El presidente Evo Morales del partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia fue obligado a dimitir la noche del domingo por el ejército boliviano en un golpe respaldado por los Estados Unidos. Anoche, Morales tuiteó que "parto rumbo a México" después de que ese país acordó otorgarle asilo.

Después de tres semanas de protestas tras las controvertidas elecciones presidenciales del 20 de octubre, las potencias imperialistas y su élite clientelar boliviana han derrocado al Gobierno de Morales. En el contexto de una crisis cada vez más profunda del capitalismo global y un resurgimiento de la lucha de clases a nivel internacional, incluidas las recientes huelgas de masas entre mineros y médicos en Bolivia, la clase dominante perdió la confianza de que Morales y el aparato del MAS puedan continuar controlando la oposición social.

A pesar de los llamados vacíos a "preservar la democracia", el Gobierno de los Estados Unidos está respaldando la toma de poder de los políticos y oficiales estatales más racistas y autoritarios para instalar un régimen que aplaste despiadadamente la oposición a medida que los financistas globales exigen una explotación total de los vastos y estratégicos recursos mineros y gas natural del país, incluyendo el 70 por ciento de las reservas mundiales de litio.

Ayer, el presidente estadounidense Donald Trump emitió un comunicado celebrando el golpe y aplaudiendo "al ejército boliviano por cumplir su juramento de proteger no solo a una persona, sino la Constitución de Bolivia". Luego amenazó a los Gobiernos de Venezuela y Nicaragua con desenlaces similares, concluyendo: "Estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre".

Hubo combates campales anoche, cuando miles de campesinos y trabajadores de El Alto y otras regiones aledañas a La Paz se movilizaron en la capital para protestar el golpe, gritando "Ahora sí, guerra civil". Varios edificios de la policía fueron ocupados y quemados en El Alto.

Las fuerzas armadas han respondido activando el "Plan Sebastián Pagador" para restaurar la "paz y estabilidad", que la policía está haciendo valer disparándoles y lanzando explosivos contra los manifestantes.

El gobierno mexicano aceptó ayer la solicitud de asilo de Morales después de que su casa fuera incendiada y a policía emitiera una orden de arresto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México solicitó a las mismas autoridades bolivianas que derrocaron a Morales proveerle un "salvoconducto". Sin embargo, los Gobiernos de Argentina y Brasil dijeron que no permitirían que Morales cruce sus espacios aéreos.

La titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pro-Morales y varios funcionarios electorales fueron arrestados el domingo, mientras que unos 20 políticos del MAS han solicitado asilo en la embajada de México en La Paz.

Dada la renuncia de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados junto con Morales, la próxima en la fila será la vicepresidenta del Senado y opositora, Jeanine Añez.

Sin embargo, Luis Fernando Camacho, líder ultraderechista del Comité Cívico Pro Santa Cruz, una organización dirigida por grupos empresariales, que se ha convertido en el dirigente efectivo de las manifestaciones, exigió una "junta de gobierno" que incluya a los jefes militares y policías. Los medios corporativos han calificado alegremente a Camacho como "el Bolsonaro boliviano", en referencia al presidente fascistizante brasileño.

Las protestas estallaron en todo el país después de que la transmisión de los resultados electorales se detuviera durante 23 horas entre el domingo y el lunes por la noche del 20 al 21 de octubre. Durante este período, la ventaja de Morales sobre Carlos Mesa en segundo lugar aumentó de 7,87 por ciento a 9,36 por ciento. El resultado final del TSE le dio a Morales 35,000 votos por encima del margen de 10 por ciento necesario para evitar una segunda vuelta.

El voto de Morales cayó del 63 por ciento en las elecciones de 2014 al 47 por ciento, mientras que MAS perdió 21 escaños en la Cámara de Diputados y cuatro escaños en el Senado, manteniendo ligeras mayorías.

Algunas secciones de la clase trabajadora participaron en las protestas iniciales en medio de las preocupaciones generalizadas sobre el fraude; sin embargo, a medida que se hizo evidente el carácter de extrema derecha de los partidos y "comités cívicos" a la cabeza, muchos trabajadores abandonaron su apoyo. Por ejemplo, los profesionales médicos llevaron a cabo una huelga nacional, viendo las manifestaciones como una oportunidad para ganar apoyo popular detrás de sus demandas contra la austeridad, pero la huelga terminó después de solo tres días.

Los enfrentamientos entre manifestantes, simpatizantes del Gobierno y la policía han dejado tres muertos, 221 arrestados y 383 heridos, incluidos varios por disparos. Los matones sindicales pro-Morales fueron desplegados contra los manifestantes, mientras que atacantes anti-Morales de extrema derecha fueron filmados golpeando a indígenas. El 7 de noviembre, los manifestantes capturaron a Patricia Arce, alcaldesa del MAS en la pequeña ciudad de Vinto, culpándola por uno de los asesinatos. Fue liberada después de ser empapada en pintura roja después de que los manifestantes la cortaran el pelo.

Morales y MAS respondieron invitando a la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya había exigido una segunda ronda antes de los resultados finales, a llevar a cabo una "auditoría vinculante". El principal patrocinador de la OEA, el Gobierno de los Estados Unidos, había proclamado que MAS había "robado" las elecciones, mientras que la Unión Europea también había pedido una segunda vuelta.

La decisión de Morales de permitir que la OEA apruebe o desapruebe los resultados significó poner el destino de su gobierno en manos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La auditoría comenzó el jueves 31 de octubre.

El lunes 4 de noviembre, el helicóptero de Morales tuvo que realizar un aterrizaje inmediato y de emergencia debido a problemas mecánicos sospechosos. El viernes y el sábado, departamentos de policía enteros, incluso en la capital de La Paz, se amotinaron y se unieron a las protestas contra Morales. Luego, el domingo por la mañana, la OEA emitió su informe preliminar, alegando que 78 de 333 recuentos "mostraron irregularidades y manipulación" y que "las manipulaciones de los sistemas informáticos son de tal magnitud que el Estado boliviano debe investigarlas a fondo".

Sin presentar la evidencia correspondiente, la OEA convocó a nuevas elecciones bajo una nueva comisión electoral. Poco después, el secretario de Estado de los EE. UU., Michael Pompeo, emitió una declaración que respalda el informe de la OEA y agregó una declaración dirigida contra el MAS: "Para restablecer la credibilidad del proceso electoral, todos los funcionarios gubernamentales y funcionarios de cualquier organización política implicada en las defectuosas elecciones del 20 de octubre deberían apartarse del proceso electoral".

Morales inicialmente respondió en una conferencia de prensa acordando a nuevas elecciones bajo una nueva comisión electoral, sin indicar si participaría o cuándo ocurrirían las elecciones. Efectivamente, esto significaba que cumpliría con cualquier arreglo impuesto por Washington.

La Central Obrera Boliviana (COB), que constituyó un instrumento central en el Gobierno del MAS, pidió la renuncia de Morales. Significativamente, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que pertenece a la COB y reunía a algunos de los principales líderes indígenas que respaldaban a Morales, exigió que Morales "se purgue en la cárcel de Chonchocoro porque esto es un fraude y engaño contra los aimara".

Varios ministros cuyas casas fueron incendiadas y diputados del MAS renunciaron. Luego, Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera anunciaron su renuncia en la región del Chapare en el centro de Bolivia, donde Morales comenzó su carrera política como sindicalista.

Durante su anuncio, Morales denunció que estaba siendo sometido a un "golpe de estado civil y policial" y dijo que renunciaba para evitar más violencia y persecuciones contra sus partidarios y contra él mismo. Al mismo tiempo, dijo que el informe de la OEA se basó en consideraciones políticas, no técnicas, pero añadiendo que "entiendo" y "lo respeto".

Como lo demuestra su continua subordinación a las demandas del imperialismo y sus instituciones, como la OEA, cualquier papel futuro desempeñado por Morales, MAS y sus apologistas tendrá como objetivo proporcionar una cobertura democrática a la realidad de que la vida económica y política boliviana está dominada por las aristocracias financieras estadounidenses y europeas y sus títeres militares en Bolivia, mientras que no hay una sección de la clase dominante boliviana capaz de luchar contra el imperialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de noviembre de 2019)