A raíz de la carta de ocho páginas enviada el martes por la tarde por la Casa Blanca a la Cámara de Representantes declarando el desafío de la administración Trump a la investigación de juicio político, el presidente y sus abogados están elaborando una teoría de la autoridad ejecutiva sin control, una dictadura presidencial en general pero nombre.
El alcance de la inmunidad presidencial del Congreso afirmado en la carta enviada por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, es esencialmente ilimitado. La carta convierte al presidente en el responsable de la toma de decisiones sobre si el Congreso tiene derecho a entablar un juicio político contra él y cómo se llevarán a cabo, en violación directa de la separación constitucional de poderes, lo que hace que el Congreso sea una rama equivalente al poder ejecutivo.
En cuanto a los argumentos legales, la carta de la Casa Blanca equivale a declarar nula y sin valor la Constitución. En sus afirmaciones de que la consulta no es "necesaria", "autorizada" o "válida",
Simplemente ignora el texto simple del documento, que declara (Artículo 1, Sección 2), "La Cámara de Representantes ... tendrá el único Poder de Acusación", y la Cámara (Artículo 1, Sección 5) "puede determinar las Reglas de sus procedimientos".
El presidente no tiene poder para declarar una investigación de juicio político "constitucionalmente inválida" o afirmar que "carece de la autorización necesaria para un juicio político válido". No es el árbitro supremo de la constitucionalidad y no tiene control sobre la forma de su propio juicio político. Si es acusado, puede defenderse en el juicio del Senado, presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En la carta, Cipollone escribe: "En pocas palabras, busca anular los resultados de las elecciones de 2016 y privar al pueblo estadounidense del presidente que han elegido libremente". Además del carácter dudoso de la victoria de Trump, que se produjo a través del Colegio Electoral a pesar de perder el voto popular, esta queja es absurda en una carta sobre la destitución, que por definición incluye la destitución de un presidente electo.
En cuanto al pueblo estadounidense que se siente "privado", el índice de aprobación de Trump se ha mantenido en los bajos 40 a lo largo de su presidencia, el primero para cualquier presidente ejecutivo de EEUU. Las encuestas publicadas el martes, una realizada por el Washington Post y la Escuela Schar de la Universidad George Mason, y la otra por NBC News y el Wall Street Journal, mostraron su apoyo a la investigación de juicio político por una mayoría considerable, y una pluralidad para realmente eliminar a Trump de oficina, ambas cifras han subido bruscamente en los últimos tres meses.
Particularmente inquietante para los republicanos del Congreso fueron las cifras que muestran que el 28 por ciento de los votantes republicanos apoyan la investigación de juicio político, una cifra que se eleva al 40 por ciento para los adultos con inclinaciones republicanas de entre 18 y 39 años. Casi el 20 por ciento de los republicanos apoyó la destitución de Trump del cargo.
Casi tan reaccionario como la carta de la Casa Blanca fue el argumento expresado por los abogados del Departamento de Justicia en un tribunal federal en Washington el martes. La administración Trump está luchando contra los esfuerzos de los demócratas de la Cámara para obtener material del gran jurado utilizado por el asesor especial Robert Mueller en su investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que las acciones judiciales tomadas durante la investigación de juicio político al presidente Richard Nixon estaban mal. En particular, se opusieron a la decisión del juez federal de distrito John Sirica de entregar los materiales del gran jurado sobre el robo de Watergate al Comité Judicial de la Cámara, una acción que marcó un paso crítico en el proceso que condujo a la renuncia forzada de Nixon.
Según los informes de prensa, el juez principal de distrito federal Beryl A. Howell respondió: "Guau, está bien", y agregó: "Como dije, el departamento está tomando posiciones extraordinarias en este caso". El juez no emitió un fallo inmediato, pero parecía inclinado rechazar las demandas de que revoque un precedente de 46 años, un fallo de la corte de apelaciones en Haldeman v. Sirica que durante mucho tiempo ha sido considerado como un hito legal.
Simultáneamente con la oposición de Trump a las citaciones de la Cámara de Representantes y las demandas de documentos en la investigación de juicio político, sus abogados estaban en el tribunal de la ciudad de Nueva York afirmando un principio diametralmente opuesto: que el presidente no puede ser procesado o incluso investigado por un fiscal estatal porque solo el Congreso tiene jurisdicción sobre fechorías de un presidente.
La semana pasada, el Departamento de Justicia intervino en una demanda federal presentada por Trump contra el fiscal de distrito de Manhattan que buscaba bloquear una citación para sus declaraciones de impuestos. El argumento fue que un presidente en ejercicio no puede ser investigado, punto, una posición que habría cerrado la investigación de Mueller antes de que comenzara.
El juez federal Victor Marrero emitió un fallo el lunes desestimando la demanda de Trump y ordenando a los contadores de Trump que presenten sus declaraciones de impuestos al fiscal de Manhattan. Esta acción se suspendió en espera de una nueva apelación. Pero Marrero escribió en su opinión de 75 páginas que Trump buscaba "una visión de la inmunidad presidencial que colocaría al presidente por encima de la ley", y declaró: "Este Tribunal no puede respaldar una afirmación tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial del proceso judicial".
El gran peligro en esta crisis política es que los opositores del Partido Demócrata de Trump están alineados con secciones poderosas del aparato de inteligencia militar y basan la investigación de juicio político en acciones enteramente de Trump que ofenden a la CIA y al Pentágono, no a aquellos que realmente amenazan los derechos democráticos. del pueblo estadounidense.
La investigación se limita estrictamente al tema de Ucrania, con los demócratas argumentando que Trump ha socavado la "seguridad nacional", es decir, las maquinaciones del imperialismo estadounidense en Ucrania, en busca de su propio interés personal en acumular suciedad en un importante rival político.
Existe una profunda ironía en el uso de Ucrania como un ejemplo de "interferencia externa" en el proceso electoral de los EEUU, ya que Ucrania ha sido víctima de "interferencia externa" por parte de Washington en una escala que eclipsa la mezquina confusión entre Trump y el exvicepresidente Joe Biden. El gobierno electo de Ucrania fue derrocado en 2014 por un movimiento de ultraderecha patrocinado por la CIA que se hizo pasar por una "revolución democrática" y tuvo la bendición de Barack Obama y Joe Biden.
Tanto la facción prorusa derrocada en 2014 como la facción antirrusa que llegó al poder en Kiev son instrumentos reaccionarios de oligarcas multimillonarios que construyeron su fortuna en la restauración del capitalismo en la antigua Unión Soviética.
De manera similar, tanto Trump como sus oponentes del Partido Demócrata representan facciones rivales de la aristocracia financiera en los Estados Unidos. Uno busca desarrollar una presidencia autoritaria basada en los llamamientos a la Patrulla Fronteriza, la policía, el ejército y los fascistas, mientras que el otro está alineado con la CIA, el Pentágono y secciones de la élite financiera.
Como advirtió ayer el WSWS: “La operación del Partido Demócrata tiene como objetivo conectar la lucha contra Trump con el apoyo a las agencias de inteligencia y las operaciones militares de los Estados Unidos. Esto garantiza un resultado reaccionario sin importar el resultado del proceso de juicio político”.
Esta alineación se demuestra por el carácter secreto a puerta cerrada de las audiencias de juicio político, que no tienen como objetivo alertar al pueblo estadounidense de una amenaza a sus derechos democráticos, sino consolidar el papel de las agencias de inteligencia como árbitros de la política estadounidense.
Es significativo, en ese contexto, que el Pentágono haya sido claramente menos entusiasta en su apoyo a Trump que otros departamentos federales. El secretario de Defensa, Mark Esper, extendió una rama de olivo a los demócratas de la Cámara la semana pasada, emitiendo una orden para la recopilación y retención de todos los registros sobre las decisiones involucradas en la autorización, la demora y finalmente la entrega de suministros militares a Ucrania, para que los documentos estén disponibles para la investigación.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y otros dos presidentes del comité enviaron una carta conjunta a Esper, así como a Russell Vought, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, informándoles de las citaciones para todo el material relacionado con los eventos de Ucrania, con un fecha límite del 15 de octubre para el cumplimiento.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha enfatizado repetidamente que la investigación no es para tratar ninguno de los problemas por los cuales Trump es odiado por decenas de millones de estadounidenses: su brutal persecución a los inmigrantes, sus llamamientos a racistas y fascistas, sus favores a las grandes empresas, desde la desregulación hasta los recortes de impuestos, o sus amenazas militaristas contra países desde Irán hasta Venezuela.
Por el contrario, al abrazar la campaña de desestabilización liderada por la CIA y aullar contra acciones de Trump como la orden de retirar las fuerzas estadounidenses de Siria y las negociaciones con los talibanes y Corea del Norte, los demócratas le permiten a Trump postularse como un presidente que trabaja para poner fin a "guerras interminables" a las que se opone la mayoría de la población.
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[10 de octubre de 2019]
(Publicado originalmente en inglés el 10 de octubre de 2019)