Según aumentan tanto las protestas contra el derrocamiento militar respaldado por EE. UU. del presidente boliviano Evo Morales como la brutal represión, toda la élite política y sindical del país están intentando desesperadamente suprimir la oposición popular.

En medio de funerales masivos para aquellos que valientemente protestan el golpe del 10 de noviembre, Morales, su Movimiento al Socialismo (MAS) y la Central Obrera Boliviana (COB) están llamando a finalizar las protestas y llegar a un acuerdo con las fuerzas fascistizantes que tomaron el poder bajo la exsenadora Jeanine Áñez, quien fue “juramentada” por el ejército y un puñado de políticos ultraderechistas.

Como lo declaró el senador del MAS, Omar Aguilar, “Nuestro objetivo es pacificar el país, no es bloquear esta gestión de transición de Jeanine Áñez”.

El sábado, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eva Copa y Sergio Choque, ambos del MAS, declararon en una rueda de prensa conjunta: “Pedimos a todos los movimientos sociales y otras organizaciones movilizadas a deponer posiciones, no podemos estar viviendo días de luto… Tenemos toda la predisposición y voluntad de trabajar juntos y llevar adelante una nueva elección”.

Desde México, donde buscó asilo, Morales ha convocado a una “gran reunión nacional”, incluyendo al régimen golpista, para “pacificar” el país y convocar nuevas elecciones. Esto se produce incluso después de que Arturo Murillo, el nuevo ministro de Gobierno, amenazara con perseguir y detener políticos del MAS, incluyendo a Morales. Ayer, Murillo acusó a Morales de “terrorismo” por presuntamente llamar a colocar bloqueos alrededor de La Paz.

La COB, que respaldó al Gobierno del MAS hasta el 10 de noviembre, cuando exigió que Morales renunciara, abandonó su previa amenaza de una huelga general contra el Gobierno de Áñez y se reunió en cambio con sus representantes. Emitió una declaración el 15 de noviembre que dice, “Convocamos a la pacificación del país, y al diálogo sincero con todos los sectores en la búsqueda inmediata de la verdadera y necesaria paz social entre todos los bolivianos”.

Mientras el ejército continúa matando a tiros a los manifestantes—protegido por un decreto del 14 de noviembre que les concede una inmunidad total a los solados—el titular de la COB, Carlos Huarachi, fue más allá el lunes, afirmando estar “muy preocupados” por el decreto y pidiéndole a Áñez que “entable el diálogo con los sectores en conflicto”. Añadió: “Les pido a los oficialistas y opositores, dense la mano”.

La Defensoría del Pueblo reportó anoche que ocho personas fueron asesinadas en una operación militar-policial para romper un cerco de los manifestantes antigolpistas alrededor de una refinería en Senkata, El Alto. Más de 30 otros quedaron heridos, muchos por armas de fuego. Sin embargo, después de que la policía escoltara aproximadamente 40 cisternas de las instalaciones, los manifestantes valientemente las bloquearon nuevamente.

Los últimos asesinatos han aumentado el número de víctimas mortales del golpe a 32. La Defensoría reportó el 16 de noviembre que más de 500 manifestantes han sido arrestados, con “un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre que han presentado signos notorios de tratos crueles”, es decir, tortura.

El reporte de la oficina también destaca otra masacre que ocurrió el 15 de noviembre en un suburbio de Cochabamba cuando miles de trabajadores marchaban pacíficamente a La Paz: “Lo que ha ocurrido ayer en Huayllani no ha sido un enfrentamiento, ha sido una represión policial-militar que hoy deja siete personas confirmadas muertas, una persona que está a punto de perder la vida, cinco que están saliendo de cirugías muy delicadas y más de un centenar de personas [heridas], en su mayoría por impacto de bala”. Dos más han fallecido desde entonces.

Familiares de las víctimas le indicaron a la prensa que algunos recibieron disparos desde helicópteros mientras huían. El día siguiente, decenas de miles respondieron marchando en Cochabamba en repudio a la masacre.

Alison Coronel, una manifestante joven en El Alto, una región empobrecida de clase obrera cuyo nivel de vida ha seguido cayendo bajo el Gobierno de Morales, le dijo a reporteros que el golpe iba dirigido contra “nosotros… el proletariado, la persona que trabaja el día a día… Déjenme aclararle algo. Aquí no somos partidarios del MAS. Habrá unos pocos, pero la mayoría somos gente enojada. ¿Cómo nos pueden hacer semejante barbaridad? ¿Creen que somos ignorantes? ¿En dónde creen que estamos?”.

Las posturas asumidas por el MAS y la burocracia sindical demuestran que ninguna sección de la élite gobernante está dispuesta a oponerse a la instalación de un régimen títere por parte del imperialismo estadounidense y el surgimiento de fuerzas fascistizantes comprometidas a un saqueo aún mayor de recursos naturales y la imposición de austeridad. Fundamentalmente, esto refleja los intereses capitalistas subyacentes que el MAS y los sindicatos representan y que han defendido lealmente.

En diciembre del año pasado, el vicepresidente Álvaro García Linera presumió que, durante el reino de 14 años del MAS, la economía se multiplicó cuatro veces, con el “mayor logro” siendo que se multiplicaron cinco veces las ganancias privadas. También citó que la deuda externa boliviana cambió del 51,6 por ciento del PIB al 23,1 por ciento. La clase gobernante dedicó una pequeña tajada de esta riqueza derivada de los altos precios de las materias primas para contener levantamientos sociales masivos. Aumentos en los impuestos corporativos y nacionalizaciones parciales del gas permitieron financiar limitados programas sociales, basados en gran medida en transferencias de efectivo, que disminuyeron los niveles de pobreza, pese a seguir siendo los mayores en América del Sur.

Desde que cayeron los precios de las materias primas alrededor de 2014, el gasto social, los empleos y salarios han sido las bajas, haciendo que repunte la pobreza. La oposición creció, incluyendo huelgas de masas en 2013, y los trabajadores se enfrentaron a represión y denuncias de las autoridades del MAS de que eran “instrumentos de la derecha”.

Mientras tanto, el Gobierno le entregaba beneficios a las empresas mineras y oligarquía terrateniente. Como lo describió en 2017, el economista de la Universidad de Londres, Jeffery R. Webber, por medio de beneficios fiscales y permisos para penetrar en áreas naturales e indígenas protegidas, Morales “consolidó el capital agroindustrial, tanto nacional como extranjero, en el sector de soya, integrando en una manera subordinada a los campesinos ricos”. Junto con el ejército, que también fue cortejado por el MAS, los representantes políticos de estas capas oligárquicas encabezaron el golpe.

En términos de la COB, su incapacidad para avanzar una lucha independiente de todas las secciones de la burguesía, legitimando ahora el golpe ultraderechista, no proviene de la corrupción personal de sus líderes, sino del carácter de los sindicatos mismos, cuyo papel como aplicadores de la explotación capitalista y defensores del sistema del Estado nación los llevó a integrarse en el Estado capitalista —un proceso continuado bajo el MAS—.

Los trabajadores deben organizarse independientemente de y en oposición al nacionalista-burgués MAS, los sindicatos y todas las organizaciones nacionalistas y procapitalistas. Esto exige el desarrollo de una nueva dirección revolucionaria en la clase obrera que asimile la historia de la lucha por el trotskismo en Bolivia e internacionalmente, hoy avanzada por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI).

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de noviembre de 2019)