Una publicación esta semana en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA) detalla la caída en la esperanza de vida en Estados Unidos entre 2015 y 2017, una racha sin precedentes en tiempos modernos.

El profesor de la Universidad Estatal de Virginia, el Dr. Steven H. Woolf, y la estudiante de la Escuela de Medicina Eastern Virginia, Heidi Schoomaker, analizaron la expectativa de vida entre 1959 y 2016 y las tasas de mortalidad por causas especificadas entre 1999 y 2017. Los datos muestran que la caída en la esperanza de vida no es una anomalía estadística, sino el resultado de las décadas de asalto contra la clase obrera.

El reporte retrata a un país sumido en una profunda crisis social. Los precios récord de las acciones celebrados por Trump son, de hecho, una medida de la intensificada explotación económica que ha engendrado una caída en la expectativa de vida de los trabajadores.

El cierre de miles de fábricas y minas, el sinfín de cierres y achicamientos de tiendas, los recortes de salarios, pensiones, beneficios médicos para cumplir las demandas de los inversores de Wall Street han literalmente matado a cientos de miles de trabajadores por todo Estados Unidos.

La esperanza de vida aumentó cada año entre 1959 y 2010, estancándose sin aumentar hasta que comenzó su descenso en 2014, alcanzando el tope de 78,9 años. Para 2017, había caído a 78,6 años.

No es una coincidencia que 2010 sea el año en que Obamacare fue promulgado, un ataque contra la salud vendido como una reforma progresista. La caída en la esperanza de vida desde entonces expone el carácter regresivo de Obamacare, uno de los tantos legados reaccionarios del Gobierno de Obama.

Obamacare formó parte de la marcha deliberada de la clase gobernante a reducir la expectativa de vida de los trabajadores. En lo que concierne a los estrategas del capitalismo estadounidense, entre más se prolongue la vida de los trabajadores mayores y retirados que ya no les generan ganancias a las corporaciones, sino que requieren cuidado médico subsidiado por el Gobierno, tanto más dinero se desvía lejos de los cofres de los ricos y la máquina bélica.

Un ensayo de Anthony H. Cordesman publicada en 2013 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por su sigla en inglés) en Washington presenta francamente la longevidad del estadounidense promedio como una inmensa crisis para el imperialismo estadounidense. “EE. UU. no enfrenta ninguna amenaza extranjera tan grande como su fracaso para lidiar con… el aumento en el costo de gastos federales en garantías”, escribió Cordesman, señalando que la crisis de deuda está siendo impulsada “casi exclusivamente por el aumento en el gasto federal en los principales programas de salud, seguro social y el costo de los intereses netos sobre la deuda”.

Mientras tanto, las condiciones para los ricos nunca han sido mejores, como lo refleja el ensanchamiento de la brecha en la esperanza de vida entre ricos y pobres. El uno por ciento más rico de hombres vive en promedio 14 años más que el uno por ciento más pobre, y la brecha es de 10 años para las mujeres.

A pesar de gastar más per cápita en salud que los otros principales países capitalistas, Estados Unidos se ha visto relegado en términos de expectativa de vida y mortandad. EE. UU. comenzó a quedarse atrás respecto a los otros países desarrollados a partir de los años ochenta. Para 1988, había caído por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

El primer giro a principios de los años ochenta corresponde con el inicio de la contrarrevolución social bajo la Administración de Ronald Reagan, que involucró el cierre forzado de sindicatos, el rompimiento de huelgas, recortes salariales y cierres de planta a escala nacional, combinado con recortes en educación, salud y otros programas sociales. Esto fue iniciado con el rompimiento de la huelga de controladores aéreos de PATCO en 1981, con la complicidad de la confederación sindical AFL-CIO. Las políticas sociales de Reagan fueron rápidamente adoptadas por los demócratas y continuadas bajo Clinton y Obama.

El segundo punto de inflexión mayor fue el derrumbe de Wall Street de 2008, seguido por el rescate bancario de billones de dólares, por un lado, y una brutal austeridad contra la clase obrera, por el otro. La década subsecuente ha visto el estallido de la crisis de opiáceos que ha asolado a comunidades enteras por todo el país.

Según el reporte de JAMA, la caída en la esperanza de vida es el resultado de casi tres décadas de mayor mortalidad entre adultos en edad laboral, de 25 a 64 años. Este es principalmente el resultado de los aumentos en las sobredosis de drogas, abuso de alcohol, suicidio y una serie de enfermedades que afectan los órganos.

Entre 1999 y 2017, la mortalidad por sobredosis en años laborales óptimos aumentó un impactante 386,5 por ciento, de 6,7 muertes a 32,5 muertes por 100.000 habitantes. El aumento en la mortalidad fue mayor entre los más jóvenes, de 25 a 34 años, aumentando 531,4 por ciento.

El reporte descubrió que, entre 2010 y 2017, la tasa de mortalidad en edad laboral aumentó de 328,5 a 348,2 por 100.000, resultando en 33.307 muertes que no hubieran ocurrido si la tasa se hubiera mantenido constante.

El aumento en la mortalidad ha impactado a los trabajadores de todo grupo racial y étnico, con el número más alto de exceso de muertes entre trabajadores blancos, una sombría refutación del concepto de “privilegio blanco”. Por medio de tales concepciones raciales, la clase gobernante busca promover divisiones raciales y nacionales incluso cuando la realidad de la vida social confirma que los trabajadores de toda raza y nacionalidad comparten los mismos intereses fundamentales.

Woolf y Schoomaker hallaron que el mayor aumento relativo en la mortalidad en edad laboral ocurrió en Nueva Inglaterra y el valle de Ohio, dos áreas particularmente golpeadas por la desindustrialización y la crisis de opiáceos. Aproximadamente una tercera parte del exceso de muertes desde 2010 se produjo tan solo en cuatro estados —Ohio, Pennsylvania, Indiana y Kentucky—. Ocho de los 10 estados con mayor exceso de muertes se encuentran en el centro del país y los Apalaches.

“Lo que vemos claramente es lo que ocurre en esos estados”, le dijo el Dr. Woolf al New York Times. “El comienzo de la historia de esta tendencia sanitaria coincide con el inicio de estos cambios económicos, la pérdida en trabajados manufactureros y el cierre de plantas siderúrgicas y de autopartes”.

Este análisis de JAMA expone la perpetración de un crimen de escala inmensa. “Cuando la sociedad coloca a cientos de proletarios en una posición en que inevitablemente enfrentan una muerte temprana o no natural”, escribió Friedrich Engels en 1845 en La condición de la clase obrera en Inglaterra, “pero permite que estas condiciones perduren, su crimen es un asesinato tanto como el crimen de un solo individuo”.

La culpa de empujar a los trabajadores a una muerte temprana recae en la insaciable demanda del sistema capitalista de aumentar sus ganancias. Los cómplices principales de este crimen han sido los sindicatos, que han servido como la fuerza policial industrial de las corporaciones en las plantas, garantizando el cierre ordenado de las plantas e imponiendo un contrato de concesiones tras otro.

Como parte de este demente afán de lucro, los trabajadores están siendo exprimidos más allá de su punto de quiebre. La transformación del trabajo según el modelo de Amazon y la expansión de la economía casualizada en la última década han aumentado dramáticamente la explotación de la clase obrera. Los trabajadores están siendo empujados a recurrir a fuertes analgésicos que incluyen oxicodona y opiáceos, simplemente para tolerar sus lesiones y enfermedades producto del sobretrabajo.

La reaparición de la lucha de clases por todo EE. UU. e internacionalmente demuestra cuál es el camino adelante. Sin embargo, a pesar de que decenas de miles de trabajadores automotores, maestros y otros trabajadores han emprendido huelgas en el último año, han sido traicionados por los sindicatos.

Atender las necesidades de la clase obrera exige una dirección políticamente consciente con un programa socialista, a partir del cual los trabajadores tomen control de los bancos y corporaciones y las administren democráticamente para atender las necesidades sociales y no el lucro privado.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de noviembre de 2019)