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En desafío a la represión, los trabajadores colombianos montaron la segunda huelga nacional en la última semana

El miércoles, los trabajadores y campesinos colombianos participaron en la segunda huelga nacional de la semana pasada.

Luego de la huelga nacional más grande en décadas celebrada el jueves pasado, en la que cientos de miles protestaron pacíficamente contra la administración derechista del Centro Democrático (CD) del presidente Iván Duque, las fuerzas de seguridad del Estado organizaron un contraataque, matando a tres manifestantes e hiriendo a cientos. En respuesta, se llevaron a cabo grandes manifestaciones nuevamente el sábado por la noche, que incluyeron a miles de manifestantes fuera de la residencia privada de Duque. Los cacerolazos han tenido lugar todas las noches en todo el país, en los que miles de personas golpean ollas y sartenes vacías en un ensordecedor símbolo de protesta.

La noticia llegó el lunes por la noche que Dilan Cruz, de 18 años, murió en el hospital, después de que lo golpearan en la cabeza con un bote de gas lacrimógeno tirado por la policía antidisturbios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el sábado. La muerte de Cruz había llegado a simbolizar la brutalidad de la respuesta del ESMAD a las protestas pacíficas, y galvanizó aún más la oposición masiva a Duque. Antes de la huelga, la última encuesta de Gallup mostraba el índice de aprobación de Duque en un pésimo 26 por ciento, que se ha hundido aún más desde que comenzaron las protestas.

Parte de la manifestación en el centro de Bogotá (fuente: Dylan Baddour en Twitter)

En Twitter, el hashtag #Paro Nacional Indefinido, ha sido tendido en toda Colombia durante la semana pasada. Los colombianos se han inspirado inmensamente en las luchas de masas en Chile y Ecuador, así como en las protestas contra el golpe militar en Bolivia, que han impulsado a las masas a la lucha. La huelga general colombiana tuvo lugar el día después de que Chile realizara su tercera huelga nacional en seis semanas de protestas, y mientras todo el continente sudamericano es sacudido por explosiones sociales.

Duque respondió al aumento en el apoyo a la huelga organizando una reunión con el Comité del Paro, los líderes de los principales sindicatos y grupos estudiantiles que organizaron la huelga nacional. Estos incluyen el Sindicato Central de Trabajadores (CUT), la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), así como otros sindicatos importantes, todos los cuales han estado trabajando para reprimir la lucha de clases en Colombia desde hace décadas.

Los sindicatos primero llamaron a la huelga nacional como un medio para desahogarse, ya que la desigualdad social y la violencia estatal se han vuelto insoportables en Colombia. Tras las revelaciones a principios de noviembre de que los militares asesinaron al menos a ocho niños en un ataque con bomba en agosto, y que cinco líderes indígenas fueron asesinados en Cauca en octubre, grupos estudiantiles e indígenas se unieron a los sindicatos, ampliando enormemente el tamaño de la huelga nacional.

Enorme bandera Wiphala en la Plaza Bolívar de Bogotá. La Wiphala, que representa a los pueblos nativos de la región de los Andes, se ha vuelto un símbolo de las protestas en Colombia (fuente: Dylan Baddour en Twitter)

Las conversaciones entre el Comité de Huelga, la administración de Duque y los líderes empresariales se llevaron a cabo el lunes y el martes. En las reuniones, Duque propuso una Gran Conversación Nacional de cuatro meses, que se celebraría entre líderes gubernamentales, empresariales y sindicales, como un ejercicio de postureo pseudodemocrático para disipar la inmensa ira entre los manifestantes. Duque dejó en claro que no accederá a las demandas más mínimas presentadas por los líderes del Comité de Huelga, incitándolos a retirarse y convocar otra huelga nacional, sabiendo perfectamente que no podrían vender la propuesta de Duque a las masas cada vez más radicalizadas.

Después de retirarse, los líderes del Comité de Huelga publicaron su “manifiesto” de 13 demandas reformistas. Estos incluyen el retiro de un proyecto de ley de impuestos regresivo promulgado ilegalmente el año pasado, la disolución de la policía antidisturbios ESMAD, las promesas ineficaces de no privatizar los activos del Estado, la reimplementación de los fraudulentos acuerdos de paz de 2016 con el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), coordinar acuerdos ambientales y de libre comercio con agencias selectas y la retracción de varias medidas de austeridad promulgadas por la administración Duque.

Ninguna de estas demandas afecta los intereses de lucro de la élite gobernante de Colombia ni los de sus mecenas imperialistas. El hecho de que los líderes sindicales presenten tales paliativos cuando todo el país se conmueve en la lucha subraya su perspectiva reaccionaria, que se basa en mantener el capitalismo y la subyugación de Colombia por parte del imperialismo estadounidense.

Pancarta de protesta que muestra a los más de 700 líderes comunitarios asesinados desde los acuerdos de paz de 2016 (fuente: Dylan Baddour en Twitter)

El miércoles, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó personalmente a Duque para prometerla su “apoyo firme” para su administración. Un comunicado de prensa del Departamento de Estado dijo que Pompeo “acogió con satisfacción la conversación nacional que el presidente Duque convocó en Colombia en respuesta a las recientes manifestaciones”.

Después de una llamada telefónica filtrada la semana pasada entre el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos Calderón, y la canciller entrante del país, Claudia Blum, Calderón fue trasladado a Bogotá para reunirse con Duque. En la llamada filtrada, Calderón se burló del actual Departamento de Estado de Estados Unidos por ser insuficientemente agresivo en la realización de sus planes de cambio de régimen en Venezuela.

Después de reunirse con Duque el lunes, Calderón no recibió ninguna reprimenda y fue enviado directamente a Washington. Existe una posibilidad muy real de que la administración de Duque, junto con Washington, intente fabricar un pretexto para la intervención militar en Venezuela en el futuro cercano, tanto como un medio de desviar las tensiones sociales en Colombia hacia afuera e implementar planes de largo tiempo para un golpe militar en el país.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, con el inicio del conflicto civil en 1964, el Estado colombiano se convirtió en uno de los más derechistas de América Latina, canalizando armas a paramilitares fascistas responsables de matar a decenas de miles de civiles. Colombia se convirtió en el principal Estado cliente del imperialismo estadounidense en la región, recibiendo miles de millones de dólares en ventas de armas y ayuda militar como parte de la fraudulenta “guerra contra las drogas”.

El impacto acumulativo de este largo período de reacción y conflicto ha sido inmenso. Colombia ahora alberga a más de 7,6 millones de desplazados internos, o más del 15 por ciento de la población del país, y casi el 20 por ciento del total mundial. El país está dividido por una inmensa desigualdad social, en la que las tres personas más ricas tienen tanta riqueza como el diez por ciento inferior de la sociedad, mientras que más de 12,7 millones de colombianos viven con menos de US$2 por día.

Como lo demuestra la historia del país y la continua represión violenta de las protestas pacíficas, los llamamientos al Estado, que representa los intereses de la clase dominante colombiana y los capitalistas extranjeros, son inútiles. Esta es la perspectiva de bancarrota presentada por el liderazgo sindical oficial de las huelgas nacionales.

El hecho de que cientos de miles de personas hayan salido a las calles, a pesar de la larga historia de Colombia de reprimir brutalmente la lucha de clases, apunta a la inmensa radicalización que ha tenido lugar dentro de la población. En oposición al liderazgo sindical sancionado por el Estado, los trabajadores colombianos deben formar sus propios comités de fábrica y de barrio, para prepararse para el derrocamiento revolucionario de la administración Duque y de todo el aparato estatal.

(Publicado originalmente en inglés el 28 noviembre 2019)

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