Una ola de protestas y huelgas está estremeciendo Bolivia después de que saltaran significativamente los votos para el presidente Evo Morales durante una suspensión de 23 horas en la transmisión de os resultados electorales. Morales desplegó la policía antidisturbios y declaró un “estado de emergencia”.

Después de las 7:50 p.m. el domingo, el día de los comicios presidenciales en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó de reportar sus resultados preliminares. Con el 83,35 por ciento de las actas electorales, Morales tenía una ventaja de 7,87 por ciento sobre Carlos Mesa, menos del 10 por ciento necesario para evitar una segunda ronda. Luego, para las 6:30 pm el siguiente día, se reanudó la transmisión mostrando una ventaja de 9,36 por ciento y el 94,7 por ciento de las actas. El jueves por la mañana, Morales se proclamó ganador, denunciando las continuas protestas como un “golpe interno y externo”.

Con 99,58 por ciento de las actas, Morales obtuvo una ventaja de 10,48 por ciento, mientras que el TSE dijo que repetiría la votación en cuatro mesas electorales en Beni por irregularidades. La participación, la cual es obligatoria y hecha valer, fue de aproximadamente 90 por ciento.

Las manifestaciones han permanecido en gran medida encabezadas por la oposición de derecha y respaldada por EE. UU., en apoyo al candidato Carlos Mesa, un exvicepresidente y expresidente que presidió la mortal represión militar contra las protestas masivas lideradas por Morales entre 2002 y 2005.

No obstante, han participado sectores de trabajadores y jóvenes en toda Bolivia. El enojo masivo contra Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) desde abajo se ha ido acumulando por varios años de deterioro en las condiciones sociales y laborales. Los doctores hicieron huelga por 47 días el año pasado y varias veces este año, mientras la mina San Cristóbal, la más grande del país, hizo huelga por 20 días el mes pasado. Más allá, los resultados muestran que Morales perdió más de 400.000 votos desde la última elección en 2014, a pesar de cientos de miles de nuevos votantes.

El Gobierno de Trump ha aprovechado las sospechas de fraude, las cuales crecieron tras la renuncia el martes del vicepresidente del TSE, para favorecer al candidato preferido de Washington, Mesa. El miércoles, el embajador de EE. UU. a la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró directamente que La Paz “detuvo los resultados para robarse la elección”.

Bajo esta presión de Washington y citando “altas tensiones políticas y sociales”, la misión electoral de la OEA en Bolivia llamó el miércoles a llevar a cabo una segunda vuelta. Este llamado fue repetido por la Unión Europea. A pesar de estos esfuerzos neocoloniales de manejar directamente el resultado electoral antes del conteo final, Morales ha seguido llamando a la OEA a legitimar las elecciones—el mismo cuerpo imperialista que le dio la cubierta al fraude electoral en Honduras de 2017 y que sigue asistiendo la operación estadounidense de golpe de Estado en Venezuela—.

La repuesta del MAS y Morales ha expuesto más aún su carácter de clase y subrayado que, sin importar el resultado de las elecciones, cualquier Gobierno capitalista en Bolivia actuará a instancias de la oligarquía financiera y terrateniente local y sus jefes imperialistas.

La base objetiva de la popularidad del MAS ha sido rápidamente borrada por la crisis del capitalismo global, llevándolo a atacar los derechos democráticos y girar cada vez más hacia el imperialismo.

En 2016, Morales rechazó un referéndum en que 51,3 por ciento votó contra reformar la Constitución de 2009 que su propio Gobierno introdujo para permitir un tercer término consecutivo. El año siguiente, el Tribunal Constitucional falló que el presidente puede ser reelegido indefinidamente.

Un auge en los precios del gas natural, el petróleo y otros productos básicos le permitió a Morales nacionalizar parcialmente el gas en 2006, mientras siguieron fluyendo enormes ganancias a las corporaciones extranjeras. El ingreso estatal se multiplicó 10 veces y conllevó una expansión limitada en el gasto social. Este fue el precio pagado por el capitalismo para proteger el gobierno burgués después de los levantamientos masivos contra la privatización del aguo y por la nacionalización del gas entre 2000 y 2005, los cuales fueron encarrilados detrás de la elección de Morales.

No obstante, el estancamiento de la economía global y la competición geopolítica están empujando al capital financiero global a exigir austeridad social para pagar la deuda de Bolivia y la recuperación del control total y la repartición de sus recursos estratégicos, desde el gas hasta la plata y el litio.

La pobreza sigue siendo una de las más altas de América del Sur y ha estado aumentando desde 2014, alcanzando a 35 por ciento de los hogares. La desnutrición afecta a una quinta parte de la población. El trabajo precario, el cual es informal e infringe en gran medida los salarios mínimos y protecciones básicas, afecta a 80-85 por ciento de los trabajadores.

La campaña del MAS de 2019 se basó en apelaciones a la clase gobernante de que puede seguir suprimiendo la lucha de clases y facilitar su agenda derechista.

En un mitin masivo a fines de agosto, Morales presumió, “un grupo de empresarios privados se suma y qué me dicen: ‘no soy del MAS, no soy del proceso, pero estoy ganando mejor que con mi partido’. Me lo dicen de manera sincera”.

La presidenta del Senado y líder del MAS, Adriana Salvatierra, le dijo al Financial Times que el MAS “ha demostrado que puede gobernar un país”, mientras el vicepresidente Álvaro García Linera le aseguró al Economist, “La ausencia de Evo generaría el tipo de desmembramiento social y convulsiones que son característicos de la historia boliviana”.

Tales advertencias sobre el estallido de la lucha de clases en la prensa occidental han adquirido un tono casi histérico. Antes de las elecciones el Economist advirtió: “Después de 13 años de gobierno, los votantes están agitándose”. El miércoles, el New York Times publicó el titular: “‘Podría haber guerra’: las protestas por las elecciones azotan Bolivia”.

En este contexto, el “estado de emergencia” de Morales es una muestra más hacia la clase gobernante de que no dudará en aplastar la oposición social. Esquivando la Constitución, la cual solo se refiere a un “estado de excepción” que requiere aprobación legislativa, declaró ominosamente: “Las Fuerzas Armadas unen a todos los bolivianos. Las Fuerzas Armadas tienen el deber de garantizar [la unidad] en el territorio nacional”.

Después de una reunión con Morales, la Central Obrera Boliviana (COB), que constituye una columna esencial del gobierno burgués del MAS, también declaró un “estado de emergencia” el miércoles para garantizar “la estabilidad social y económica del país”, operando abiertamente en coordinación con la policía y los servicios de inteligencia.

De hecho, según un cable diplomático publicado por WikiLeaks, en su primera reunión con el embajador estadounidense tras llegar al poder en 2006, Morales “afirmó que él ha demostrado su compromiso por negociar por encima de la confrontación y que la violencia en el pasado inmediato de Bolivia fluía de la ausencia del diálogo o la falta de buena fe durante las negociaciones”. Añadió que “los sindicatos que encabeza tienen un historial sin paralelo en mantener sus promesas y cumplir su lado de los distintos acuerdos en los que ha participado”.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de octubre de 2019)