Representantes de la organización No Extraditen Assange (DEA) revelaron la semana pasada que si Julian Assange es extraditado de Gran Bretaña a los Estados Unidos, será recluido en un aislamiento casi total y sujeto a condiciones draconianas infligidas generalmente a los condenados por delitos terroristas.
La información, que se obtuvo de documentos oficiales de la corte de los EE. UU., fue transmitida en una declaración por John Rees fuera del Tribunal de Magistrados de Westminster después de la audiencia de gestión de casos más reciente de Assange el 22 de enero. Rees dijo que Assange sería puesto bajo "Medidas Administrativas Especiales" tan pronto como cuando llegue a los Estados Unidos y antes de cualquier juicio.
La editora en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hraffnsson, dijo que el Departamento de Estado de EE. UU. había indicado que la Primera Enmienda —la protección constitucional central de EE. UU. para la libertad de expresión y la libertad de prensa— no se aplicaría a Assange, a pesar del hecho de que ha sido acusado en el ámbito interno de la Ley doméstica americana.
En conjunto, las revelaciones condenan el intento de extraditar a Assange a los Estados Unidos —donde enfrenta cargos de espionaje y la posibilidad de cadena perpetua, o incluso la pena de muerte— por exponer crímenes de guerra estadounidenses, como una operación de entrega extraordinaria. En violación de los preceptos fundamentales del derecho internacional, Assange, periodista y editor, será tratado como una "amenaza de seguridad nacional" y privado de sus derechos democráticos fundamentales.
Las medidas administrativas especiales (SAM) fueron introducidas por la administración del Partido Demócrata de Bill Clinton en 1996. Fueron legisladas con apoyo bipartidista a raíz del atentado terrorista de la ciudad de Oklahoma.
Los SAM proporcionan el monitoreo intensivo y el aislamiento de los prisioneros que ya se encuentran en confinamiento solitario, con el pretexto de prevenir cualquier amenaza a la "seguridad nacional", incluyendo los actos violentos y la divulgación de "información clasificada". Las medidas ya draconianas se ampliaron a raíz de los Ataques terroristas del 11 de septiembre en 2001, que incluyen otorgar a las autoridades el derecho de espiar a las conversaciones privilegiadas entre abogado y cliente de prisioneros.
Un informe de 2017 de la Clínica de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) describió a los SAM como "el rincón más oscuro del sistema penitenciario federal de los Estados Unidos".
El informe explica que los SAM combinan "la brutalidad y el aislamiento de las unidades de máxima seguridad con restricciones adicionales que niegan a las personas casi cualquier conexión con el mundo humano". Prohíben a los prisioneros que viven debajo de ellos el contacto o la comunicación con todos menos unos pocos individuos aprobados, e imponen una segunda mordaza incluso a esas pocas personas. El efecto neto es proteger esta forma de tortura en nuestras cárceles de cualquier examen profundo por el público”.
Subrayando la intensidad de la venganza estadounidense contra Assange, solo había 51 prisioneros de SAM en 2017 de una población carcelaria federal de más de 183,000. La mayoría habían sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo y fueron retenidos en ADX Florence, una prisión de supermax en el desierto de Colorado. La instalación ha sido descrita como una "versión limpia del infierno" por uno de sus antiguos guardianes, Robert Hood.
A los presos recluidos bajo SAM se les niega incluso "las estrechas vías de comunicación indirectas, a través de sumideros o conductos de ventilación de aire, disponibles para los presos en confinamiento solitario". Por lo general, permanecen en celdas individuales durante todo menos de 10 horas a la semana. Sus horas de "recreación" se pasan solos en un espacio confinado con pocos o ningún servicio.
Los detenidos de SAM solo pueden comunicarse con abogados y familiares que han sido examinados por las autoridades, incluyendo las agencias de inteligencia. Todo el correo saliendo y entrando es leído por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
El informe Yale-CCR presentó estudios de casos de prisioneros en ADX Florence que tuvieron que esperar meses antes de que sus cartas a familiares fueran autorizadas para enviar. Los derechos de visita también están extremadamente restringidos y son monitoreados por el FBI.
Los autores del informe declararon sin rodeos que los prisioneros preventivos fueron puestos bajo SAM con el objetivo de obligarlos a declararse culpables, lo que socava fundamentalmente la presunción de inocencia.
La "naturaleza coercitiva" y las "duras condiciones" impuestas a los detenidos de SAM antes del juicio no fueron "un accidente —la experiencia muestra que el Departamento de Justicia utiliza el aislamiento total como una herramienta para romper a las personas, tal como lo hizo la CIA durante su incursión en la detención"— señala el informe. .
Debido a que los prisioneros de SAM tienen prohibido comunicarse con el mundo exterior y se les niega cualquier información, se les impide participar de manera efectiva en su propia defensa.
Un abogado citado en el informe declaró que los SAM "deshumanizan a los acusados y crean una situación en la que no pueden existir en una postura desafiante para luchar contra el caso", y sirve para "eliminarlos como participantes en su defensa". Otro señaló que se espera que los prisioneros de SAM den testimonio ante un jurado, después de que se le haya impedido hablar con alguien durante meses o incluso años.
Los presos de SAM no tienen acceso a Internet y cuando reciben periódicos, semanas después de la publicación, llegan con redacciones sustanciales. En muchos casos, se les impide arbitrariamente recibir materiales de lectura. En un incidente relatado en el informe, las autoridades impidieron que un prisionero en ADX Florence obtuviera libros del ex presidente Barack Obama, con el argumento de que amenazaría la "seguridad nacional".
A los prisioneros de SAM también se les prohíbe hablar con los reporteros, o cualquier otra persona que no sea su abogado y los visitantes de la familia aprobados por el FBI. Los abogados también están impedidos de transmitir lo que dicen sus clientes, o incluso a hablar sobre las condiciones que enfrentan. Si violan estas condiciones draconianas, que tienen como objetivo suprimir cualquier discusión sobre la difícil situación de sus clientes o intentan ganar el apoyo público, se enfrentan a un proceso penal.
En 2005, la famosa abogada de derechos civiles Lynne Stewart y su intérprete árabe fueron declarados culpables de conspiración y de brindar apoyo material a terroristas, después de soltar públicamente declaraciones de su cliente, Sheikh Omar Abdel-Rahman. Lynne Stewart fue sentenciada a una década en prisión y solo fue liberada temprano por motivos compasivos en las últimas etapas de su cáncer terminal.
Las autoridades también pueden espiar las comunicaciones privadas entre abogados y sus clientes de SAM. Según las regulaciones oficiales, este material supuestamente no se puede proporcionar a las autoridades judiciales. Sin embargo, la capacidad del estado de monitorear las estrategias de defensa efectivamente erosiona el derecho de la Quinta Enmienda al debido proceso y el derecho de la Sexta Enmienda al asesoramiento.
Los abogados citados por el informe de Yale-CCR, además, revelaron que habían sido colocados bajo una vigilancia generalizada del gobierno mientras representaban a los prisioneros de SAM, incluyendo el hecho de haber sido incluidos en las listas de vigilancia del aeropuerto. Dichas medidas tienen como objetivo intimidar a los abogados y evitar que los internos de SAM reciban asesoramiento legal.
El informe documenta las terribles condiciones que enfrentan los reclusos condenados, que padecen trastornos psicológicos después de años de aislamiento bajo SAM. En varios casos, los prisioneros habían entrado en un estado casi catatónico, lo que les impedía comunicarse o realizar cualquier actividad, incluyendo la lectura.
El informe continúa, “Las condiciones físicas son igualmente inhumanas en las instalaciones previas al juicio donde se encuentran detenidos los de SAM— es decir, instalaciones diseñadas para detener a personas que han sido acusadas, pero no condenadas, de un delito. Las condiciones en el Centro Correccional Metropolitano (‘MCC’, por sus siglas en inglés) en Manhattan, donde los acusados por delitos relacionados con el terrorismo a menudo son sometidos a juicio previo, son particularmente difíciles. Los detenidos en el ‘10 Sur’ de MCC, donde se encuentran detenidos en ‘alto nivel’, incluyendo los que están bajo SAM, tienen poca luz natural y no hay posibilidad de recreación al aire libre. El ‘tiempo de recreo’ se proporciona en una habitación cerrada idéntica a la celda del detenido. Incapaces de abrir ventanas o pasar tiempo al aire libre, los detenidos en 10 South no tienen acceso al aire fresco”.
Las medidas de SAM se verían agravadas por el hecho de que Assange comparecería ante el Tribunal del Distrito Este de Virginia, el lugar preferido del gobierno para casos de "seguridad nacional" porque está ubicado cerca del Pentágono y la CIA, con la mayor concentración de empleados de agencias de inteligencia en los EE.UU. Ha registrado una tasa de condenas en tales juicios de más del 98 por ciento.
Assange ya ha sufrido casi una década de persecución liderada por Estados Unidos. Fue detenido arbitrariamente en la embajada de Ecuador en Londres durante casi siete años, como resultado de las amenazas británicas de arrestarlo si pisara fuera del pequeño edificio. Desde que la policía británica lo sacó de la embajada el 11 de abril, Assange estuvo recluido en la prisión de máxima seguridad en Belmarsh, donde su salud continuó deteriorando, hasta el punto de que el relator de la ONU sobre la tortura advirtió que podría morir.
La revelación de que Assange sería colocado bajo SAM deja en claro que su extradición a los Estados Unidos no sería más que una sentencia de muerte. En una entrevista de 2015, el propio Assange advirtió que si fuera extraditado, probablemente sería sometido a SAMS, que describió como "una especie de muerte en vida".
El carácter ilegal del intento de Estados Unidos de enjuiciar a Assange subraya la necesidad de que trabajadores, estudiantes, jóvenes y todos los defensores de los derechos democráticos eviten su extradición. Los partidos de igualdad socialistas en Gran Bretaña y Australia anunciaron reuniones y manifestaciones para el mes próximo, coincidiendo con el comienzo de la audiencia de extradición, para impulsar el apoyo generalizado de Assange a un movimiento político para asegurar su libertad.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de febrero de 2020)