El martes, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Jesús Hernández y María Guadalupe Güereca, los padres de Sergio Adrián Hernández Güereca, quien fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en 2010, no tienen capacidad legal para demandar al agente responsable de su muerte.

El fallo 5-4 efectivamente da luz verde a la policía fronteriza para matar, permitiéndoles usar cualquier fuerza que consideren necesaria mientras hacen cumplir las leyes antiinmigrantes de Estados Unidos. En el fallo, el tribunal se dividió entre la mayoría derechista determinada por los republicanos y el bloque "liberal" determinado por los demócratas.

El 7 de junio de 2010, el agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Jesús Mesa Jr., mientras estaba parado en territorio estadounidense, asesinó a Sergio, de 15 años, que estaba desarmado y jugando con un grupo de amigos en una alcantarilla de concreto situada en la línea invisible que separa El Paso, Texas, de Ciudad Juárez, en México. El agente justificó el tiroteo en ese momento alegando que “temía por su vida” después de haber sido “rodeado” y apedreado por los jóvenes.

El video de teléfono celular publicado después de una investigación demostró que el agente estaba mintiendo. Su vida nunca estuvo en peligro y ninguna roca lo golpeó.

El video confirmó que casi 55 metros separaron al policía fronterizo del joven Sergio, quien corría en dirección opuesta a Mesa cuando el agente disparó al menos dos veces contra el joven de 15 años, incluyendo uno en la cara, matándolo instantáneamente.

Las investigaciones internas posteriores de la Patrulla Fronteriza exoneraron a Mesa de cualquier violación de la ley. Nunca fue acusado de un delito y varios tribunales estadounidenses dictaminaron contra la extradición de Mesa a México para enfrentar la justicia.

Durante los últimos tres años, Jesús Hernández y María Guadalupe Güereca, quienes, al igual que su hijo fallecido, son ciudadanos mexicanos, buscaron una posición legal en los Estados Unidos para demandar a Mesa por daños y perjuicios, argumentando que el agente violó los derechos de su hijo establecidos por las Enmiendas Cuarta y Quinta, las cuales protegen a una persona de búsquedas e incautaciones irrazonables y aseguran el debido proceso.

Los tribunales inferiores rechazaron su status para demandar y los padres llevaron el caso a la Corte Suprema. La opinión mayoritaria del juez Samuel Alito niega a Jesús y María sus derechos legales, al utilizar el hecho que la víctima estaba en el lado mexicano de la frontera cuando le dispararon, para afirmar que permitir que los padres demanden por daños comprometería la autoridad ejecutiva en “relaciones exteriores”, así como intereses de “seguridad nacional” en la vigilancia de la frontera.

La decisión del martes siguió a un fallo de la Corte Suprema 5-4 el viernes pasado, el cual eliminó el último obstáculo para implementar restricciones de inmigración abiertamente basadas en la clase social. Las reglas de la llamada “prueba de riqueza” o “carga pública” fueron reveladas por primera vez por la administración Trump en agosto de 2019. Permiten al gobierno negar la admisión o el estatus legal permanente a inmigrantes documentados a menos que puedan demostrar que no requerirían asistencia como cupones de alimentos, Medicaid o subsidios de vivienda.

En el fallo del viernes, el tribunal levantó una decisión de un tribunal inferior que bloqueaba la implementación de la orden ejecutiva de Trump en el estado de Illinois. El mes pasado, el tribunal, nuevamente por un margen de 5-4, anuló una orden judicial impuesta por un juez en Nueva York que bloqueaba la política regresiva en otras partes del país.

Ambas decisiones de la corte son ejemplos de la administración de Trump usurpando el proceso de la corte de apelaciones al buscar “alivio de emergencia” de la Corte Suprema, confiando en su mayoría de derecha para levantar rápidamente las órdenes impuestas por las cortes inferiores.

En un documento reciente, el profesor de derecho de la Universidad de Texas, Stephen Vladeck, señaló que Trump ha utilizado la oficina del Procurador General para presentar al menos 21 de esas solicitudes ante la Corte Suprema, en comparación con las ocho solicitudes presentadas durante los 16 años combinados de las administraciones de Bush y de Obama.

El uso de Trump de la Corte Suprema de esta forma, ha permitido a la administración lograr el resultado deseado en aproximadamente el 65 por ciento de los casos en los cuales solicitó la intervención de la corte, según Vladeck. Por estos medios, Trump ha superado las órdenes judiciales de los tribunales inferiores contra políticas como su prohibición de viajar de países de mayoría musulmana a los Estados Unidos.

En una opinión disidente ampliamente divulgada, la jueza Sonia Sotomayor dijo sobre el uso de la ayuda de emergencia por parte de la administración Trump: “Es difícil decir qué es más preocupante: el que el Gobierno buscaría esta ayuda extraordinaria aparentemente como algo normal, o el que la Corte lo concedería”.

Al implicar que la mayoría republicana estaba sirviendo como sello de caucho para el presidente — aprobando automáticamente sin la debida consideración — Sotomayor advirtió que la corte estaba sentando un precedente peligroso, que “altera el proceso normal de apelación, poniendo un pulgar en la balanza a favor del partido que ganó una estancia”.

Estos fallos de la Corte Suprema siguen dos extensiones en California que ejemplifican el esfuerzo concertado en todos los niveles del estado, para promulgar medidas radicales antiinmigrantes por parte de la administración Trump.

En San Francisco, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violaron descaradamente una ley estatal recientemente promulgada que prohíbe a los agentes de ICE ejecutar arrestos de inmigración en un tribunal sin la firma de un juez, a diferencia de un magistrado de inmigración.

Dos inmigrantes fueron arrestados por agentes de ICE vestidos de civil mientras se dirigían al Tribunal Superior del Condado de Sonoma. El primero, un hombre de 37 años, cuyo nombre no ha sido mencionado, estaba en el pasillo del segundo piso del tribunal cuando los agentes lo confrontaron. Un segundo hombre, cuyo caso no estaba relacionado con el del primer individuo, fue confrontado en el estacionamiento fuera del juzgado por un agente que al principio pareció ofrecerle un apretón de manos antes de agarrarlo por el codo y revelar su placa federal. Los dos hombres fueron llevados en vehículos no marcados y rápidamente conducidos a un centro de detención desconocido.

La segunda extensión involucra al departamento del Sheriff de San Diego, quien se convirtió en la primera agencia legal local en un grupo de cinco estados, incluidos California, Oregón, Colorado, Connecticut y Nueva York, para acordar compartir registros de personas que fueron arrestadas con la policía de inmigración, incluyendo ICE y Aduanas y Protección Fronteriza.

En semanas anteriores, funcionarios de ICE, no jueces, habían emitido citaciones a los departamentos de policía locales en cada estado exigiendo información sobre “presuntos extranjeros criminales”. Estos estados específicos fueron blanco de la administración Trump debido a su apoyo a las “ciudades santuario”, donde la policía local y estatal tienen restricciones para compartir información o coordinarse con agencias federales de inmigración.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de febrero de 2020)

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