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Perspectiva

Continúan las protestas de masas en desafío a la represión militar en Chile

Cuarenta y seis años después del golpe fascista respaldado por la CIA de Augusto Pinochet, la oligarquía chilena está regresando a las formas dictatoriales de gobierno para suprimir la expansión de protestas de cientos de miles de trabajadores y jóvenes.

Las protestas están motivadas por un enojo intenso ante las décadas de contrarrevolución social, incluyendo pensiones y utilidades privatizadas, salarios de pobreza y regulaciones laborales draconianas. En respuesta, el Gobierno de Sebastián Piñera invocó súbitamente la Constitución de 1980 establecida bajo Pinochet y empuñó un aparato policial-estatal que ha permanecido esencialmente ileso y bajo control de oficiales fascistizantes.

En medio de la repression policial en Chile contra las protestas masivas, ha habido al menos 15 muertes (AP Photo/Luis Hidalgo)

El sábado, Piñera impuso un estado de emergencia, suspendió derechos democráticos, desplegó el ejército y aplicó toques de queda nocturnos en Santiago y las otras mayores ciudades.

Los tanques y pelotones militares con rifles de asalto han cargado contra los manifestantes de las principales plazas y puentes del país, acompañados por carabineros, cañones de agua y helicópteros. Varios videos en redes sociales muestran a soldados, algunos incluso en ropa particular, disparando balas vivas a plena luz del día y de noche, tomándoles foto a los manifestantes y secuestrándolos de sus barrios.

El martes, el Palacio Presidencial La Moneda confirmó la muerte de 15 civiles. Afirmó que ha arrestado a más de 2.600 protestantes desde el viernes, cuando las manifestaciones desatadas por el alza en los pasajes del metro de Santiago se propagaron por todo el país, incorporando demandas más amplias contra la desigualdad social.

Al menos 88 personas han sufrido heridas de bala, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras que el ejército ha matado a tiros al menos a dos manifestantes —en La Serena el domingo y en Curicó el lunes—. Refiriéndose al segundo caso, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, advirtió el martes, “una persona que está bajo prohibición de informar de su fallecimiento anoche en la Ruta 5 Sur. Cuando el Ministerio Público tiene prohibición de informar es prohibición de informar”.

La clase obrera chilena ha dejado en claro que se opondrá ferozmente al regreso a una dictadura. Después de convocar una huelga general para poner fin al despliegue militar y el estado de emergencia, los estibadores paralizaron los principales puertos y los mineros del cobre en la mina Escondida, la más grande del país, hicieron huelga el lunes.

Los acontecimientos en Chile son parte de un resurgimiento de la militancia obrera internacionalmente. En América Latina, han ocurrido huelgas y protestas masivas contra la austeridad en Ecuador y Honduras. Actualmente, ha estallado una ola huelguística entre trabajadores automotores, mineros y docentes en el centro del capitalismo mundial, Estados Unidos, una huelga espontánea de miles de trabajadores ferroviarios en Francia y un voto abrumadoramente favor de hacer huelga de 110.000 trabajadores postales en Reino Unido.

Una patulla militar en tanquetas según se mantiene el estado de emergencia en Santiago, Chile, el domingo 20 de octubre de 2019. Los manifestantes en el país han tomado las calles a pesar de que el presidente Sebastián Piñera cancelara el aumento en el pasaje del metro que provocó las manifestaciones masivas. (AP Photo/Luis Hidalgo)

Incapaces de prevenir que mayores sectores de la clase obrera intervengan en las protestas y el paro, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se vio obligada a convocar una huelga general el miércoles, “de no mediar respuestas del gobierno y una salida pronta al actual estado de crisis de la institucionalidad democrática”.

El presidente del Senado, Jaime Quintana, en nombre de la ostensible oposición en la clase gobernante, declaró el martes, “Categóricamente, como oposición, no buscamos desestabilizar el Gobierno de Piñera, que debe urgentemente dejarse apoyar y anunciar una agenda social que incluya beneficios inmediatos”.

Quintana es líder del Partido por la Democracia, el cual encabezó, junto al Partido Socialista, el estalinista Partido Comunista y los demócratas cristianos, la coalición que gobernó durante 25 de los últimos 30 años desde que Pinochet dejó el poder en 1990.

La coalición pseudoizquierdista Frente Amplio, cuyos partidos dirigentes también participaron en previas coaliciones gobernantes, ha justificado la represión denunciando a los manifestantes por “vandalismo inaceptable e injustificable”.

Tales declaraciones demuestran que los sindicatos, los estalinistas y socialdemócratas procuran repetir sus traiciones históricas contra la clase obrera chilena, manteniendo la creciente oposición social encadenada al enemigo de clase y a su aparato represivo.

Previo al golpe de Pinochet, estas fuerzas encarrilaron el levantamiento revolucionario contra las políticas proempresariales del Gobierno respaldado por EUA de Eduardo Frei detrás del apoyo al frente popular (llamado la Unidad Popular) que lideraba Salvador Allende. El levantamiento obrero alcanzó su cumbre en ocupaciones de fábricas y tierras y la construcción de cordones industriales, redes de fábricas controladas por los obreros, entre 1969 y 1973.

A pesar de estar seguros sobre el inminente golpe militar planificado por Washington y los sectores fascistas del ejército chileno y la clase gobernante, los líderes de la Unidad Popular promovieron el ejército como el “pueblo en uniforme”, mientras rechazaban los llamados de los cordones a armar trabajadores para combatir el golpe próximo. En cambio, desplegaron soldados para reprimir huelgas y ocupaciones. Sin su propio partido para luchar independientemente por sus aspiraciones revolucionarias, los trabajadores fueron traicionados y dejados física y políticamente desarmados en cara al golpe militar de 1973 y la represión fascista bajo Pinochet.

El retorno de represión al estilo de Pinochet en Chile es parte de un proceso internacional. La represión policial-estatal en Cataluña, la represión militar en Ecuador y el crecimiento del fascismo en Alemania, Brasil y Estados Unidos derriban las afirmaciones de los ideólogos capitalistas de que la disolución de la Unión Soviética hace casi tres décadas significó el “fin de la historia”. En respuesta al crecimiento de la oposición social y la lucha de clases, las élites gobernantes están reviviendo la mugre y reacción políticas del siglo veinte.

El factor básico detrás del giro de la clase gobernante hacia el autoritarismo es el crecimiento extremo de la desigualdad social, el cual es incompatible con las formas democráticas de gobierno. En Chile, la desigualdad ha regresado a los niveles de 1882, cuando la fortuna minera y bancaria de la familia oligárquica Edwards equivalía siete por ciento del PIB chileno.

Hoy días, la fortuna de la familia Luksic de $17,4 mil millones se aproxima a seis por ciento del PIB. Un puñado de oligarcas, con los lazos más estrechos al imperialismo estadounidense y europeo, controlan todos los niveles del Gobierno. Esto incluye al milmillonario presidente Sebastián Piñera. Por su parte, las capas de la clase media-alta representadas por los sindicatos, el PC, el Frente Amplio y sus apologistas son hostiles a cualquier protesta contra la desigualdad social y el capitalismo.

Las lecciones de la sangrienta traición en Chile de 1973 tienen una importancia estratégica para los trabajadores que están entrenando en la lucha de clases contra el capitalismo en Chile e internacionalmente.

En lo que debe ser tomado como una advertencia por la clase obrera, el columnista de Bloomberg, John Authers, escribió el martes, “Si puede ocurrir en Santiago, puede ocurrir en cualquier parte. Ese es el mensaje incómodo que el resto del mundo debe asimilar del repentino colapso del orden civil en Chile”.

Mientras el FMI advierte de un “estancamiento sincronizado” de la economía global y a medida que escalan los conflictos geopolíticos, la clase gobernante en todas partes está demostrando que se opondrá brutalmente a cualquier desafío a su riqueza.

Los eventos en Chile demuestran que la clase obrera debe asumir el liderazgo en la defensa de los derechos democráticos y la oposición a la desigualdad. No obstante, para evitar las traiciones catastróficas del frentepopulismo, la espontánea oleada de luchas de clases a nivel global debe ser conscientemente armada con un programa socialista e internacionalista. Eso significa construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en Chile y toda América Latina.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de octubre de 2019)

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