Millones han participado en las manifestaciones y huelgas del sector público este mes contra los intentos del presidente Macron de Francia para recortar los beneficios jubilatorios de los trabajadores, frenando gran parte de la infraestructura ferroviaria y de transporte del país.

El lunes, el recién retirado titular del Estado Mayor francés, el general Pierre de Villiers, exigió una represión más severa contra el movimiento huelguista nacional en marcha.

Estas declaraciones deben ser tomadas como una advertencia por parte de los trabajadores tanto en Francia como internacionalmente. Ante una sociedad capitalista sumida en niveles de desigualdad social incompatibles con las formas democráticas de gobierno, ciertas facciones de la élite gobernante están exigiendo una dictadura militar sangrienta.

Durante el último año, Macron ya exigió una represión ininterrumpida contra las protestas de los “chalecos amarillos” contra la desigualdad social, las protestas estudiantiles y ahora las huelgas. Los manifestantes han encarado carros acorazados, cañones de agua y miles de policías antidisturbios armados con rifles y armas para balas de goma. Más de 10.000 manifestantes han sido arrestados y encarcelados para cuestionamiento, más de 4.400 han sido heridos, dos docenas perdieron un ojo por las balas de goma, cinco han perdido sus manos por las granadas de la policía y un transeúnte murió. Esta es la mayor ola de represión estatal en Francia desde la ocupación nazi de 1940-1944 durante la Segunda Guerra Mundial.

En marzo, el comandante del distrito militar de París, el general Bruno LeRay, reportó que les había autorizado a los soldados a que dispararan contra los manifestantes, la primera vez que se emite dicha orden en el país desde 1948.

No obstante, de Villiers insistió en que la represión de las protestas sociales debe intensificarse substancialmente. Mientras Macron y el primer ministro Edouard Philippe preparaban reuniones confidenciales con el Estado Mayor y los oficiales sindicales para discutir la marcha del martes en la que participó más de un millón de personas, de Villiers le dijo a RTL: “Debemos reestablecer el equilibrio apropiado entre la firmeza y la humanidad… No hay suficiente firmeza en nuestro país”.

De Villiers, quien está siendo considerado como un posible candidato presidencial neofascista para el 2022, subrayó su temor hacia el conflicto emergente entre los trabajadores y el Estado. “Ha aparecido una brecha entre los que lideran y los que obedecen. Esta brecha es profunda. Los ‘chalecos amarillos’ ya fueron la primera señal de esto”, dijo de Villiers. “Necesitamos reestablecer el orden; las cosas no pueden seguir así”.

Ni de Villiers ni Macron han dicho exactamente a cuántos quieren matar, mutilar o encarcelar para aplastar las protestas contra los profundos recortes sociales a los que se oponen dos terceras partes de la población francesa. Pero la clase gobernante entiende muy bien que está librando una lucha violenta contra la clase obrera. Para comprender qué es lo que pide de Villiers, cabe recordar lo que sucedió cuando los predecesores de deVilliers actuaron con más “firmeza” contra los trabajadores.

En 1848, los trabajadores de toda Europa se levantaron en una revolución contra las monarquías que emergieron de la derrota francesa durante las guerras napoleónicas. En junio, cuando la República capitalista intentó cerrar los Talleres Nacionales establecidos para emplear a los desempleados, los trabajadores parisinos respondieron tomando las calles para frenar una política que significaba pobreza y hambre. El general Eugène Cavaignac encabezó al ejército y las fuerzas de seguridad en la masacre masiva de las jornadas de junio, matando a más de 3.000 trabajadores, arrestando a 25.000 y condenando a 11.000 a prisión o deportación a Argelia.

En marzo de 1871, cuando la Tercera República intentó desarmar París robándose los cañones que la ciudad había comprado para su autodefensa en medio de la guerra francesa contra Prusia, la revolución volvió a estallar. La Comuna obrera tomó el poder en París. Después de comprar tiempo y con la complicidad del Estado Mayor prusiano, el ejército francés bajo el general Patrice de MacMahon invadió París en mayo y masacró a los trabajadores insurgentes.

Encabezada por el historiador liberal Adolphe Thiers, la Tercera República de Francia mató a aproximadamente 20.000 trabajadores y arrestó a 60.000. El 24 de mayo, mientras se producía la infame masacre de la Semana Sangrienta en París, Thiers presumió ante la Asamblea Nacional: “He derramado torrentes de sangre”.

Fue a partir de estas amargas experiencias de la lucha de clases internacional, analizadas por los grandes marxistas de la época que se desarrolló la teoría marxista del Estado y la revolución que guiaría la toma del poder a manos de la clase obrera en Rusia durante la revolución de octubre de 1917.

Como lo escribió el gran colaborador de Karl Marx, Friedrich Engels, en 1884, el Estado establece “un poder público que ya no coincide directamente con la autoorganización de la población como una fuerza armada”. Continuó: “Este poder público especial es necesario porque una organización armada autónoma de la población se ha vuelto imposible dada la separación en clases… Este poder público existe en cada Estado; no consiste meramente de hombres armados, sino también de complementos materiales, prisiones e instituciones de coerción de todo tipo… Sin embargo, se vuelve más fuerte a medida que se vuelven más graves los antagonismos de clases dentro del Estado”.

Derivó de esto la necesidad de que los trabajadores tomaran el poder para suprimir la violencia contrarrevolucionaria de la clase gobernante y, por medio de políticas socialistas, crear la igualdad social, superar la división de la sociedad en clases, de la cual emerge el Estado. Han pasado casi 150 años desde la Comuna de París, pero el análisis de Engels sigue siendo válido para las cuestiones decisivas que enfrenta la clase obrera en Francia y todo el mundo.

Los últimos dos años han presenciado un estallido de luchas, desde los trabajadores automotores estadounidenses, las huelgas docentes, las protestas masivas contra la desigualdad y la dictadura en Argelia, Líbano, Irak, Chile, Bolivia y más allá. Este resurgimiento global de la lucha de clases es producto de contradicciones sociales que han madurado durante varias décadas de globalización capitalista. La era desde la disolución estalinista de la Unión Soviética en 1991 y especialmente desde la crisis financiera de 2008 ha sido testigo de una transferencia implacable de la riqueza producida por los trabajadores a la aristocracia financiera y para financiar las guerras imperialistas en Afganistán, Siria, Libia y Mali.

La intensidad de estos antagonismos de clases está detrás de la acumulación extraordinaria de fuerzas militares y policiales en todo el mundo. Los recortes de Macron, que transferirían decenas de miles de millones de euros de los retirados a los bancos, ejemplifican cómo los Estados nominalmente democráticos no son más que dictaduras poco veladas de la clase capitalista. Solo hace falta caminar por París en cualquier día de protestas para ver la realidad de la afirmación marxista de que el Estado consiste en cuerpos de hombres armados, incluso en países como Francia con antiguas tradiciones democráticas burguesas.

Esto subraya la bancarrota de las fuerzas de clase media y pseudoizquierdistas como el partido Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, que defendió el Estado y orden social existentes. No solo promueven los intentos de la burocracia sindical de negociar un acuerdo reaccionario con Macron, sino que encubren los planes dentro de la máquina estatal de represión militarizada. En vez de advertir sobre de Villiers, Mélenchon ha dedicado su tiempo a promover ilusiones en la declaración vacía de la neofascista Marine Le Pen de que apoya las protestas, afirmando que esto representa “progreso” en una dirección “humanista”.

La tarea decisiva es advertirle a la clase obrera y movilizar políticamente contra la amenaza de la represión estatal. No se puede colocar ninguna confianza política en los sindicatos ni sus aliados políticos como LFI. El camino a seguir es la construcción de comités de acción independientes de los sindicatos para coordinar la movilización de capas cada vez más amplias de la clase obrera en lucha contra la aristocracia financiera, el Gobierno de Macron y la amenaza de la represión y dictadura de Estado policial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de diciembre de 2019)