fundamentalmente el giro de la clase gobernante ecuatoriana hacia el imperialismo estadounidense en respuesta al recrudecimiento de la crisis de la economía ecuatoriana y el capitalismo global.

Washington le ha dado la señal a Moreno de que no haga concesiones y utilice la fuerza necesaria para suprimir el movimiento de protestas masivas. Michael G. Kozak, secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, tuiteó el lunes, “Reconocemos las decisiones difíciles que el Gobierno ecuatoriano ha tomado para avanzar una buena gobernanza y establecer la base para un crecimiento económico sostenible”.

“Estados Unidos está monitoreando de cerca los acontecimientos recientes en Ecuador”, añadió. Luego, denunciando la oposición social y dando luz verde a emplear una represión asesina, dictó: “Rechazamos la violencia como una forma de protesta política”.

El bandazo de la clase gobernante ecuatoriana y los Gobiernos de Correa y Moreno hacia el imperialismo estadounidense se puso de manifiesto más claramente por el trato de Quito hacia el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el prisionero político más importante del mundo. En agosto de 2012, Assange recibió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres para escapar de la persecución de Washington por exponer crímenes de guerra e intrigas diplomáticas estadounidenses.

En 2016, Correa primero le quitó el acceso a internet a Assange e introdujo un proyecto de ley en 2012 para censurar el internet en Ecuador. Moreno luego aumento gradualmente el aislamiento de Assange hasta abrirle las puertas de la Embajada en Londres a un escuadrón de secuestros de la policía británica en abril del año pasado, facilitando una extradición a EUA, donde se enfrenta a cargos de espionaje y conspiración que conllevan penas carcelarias de 175 años y potencialmente la pena capital.

Decenas de miles de personas se manifestaron en Quito contra la anulación ilegal del asilo de Assange en abril de 2019. Tres meses después, el llamado oficial de una huelga nacional de cinco días denunció “la entrega del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a los Estados Unidos, lo que pone en riesgo su vida”.

Estas acciones dieron testimonio de la oposición masiva en Ecuador a la continua persecución de Assange y el reconocimiento de que la traición del editor de WikiLeaks es parte del creciente servilismo de la burguesía ecuatoriana al imperialismo estadounidense y su intensificación de los ataques contra la clase obrera.

Las protestas de masas previas, en la magnitud de las que vive Quito hoy, han tumbado varios Gobiernos. Moreno está esperando evitar esto atrincherándose en Guayaquil, la ciudad más grande e industrializada de Ecuador y hogar del principal puerto.

En 1997, el presidente derechista Abdalá Bucaram fue destituido por la Asamblea Nacional para apaciguar protestas masivas contra las privatizaciones, la austeridad y la corrupción, obligándolo a escapar el asediado palacio presidencial de Carondelet en una ambulancia y huir a Panamá. En 2005, el presidente Lucio Gutiérrez renuncio y tuvo que escapar del palacio en un helicóptero debido a las protestas masivas por agravios similares, incluyendo el hecho que permitió el regreso de Bucaram a Ecuador. Los manifestantes luego previnieron que su avión dejara el aeropuerto internacional de Quito, obligándolo a asilarse en la Embajada de Brasil.

Las mismas fuerzas estalinistas y pseudoizquierdistas en los sindicatos y la élite política que apoyaron previamente a figuras como Gutiérrez y Correa, solo para romper cínicamente con ellos en cara a levantamientos sociales, están ahora buscando encarrillar las protestas en marcha detrás de otro callejón sin salida dentro de la política burguesa ecuatoriana.

La única forma de que la clase obrera escape este futuro y de armarse políticamente contra el peligro del retorno de una dictadura militar es romper con toda la élite sindical y política y construir una nueva dirección revolucionaria para unir sus luchas con las de los trabajadores en toda América e internacionalmente contra el capitalismo. Plantear la defensa de Assange como parte de una lucha global en defensa de los derechos democráticos y en contra de los crímenes del imperialismo es un paso crucial en esta dirección.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de octubre de 2019)