Texas se ha convertido en el primer estado en negar el restablecimiento de refugiados, bajo las disposiciones de una orden ejecutiva (EO 13888) emitida por el presidente Trump en septiembre de 2019. La orden hace que el restablecimiento de los refugiados dependa del consentimiento previo por escrito de los estados y localidades.

En su carta al secretario de Estado Mike Pompeo, el gobernador de Texas Greg Abbott declaró que su estado ha tenido que lidiar con "las consecuencias de un sistema de inmigración que el Congreso no ha podido arreglar" y que tenía la "responsabilidad de dedicar los recursos disponibles para aquellos que ya están aquí". Por lo tanto, no pudo dar "consentimiento al restablecimiento inicial de refugiados en 2020".

La decisión de Abbott llega mientras un juez federal en Maryland está evaluando un caso presentado por tres agencias de restablecimiento de refugiados para evitar que la disposición del consentimiento estatal en la orden ejecutiva tome efecto. En respuesta a las afirmaciones del gobernador, el reverendo John L. McCullough, presidente y CEO de Church World Services (CWS), una de las tres agencias que presentaron una demanda contra la administración Trump, declaró: "La decisión del gobernador Abbott es cruel, dañina y un rechazo de los valores de las comunidades de Texas. Texas ha sido durante mucho tiempo un estado líder en el restablecimiento de refugiados. También va en contra del legado de bienvenida de nuestra nación que cuenta con el apoyo de gobernadores de 42 estados que se han comprometido a seguir recibiendo a los refugiados".

Según el Pew Research Center, desde el año fiscal 2002 Texas ha restablecido a unos 88,300 refugiados, superado solo por California, con ciudades como Houston, Dallas y Fort Worth consideradas entre las más acogedoras para quienes buscan asilo. Estas cifras históricamente altas han disminuido drásticamente en los últimos cuatro años. Según CWS, Texas restableció a unos 7,800 refugiados en 2016. Para 2019, ese número se había reducido a 2,458 refugiados.

En las últimas semanas, numerosas agencias de restablecimiento de refugiados, incluyendo un grupo de 350 cristianos evangélicos, enviaron cartas a Abbott insistiéndole a no cerrar la puerta a los refugiados. Sin embargo, estas suplicaciones fueron en vano. La decisión del estado de Texas, a pesar de ser presentada como una respuesta específica y calculada a "un sistema de inmigración roto", el ataque de la migración ilegal y los "recursos limitados", no es sorprendente dada la trayectoria política de Abbott. Esta no es la primera vez que el gobernador de Texas ha tratado de prevenir que los refugiados se restablezcan en su estado.

A raíz de los ataques de París a fines de 2015, Abbott declaró que Texas ya no quería recibir a ninguno de los 5.6 millones de refugiados sirios que habían sido desplazados desde que estalló la guerra civil en ese país en 2011. Sin embargo, en ese momento, los estados no tenían el derecho legal de rechazar refugiados. Era prerrogativa del gobierno federal, que continuó enviando refugiados a Texas, independientemente de las objeciones del gobernador.

La orden ejecutiva de Trump, emitida en septiembre de 2019, tenía como objetivo alentar a los gobernadores, alcaldes y otros funcionarios locales de ultraderecha a bloquear el restablecimiento de refugiados. La fecha límite oficial para que los gobernadores informen al Departamento de Estado si aceptarán o no el restablecimiento de refugiados es el 1 de junio. Sin embargo, dado que las agencias que se ocupan del proceso de restablecimiento tienen que presentar propuestas de financiamiento federal a fines de enero, la fecha límite de facto es mucho más temprano.

Si bien Texas es el primer estado en comunicar oficialmente su negación a recibir a refugiados, ha habido debates feroces en muchos otros estados, incluyendo Dakota del Norte y Tennessee, sobre si rechazar o no el restablecimiento este año. Según los Servicios Luteranos de Inmigración y Refugiados (LIRS, por sus siglas en inglés), 42 gobernadores han indicado su voluntad de recibir más refugiados, mientras que seis estados aún no han anunciado: Alabama, Georgia, Florida, Mississippi, Carolina del Sur y Wyoming, todos encabezados por gobernadores republicanos.

La crisis sobre el restablecimiento de refugiados, si bien se ve afectada por las condiciones locales en ciertos estados, debe verse en el contexto de la guerra cruel en curso contra los inmigrantes que ha emprendido la administración Trump. Esta guerra ha tomado la forma de una serie de políticas inhumanas, que incluyen separaciones familiares, detenciones, redadas de inmigración y deportaciones calculadas para disuadir a los inmigrantes de la clase trabajadora. Además, la administración ha priorizado la militarización de la frontera sur y al mismo tiempo reducido drásticamente el número de refugiados a los que se permite el asilo en los Estados Unidos.

En enero de 2017, en uno de sus primeros actos como presidente, Trump emitió una orden que limita el número de refugiados admitidos en los Estados Unidos ese año a 50,000, menos de la mitad de lo que se había propuesto el año anterior. El límite para el año en curso se ha reducido aún más a la asombrosa cifra de 18,000 refugiados en un país de casi 340 millones de personas. Al presentar la cuestión del restablecimiento de refugiados como uno de los "derechos de los estados", la administración Trump simplemente está tratando de allanar el camino para reducir aún más este límite en el próximo año.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de enero de 2019)