Como parte de su acuerdo por formar un gobierno con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) después de las elecciones del 10 de noviembre, el partido Podemos ha decidido no oponerse a la ley para la censura del internet del gobierno en funciones del PSOE, la supuesta “Ley de Seguridad Digital”. Es una lección más sobre la traición de este partido pequeñoburgués “populista de izquierda”.

El miércoles, los diputados de Podemos cambiaron de golpe su posición pública contra la ley y se negaron a oponerse a esta en el Congreso. Se abstuvieron en la votación mientras los diputados del PSOE, del Partido Popular (PP) y de Ciudadanos aprobaban la ley, que impone ataques de envergadura al internet y a los derechos democráticos básicos.

La “Ley de Seguridad Digital”, conocida ampliamente ahora como la “ley mordaza digital”, le permite al Estado cerrar comunicaciones digitales, infraestructura de internet y aplicaciones a discreción, sin orden judicial. Todo lo que necesita el gobierno español es invocar el orden público o la seguridad nacional para tener plenos poderes para censurar y cerrar internet. El control de la infraestructura luego va al Centro Criptográfico Nacional (CCN) de España, una división de la inteligencia española.

La ley dice, “El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional […] podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

El principal cometido de esta ley es silenciar la oposición política doméstica y evitar manifestaciones de masas y huelgas contra políticas gubernamentales impopulares. Esta ley fue tema en la campaña para las elecciones del 10 de noviembre cuando el gobierno del PSOE, enfrentándose a protestas de masas contra el encarcelamiento de los presos políticos nacionalistas catalanes, intentó suspender la app “Tsunami Democratic” utilizada para coordinar las protestas de masas en Cataluña. Habiendo promulgado un real decreto-ley para autorizar su política, el PSOE ahora lo está consagrando ahora como ley con la aprobación parlamentaria.

Durante la campaña electoral, políticos de Podemos se sintieron obligados a denunciar el decreto y los planes para aprobarlo como ley, para lo cual hay una oposición popular abrumadora. Ada Colau, la alcaldesa respaldada por Podemos de Barcelona, la ciudad más grande de Cataluña, tuiteó que el PSOE “aprobó una ley para intervenir internet por motivos ‘de orden público’. Este es un grave ataque a los derechos y libertades fundamentales, ¡no podemos aceptarlo!”.

Durante la campaña, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, llamó la medida autoritaria. “Todo lo que signifique intervenir el internet sin revisión judicial es autoritarismo”, declaró, añadiendo que “los temas de Cataluña no se pueden resolver mediante acciones ejecutivas policiales”.

Aunque Iglesias afirmó falsamente que la ley era una “medida electoralista” —dando a entender que la represión del PSOE en Cataluña es popular, mientras que los sondeos han mostrado repetidamente que siete de cada diez españoles quieren resolver la crisis catalana mediante el diálogo, no la represión política— también hizo una advertencia. “Con la excusa de Cataluña, ellos están recortando derechos”, dijo. Resulta que esto hubiera sido correcto si Iglesias hubiera dicho “nosotros” y no “ellos”.

El miércoles, la pareja sentimental de Iglesias, la número dos de Podemos Irene Montero, se negó a responder a preguntas sobre la posición del partido sobre la Ley de Seguridad Digital al llegar al Congreso. Dijo que mantendría una conversación con la Ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño del PSOE, que formó parte del equipo que defendió la ley en el Congreso.

Podemos luego intervino en el debate con una farsa cínica para dejar entender que ellos “mejorarían” la ley de censura del internet después de que se aprobara. Hablando en el Congreso el diputado de Podemos Anton Gomez Reino leyó una serie de supuestas mejoras a la ley, tales como “el control judicial de todas las decisiones ejecutivas” o garantizar “los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos”. Calviño le hizo el juego, haciendo de cuenta que tomaba apuntes durante el discurso de Reino. Sin embargo, como Reino no tiene la potestad de incluir estas propuestas en el texto de la ley, este fue un gesto vacío.

Los diputados de Podemos luego se abstuvieron en la votación de la ley, para que pudiera ser aprobada con los votos del PSOE, el PP y Ciudadanos. Le permitieron al partido ultraderechista y fascista Vox posturear como el partido de la oposición, ya que fue el único partido en el Congreso que se opuso al proyecto de ley y criticó este ataque a los derechos democráticos básicos. Los legisladores de Vox llamaron a la ley un “caballo de Troya” y “botón nuclear digital” que le da al Estado “el control de la voz [del pueblo] y sus datos”.

El apoyo de Podemos a tal ley es una advertencia sobre el carácter de su alianza electoral con el PSOE. Este pacto compromete a Podemos no solo con los miles de millones de euros en recortes sociales y aumentos del gasto militar que el PSOE ha acordado con la Unión Europea, sino también con la construcción de un régimen de Estado policial en España que tenga en su mira las protestas sociales, sobre todo las de la clase obrera. Escribiéndoles a los miembros de Podemos después de firmar el acuerdo con el PSOE, Iglesias se jactaba de que “nos enfrentaremos con muchos límites y contradicciones y tendremos que renunciar a muchas cosas”.

Esto expone una vez más a los partidos “populistas de izquierda” de la clase media pudiente como Podemos, el griego Syriza (“Coalición de la Izquierda Radical”) y sus afiliados en toda Europa. En 2015, Syriza llegó al poder en Grecia, prometiendo poner fin a la austeridad. Al final, capituló ante la Unión Europea para preservar sus relaciones con los bancos europeos, imponiendo decenas de miles de millones de euros en medidas de austeridad contra los trabajadores griegos, estableciendo centros de detención masiva para refugiados, y vendiendo armas para la brutal guerra saudí en Yemen.

La entrada de Podemos en una coalición gubernamental emergente con el PSOE este año marca una etapa más en la revelación de estas organizaciones contrarrevolucionarias pseudoizquierdistas.

En su libro Por un populismo de izquierda publicado en 2018, la consejera de Podemos Chantal Mouffe afirmó que estos partidos se basaban en “una estrategia populista de izquierda con el objetivo de construir un ‘pueblo’, combinando la variedad de resistencias democráticas contra la postdemocracia para establecer una formación hegemónica más democrática. … Sostengo que no requiere una ruptura ‘revolucionaria’ con el régimen democrático liberal”.

Tal retórica queda expuesta una vez más como charlatanería reaccionaria. En medio de una ira social creciente y un resurgir internacional de la lucha de clases, estas fuerzas pseudoizquierdistas no buscan organizar una oposición democrática al orden capitalista. Buscan proteger sus privilegios y su riqueza no construyendo un movimiento “democrático”, sino un régimen de Estado policial. Todas las negaciones ulteriores que surgen de la periferia de Podemos apestan a hipocresía y mentiras.

Escribiendo ayer en Público, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero prometió de manera implausible que si el PSOE y Podemos alguna vez reúnen una mayoría parlamentaria y forman un gobierno, repudiarían rápidamente la ley mordaza digital. Escribió, “Esta es una lucha en la que no te puedes rendir, y por eso la abstención ha sido a cambio de que, en cuanto haya gobierno, se procesará un proyecto de ley que será radicalmente diferente del que ha sido aprobado”.

Anticapitalistas, los afiliados del Nuevo Partido Anticapitalista de Francia dentro de Podemos, de manera complaciente escribió que Podemos se había tragado su “primer sapo”. Añadía, “El gobierno aprobó la ley mordaza digital gracias a la derecha y a la vergonzosa abstención de Podemos. Es un mal augurio para esta legislatura, que arranca recortando derechos y garantías democráticas”.

En cuanto a Iglesias, se está jactando tras este ataque reaccionario a los derechos democráticos de que intensificará su colaboración con el PSOE. Ayer Iglesias reconoció que las conversaciones dentro de un gobierno de coalición dirigida por el PSOE y Podemos “serán complejas”. Sin embargo, se jactó de que en todos los casos sería leal al PSOE y suprimiría cualquier crítica pública de su agenda derechista: “Esta conversación quedará en el Consejo de Ministros, y públicamente tendremos una posición progubernamental”. Es decir que para Iglesias, ese tipo de ataques continuará y se intensificará.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de noviembre de 2019)