Régimen golpista boliviano anuncia “fase final de pacificación”

por Andrea Lobo
3 diciembre 2019

El Congreso bolviano, controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), votó de forma unánime a favor del acuerdo con el régimen ultraderechista que derrocó al presidente Evo Morales del MAS para convocar nuevas elecciones.

El acuerdo prohíbe la participación de Morales, algo a lo que él ya había acordado. También inicia un periodo de 20 días para elegir a un nuevo cuerpo electoral, como lo exigió el Gobierno de EE. UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual opera como un brazo del Departamento de Estado de EE. UU.

Los candidatos para conformar el nuevo Tribunal Supremo de Elecciones tendrán ocho días para inscribirse y serán evaluados por la Comisión Mixta de Constitución parlamentaria, controlada por el senador Óscar Ortiz de la derechista Unidad Demócrata (UD). El marco de tiempo poco definido señalado indica que las elecciones deben realizarse antes del 23 de abril.

Después de la aprobación en el Congreso, la autoproclamada “presidenta interina” Jeanine Áñez (UD) anunció la “fase final del proceso de pacificación” y canceló el decreto de impunidad general al ejército respecto a su criminal represión.

Estas medidas, complementadas por el velo del MAS sobre la represión en su solicitud de compensación económica a las víctimas, se han tomado en respuesta a un descenso de las protestas masivas.

No se han reportado en la prensa ni redes sociales bloqueos de calles o marchas de gran tamaño desde que una multitud en luto cargando los féretros de varias víctimas asesinadas por el ejército fuera hostigada por tanques y atacada con gases y balas de goma en La Paz el 22 de noviembre.

Los empobrecidos trabajadores, campesinos y jóvenes han resistido el golpe con una enorme valentía. Pero este movimiento ha sido marcado por la ausencia de una dirección política independiente del MAS y los sindicatos, los cuales se han sometido enteramente al golpe. Pese a que las protestas contra el régimen y las brutales políticas económicas que fue instalado para imponer solo están comenzando, la falta de una conducción ha permitido que las dificultades económicas y la represión temporalmente frenen el levantamiento.

Al mismo tiempo, el MAS, un partido nacionalista burgués, ha facilitado los esfuerzos de la prensa corporativa y la extrema derecha internacional de legitimar el golpe y la continua represión. Por ejemplo, el novelista peruano y derechista Mario Vargas Llosa presumió el domingo en El País: “Bolivia está en calma, esperando las nuevas elecciones que han decidido por unanimidad (sí, por unanimidad) tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, con los votos entusiastas —créanme, por favor, aunque les parezca mentira— de los congresistas del Movimiento al Socialismo (MAS), es decir, del mismísimo partido de Evo Morales”.

Vargas Llosa luego afirma que incluso el MAS reconoce a Morales como un “dictadorzuelo” que intentó un fraude electoral el 10 de octubre —a pesar de no haberse presentado ninguna evidencia— y sugiere que las fuerzas estatales no son responsables de los asesinatos de manifestantes. Concluye que toda oposición internacional al golpe boliviano es “racista” por estar “embobados” ante el “monito de zoológico” de Morales.

Desde el golpe, al menos 32 manifestantes han sido asesinados y cientos han sufrido heridas. El 15 de noviembre en Sacaba, una marcha masiva fue repelida con balas, incluso desde helicópteros, matando a nueve y dejando a docenas heridos.

Luego, el 19 de noviembre, los manifestantes que ocupaban la refinería en Senkata fueron expulsados por las fuerzas estatales con municiones reales, matando a 10. Los videos y agujeros de balas en la escena revelan el uso de ametralladoras por parte del ejército.

Evo Morales declaró el miércoles que la Interpol había emitido una “ficha azul” en su contra en diez países, incluyendo México, donde recibió asilo. La orden es para monitorearlos y extraer información para una investigación no divulgada. Esto fue confirmado por el Ministerio Público boliviano. Varios oficiales del MAS refugiados en la Embajada mexicana en La Paz están siendo imputados por “terrorismo”.

Los ataques a la prensa han sido generalizados. El miércoles, Wyatt Reed de Grayzone reportó que un periodista de izquierda en Bolivia con quien había programado una entrevista había sido arrestado ese día e interrogado en una instalación no listada. El periodista boliviano pasó a la clandestinidad. El Gobierno boliviano anunció que el canal RT (Russia Today) sería quitado del aire en el país el 2 de diciembre.

El viernes, el ministro interino de Gobierno amenazó a una delegación de sindicatos y organizaciones sociales argentina: “No vamos a permitir que ningún local haga terrorismo en Bolivia ni mucho menos un extranjero. Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país a tratar de incendiar el país a que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo… en el primer paso que den para hacer terrorismo/sedición se van a ver con la policía.”

El día después de cancelar la ley de impunidad, el Gobierno creó el Centro Especial Antiterrorista (CEAT), una unidad élite militarizada parte de la policía de Santa Cruz, según la declarada tarea de “buscar los componentes de las células terroristas”.

El régimen “interino” de Áñez también ha realineado súbitamente la política exterior con los intereses del imperialismo estadounidense, restaurando relaciones diplomáticas —rotas bajo Morales— con Washington e Israel. Cortó relaciones con el presidente Nicolás Maduro en Venezuela y expulsó a doctores cubanos que daban servicios en las zonas más empobrecidas del país.

El domingo, el diario argentino Página12 publicó una entrevista con Pascuala Condori Quispe, una comerciante cerca de La Paz que mantiene a nueve hijos. Entre lágrimas, dijo que estaba buscando cómo encontrar “54.000 pesos” ($7.830) para los gastos médicos de su sobrino, quien sufrió heridas graves durante la represión. “Vinieron los falsos policías a patearnos las puertas, a decirnos que había que salir porque venían los saqueos y sin piedad nos han disparado después”. Entre tiros, golpizas y gases lacrimógenos de “falsos policías” y “uniformados”, los atacantes les ordenaron a las mujeres a que se desnudaran y les besaran los zapatos.

Los mismos círculos gobernantes dirigiendo estos ataques también estuvieron detrás del sabotaje económico y asaltos contra campesinos en 2008 exigiendo “autonomía” para Santa Cruz y otros cuatro departamentos. Así como hoy, hay fuerte evidencia de la participación de EE. UU, que llevó a Bolivia a expulsar al embajador estadounidense Philip Goldberg por reunirse con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y otros derechistas.

A pesar de un puñado de enjuiciamientos de los responsables de la Masacre del Porvenir en 2008 de 13 simpatizantes del MAS y la expulsión de Goldberg, Morales le concedió más libertades a las autoridades departamentales y continuó dando beneficios fiscales y permisos de mayor explotación para las grandes empresas agrarias y mineras. Fueron este poder económico expandido y la habilidad de continuar confabulando con las agencias imperialistas lo que le abrió la puerta al golpe el mes pasado.

Sin embargo, más ampliamente, la caída en los precios del gas, la soya y otros productos básicos, así como la intensificada reafirmación estadounidense de su domino en América Latina, principalmente a través de su aparato militar y de inteligencia, que desestabilizaron la relación de fuerzas internacionales y nacionales sobre las cuales dependía el régimen de Morales.

Solo la expropiación revolucionaria de la oligarquía latifundista, los bancos y los sectores de gas y minas, el desmantelamiento del ejército y la policía y el establecimiento de milicias obreras y campesinas, y llamados a la clase obrera en todo el continente americano a movilizar para defender y expandir estas conquistas pudieron haber cumplido con las demandas populares pagadas con sangre en las protestas masivas del 2000-2005 que llevaron a Morales al poder.

Sin embargo, Morales, representando los intereses de la burguesía nacional, hizo todo lo posible para suprimir el afán revolucionario de las masas con la ayuda de los sindicatos y las fuerzas pseudoizquierdistas, que fomentaron ilusiones en sus nacionalizaciones parciales y la expansión de derechos democráticos a la mayoría indígena. Mientras tanto, el aumento en precios de los productos básicos y las aperturas comerciales al capital chino y europeo permitieron generar más riqueza para la burguesía nacional y apropiaciones para el ejército.

Ahora, Costas, el gobernador derechista de Santa Cruz, puede retomar el protagonismo político y llamar a una coalición anti-MAS para consolidar el régimen derechista en las elecciones del próximo año, las cuales estarán presididas por las fuerzas especiales militares y las hordas fascistas. Mientras tanto, la “presidenta interina” Áñez está tomando pasos para indultar a Leopoldo Fernández, el líder detrás de la masacre del Porvenir.

El general Williams Kaliman, quien como jefe de las Fuerzas Armadas llamó a Morales a renunciar, atendió el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad del Pentágono (la antigua Escuela de las Américas) y sirvió como enviado militar a Washington bajo Morales, desarrollando íntimos lazos con el aparato militar y de inteligencia estadounidense.

A pesar de las medidas de austeridad social y desregulación impuestas por Morales, que en condiciones normales eran aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo estadounidense exigió un control más exclusivo a los recursos estratégicos de Bolivia, en oposición a China o Rusia. Al mismo tiempo, perdió confianza en la habilidad de Morales para seguir suprimiendo la lucha de clases en medio de un repunte de la pobreza desde 2014 y levantamientos masivos internacionalmente.

(Artículo publicado originalmente el 2 de diciembre de 2019)